Este miércoles 23 de septiembre en Parque Alegría, en la comunidad de Cajú, situada en la zona portuaria de Río de Janeiro, Herinaldo Vinicius da Santana, de 11 años, recibió cerca de las cuatro de la tarde un disparo en la cabeza. Terminó muriendo pocos minutos después.

Presuntamente, quien le disparó al chico fue un policía de laUnidad de Policía Pacificadora (UPP) de esa favela, durante  una operación de rutina.  

Indignados, los  vecinos de la comunidad grabaron los últimos suspiros del niño, en unas imágenes de mucha crudeza, y también al que creen que es el presunto asesino.

Ambos videos, que circulan por las redes sociales, denuncian una vez más los abusos cometidos por la Policía Militar (PM).

Los vecinos salieron a manifestarse para protestar contra la muerte de Herinaldo y cortaron parte de la Línea Vermelha y la Avenida Brasil, dos importantes vías de circulación que conectan la zona norte con el centro de la ciudad.

Al parecer, el niño había salido a comprar una pelota de ping-pong, detonante para que un agente de policía apretase el gatillo y se llevase la vida del menor.

Tristemante, la muerte de Herinaldo es una más entre muchas. Un niño que estuvo en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. O tal vez fue el policía que estuvo en ese lugar inoportuno en el momento equivocado.

La paupérrima preparación de la PM tiene como resultado, lamentablemente en demasiadas ocasiones, este tipo de desenlaces  fatales.

En un contexto de tensión, y no sabiendo manejar ni la situación ni el nerviosismo, se descarga un arma como prevención. Se dispara por miedo, por error. Muchos brasileños ya acostumbrados a este tipo de violencia han perdido la capacidad de sorpresa ante estos hechos.

Amnistía Internacional en su informe Mataste a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro indica que de 220 denuncias realizadas en 2011 sólo un caso se llevó ante la Justicia.

Y añade que  la mayor parte de las personas que murieron a manos de policías, casos registrados entre 2010 y 2013, son jóvenes negros de 15 a 29 años.

El dolor y la estigmatización de los más pobres es un peso que viene arrastrando Río de Janeiro desde que surgió la primera favela en la ciudad.  La delincuencia y las enfermedades siempre se asociaron a los más pobres y a las zonas periféricas. Y todavía hoy se continúa con esa creencia.

Es terrible pensar que también un niño puede matar a un policía. En esta ciudad hay niños y jóvenes armados y peligrosos que se enfrentan contra las fuerzas de seguridad.

La ciudad vive una lenta guerra con muertos de ambos bandos. La herida sigue abierta y la ciudad se desangra gota a gota, muerto a muerto. En medio de este conflicto intentan sobrevivir los más pobres, invisibles para el resto del  mundo.

La libertad, parece, es algo que no se les permite a los miserables. Poder jugar y correr no es para aquellos que viven en una favela. La libertad no existirá mientras las leyes no se ajusten a su favor. Es un sueño, y quizá en ese sueño eterno podamos finalmente  encontrarla.

DE RÍO DE JANEIRO

La noche del 26 de septiembre de 2014, Ernesto Guerrero viajaba hacia Iguala con otros 56 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, en México. Iban a recaudar en las calles el dinero que les permitiría desplazarse hasta Ciudad de México para asistir a la marcha nacional en memoria de la matanza de octubre de 1968, en la que murieron más de 300 estudiantes y obreros.

La llegada de los normalistas a Iguala no gustó a Ángeles Piñeda, esposa del alcalde y tesorera del cártel Guerreros Unidos, que en ese momento preparaba el primer mitin de su candidatura a regidora (concejala). De repente comenzaron los disparos contra el autobús.

Un policía se acercó a Ernesto, le apuntó a la cara y le dijo “vete o te mato”. Lo último que vio fue a sus compañeros vivos tendidos boca abajo sobre el asfalto, rodeados de policías y sicarios, que en el estado de Guerrero y otras zonas de México operan bajo el mismo mando.

Ernesto se libró porque no cabía nadie más en las camionetas. Otros 13 estudiantes lograron huir hacia la selva y 43 siguen con paradero desconocido.

El 2 de abril pasado, Eduardo Jesús Ferreira no tuvo tanta suerte como Ernesto. Su historia terminó en el Complejo del Alemán, el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro. Tenía 10 años y estaba sentado frente a su casa cuando un policía militar le disparó a la cabeza. Fue la cuarta víctima menor de edad del día en esa zona y pasó a engrosar la media brasileña de cinco muertos diarios a manos de la policía.

Este trágico suceso despertó cierto revuelo en Brasil, un país en el que las desapariciones y los asesinatos a manos de la policía son el pan de cada día, como en México. Presionadas por la prensa, las autoridades brasileñas investigaron y concluyeron que se trató de un cruce de tiros. Los vecinos y familiares que presenciaron los hechos afirman que ese día no hubo ningún tiroteo en la zona.

Ilustración de Lorca Segarra. 

Además de defender a los culpables en ambos casos, las autoridades de México y Brasil reprimieron con dureza a quienes se manifestaron contra la impunidad policial y la violencia de Estado. Organizaciones sin fines de lucro como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, periodistas independientes y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportan cifras a esta realidad: cada 11 minutos desaparece una persona en Brasil, mientras que en México sucede lo mismo cada 84 minutos.

Los presidentes de ambos países, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, no hicieron ni un solo comentario sobre el drama de las desapariciones y los asesinatos a manos del Estado en Brasil y México durante el encuentro que celebraron el 26 de mayo. “Brasil y México (…) no podían vivir alejados el uno del otro”, dijo Rousseff al finalizar el encuentro en alusión a la lluvia de acuerdos económicos que se avecinan.

Y en materia de Derechos Humanos, ¿están alejados Brasil y México? La distancia que mencionó Rousseff no la ha roto ningún gobierno, sino la Caravana 43, creada con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y formada por familiares de los estudiantes desaparecidos y un superviviente.

Esta semana están en Río de Janeiro, último destino de una travesía por América Latina que incluyó varias paradas en Argentina, Uruguay y otras ciudades de Brasil.

Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos llegaron para contar de primera mano lo sucedido, libres de las distorsionadas versiones oficiales, y para “tejer lazos de solidaridad con la sociedad civil y las luchas de abajo”, según explica M.R., una activista mexicana que pide el anonimato por miedo a represalias.

“Se llevaron a nuestros hijos, y con ellos nuestro miedo”, afirma incansable Mario Contreras, padre de César, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

“Antes incluso de que la Caravana comenzase, el apoyo ya fue muy fuerte”, explica M.A., responsable de comunicación de la Caravana 43 RJ, quien añade que “hoy las actividades serán aquí en la Maré, en un ambiente militarizado y de Unidades de Policía Pacificadora que hace evidente lo parecidos que son México y Brasil en cuanto al nivel de violencia”.

La solidaridad de los brasileños se traduce en los aplausos que interrumpen una y otra vez el relato de los padres. “Aquí el Estado también culpa al narcotráfico para justificar todas las masacres que ellos mismos cometen”, exclama un residente de la Maré.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos e integrantes de la Caravana se reúnen con movimientos sociales en Rio de Janeiro. Fotografía: Pilar Pedraza

La Caravana 43 llega hasta la favela Pinheiros para conocer a Irone Santiago, madre de Víctor, un joven que fue atacado por el ejército cuando volvía de jugar a fútbol. Irone comprende perfectamente la angustia de ser ninguneada y despreciada por las mismas autoridades que condenaron a su hijo a estar postrado en la cama de por vida.

La indignación se apodera de la casa y concluyen que su lucha es más visible cuando están juntos.

Dicen los padres de los desaparecidos que seguirán luchando hasta que les devuelvan a sus hijos.

No dejarán de denunciar que, tras lo sucedido aquella noche de septiembre, el gobierno mexicano tardó ocho días en dar una respuesta; que la investigación oficial señaló que los estudiantes habían sido incinerados, pero forenses independientes de Austria y Argentina comprobaron que solo había un normalista entre los cadáveres encontrados; que varios periodistas demostraron que la policía y el ejército rastrearon a los estudiantes justo antes de que partieran hacia Iguala; que el ejército agredió y negó asistencia médica a varios estudiantes que logaron huir; que el gobernador de Guerrero ofreció grandes sumas a los familiares a cambio de su silencio, y que está probado que el fiscal general de México y el presidente Peña Nieto sabían desde 2013 acerca de los vínculos oscuros del gobierno de Iguala, pero no hicieron nada.

Las autoridades de México informaron en abril que hay 25.398 desaparecidos en el país. Brasil solo ofrece el número de denuncias por desaparición: en torno a 250.000 al año.

“Ahora lo importante es la acción, ser creativos y reaccionar ante esta bestia… Los movimientos sociales se están dando cuenta de que luchamos contra la misma bestia”, concluye M.R.

]]> 0 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/03/03/mare-mas-cerca-de-la-pesadilla-que-del-sueno-olimpico/ http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/03/03/mare-mas-cerca-de-la-pesadilla-que-del-sueno-olimpico/#respond Tue, 03 Mar 2015 14:33:14 +0000 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/?p=1345 Continue lendo →]]> POR EDU SOTOS, DE RÍO DE JANEIRO

Hace exactamente 11 meses, los miles de hombres de la Fuerza de Pacificación de la Policía Militar de Río de Janeiro, apoyados por medios aéreos y terrestres del Ejército de Brasil, ocuparon  las 16 favelas que conforman del Complexo da Maré, en la zona norte de Río.

El despliegue fue aparatoso y no les hizo falta disparar un solo tiro. Satisfechos, el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, y el por entonces gobernador, Sergio Cabral, calificaron la operación como un éxito y auguraron que pronto se instalarían allí las correspondientes Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

Pero la realidad es que la operación no fue un éxito, tampoco hubo UPPs, ni nada que se le parezca. Los disparos de los fusiles 762 del Ejército brasileño, que por aquel entonces no pudieron ser recogidos por las varias docenas de reporteros que acompañaron la ocupación, han ido desangrando poco a poco la vida de los 130.000 habitantes del Complexo da Maré.

El pasado 12 de febrero, una furgoneta con cinco jóvenes que regresaban de una fiesta fue masacrada por disparos de los militares en la favela Salsa e Merengue. Uno de ellos perdió su pierna. Tan solo una semana después, un obrero fue abatido tras ser “confundido con  un traficante”, como declararon los militares, mientras trabajaba en una reparación en la Vila do João.

Policías intentan contener una protesta cerca del Complexo da Maré, en Río de Janeiro. Fotografía: Mauricio Fidalgo/Reuters.

Menos de 24 horas después, otra “combi” repleta de viajeros que hacían la línea Maré- Bonsucesso fue ametrallada en la Vila do Pinheiro. ¿El motivo? El conductor no tenía licencia para  transportar personas  y quiso saltarse un control del Ejército.

Indignados, hartos por tantos heridos y muertes absurdas, unos 300 habitantes de la Maré quisieron exponer su malestar con una protesta pacífica el pasado 23 de febrero. Nuevamente, la policía y los militares desconfiaron de los manifestantes y decidieron disolver la incómoda protesta por la fuerza. Dos menores murieron y tres personas resultaron heridas.

Sus muertes apenas causaron conmoción en la prensa local, que aquellos días andaba pendiente de la visita del Comité Olímpico Internacional (COI) a las instalaciones de los futuros Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Los centenares de habitantes del Complexo da Maré  que escapaban de los gases lacrimógenos y de las balas de la Policía Militar  aquella noche, probablemente no lo sabían, pero su destino había sido decidido entre sonrisas y apretones de mano unas horas antes.

El secretario del Ministerio de Deportes, Ricardo Leyser, anunciaba aquel día que el gobierno federal usará las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad en Río 2016.

En la práctica, la decisión supuso que los 2700 militares que cada día supervisan la vida de los habitantes de la Maré, amplíen su presencia en la zona por otros 18 meses. A un coste de 593.000 dólares por día, los contribuyentes brasileños pagarán  319 millones de dólares para que sus vecinos de la zona norte vivan en un contexto más propio de Irak o de Palestina.

Soldados refuerzan la seguridad en el Complexo da Maré después de un día de un inteso intercambio de disparos entre traficantes locales. Fotografía: Alex Ribeiro/Folhapress.

Los blindados y la artillería pesada se han convertido en parte del paisaje de las 16 favelas de la Maré, cuyo único pecado es haber sido construidas entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim y el centro de la “cidade maravilhosa”.

Un lugar estratégico que una valla de tres metros de altura, situada alrededor de los 10 kilómetros cuadrados que ocupa, no ha sido capaz de esconder de la mirada de los turistas que pasan por la Linha Vermelha camino de las playas de postal de la zona sur.

Puede que el yugo de las tres facciones de narcotraficantes (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) que allí se daban cita, y que todavía mantienen su influencia a pesar de la ocupación, debía ser erradicado.

Pero casi un año después la ocupación militar se ha revelado como un fracaso, denunciado además por innumerables asociaciones de Derechos Humanos.

Así lo hizo Amnistía Internacional a través de un comunicado oficial en el que afirmó que  las Fuerzas Armadas “no poseen el entrenamiento adecuado” o las habilidades de “diálogo con organizaciones de la sociedad civil o poblaciones de las favelas”.

Además, la respetada organización expuso que “la lucha contra el narcotráfico no puede llevar a una criminalización de la comunidad, especialmente de los más jóvenes”. Unos argumentos a los que los dirigentes del COI no han querido prestar atención.

Un hombre posa frente a un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas, durante la ocupación del Complexo da Maré, en abril de 2013. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Es la triste realidad de los miles de cariocas que no cuentan con un lugar dentro de los ambiciosos planes de Río 2016.

Empujados a los márgenes de la ciudad e ignorados durante décadas por los gobiernos locales, viven la opresión de una ocupación militar con el pretexto de protegerles de un yugo, el del narcotráfico, al que esos mismos gobiernos dejaron hacerse amos y señores de aquellos que poco importaban.

Faltan 18 meses para el mayor evento deportivo jamás vivido en Río de Janeiro y nada ni nadie deberá arruinar la fiesta. Los intereses puestos en un espectáculo que le ha costado a la ciudad 13.000 millones de dólares valen más que los derechos de unos cuantos “favelados”.

Al igual que ocurrió en 2013 durante la Copa de las Confederaciones o en 2014 durante el Mundial, el Ejército brasileño se sumará a la fiesta del silencio, la de las manifestaciones pacíficas disueltas a golpes, gases lacrimógenos y disparos de los que matan.

Pero en la Maré no se resignan a vivir oprimidos por el silencio. Es imposible saberlo, pero es posible que la próxima “primavera brasileña” comience entre la mayoría silenciosa que todavía no ha alzado su voz en Río de Janeiro.

Gabriel Bayarri es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF). En una serie de textos quincenales, abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Río, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia en las comunidades.

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Era la década de 1960 cuando en Estados Unidos el surgimiento de reivindicaciones de derechos civiles de los homosexuales, de grupos minoritarios, demandas de corte racial y la oposición a la Guerra de Vietnam provocaron la emergencia de una oposición al carácter represivo  de la policía ante grupos excluidos.

En el interior de los guetos, criminalizados todos ellos por ser grupos “desviados” respecto de los patrones considerados “normales”, se engendró entonces el inicio de una “policía comunitaria”, más implicada con todos los grupos sociales, interactiva y preventiva de los conflictos.

El modelo de la “policía comunitaria” americana se exportó internacionalmente y Brasil trató de adaptarlo a su realidad local. Los programas anteriores a las actuales Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), que datan de 2007, fueron el Grupo de Aplicación Práctico Escolar (GAPE), en 1990, y los Grupos de Policía en Áreas Especiales (GPAEs), en 1999, completamente nuevos para la Policía Militar brasileña y que no tuvieron continuidad.   

Entre sus características, el modelo de policía comunitaria se fundamenta en el principio de la prevención de conflictos para mantener la “harmonía”, el orden social, creyendo que el desorden urbano perjudica la integración de la comunidad en los espacios públicos locales.

Un grupo de la Policía Militar conversa en la UPP de la favela Rocinha, en Río de Janeiro. Fotografía: Rony Maltz/Folhapress.

En este modelo de seguridad, todos los vecinos de las favelas “pacificadas” se transforman en potenciales criminales y todo pequeño delito es potencialmente un atentado contra la calidad de vida, pues engendra un posible surgimiento del desorden.

No existe en esta cultura de control y prevención del crimen la figura del “ex criminal”. Una vez cometido el crimen se establece una frontera a través del estigma, que detecta al criminal provocador del desorden, en la que no se considera la reinserción entre los miembros “normales” de la comunidad, sino que el estigma caracteriza deliberadamente a los pequeños carteristas, que el modelo de prevención del desorden convierte en potenciales asesinos o ladrones de bancos, posicionándolos como el origen-raíz de las carencias en las favelas.  

No existe el crimen sin víctima, por lo que se formaliza la idea de la “víctima colectiva”, así como la barrera entre “nosotros” (los inocentes) y “ellos” (los peligrosos). Lo que viene a admitir este sistema clasificatorio es que el desvío ante el comportamiento normalizado impide al estigmatizado convertirse en un auténtico ciudadano.

Ante la prevención del desorden, la lógica de la Policía Militar entiende a los criminales como sujetos racionales capaces de tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento de las leyes, que saben de las consecuencias de sus actos y que tienen otra serie de conocimientos teóricamente asimilados, que otorgan al criminal capacidad de elección en sus actos.

Esta lógica, empleada por la corporación militar, presupone que el niño adicto al pegamento lo es por elección personal, que el guardia de la “boca de fumo” lo es por elección personal, que el contrabando de fusiles de fabricación extranjera es una elección personal, así como la prostitución.

Vista desde la UPP de la favela Complexo do Alemão, en Río. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Por lo tanto, por haber “elegido mal” merecen una punición fundamentada en argumentos y valores moralistas, pero que no presupone en la base de su arquitectura la construcción de un sistema de garantías sociales.

Cabe destacar que el modelo de la policía comunitaria, aplicado en la política de seguridad de Río de Janeiro, ha sido criticado por la estrategia implícita de control social que en él se visualiza. La construcción del orden público potencia el control de la vida local. 

Sin defender el desorden como modelo organizativo en las favelas cariocas, cabe reflexionar sobre las consecuencias que se obtienen a través de estas técnicas de imposición de un orden que se basa en normas morales concretas y en la criminalización como modelo de prevención del desorden. 

Un vecindario compuesto por personas previsibles, que atraviesan el morro en fila ordenada, que piden permiso para realizar cualquier clase de evento, que no están paradas sin hacer nada, que cumplen patrones estéticos característicos del “asfalto”: éste sería el modelo deseado de prevención del desorden por la organización militar. 

Gabriel Bayarri (g.bayarritoscano@gmail.com) es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y nos acompañará con una serie de textos cada 15 días en los que abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro.

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Retomando las contradicciones del período “pos-Mundial” tengo delante de mí una de las grandes: la “reutilización” de la Policía Pacificadora como policía antidisturbios en las diversas manifestaciones ocurridas en el Estado de Río de Janeiro.

Se trata de reflexionar sobre la crisis de identidad que se ha generado en torno a una Policía Militar (PM), que como todo el planeta parece ya saber, está constituida en base a una lógica represivo-punitiva, de origen militar, organizada durante la dictadura militar brasileña (1964 – 1985), estructurada como institución militar en una ordenada jerarquía, de cuyo orden sólo huyen algunos desvíos de financiación, pero no la sumisión a la autoridad nivelada.

Este texto tiene la finalidad de intentar entender qué clase de postura tiene asumida ante la sociedad el individuo militar al que lo han mandado (proveniente de “ordenar” y de “enviar”) a la favela en calidad de Policía Comunitaria en las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), como también de agente publicitario para la Secretaría de Seguridad y, por tanto, del gobierno del estado de Río de Janeiro.

Si la formación militar se constituye como estática, si las órdenes y toma de decisiones se encuentran atadas a un estricto protocolo, ¿cómo se autoidentifica el policía, cuyo “ethos” está orientado por la lógica del exterminio del conflicto y el combate del enemigo reaprendiendo valores de una Policía Comunitaria que debe buscar ahora “soluciones razonables”, constituidas bajo la lógica de la interacción?

En el día a día, esta hipertrofia del papel de la policía se traduce en curiosas escenas contradictorias, en las que el agente podrá desde ayudar a las viejecitas a cruzar la calle hasta soltar mamporros en las manifestaciones.

Ilustración: Alberto Costa

De esta forma, la policía militar, “re-formada” por dicha secretaría estadual con base en derechos humanos, sociales, etc… tiene que cumplir, además de las funciones de policía pacificadora, la de policía antidisturbios en las manifestaciones ciudadanas que desde julio del año 2013 se han expresado en las calles de muchas ciudades, y en lo que nos concierne respecto a las UPPs, en las de Río de Janeiro.

La jerarquía militar estricta conlleva una negación de autonomía en el desempeño del trabajo de la policía, y la evaluación de su conducta en la eficacia obtenida en el mismo no será medida por su creatividad en la conducción de negociaciones bien sucedidas, sino por el grado de obediencia a las órdenes superiores.

Así, el señor PM de la UPP, pongamos que el mediador de los conflictos de proximidad de la favela, que durante el día debe vestir de paisano para no causar estragos en un proceso imparcial, que durante el día ha estado escuchando a los vecinos, atendiendo sus demandas, llamando a la empresa Electrobras para solicitar su servicio para los vecinos que sufren de desabastecimiento, etc…, se despoja de dicha identidad de servidor a la ciudadanía, yendo en su coche-patrulla hasta la sede de las UPPs, en el enorme complejo de favelas, el “Complexo do Alemão”, donde tiene que rehacer su postura al tomar las armas antes de la manifestación: casco, escudo, armamento “disuasorio” como algún gas lacrimógeno, gas pimienta, porras, armas de electro-choque y algunos tipos de proyectiles no letales.

Cambia el semblante del rostro, porra en mano tendrá que dejar de pensar en los viejitos. Lo desplazarán en furgones, junto a otro montón de individuos, al lugar donde deberá reprimir la manifestación, pararle los pies a las reivindicaciones de un pueblo que está harto de contradicciones y estancamientos normalizados en sus instituciones, harán sangrar narices, tendrán que dar algún bolazo.

Se trata de representar de forma armada al Estado, como hemos leído en tantos libros foucaultianos, y cuando el Estado tiembla en sus decisiones, su representación armada se verá en el dilema que ha sido creado: por la mañana soy UPP, tentativa de orgullo, y por la tarde soy antidisturbios.

Dicha contradicción, que al llevarla hasta lo más bajo siempre se materializa en el individuo contradicho,  está en las altas esferas representada en una desorganización estructural de las instituciones que representan la seguridad pública en Brasil, concretamente la militar.

Será difícil, por tanto, hablar de “vocación militar”, pues abarcará el inmenso abanico que cubre desde el inculcado sadismo vespertino para la manifestación hasta la vocación más social matutina, desarrollada (o eso intentan transmitir) en el seno de las UPPs.

Será también difícil librar a la PM de la idea de que la favela sufre de conflictos clasificados como “feijoada” (“frijolada”), aquellos que no son considerados como serios respecto al combate directo del tráfico armado, que coincide con la formación teórico-práctica de confronto directo aprendida en la academia.

Y digo que será difícil dejar de pensar en los conflictos “feijoada” en la favela, pues aunque el tráfico armado quede menos visible, siempre quedarán para la historia los porrazos televisados en las manifestaciones, frente a los cuales (y sólo frente a los cuales) la actuación en las UPPs podrá observarse como una auténtica Policía Comunitaria de interacción.

Con esto no quiero decir que el conflicto pacífico no pueda entenderse como forma de acceso a la libertad de expresión de la ciudadanía y al desacuerdo de opiniones, sino al peligro que supone gestar una policía bipolar en su formación y funciones, inestable en sus formas, que mercadea su propia moralidad y sea cumplidora de órdenes contradictorias.

Gabriel Bayarri (g.bayarritoscano@gmail.com) es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y nos acompañará con una serie de textos cada 15 días en los que abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia dentro de las comunidades.

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El ambicioso plan de la Secretaría de Seguridad del Estado de Río de Janeiro para pacificar las favelas cariocas es sólo la punta del iceberg de un largo proceso. Iniciado en 2008, actualmente la pacificación se ha llevado a 28 favelas de las más de 900 comunidades existentes en el estado de Río de Janeiro*. Y el debate sobre las nuevas formas de policía comunitaria, aplicadas en el modelo de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), está sólo comenzando.

Las UPPs siguen, por decreto, una selección de los territorios en los que instalarse. Deben ser siempre: 1) Comunidades pobres. 2) De baja institucionalidad y alto grado de informalidad. 3) Con presencia de grupos criminosos fuertemente armados.

En el proceso de implantación, el primer paso antes de la inclusión de la UPP será la intervención táctica, llevada a cabo por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) y/o el Batallón de Policía de Choque, con el objetivo de recuperar el control estatal sobre áreas ilegalmente dominadas por grupos criminosos altamente armados. Estabilización, implantación y control son las etapas llevadas a cabo por los propios policías militares que formarán la UPP.

Dos policías patrullan la favela Manguinhos, en Río de Janeiro, durante la instalación de la UPP. Sergio Moraes/Reuters.

Las UPPs  buscan, en un desafío constante, la independencia respecto a la ya estigmatizada Policía Militar (PM). Así, los policías que forman parte de las UPPs reciben una capacitación extra en cuestiones como derechos humanos o policía ciudadana. Se trata de un curso formado por seis módulos: protección social; primeros auxilios; gestión del espacio urbano y género; juventud y sexualidad. Esta formación complementaria pretende acabar con la perspectiva estrictamente belicista y punitivo-represiva que caracteriza a la PM.

Las funciones dentro de la UPP se dividen entre el “Grupo de Policía Pacificadora” (GPP), encargado de patrullar la favela, reforzar su sensación de presencia; el Grupo Táctico de Policía Pacificadora (GTPP), que apoya al anterior en situaciones críticas; y el sector administrativo.

La normalización se dio en 2009, cuando el boletín de la PM anunció formalmente la anexión del programa de las UPPs a su cuerpo, y un bono extra de 500 reales (220 dólares, aproximadamente) para los policías que tuvieran que trabajar en las favelas recién pacificadas.

Sin embargo, la policía de proximidad no surgió con las actuales UPPs. La necesidad de integrar policía y población favelada a través de acciones colaborativas ya había sido trabajada anteriormente a través de dos programas: el Grupo de Aplicación Práctico Escolar (GAPE) y los Grupos de Policía en Áreas Especiales (GPAEs),  completamente nuevos parala PM. Ninguno tuvo éxito.

Centro de Comando y Control de la UPP Rocinha, la favela más grande de Brasil. Daniel Marenco/Folhapress.

Fue a partir del primer mandato de Leonel Brizola como gobernador del estado de Río de Janeiro,  en 1983, cuando se intentó romper con la lógica represiva de la dictadura militar, introduciendo nuevos derechos humanos, opuestos con la violencia policial. Esto llevó a una fuerte polarización de la política de seguridad pública, entre los defensores  del “discurso social” y los del “discurso de represión”.

Ante esta política de seguridad pública surgió un nuevo concepto: la Política Pública de Seguridad, que entiende la presión social y las acciones de integración social como abordajes compatibles, que contemplan la idea de “proceso” como contrapunto al exterminio del conflicto, tan arraigado en la PM.

Así, el diseño y planificación de las UPPs, tercer intento de pacificación de las comunidades, buscaba, por primera vez,  una política interdisciplinar que integrase las políticas públicas de seguridad con otras políticas de acceso a la ciudadanía. Una gestión integrada del territorio pacificado. Se trata de una transición de las políticas de seguridad pública hacia las políticas públicas de seguridad.

Las UPPs aparecen a raíz de este proceso histórico, construidas sobre una fuerte oposición: constituidas por una Policía Militar con un histórico brutal de violencia, entrenada bajo una lógica de guerra, la “lógica del exterminio” del conflicto y de combate al enemigo, pero en un entorno en el que se debaten vivamente  nuevas formas de policía comunitaria a través del tratamiento de la seguridad como una política pública, integradora.

Vista de la UPP instalada en el Complexo do Alemão. Daniel Marenco/Folhapress.

Debido a ese delicado equilibrio en el que se constituyen las UPPs, sus objetivos como parte de una política integradora deben quedar claramente demarcados; sería un retroceso que en la evolución de las UPPs éstas se acaben transformando en actores políticos de base, en la representación absoluta del Estado dentro de las comunidades, corriendo el riesgo de que su gestión adquiera rasgos totalitarios en el proceso de democratización de las relaciones sociales.

La PM todavía está sujeta a un orden estatal, y no a un orden civil. La policía se concibe como extirpadora de conflictos, y no de soluciones. Clasificaciones empleadas por el  propio cuerpo como la de “favelado” asocian un comportamiento criminoso a todo el imaginario social de la favela, e inmutan la identidad del individuo, dificultando la interacción con una policía comunitaria y la transición del establecimiento de un orden represivo para un orden preventivo .

La cuestión que surge y que discutiremos en el próximo artículo es la siguiente: ¿Cómo una pacificación realizada en un enfrentamiento directo va a conseguir apropiarse de los mecanismos de mediación de conflictos, característicos de la policía de proximidad?

* Federación de las Asociaciones de Favelas del Estado de Rio de Janeiro (Faferj, 2011).

Gabriel Bayarri (g.bayarritoscano@gmail.com) es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y nos acompañará con una serie de textos cada 15 días en los que abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia dentro de las comunidades.

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Durante la década de 1970 y 1980, Brasil entró en la ruta de exportación de cocaína hacia Europa y Estados Unidos y Río de Janeiro se transformó en un puerto de salida de la droga. Surgieron las “bocas de fumo” (lugares en donde se hace la venta de drogas) y se intensifica la criminalidad en la favela. Estos puntos de venta acaban enfrentando a  grupos paramilitares. Comienza así el crimen- negocio.

La guerra carioca es particular, pues muchos de sus ciudadanosla desconocen. Desciende por la ladera un traficante de la “vieja guardia”, del antiguo orden establecido, camina con un hombro más alto que el otro, símbolo de su posición en la favela de Santa Marta, en la zona sur de la ciudad.

Vista panorámica de la favela Santa Marta, en la zona sur de Río de Janeiro. Rafael AndradeFolha Imagem

Llega a la plaza de arena, utilizada como plaza del tribunal, donde gran parte de la comunidad le espera. El tribunal de justicia de la favela es dirigido por el jefe de la comunidad. El caso que tiene que juzgar es claro: robo de cocaína para consumo propio durante su empaquetamiento. Robar es incumplir uno de los 10 mandamientos sagrados del código penal del tribunal del tráfico. Temblando, el joven acusado levanta la mano izquierda, aparta la mirada, y aguarda el impacto del tiro en su palma.

Antes de la llegada de las primeras Unidades de Policía Pacificadora (UPP) era costumbre de los traficantes promover asambleas para discutir los asuntos del morro. Incumplir el código penal del tribunal del tráfico era castigado con agresiones físicas y morales. La lógica del “dar el ejemplo” consistía en todo un discurso público para imponer reglas informales en la favela. Lapedagogía del tribunal criminal se basaba en la punición ejemplar. “Todo morro tiene sus reglas”, afirma Felipe, un vendedor ambulante de dulces en Santa Marta.A pesar de esta pedagogía, el tribunal del tráfico establecía un sistema jerárquico de sanciones. Rasparle la cabeza a las mujeres era una sanción leve, una marca visible y temporal, pues el pelo crece nuevamente; era una sanción utilizada en casos de infidelidad. Por robar en la comunidad, la pena a veces era equivalente a una marca permanente, como un tiro en la mano, o ser expulsado de la favela. Conductas sensibles de ser punidas eran también la traición, las peleas, los chismes, las deudas con la “boca de fumo” y el contacto con la policía.

Ser un “X-9”es ser un informante a la policía o de ala prensa. Eso era castigado con tortura y hasta con la muerte. El delator, “X-9”, “bate-bola”, “cobra-ciega”, no siempre era un informante que actuaba por voluntad propia. La Policía Militar (PM) lo disfrazaba cómicamente, con enorme nariz, orejas y peluca que lo volvían irreconocible y le obligaban a pasear por la favela señalando a los miembros del tráfico con el dedo. Esta es la mayor violación a los códigos de conducta locales, y a menudo el enmascarado es descubierto por los vecinos.

De esta manera, no se puede decir que el tráfico no llevase ley y orden. Las facciones criminosas establecían unas estrictas reglas sociales y una rápida administración de los conflictos locales. Ningún vecino hacía denuncias a la policía. El traficante resolvía rápido cualquier inconveniente, los contratos eran orales, a pesar de la subjetividad existente en la resolución de esas disputas. La dirección del tráfico precisaba entender de contabilidad, gestionar los pagos y sobornos, ejecutar el mantenimiento del armamento y la planificación estratégica, además de ser jueces y asesores.

En 2007, antes de la llegada de las UPPs, eran comunes las escenas de la policía incautando armamento y drogas en las favelas. Guilherme PintoAgência O Globo

La “cidade maravilhosa” era una ciudad partida. Así, en 2008, la Secretaría de Seguridad del Estado de Río de Janeiro inauguró un ambicioso plan: devolver los territorios dominados por el narcotráfico al control del Estado, estableciendo a la justicia como una de las bases. Recuperar territorios empobrecidos dominados por décadas por traficantes y milicias armadas. Devolver la paz a la población local. Realizar, en suma, la pacificación de las favelas.

En el próximo texto, más sobre la implementación de las primeras UPPs, el establecimiento de una “nueva justicia” y el paso de los tribunales criminales a los puestos de mediación dirigidos por la policía.

Amarildo de Souza, un obrero de 43 años que vivía en un callejón de una favela de Rio de Janeiro ya es un antes y un después en la historia de violencia policial que aún se escribe en Brasil todos los días.

Este señor vivía en una casa miserable en la Rocinha, una de las mayores comunidades de Rio de Janeiro, donde oficialmente viven 70.000 vecinos. Cuando digo miserable me refiero a una imagen en concreto: la taza del váter pegada al fogón de la cocina. 

La tarde del 14 de julio cuando Amarildo volvía de pescar, le abordaron varios agentes de la UPP para interrogarle. 

Amarildo, han concluido las investigaciones, no estaba involucrado en el tráfico de la favela –que sí, aún existe– pero conocía bien quién actuaba en los alrededores de su casa donde vivía con su mujer y sus seis hijos. 

Nunca más se le volvió a ver.

La mujer de Amarildo, Elisabeth Gomes da Siva. BBC

Gracias al eco de las manifestaciones de junio,  su caso se convirtió en un símbolo de la violencia policial. A la denuncia de la familia se unieron asociaciones que hace años visibilizan la desaparición indiscriminada de brasileños, como la ONG Rio de Paz. Según el Instituto de Seguridad Pública, desde 2007, han desaparecido 35.000 personas en Brasil. Ahí es nada.

La Policía Civil comenzó una investigación que ha concluido esta semana: Amarildo murió por causa de la sesión de tortura con descargas eléctricas y métodos de asfixia que sufrió en uno de los containers de la UPP. Dado que no hay cuerpo sorprende la determinación del informe de la Policía Civil en el que acusa a 10 policías de la unidad, incluyendo al MayorEdson Santos, responsable de la corporación que ya había sido destituido tras el escándalo.

Consultada, la Policía no ha detallado cómo ha llegado a esa conclusión, pero los 180 folios con los relatos sobre la práctica habitual de tortura, la coincidencia de que las dos únicas cámaras, de 84, que podrían haber grabado la trayectoria de Amarildo estuviesen apagadas o las intentonas de los agentes de relacionar la desaparición de Amarildo con líos del narcotráfico, ya están en manos de la Fiscalía. 

Los agentes pueden enfrentarse a 30 años de cárcel por tortura seguida de muerte y ocultación de cadáver. 

La mujer de Amarildo en una de las protestas para denunciar su desaparición. Daniel Marenco/Folhapress

Cuando digo que Amarildo marca un antes y un después es porque, por fin, un crimen contra alguien que, en circunstancias normales, nunca tendría voz, se ha convertido en un fuerte grito de denuncia que todos hemos escuchado. Familias como la de Amarildo hay a montones en este país. 

La sociedad ya no calla y, aunque hay muchos que siguen mirando para otro lado, cualquier policía se pensará la próxima vez si le conviene acatar una orden ilegal. Si tiene sentido seguir ignorando el valor de las leyes y, peor, de los Derechos Humanos que el Estado debe proteger. 

En noviembre de 2011 comenzó el llamado proceso de pacificación de esa favela con el que se desbancaba a los traficantes para sustituirlos por agentes de la Unidad Pacificadora. Policías igual de armados que los narcos, pero que, en teoría, estaban preparados para lidiar con los conflictos del día a día del barrio y, digamos, con unas prácticas menos agresivas que las habituales del BOPE, el cuerpo de élite de la Policía Militar. Para quien no la haya visto todavía, la película Tropa de Élite refleja bien como funcionan las cosas en las favelas. 

Esto es la teoría. En la práctica, aunque el tráfico de drogas ha disminuido considerablemente, ha habido un aumento relevante de las denuncias contra el hostigamiento policial y desapariciones sumarias de los moradores. 

Como cuenta Natalia Fabeni, en su post sobre “La cara y la cruz de la paz en las favelas”, un informe de TV Folha concluyó que hay denuncias contra los uniformados en 25 de las 33 UPPs de Rio de Janeiro. Eso representa un 76% de ellas. 

Me permito un último apunte, lejos del caso Amarildo, pero que no está demás recordar. El pasado lunes, durante la protesta de los profesores públicos en Rio de Janeiro, la policía se llevó esposado a un adolescente mientras todos sus amigos increpaban a los agentes por la injusticia. 

El diario “O Globo” publicó después el vídeo de la escena en el que se ve como uno de los policías coloca un explosivo bajo los pies del joven mientras le registraban. La Policía Militar primero lo negó pero, ante la evidencia de las imágenes, ha dicho que ha abierto una investigación. Hoy en día me recreo con tan solo dos alternativas:  o la policía abandona sus prácticas discutibles y deja de violar las leyes o ya puede ir inventando la fórmula mágica para que todo el país vuelva a cerrar los ojos. Y la boca.

En la favela Santa Marta, ubicada en el barrio de Botafogo, en la zona sur de Río de Janeiro, de los tiros entre bandas de narcotraficantes que alguna vez atemorizaron a su población solo quedan unas cuantas marcas en una de las paredes de lo que hoy es el cuartel de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP).

Esa época de balas perdidas, miedo y violencia descarnada quedó atrás en diciembre de 2008, hace poco menos de cinco años, cuando la primera UPP de Río se instaló en lo alto del morro Dona Marta, en lo que era una de las comunidades más violentas de la ciudad.

Ahora, ese tiempo en el que el Comando Vermelho (CV) manejaba el tráfico de drogas en la favela y peleaba esa plaza con balas de fusil se encuentra en el libro “Abusado”, del periodista Caco Barcellos, quien retrató la realidad escalofriante del tráfico en la favela a principios de la década de 2000, a cargo de Marcinho VP, líder del Comando Vermelho.

En una de las paredes externas de lo que hoy es la UPP de Santa Marta aún pueden verse las marcas de disparos de otra época. Natalia Fabeni

Según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP), después de la instalación de la UPP en Santa Marta, una comunidad de aproximadamente 6.000 habitantes, los homicidios se redujeron a cero. En 2007, antes de la pacificación, se habían registrado dos asesinatos.

“Desde que se instaló la UPP, en diciembre de 2008, nunca más se disparó un tiro en esta comunidad”, me cuenta con orgullo el capitán Márcio de Almeida Rocha, que trabaja en la favela desde 2011. No sólo los datos estadísticos ni los más de 120 policías de la UPP hablan de la drástica reducción de la criminalidad, sino que también los habitantes de la favela lo reconocen. “Acá nunca más se escuchó un disparo”, me comenta Paulo Lopes, de 45 años, dueño de un puesto que vende remeras, almohadones y souvenirs frente a la estatua de Michael Jackson, en la explanada homónima, bautizada en honor al fallecido rey del pop que filmó en Santa Marta, en 1996, el videoclip “They Don’t Care About Us.

Hoy, la “Laje de Michael Jackson” es uno de los platos fuertes de la visita a la favela y se cuentan a cientos los turistas que se sacaron fotos con la estatua. Los paseos guiados a cargo de los habitantes de Santa Marta son una de las principales fuentes de ingreso que tiene la comunidad.

Lopes vive en la favela desde hace 30 años y me dice que no hay punto de comparación entre lo que era antes y lo que es ahora: “Hoy ya no vivo con miedo, mis hijos pueden ir y venir solos, si compro algo en la ciudad ya nadie se niega a traerlo hasta acá arriba. Aunque falta mucho por hacer, las cosas cambiaron en Santa Marta”.

Cuando habla de “cosas por hacer”, Lopes se refiere a la infraestructura de la favela. La construcción de muchas de las casas es muy precaria, hay cloacas a cielo abierto, pilas de basura acumulada y cuando llueve los habitantes tiemblan. No sólo por la estructura de las casas, sino también porque el único medio de transporte del morro, el plano inclinado, deja de funcionar. Son más de 200 escalones los que separan la base de la cima.

El espacio dedicado a Mickael Jackson. Paula Giolito/Folhapress

Me mezclo entre madres y niños que van a la escuela y bajo hasta el pie del morro en el plano inclinado. La vista desde lo alto es impactante: el Cristo Redentor, el Pão de Açucar y Botafogo. Abajo, en la Praça Cantão y sus alrededores, el movimiento de los comercios y de la gente es constante. Jaqueline, de 33 años, aprovecha para visitar amigas en el único día libre que tiene en la semana. Nació y creció en Santa Marta, junto a cinco hermanos y decenas de primos, y hoy trabaja en el Palacio Laranjeiras, residencia oficial del gobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral. Pero no es lo único que hace: gana unos reales extra los sábados trabajando en un geriátrico. Me cuenta que ese dinero lo guarda en una latita, que está escondida en su casa, y que sueña con viajar, con conocer la playa del Noreste.

“No quiero hacer otra cosa, no me importa mudarme, nunca pensé en irme de la favela, acá nací, acá está la gente que quiero, nunca dejaría este lugar”, me explica mientras arregla su cabello en un rodete. Le pregunto cómo era la vida en Santa Marta antes de la UPP. Me responde una cosa que luego voy a escucharla una y otra vez en boca de varios habitantes de la favela: “Si no te metés con las personas que no tenés que meterte, no pasa nada. Cada uno en su rincón, aunque todos nos conocemos”.

Principal medio de tansporte de Santa Marta. Natalia Fabeni

Reconoce, al igual que muchos otros habitantes, que con la llegada de la UPP las cosas cambiaron, pero remarca que todavía hay mucho por hacer y que no todas las favelas “abrazaron” a la policía tal como lo hizo Santa Marta. “Me acuerdo que mi mamá no nos dejaba estar en la calle y hoy los más chicos juegan tranquilos. Mi vida era del colegio a casa y de casa al colegio. ¿Tiros? Todo el día y por todas partes, pero desde que está la UPP nunca más hubo uno”, describe. Como trabaja en el Palacio Laranjeiras, le pregunto por Cabral, blanco de las protestas de los últimos meses enRío de Janeiro. “Si es corrupto tiene que ir preso. Si la gente cree que puede estar mejor y por eso sale a la calle, creo que es justo, lo que no entiendo son los destrozos que generan en la ciudad. Si supieran todo lo que cuesta arreglar lo que destruyen…”, reflexiona.

Mientras camina, Jaqueline se para frente a una peluquería y saluda a Felipe Miranda, que tiene 21 años, y que ese día estrena nuevo oficio: cortar el cabello de hombres y mujeres. Hizo un curso de seis meses y ayuda en el negocio del que es dueña su tía. Para Felipe vivir en Santa Marta es ahora más tranquilo, y cuenta que al principio la convivencia entre los habitantes de la favela y la policía no era fácil, porque había recelo y desconfianza. “Había que acostumbrarse, no éramos nosotros los que teníamos que ganarnos la confianza de ellos, sino ellos de nosotros. Hoy estamos todos más tranquilos, pero es bastante malo cuando no nos dejan hacer fiestas o poner música alta”, se queja. Ese es precisamente el punto de roce más fuerte entre la policía y la gente.

El capitán Rocha me lo explica de la siguiente manera: “Tratamos de evitar esas situaciones en donde haya mucho alcohol, porque es un momento de debilidad, en donde alguno puede salir a buscar droga o alguien puede aprovechar para venderla”. Por eso a los bares y a todo lo que pasa alrededor de ellos los miran con mil ojos, porque el tráfico en Santa Marta todavía existe, aunque en cantidades mucho menores y ya no viene acompañado de crímenes violentos. Por ejemplo, a lo largo de 2012, según datos del ISP hubo 18 incautaciones de drogas. “La gente disfruta de vivir tranquila, por eso, si ve algo extraño o alguien que levante sospechas enseguida lo reporta, así nos ayudan a cuidarlos, porque nadie quiere volver a esos años en donde no se podía ni caminar por el morro”, desliza el policía.

Vista del barrio de Botafogo desde Santa Marta, en la zona sur de Rio de Janeiro. Natalia Fabeni

El otro lado de la pacificación 

El año pasado, cuando se cumplieron cuatro años de la pacificación en Santa Marta, el Secretario de Seguridad Pública de Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, dijo que quizás por haber sido la primera favela en Rio en recibir una UPP, fue la que tuvo más éxito en su implantación.

Los mismos habitantes de la favela reconocen que lo que pasa en Santa Marta es diferente de lo que sucede en las otras 33 UPPs instaladas en Río desde 2008 hasta esta fecha, en particular en Rocinha, Mangueira o Alemão. “Tengo familia y amigos en Rocinha y sé que allá no es igual que acá, los policías se aprovechan de las chicas más lindas y eso crea bronca dentro de la comunidad”, dice Jennie mientras sube las escaleras del morro para llegar a su casa.

A principios de este mes, la TV Folha emitió un informe acerca de cómo, tras cinco años de la pacificación, se logró una reducción significativa del tráfico de drogas, aunque las denuncias contra policías por el hostigamiento y desaparición de personas fue en aumento.

A partir de testimonios de los habitantes de las favelas y de documentación de la Policía Civil y Militar, el informe concluyó en que hay denuncias contra el desempeño de los uniformados en 25 de las 33 UPPs de Rio de Janeiro, lo que representa un 76% de ellas.

El día a día en Santa Marta. Natalia Fabeni

Además, aunque el número de homicidios cayó un 68%, los datos estadísticos del ISP muestran que hubo un aumento en el número de desaparecidos en las primeras 18 comunidades que recibieron UPPs entre 2008 y 2012, que albergan una población de casi 211.000 personas, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y el Instituto Pereira Passos (IPP).

Por ejemplo, las desapariciones saltaron de 23 a 133, lo que significa un aumento del 56%.

Una de las más mediáticas, que dio la vuelta al mundo y aún hoy es motivo de protestas fue la desaparición del ayudante de albañil Amarildo de Souza, visto por última vez entrando a un patrullero de la UPP en Rocinha, una de las favelas más grandes de Rio, para ser interrogado. A dos meses de que a Amarildo se lo haya tragado la tierra, su esposa e hijos siguen reclamando justicia y una explicación acerca de su paradero. La mancha que significó en la UPPRocinha la desaparición de Amarildo forzó el cambió en su plana mayor: el coronel Edson Santos fue reemplazado por la mayor Pricilla de Oliveira Azevedo, que ya había comandado la UPP de SantaMarta.

Otro caso emblemático que puso de manifiesto que el tráfico continúa y que los barones de la droga (el Comando Vermelho, principalmente) aún ostentan una porción grande de poder es el deJoséJunior, fundador de la ONG AfroReggae, quien hoy vive amenazado de muerte y que por repetidas intimidaciones de los traficantes tuvo que paralizar decenas de actividades culturales que desde hace más de 10 años desarrollaba en el Complexo do Alemão, una de las favelas más peligrosas de Rio, pacificada desde 2012.

En una reciente entrevista con la revista Trip, Junior dijo que “la UPP, la pacificación fue la mejor cosa que le pasó a Rio de Janeiro en los últimos tiempos” y que, pese a la situación en la que se encuentra, lo que pasó con él demuestra el “debilitamiento del tráfico”, porque, si los narcos estuvieran fuertes, “ya hubiese muerto”. Pese a los errores y a reconocer ciertas críticas, Junior apoya a las UPPs.

“Quien quiere el bien para Rio de Janeiro tiene que querer que ciertas políticas avancen, y la de la pacificación es una de ellas”, afirmó.