Si algo define a Brasil más allá de su gente, es su inmensidad. El gigante sudamericano, de dimensiones prácticamente continentales, es el único país del Cono Sur que comparte fronteras con todos sus vecinos a excepción de Chile y Ecuador.

Sin embargo, a veces las fronteras que no se encuentran trazadas en los mapas son las más difíciles de atravesar. Norte y Sur, ciudad y campo, centro y periferia o asfalto y favela, son fronteras invisibles que muchos parecen haber olvidado, especialmente aquellos que han quedado del lado “bueno”.

Desde el pasado fin de semana, una nueva frontera ha sido establecida en Río de Janeiro. Agentes de la Policía Militar (PM) montan controles en las salidas de los túneles que conectan la zona Norte de la ciudad con la zona Sur. Su objetivo es detener los autobuses que, cargados de jóvenes provenientes de las comunidades de la zona Norte, se dirigen hacia las míticas playas de la ciudad.

Es la frontera de la vergüenza, la del Norte pobre y el Sur rico que las montañas del macizo de Tijuca ya se habían encargado de crear, pero que los cariocas se habían asegurado de mantener con unos precios de alquiler que garantizaran  el aislamiento de los adinerados habitantes sureños.

Con sus fusiles en mano, como harían en la frontera de un país en guerra, los agentes de la PM inspeccionan meticulosamente los autobuses que salen del túnel de Rebouças o Santa Bárbara en busca de personas “no deseables” en dirección a unas playas que estos días acogen a miles de turistas.

Playas repletas y algunos robos se registraron el pasado fin de semana en Ipanema y Leblon. Fotografía: Ricardo Borges/Folhapress

Su foco se centra en la línea 476 que conecta Leblon, el barrio más exclusivo de Río de Janeiro, con el barrio de clase obrera de Meier, pasando por prácticamente todas las grandes favelas de la región Norte.

El pasado domingo, las imágenes de un grupo de más de 20 jóvenes rompiendo las ventanas e incluso subiendo al techo del autobús hicieron que muchos pongan el grito en el cielo.

“Si alguien está asomándose por las ventanas, puertas o con un comportamiento fuera de lo normal, el vehículo será parado y las personas retiradas”, avisó el pasado 15 de enero el subjefe de Operaciones de la PM, Claudio Lima Freire.

A las imágenes del pasado domingo se une el temido fenómeno del “arrastão” , es decir, grupos de hasta 50 jóvenes que asaltan a su paso a bañistas y transeúntes, que el pasado fin de semana actuaron en Ipanema y Leblón, y que han generado el caos entre los habitantes de la zona Sur.

Estas circunstancias parecen justificar este tipo de medidas conocidas por la PM como “Operação Verão”, que se complementa con un refuerzo de 700 agentes que patrullan desde el pasado fin de semana las playas de la ciudad.

Al parecer, a partir de ahora cualquier grupo de amigos de la zona Norte que desee viajar en autobús hasta las playas de Ipanema o Leblón deberá ser un ejemplo de buenos modales y tendrán que evitar pasear en grupo por la orilla de la playa.

En declaraciones a “Folha de Sao Paulo”, el director del Observatorio de Favelas, Jorge Luiz Barbosa, aseguró que los controles en los autobuses  “atentan contra el derecho de ir y venir de las personas” y añadió que “parte de un juicio de valor que considera a los habitantes de los suburbios como potenciales sospechosos “.

Un policía entra en el agua para atrapar a uno de los ladrones de la playa de Río. Fotografía: Ricardo Borges/Folhapress

Por su parte, el miembro del Instituto de Desarrollo y Derechos Humanos, João Tancredo, calificó la medida como “una violación de los derechos del ciudadano” y una acción basada en “prejuicios y humillante”. No obstante, y a pesar de las denuncias de diferentes ONGs, el miedo justifica los medios y la medida ha sido acogida con gran entusiasmo por los vecinos de la zona Sur de la ciudad.

Este mismo martes, día del patrón de la ciudad, San Sebastián, la PM realizó varias revistas que fueron calificadas como un éxito. “Está surtiendo efecto”, declaró a la TV Globo uno de los agentes, que además aseguró que los controles serán cambiados de ubicación cada fin de semana para lograr mayor efectividad.

El debate de la inseguridad en las playas abarrotadas de Río de Janeiro es una constante cada inicio de verano. Mientras tanto, las medidas del ayuntamiento y del gobierno del Estado de Río de Janeiro son cada vez más contundentes, algo que agradecen los bañistas y el turismo.

Sin embargo, resulta difícil establecer la línea entre seguridad y segregación. Lo que es seguro es que cada vez la zona Sur parece estar más aislada de la realidad del conjunto de la ciudad. Ni las obras del metro, ni el BRT, ni siquiera la experiencia del Mundial de fútbol o las preparaciones para los Juegos Olímpicos de 2016 parecen haber acercado a sus habitantes, sino más bien todo lo contrario.

La gentrificación y no otra es la verdadera frontera que divide a Río de Janeiro. Una frontera que no se vigila con policías sino con un ayuntamiento que diseñe una ciudad sin límites, abierta y accesible para todos sus ciudadanos. Río de Janeiro, la “cidade maravilhosa”, no merece ser una ciudad de frontera condenada a servir de escaparate a la belleza y, al mismo tiempo, a la miseria de Brasil.

Es mediodía en Río de Janeiro, la temperatura ronda los 40 grados y una multitud se agolpa debajo de la escasa sombra que proyecta una parada de autobús en la playa de Flamengo.

Entre las personas que allí esperan son muchos los que revuelven sus monederos a la caza de los 40 centavos extra que desde el sábado pasado (3) tendrán que pagar por cada viaje que realicen. Un aumento del 13,3%, (de 3 a 3,40 reales) por viajar en unos autobuses viejos y sin aire acondicionado, que a muchos les suena a broma pesada.

Algo así como la promesa del alcalde de Río, Eduardo Paes (PMDB), quien prometió el 100% de los autobuses con aire acondicionado para 2016, algo que en la actualidad solo cumple el 28% de la flota.

Protestas del MPL

“Nunca sudar me había costado tanto dinero, por lo menos espero adelgazar”, comenta entre risas Isadora Nunes, una trabajadora doméstica de 46 años que cada día emplea unas tres horas y 4 autobuses (entre ida y vuelta) para desplazarse desde la Baixada Fluminense para trabajar en diferentes hogares de la zona sur de Río.

Al igual que ella, miles de trabajadores de toda la ciudad deberán pagar al menos 80 centavos más por día, 1,60 reales en caso de no disponer del billete único, para desplazarse a su lugar de trabajo.

Un gasto fijo que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) sitúa en torno al 15% de los ingresos mensuales de los trabajadores brasileños y que, en algunos casos, puede suponer hasta el 70% de los ingresos mensuales de quienes obtienen el salario mínimo (678 reales).

Pero Río no está sola. Desde el martes (6) los habitantes de la megalópolis São Paulo pasaron a pagar de 3 a 3,50 reales por viaje en metro y autobuses.

Un aumento  mayor al de Río que  el alcalde, Fernando Haddad, anunció el pasado 26 de diciembre e indicó que considera por debajo de la variación en la inflación que, según él, supondría un aumento hasta los 3,75 reales por trayecto.

Se trata de una auténtica locura si se piensa que, en junio de 2013, un aumento mucho menor dio lugar a una de las mayores protestas ciudadanas que se recuerdan en Brasil desde el fin del periodo militar (1964-1985), encabezadas por el Movimento Passe Livre (MPL), que terminaron por obligar a los alcaldes de varias ciudades de todo el país a congelar las tarifas y negociar la posibilidad de aplicar la gratuidad del transporte público para  los estudiantes universitarios y de escuelas técnicas.

Esta promesa la ciudad de São Paulo podría aplicarla a partir de febrero, aunque aún continúa en el aire a la espera de la reglamentación de la  alcaldía.

Pero el MPL está de vuelta y desde hace una semana convoca a diferentes actos de protesta en todo el país.

El pasado lunes, cientos de personas se reunieron en el Largo de São Francisco, en Río de Janeiro, para protestar por el aumento de la tarifa mientras que, en São Paulo, el MPL organizó el acto “Clase Abierta Contra la Tarifa” frente al ayuntamiento.

Un acto que, irónicamente, contó con la presencia del hijo del alcalde, Frederico Haddad, que abandonó el lugar al ser reconocido por la prensa local y algunos de los presentes.

No obstante, el gran acto del MPL tendrá lugar  el próximo viernes (9) a las 17, frente al Teatro Municipal de São Paulo, ciudad que en 2013 lideró las protestas ciudadanas contra el “tarifazo”.

Una movilización que tendrá su equivalente carioca exactamente a la misma hora en la región de Cinelandia, la misma que concentró las manifestaciones más violentas que se recuerdan en Brasil a manos de los hoy en día desaparecidos “Black Blocs”.

Y es que, más allá de la necesidad de adaptar los precios a la inflación del 6,86% que golpea el bolsillo de los brasileños, son muchas las voces de técnicos que valoran el aumento como completamente desproporcionado e interesado, especialmente en el caso de Río de Janeiro, que incluso ha sido denunciado esta semana por el Ministerio Público sin éxito.

Desde que Paes asumió la alcaldía en 2009, el precio de los billetes en la ciudad aumentó un 54,54%, es decir, un 38,6% más que la inflación durante el periodo, de acuerdo con  los cálculos del profesor del Instituto Brasileño de Mercado de Capitales (IBMEC), Gilberto Braga.

En declaraciones al diario Extra, el profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV), Marcus Quintella, señaló que la suba está por encima del aumento en el precio del diesel y de los salarios de los trabajadores de transportes, a la vez que indicó que “las cuentas no son claras” y que el detalle técnico de la tarifa “debería ser abierto a la ciudadanía que tiene derecho a saber cómo está calculado”.

Llegados a este punto, solamente los intereses políticos y empresariales podrían explicar un aumento calificado como “inexplicable” por los expertos.

Basta con observar la reducción aprobada en 2010 por el gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), del 2% al 0,01% del Impuesto sobre Servicios (ISS) a las empresas de transportes, dejando de recaudar así 33 millones de reales por año.

A esto se suma la exención en el pago del Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Prestación de Servicio (ICMS), que aportaba 100 millones de reales anuales al ayuntamiento, o la reducción del 50% en el Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), dejando con ello de percibir 36 millones de reales anuales.

Se trata de un ahorro estimado de 169 millones de reales para las compañías de autobuses de Río de Janeiro, basado en decretos firmados por Cabral.

La falta de transparencia y la connivencia más que evidente entre las autoridades de la ciudad y el estado de Río de Janeiro con personas como el empresario Jacob Barata, llamado el “rey de los autobuses” y propietario del Grupo Guanabara -con una flota de 4200 autobuses y más de 20.000 trabajadores- da que pensar a la hora de valorar un aumento que con mayor o menor impacto -dependiendo de la ciudad- recaerá directamente sobre los bolsillos de la clase trabajadora de todo el país.

Un claro abuso que este miércoles (7) adquirió notas de surrealismo cuando el secretario de Transportes de Río de Janeiro, Rafael Picciani, anunció que podría reducir un 25% la flota actual de autobuses hacia 2016, alegando una “racionalización” de la flota, tras el inicio del servicio BRT (Transporte Rápido en Bus, por su sigla en inglés) en la ciudad y “cumplir con la meta” de aire acondicionado en el 100% del servicio para el próximo año.

En conclusión, peores servicios para los ciudadanos que tendrán que pagar más para apretarse dentro de los cada vez más escasos autobuses. Mientras tanto, los empresarios del sector ganarán más y se ahorrarán millones en renovar una flota de autobuses antiguos con conductores y cobradores con sueldos ridículos.

En este contexto de precarización del transporte público, la reactivación del  MPL parece ser la única esperanza para unos ciudadanos que, si bien tomaron las calles por 25 centavos en 2013, no parecen dispuestos a movilizarse en 2015.

Un año que todos los economistas, incluido el nuevo ministro de Hacienda, Joaquim Levy, señalan como el año en el que los brasileños de a pie tendrán que apretarse el cinturón.

Cuando faltan pocos días para el  comienzo del Mundial, en la ciudad serrana de Teresópolis, en Río de Janeiro, la selección brasileña se entrena en la Granja Comary, un centro de entrenamiento cuya reforma costó US$6,5 millones.

Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, una tragedia humana sigue su curso.

A principios de 2011, lluvias torrenciales y ríos de barro, producto de una gran inundación, dejaron más de 900 muertos, más de 240 desaparecidos y cerca de 9000  personas sin casa en siete municipios de la región, según cifras oficiales.

Antiguos residentes del humilde barrio de Campo Grande, en Teresópolis, describen cómo el  vendaval  que  los sorprendió de madrugada dejó desprovistos a miles de habitantes, arrasó con todo y se llevó a una comunidad entera.

Una casa que sobrevivió a las lluvias en el barrio abandonado de Campo Grande. Fotografía: Milli Legrain.

Manuel Antonio de Oliveira da Silva, un obrero de 57 años, cuenta  que perdió a cuatro de sus hijos, además de varios sobrinos y cuñados, sumando 20 familiares en total.

Pero son varios los  que intuyen que en realidad murieron más personas de las que constan en los registros oficiales.

“Cuando se hicieron públicas las listas de los muertos, muchos nombres no aparecían. Solo aquí, en este campo de fútbol comunitario, se juntaron unos 500 cuerpos”, denuncia Flávio Carreiro, un joven conductor, ahora desempleado, que también perdió a una veintena de familiares en el barrio Granja Forestal.

Esta teoría también la sostiene  Joel Caldeira, de la  Asociación de las Victimas de las Lluvias del 12 de enero en Teresópolis (AVIT). “No hubo  129 desaparecidos en esta ciudad. Familias enteras desaparecieron”.

Y el dolor no acaba allí. “Después de la tragedia natural, vino la tragedia humana”, continúa Joel.

Se refiere al desvío  de US$ 33,7 millones en recursos federales, estatales y donaciones nacionales y extranjeras destinados a la reconstrucción de las siete ciudades afectadas.

Esto lo confirma un informe del Tribunal Federal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro.

De izquierda a derecha: Joel Caldeira, Flávio Carreira, Adalberto Serafin y Clovis de Oliveira da Silva. Fotografía: Milli Legrain.

Asimismo, en noviembre de 2011, el entonces alcalde de Teresópolis Jorge Mário fue separado de su cargo por haber estado involucrado  en negocios turbios con varias constructoras locales a las que les cobraba coimas.

Mientras tanto, Manuel Antonio, conocido por sus amigos como Clovis, cuenta que han sido tres años y cuatro meses sin casa ni atención psicológica. Se pregunta dónde está el dinero para las víctimas.

Ahora,  el gobierno del estado de Río de Janeiro intenta terminar 220 casas en la Fazenda Ermitage antes de  septiembre. El momento es oportuno. Las  elecciones para gobernador son en octubre. Pero el nuevo conjunto habitacional bordea una carretera peligrosa sin viaducto para los peatones.

“Inaugurar casas en barrios sin la infraestructura adecuada suele terminar mal. Miren lo que pasó en la Cidade de Deus”, recuerda Joel refiriéndose al barrio de viviendas sociales mejor conocido por sus guerras entre pandillas y por el tráfico de drogas.

Sus residentes habían sido removidos de los barrios caros  de la ciudad como parte de una política de limpieza social de la zona Sur de Río de Janeiro en los años sesenta y setenta.

Por su parte, la Secretaría de Obras del Estado explicó a esta cronista que las obras se retrasaron por la falta de terrenos adecuados y la necesidad de recurrir a una expropiación de las tierras, algo que generó complicaciones.

Clovis junto a sus compañeros del Club de Fútbol del Posse. Fotografía: Milli Legrain.

Hay quienes argumentan que la tragedia de Teresópolis alcanzó  esa magnitud porque muchas de las casas estaban hechas en terrenos irregulares, sobre áreas de riesgo, bordeando riachuelos.

Según una investigación parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ), presidida por el diputado Luiz Paulo (PSDB-RJ), la falta de una política habitacional consistente en la región es otra pieza clave para entender la tragedia.

Aún así, a pesar del dolor y de la larga espera, Clovis -que se hizo evangélico después del desastre-, no parece guardar rencor. Confiesa que si no fuera por la iglesia se hubiera vuelto loco hace tiempo. “Pensé muchas veces en dejarme llevar por las aguas, ya que allí murieron mis hijos”.

Este voluntario del AVIT sale adelante con unos  US$220 mensuales que le alcanzan para cubrir los costes de su alquiler. Según Joel, impulsadas por los miembros de la asociación de víctimas, hubo 800 acciones judiciales para que las personas más vulnerables recibieran esta subvención.

Clovis me pide que le saque una foto al lado de unas flores amarillas. “Donde haya vida habrá esperanza”, dice con una sonrisa y sus ojos llenos de lágrimas.

Insiste que la tormenta no tuvo nada que ver con la selección brasileña y que espera que gane. Aun así, salta a la vista la ironía de ver tanto desamparo en la casa del futbol brasileño.

La vulneración de los derechos de los pueblos  indígenas,  los desalojos forzosos en barrios humildes, el legado de la dictadura militar o de la esclavitud, los derechos de las personas LGBTTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex), la situación de los niños de la calle y la marginación social en sus distintas formas fueron algunos de los temas que se tocaron y profundizaron en la “Muestra de Cine y Derechos Humanos  en Sudamérica”.

La octava edición del festival, que se realizó desde el 26 de noviembre hasta el 22 de diciembre, recorrió  grandes ciudades y pequeños municipios de Brasil, desde Manaos hasta Porto Alegre, exhibiendo documentales tanto en grandes cines como en salas improvisadas.

Muchos de los documentales, filmados por realizadores de todo el continente, reflejaron  violaciones a los derechos humanos que, parece, ocurrieron en tiempos y ciudades lejanas. Aunque en realidad están mucho más cerca de lo que pensamos. Cabe preguntarnos, ¿cuántas  situaciones que se vieron en la pantalla siguen vigentes en el Brasil actual? ¿Y cuántas, de las ocurridas hace 50 o incluso 80 años, tienen aún secuelas sobre el  tejido social?

Las películas “Nótese Bien” y “Días con Él” son miradas contemporáneas sobre la dictadura militar brasileña (1964-1985). Pero en el Río de Janeiro de hoy, la violencia policial no es  ningún anacronismo. Bien lo sabe la viuda de Amarildo de Souza, el albañil que fue torturado por la Policía Militar y desapareció en julio de este año de la favela Rocinha, la más grande de Brasil.

Elizabeth Gomes da Silva, esposa del albañil Amarildo de Souza, quien desapareció de la favela Rocinha, en julio de este año. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress

Según Amnistía Internacional, sólo en el estado de Río de Janeiro, unos 233 homicidios producto de intervenciones policiales fueron registrados en los primeros siete meses del año. Entre muchas asignaturas pendientes para 2014, la Cámara de Diputados aún debe tratar la ley sobre desapariciones forzadas, que ya fue aprobada por el Senado  en agosto de este año.

La marginación y la exclusión social fueron otros temas abordados en el festival. Un documental impactante llamado “Paredes Invisibles: Lepra Región Norte” ofrece el testimonio de varias personas, ahora todas de edad avanzada, afectadas por esta enfermedad, que fueron aisladas forzosamente de sus familias en su juventud y obligados a vivir en colonias precarias hasta los años setenta.

“Todo el mundo tiene miedo, porque no tiene el conocimiento”, dice uno de los entrevistados en la película. Si bien el gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva les ofreció una pensión vitalicia, el dolor por el rechazo, el prejuicio y la soledad sufrida durante años dejó  profundas heridas, más allá de la propia enfermedad.

La muestra también dedicó una sección específica al cine realizado por pueblos originarios. “Los Descendientes del Jaguar”, un documental de Eriberto Gualinga, filmado con el apoyo de Amnistía Internacional, narra de qué manera, en 2002, el pueblo indígena Sarayaku, que habita el Amazonas ecuatoriano vio sus tierras invadidas por una petrolera argentina, con el apoyo del ejército de Ecuador.

Indígenas reocupan un área de la antigua Aldeia Maracanã, en agosto pasado, en la zona norte de Río de Janeiro. Fotografía: Fabio Teixeira/UOL

El año pasado, la Corte Interamericana  de Derechos Humanos dictó una sentencia que obliga al gobierno ecuatoriano a retirar los explosivos  que habían sido colocados a lo largo de 16.000 hectáreas dentro de este territorio indígena.  Ecuador también tendrá que adoptar medidas legislativas para hacer efectivo el derecho a la consulta previa para cualquier proyecto en donde los pueblos originarios pudieran verse afectados. Los Sarayaku aún siguen esperando.

Mientras tanto, el 4 de diciembre pasado, la policía ecuatoriana cerró arbitrariamente la Fundación Pachamama, cuyo abogado Mario Melo es uno de los litigantes del caso y aparece en la película.

A más de 6000 kilómetros de allí,  en Río de Janeiro, representantes de diferentes comunidades indígenas siguen luchando en contra de su expulsión de la Aldeia Maracanã, un lindo -aunque muy deteriorado- edificio de finales del siglo XIX, ubicado en el barrio Maracanã, que fue donado al Servicio de Protección Indígena en 1910.

En el marco del Mundial que se realizará en Brasil el año que viene, ahora más que nunca, el edificio se ha convertido en un símbolo de la resistencia indígena. Hace solo unas semanas, más de 20  activistas  fueron detenidos y liberados en un mismo día por oponerse a la ocupación del edificio por la policía.

Ash Ashaninka resistió la ocupación de la Aldeia Maracanã por la policía en Río de Janeiro. Fotografía: Milli Legrain

Si bien en un principio el edificio iba a ser demolido, el 16 de diciembre el  gobierno de Río de Janeiro decretó que sería transformado en un Centro de Referencia de las Culturas Indígenas. Pero Ash Ashaninka, representante de la comunidad, me dijo: “Queremos que esta área sea reconocida como territorio indígena como siempre lo ha sido”. “Queremos una universidad indígena en vez de un museo para turistas”, añadió.

¿Cuántos de nosotros estaremos reflexionando sobre estos temas durante estas Fiestas?

*Periodista franco-británica especializada en derechos humanos y cine. Trabaja desde hace más de diez años en comunicación y en asuntos latinoamericanos. Tiene un máster en Cooperación Internacional y trabajó en proyectos de educación comunitaria en México y Chile. Vive en Río de Janeiro desde junio de 2013.

En su paso por Brasil, Justin Bieber dio todo un recital de cómo no ser un modelo a seguir, pese a que es un icono para centenares de miles de adolescentes en todo el mundo. Y, de paso, se dibujó como el peor de los estereotipos de turista (aunque en su caso estaba aquí por trabajo) “gringo” en Río de Janeiro: el que llega a la ciudad en busca, tan sólo, de fiesta y sexo, “caipirinha” y “garotas gostosas”.

Justin Bieber, durante un show que ofreció en São Paulo. Bruno Poletti/Folhapress

Pintó la fachada de un hotel abandonado y mandó a sus escoltas a agredir a un fotógrafo que intentaba capturar el momento. Al menos se llevó una multa por ello. Una modelo (algunos dicen que prostituta) saltó a la fama después de grabarle durmiendo y contar sus aventuras con él en la televisión y en el diario sensacionalista inglés The Sun. Justin fue filmado saliendo de una lujosa sauna-prostíbulo de Ipanema y creó una especie de “rodizio” de chicas alrededor de él, entrando y saliendo de la mansión que alquiló o del camarotede una de las discotecas que visitó.

Elegía selectivamente a las que le parecían guapas para sentarse con él, al más puro estilo macho alfa rey dela manada. Varias admiradoras (a las que debe su fama y dinero, por cierto) se quejaron también de que fue bastante desagradable con ellas y el colofón lo puso cuando abandonó un concierto en SãoPaulo en la mitad del show, después de que una botella de plástico impactara contra su mano e hiciera que se le cayese el micrófono.

Hace unos días la revista Veja mostró las vergüenzas de la sociedad elitista de SãoPaulo con ese “rey del camarote” que, sea o no real, es una caricatura de sí mismo y de los valores lamentables que se esconden detrás del consumismo desorbitado y el aparentar. Pues bien, parece que Justin Bieber está resuelto a ser una especie de “rey del camarote” versión famoso, joven y guapo.

La diferencia es que él no necesita ni siquiera invitar a una copa para que las jóvenes se peleen por sentarse a su lado y que, en su caso, no le sería necesario montar toda esta serie de circos para llamarla atención. Como ídolo, se podría esperar más de él. Como demuestran decenas de casos, no debe de ser fácil lidiar con la fama mundial a tan temprana edad y seguro que existen múltiples factores y causas personales que motiven la ridícula e infructífera rebeldía del joven canadiense.  Pero también sus fans, muchas de ellas entrando ya en edad adulta, podrían pararse un minuto a reflexionar si ese es el tipo de ídolo que quieren.

Los lujos y extravagancias del “rey del camarote” se volvieron objeto de burla en las redes sociales. ReproduçãoYouTubeVeja SP

Por otra parte, actitudes como la de Justin Bieber y algunas otras celebridades que pasan por Brasil no hacen sino potenciar ese turismo hedonista y vacío que desmerece a una ciudad como Río de Janeiro, que a poco que se escarbe tiene mucho más que ofrecer y que puede crecer más todavía con la emergencia creativa de sus jóvenes.

Constante renovación y experimentación en lo musical, nuevos museos y contacto continuo entre diversos géneros artísticos, un intensísimo e interesante debate político desde que arrancaron las manifestaciones el pasado mes de junio, una naturaleza tropical delirante que no ha conseguido ser ahogada por la gran ciudad, una actividad deportiva al aire libre sin igual en ninguna otra urbe, historias de superación personal y de cooperación comunitaria apasionantes (especialmente en las favelas), conductores de autobuses y vendedores ambulantes que te alegran el día con su amabilidad, una imperfección despreocupada y sonriente que enamora a muchos y un “flow” que no se acaba nunca.

Tomando como punto de partida el agitado paso de Justin Bieber por la ciudad y la preparación de cara al Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, el diario The New York Times publicó recientemente un reportaje sobre la lucha contra el turismo sexual y, más concretamente, se centraba en la persecución y el cierre de los lupanares en “una de las metrópolis más sexy de Brasil”.

El Centaurus, lujoso y legendario burdel de Ipanema, sigue siendo sin embargo un atractivo para visitantes adinerados como Bieber, el actor norteamericano Vin Diesel o los jugadores de la selección de México, algunos de los que han sido vistos por allí. En Copacabana, recientemente fue cerrado Help, otro de los míticos “burdeles”. Pero, advertía la nota, el cierre de estos locales alimenta ciertas polémicas y contradicciones, como la vulnerabilidad de los derechos de las prostitutas si se quedan sin dichos espacios, pues quedan más expuestas a la explotación y a la trata de blancas.

Justin Bieber, cubierto por una sábana blanca, sale de un prostíbulo en Río de Janeiro. Francisco SilvaAgnews

La paradoja, además, se agudiza con el hecho de que la prostitución sea una práctica legal y sin embargo no lo sean el proxenetismo y la ejecución en burdeles, de modo que locales como el Centaurus quedarían en una “área gris” en términos legales. Durante los días cercanos a la cumbre de desarrollo sostenible Rio+20 de 2012, rescatan Simon Romero y Taylor Barnes en el artículo del New York Times, la policía intervino en más de 10 prostíbulos, incluyendo el Centaurus, donde se encontraron 150.000 dólares en efectivo y 90 prostitutas trabajando en el momento de la redada.

Aunque el debate sobre la legalidad o no de la prostitución y sus condiciones es amplio y da lugar a numerosas interpretaciones, no va a ser sólo con la persecución –por enérgica que sea- de la profesión más antigua del mundo como se va a acabar con el tópico del turismo sexual asociado a ciudades brasileñas como Río de Janeiro.

Tati Neves, la “modelo” que pasó la noche con Justin Bieber. Reprodução/Facebook/Tati Neves

Más bien, el resto de “maravilhas” que ofrece la ciudad deberían acabar por ahogar o minimizar esta relación, ya sea con el estímulo institucional a las energías creativas que vienen surgiendo, con una publicidad menos sexuada del lugar, con una mejora de la oferta gastronómica y de hospedaje a precios más asequibles o con un pequeño esfuerzo por parte del turista por ir un poco más allá de los tópicos. O celebrando y aplaudiendo a otros extranjeros, turistas o no, que prefieren sacarle mucho más jugo y aportarle mucho más a su destino, que también hay muchos.

Quedándose en la “caipirinha”, la “bunda” y la “garota gostosa” salimos todos perdiendo. La ciudad, por no recibir con ese tipo de “turista-cliché” la inyección cultural que puede darse en un lugar frecuentado por ciudadanos de todo el mundo. El propio turista, por volverse a casa con mucho menos enriquecimiento del que debería suponer cualquier viaje. Y un poco también el extranjero que, como yo, intenta ganarse la vida desde hace ya un par de años trabajando aquí y todavía es tratado a veces como un turista más, otro “gringo” con ganas de chicas, por culpa de ejemplos como el de Justin Bieber.

Amarildo de Souza, un obrero de 43 años que vivía en un callejón de una favela de Rio de Janeiro ya es un antes y un después en la historia de violencia policial que aún se escribe en Brasil todos los días.

Este señor vivía en una casa miserable en la Rocinha, una de las mayores comunidades de Rio de Janeiro, donde oficialmente viven 70.000 vecinos. Cuando digo miserable me refiero a una imagen en concreto: la taza del váter pegada al fogón de la cocina. 

La tarde del 14 de julio cuando Amarildo volvía de pescar, le abordaron varios agentes de la UPP para interrogarle. 

Amarildo, han concluido las investigaciones, no estaba involucrado en el tráfico de la favela –que sí, aún existe– pero conocía bien quién actuaba en los alrededores de su casa donde vivía con su mujer y sus seis hijos. 

Nunca más se le volvió a ver.

La mujer de Amarildo, Elisabeth Gomes da Siva. BBC

Gracias al eco de las manifestaciones de junio,  su caso se convirtió en un símbolo de la violencia policial. A la denuncia de la familia se unieron asociaciones que hace años visibilizan la desaparición indiscriminada de brasileños, como la ONG Rio de Paz. Según el Instituto de Seguridad Pública, desde 2007, han desaparecido 35.000 personas en Brasil. Ahí es nada.

La Policía Civil comenzó una investigación que ha concluido esta semana: Amarildo murió por causa de la sesión de tortura con descargas eléctricas y métodos de asfixia que sufrió en uno de los containers de la UPP. Dado que no hay cuerpo sorprende la determinación del informe de la Policía Civil en el que acusa a 10 policías de la unidad, incluyendo al MayorEdson Santos, responsable de la corporación que ya había sido destituido tras el escándalo.

Consultada, la Policía no ha detallado cómo ha llegado a esa conclusión, pero los 180 folios con los relatos sobre la práctica habitual de tortura, la coincidencia de que las dos únicas cámaras, de 84, que podrían haber grabado la trayectoria de Amarildo estuviesen apagadas o las intentonas de los agentes de relacionar la desaparición de Amarildo con líos del narcotráfico, ya están en manos de la Fiscalía. 

Los agentes pueden enfrentarse a 30 años de cárcel por tortura seguida de muerte y ocultación de cadáver. 

La mujer de Amarildo en una de las protestas para denunciar su desaparición. Daniel Marenco/Folhapress

Cuando digo que Amarildo marca un antes y un después es porque, por fin, un crimen contra alguien que, en circunstancias normales, nunca tendría voz, se ha convertido en un fuerte grito de denuncia que todos hemos escuchado. Familias como la de Amarildo hay a montones en este país. 

La sociedad ya no calla y, aunque hay muchos que siguen mirando para otro lado, cualquier policía se pensará la próxima vez si le conviene acatar una orden ilegal. Si tiene sentido seguir ignorando el valor de las leyes y, peor, de los Derechos Humanos que el Estado debe proteger. 

En noviembre de 2011 comenzó el llamado proceso de pacificación de esa favela con el que se desbancaba a los traficantes para sustituirlos por agentes de la Unidad Pacificadora. Policías igual de armados que los narcos, pero que, en teoría, estaban preparados para lidiar con los conflictos del día a día del barrio y, digamos, con unas prácticas menos agresivas que las habituales del BOPE, el cuerpo de élite de la Policía Militar. Para quien no la haya visto todavía, la película Tropa de Élite refleja bien como funcionan las cosas en las favelas. 

Esto es la teoría. En la práctica, aunque el tráfico de drogas ha disminuido considerablemente, ha habido un aumento relevante de las denuncias contra el hostigamiento policial y desapariciones sumarias de los moradores. 

Como cuenta Natalia Fabeni, en su post sobre “La cara y la cruz de la paz en las favelas”, un informe de TV Folha concluyó que hay denuncias contra los uniformados en 25 de las 33 UPPs de Rio de Janeiro. Eso representa un 76% de ellas. 

Me permito un último apunte, lejos del caso Amarildo, pero que no está demás recordar. El pasado lunes, durante la protesta de los profesores públicos en Rio de Janeiro, la policía se llevó esposado a un adolescente mientras todos sus amigos increpaban a los agentes por la injusticia. 

El diario “O Globo” publicó después el vídeo de la escena en el que se ve como uno de los policías coloca un explosivo bajo los pies del joven mientras le registraban. La Policía Militar primero lo negó pero, ante la evidencia de las imágenes, ha dicho que ha abierto una investigación. Hoy en día me recreo con tan solo dos alternativas:  o la policía abandona sus prácticas discutibles y deja de violar las leyes o ya puede ir inventando la fórmula mágica para que todo el país vuelva a cerrar los ojos. Y la boca.

En la favela Santa Marta, ubicada en el barrio de Botafogo, en la zona sur de Río de Janeiro, de los tiros entre bandas de narcotraficantes que alguna vez atemorizaron a su población solo quedan unas cuantas marcas en una de las paredes de lo que hoy es el cuartel de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP).

Esa época de balas perdidas, miedo y violencia descarnada quedó atrás en diciembre de 2008, hace poco menos de cinco años, cuando la primera UPP de Río se instaló en lo alto del morro Dona Marta, en lo que era una de las comunidades más violentas de la ciudad.

Ahora, ese tiempo en el que el Comando Vermelho (CV) manejaba el tráfico de drogas en la favela y peleaba esa plaza con balas de fusil se encuentra en el libro “Abusado”, del periodista Caco Barcellos, quien retrató la realidad escalofriante del tráfico en la favela a principios de la década de 2000, a cargo de Marcinho VP, líder del Comando Vermelho.

En una de las paredes externas de lo que hoy es la UPP de Santa Marta aún pueden verse las marcas de disparos de otra época. Natalia Fabeni

Según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP), después de la instalación de la UPP en Santa Marta, una comunidad de aproximadamente 6.000 habitantes, los homicidios se redujeron a cero. En 2007, antes de la pacificación, se habían registrado dos asesinatos.

“Desde que se instaló la UPP, en diciembre de 2008, nunca más se disparó un tiro en esta comunidad”, me cuenta con orgullo el capitán Márcio de Almeida Rocha, que trabaja en la favela desde 2011. No sólo los datos estadísticos ni los más de 120 policías de la UPP hablan de la drástica reducción de la criminalidad, sino que también los habitantes de la favela lo reconocen. “Acá nunca más se escuchó un disparo”, me comenta Paulo Lopes, de 45 años, dueño de un puesto que vende remeras, almohadones y souvenirs frente a la estatua de Michael Jackson, en la explanada homónima, bautizada en honor al fallecido rey del pop que filmó en Santa Marta, en 1996, el videoclip “They Don’t Care About Us.

Hoy, la “Laje de Michael Jackson” es uno de los platos fuertes de la visita a la favela y se cuentan a cientos los turistas que se sacaron fotos con la estatua. Los paseos guiados a cargo de los habitantes de Santa Marta son una de las principales fuentes de ingreso que tiene la comunidad.

Lopes vive en la favela desde hace 30 años y me dice que no hay punto de comparación entre lo que era antes y lo que es ahora: “Hoy ya no vivo con miedo, mis hijos pueden ir y venir solos, si compro algo en la ciudad ya nadie se niega a traerlo hasta acá arriba. Aunque falta mucho por hacer, las cosas cambiaron en Santa Marta”.

Cuando habla de “cosas por hacer”, Lopes se refiere a la infraestructura de la favela. La construcción de muchas de las casas es muy precaria, hay cloacas a cielo abierto, pilas de basura acumulada y cuando llueve los habitantes tiemblan. No sólo por la estructura de las casas, sino también porque el único medio de transporte del morro, el plano inclinado, deja de funcionar. Son más de 200 escalones los que separan la base de la cima.

El espacio dedicado a Mickael Jackson. Paula Giolito/Folhapress

Me mezclo entre madres y niños que van a la escuela y bajo hasta el pie del morro en el plano inclinado. La vista desde lo alto es impactante: el Cristo Redentor, el Pão de Açucar y Botafogo. Abajo, en la Praça Cantão y sus alrededores, el movimiento de los comercios y de la gente es constante. Jaqueline, de 33 años, aprovecha para visitar amigas en el único día libre que tiene en la semana. Nació y creció en Santa Marta, junto a cinco hermanos y decenas de primos, y hoy trabaja en el Palacio Laranjeiras, residencia oficial del gobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral. Pero no es lo único que hace: gana unos reales extra los sábados trabajando en un geriátrico. Me cuenta que ese dinero lo guarda en una latita, que está escondida en su casa, y que sueña con viajar, con conocer la playa del Noreste.

“No quiero hacer otra cosa, no me importa mudarme, nunca pensé en irme de la favela, acá nací, acá está la gente que quiero, nunca dejaría este lugar”, me explica mientras arregla su cabello en un rodete. Le pregunto cómo era la vida en Santa Marta antes de la UPP. Me responde una cosa que luego voy a escucharla una y otra vez en boca de varios habitantes de la favela: “Si no te metés con las personas que no tenés que meterte, no pasa nada. Cada uno en su rincón, aunque todos nos conocemos”.

Principal medio de tansporte de Santa Marta. Natalia Fabeni

Reconoce, al igual que muchos otros habitantes, que con la llegada de la UPP las cosas cambiaron, pero remarca que todavía hay mucho por hacer y que no todas las favelas “abrazaron” a la policía tal como lo hizo Santa Marta. “Me acuerdo que mi mamá no nos dejaba estar en la calle y hoy los más chicos juegan tranquilos. Mi vida era del colegio a casa y de casa al colegio. ¿Tiros? Todo el día y por todas partes, pero desde que está la UPP nunca más hubo uno”, describe. Como trabaja en el Palacio Laranjeiras, le pregunto por Cabral, blanco de las protestas de los últimos meses enRío de Janeiro. “Si es corrupto tiene que ir preso. Si la gente cree que puede estar mejor y por eso sale a la calle, creo que es justo, lo que no entiendo son los destrozos que generan en la ciudad. Si supieran todo lo que cuesta arreglar lo que destruyen…”, reflexiona.

Mientras camina, Jaqueline se para frente a una peluquería y saluda a Felipe Miranda, que tiene 21 años, y que ese día estrena nuevo oficio: cortar el cabello de hombres y mujeres. Hizo un curso de seis meses y ayuda en el negocio del que es dueña su tía. Para Felipe vivir en Santa Marta es ahora más tranquilo, y cuenta que al principio la convivencia entre los habitantes de la favela y la policía no era fácil, porque había recelo y desconfianza. “Había que acostumbrarse, no éramos nosotros los que teníamos que ganarnos la confianza de ellos, sino ellos de nosotros. Hoy estamos todos más tranquilos, pero es bastante malo cuando no nos dejan hacer fiestas o poner música alta”, se queja. Ese es precisamente el punto de roce más fuerte entre la policía y la gente.

El capitán Rocha me lo explica de la siguiente manera: “Tratamos de evitar esas situaciones en donde haya mucho alcohol, porque es un momento de debilidad, en donde alguno puede salir a buscar droga o alguien puede aprovechar para venderla”. Por eso a los bares y a todo lo que pasa alrededor de ellos los miran con mil ojos, porque el tráfico en Santa Marta todavía existe, aunque en cantidades mucho menores y ya no viene acompañado de crímenes violentos. Por ejemplo, a lo largo de 2012, según datos del ISP hubo 18 incautaciones de drogas. “La gente disfruta de vivir tranquila, por eso, si ve algo extraño o alguien que levante sospechas enseguida lo reporta, así nos ayudan a cuidarlos, porque nadie quiere volver a esos años en donde no se podía ni caminar por el morro”, desliza el policía.

Vista del barrio de Botafogo desde Santa Marta, en la zona sur de Rio de Janeiro. Natalia Fabeni

El otro lado de la pacificación 

El año pasado, cuando se cumplieron cuatro años de la pacificación en Santa Marta, el Secretario de Seguridad Pública de Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, dijo que quizás por haber sido la primera favela en Rio en recibir una UPP, fue la que tuvo más éxito en su implantación.

Los mismos habitantes de la favela reconocen que lo que pasa en Santa Marta es diferente de lo que sucede en las otras 33 UPPs instaladas en Río desde 2008 hasta esta fecha, en particular en Rocinha, Mangueira o Alemão. “Tengo familia y amigos en Rocinha y sé que allá no es igual que acá, los policías se aprovechan de las chicas más lindas y eso crea bronca dentro de la comunidad”, dice Jennie mientras sube las escaleras del morro para llegar a su casa.

A principios de este mes, la TV Folha emitió un informe acerca de cómo, tras cinco años de la pacificación, se logró una reducción significativa del tráfico de drogas, aunque las denuncias contra policías por el hostigamiento y desaparición de personas fue en aumento.

A partir de testimonios de los habitantes de las favelas y de documentación de la Policía Civil y Militar, el informe concluyó en que hay denuncias contra el desempeño de los uniformados en 25 de las 33 UPPs de Rio de Janeiro, lo que representa un 76% de ellas.

El día a día en Santa Marta. Natalia Fabeni

Además, aunque el número de homicidios cayó un 68%, los datos estadísticos del ISP muestran que hubo un aumento en el número de desaparecidos en las primeras 18 comunidades que recibieron UPPs entre 2008 y 2012, que albergan una población de casi 211.000 personas, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y el Instituto Pereira Passos (IPP).

Por ejemplo, las desapariciones saltaron de 23 a 133, lo que significa un aumento del 56%.

Una de las más mediáticas, que dio la vuelta al mundo y aún hoy es motivo de protestas fue la desaparición del ayudante de albañil Amarildo de Souza, visto por última vez entrando a un patrullero de la UPP en Rocinha, una de las favelas más grandes de Rio, para ser interrogado. A dos meses de que a Amarildo se lo haya tragado la tierra, su esposa e hijos siguen reclamando justicia y una explicación acerca de su paradero. La mancha que significó en la UPPRocinha la desaparición de Amarildo forzó el cambió en su plana mayor: el coronel Edson Santos fue reemplazado por la mayor Pricilla de Oliveira Azevedo, que ya había comandado la UPP de SantaMarta.

Otro caso emblemático que puso de manifiesto que el tráfico continúa y que los barones de la droga (el Comando Vermelho, principalmente) aún ostentan una porción grande de poder es el deJoséJunior, fundador de la ONG AfroReggae, quien hoy vive amenazado de muerte y que por repetidas intimidaciones de los traficantes tuvo que paralizar decenas de actividades culturales que desde hace más de 10 años desarrollaba en el Complexo do Alemão, una de las favelas más peligrosas de Rio, pacificada desde 2012.

En una reciente entrevista con la revista Trip, Junior dijo que “la UPP, la pacificación fue la mejor cosa que le pasó a Rio de Janeiro en los últimos tiempos” y que, pese a la situación en la que se encuentra, lo que pasó con él demuestra el “debilitamiento del tráfico”, porque, si los narcos estuvieran fuertes, “ya hubiese muerto”. Pese a los errores y a reconocer ciertas críticas, Junior apoya a las UPPs.

“Quien quiere el bien para Rio de Janeiro tiene que querer que ciertas políticas avancen, y la de la pacificación es una de ellas”, afirmó.