En las calles de São Paulo, hoy se escucha hablar más de políticos que de futbolistas. Las personas cambiaron el “Dale Corinthians” o “Vamos Palmeiras” por el “Fuera Dilma” o “Fuera Renan [Calheiros, presidente del Senado]”, que se oyen cada vez con más insistencia en las protestas que tienen como escenario esta capital.

Manifestaciones en Brasil

El pasado domingo (16), cientos de miles de personas volvieron salir a calle en todo Brasil para manifestarse contra el gobierno de Dilma Rousseff y la corrupción.

En São Paulo, fueron 135.000 los que  se reunieron en la avenida Paulista, emblema de la capital más rica del país. Convocadas en su mayoría a través de  las redes sociales, estas nuevas manifestaciones aceptaron la presencia de algunos dirigentes políticos de la oposición, que en la protesta anterior habían sido rechazados.

Por ejemplo, José Serra, un destacado ex presidenciable de la oposición (PSDB) tuiteó que estaba en la avenida Paulista, mientras que los candidatos que su partido postuló a presidente y vice en las elecciones de octubre de 2014, Aécio Neves y Aloysio Nunes, respectivamente, que fueron derrotados por la actual mandataria, hacían también apariciones en otras ciudades.

Los manifestantes clamaron en especial por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, pidieron cárcel para los corruptos y el éxodo hacia Cuba de los simpatizantes del actual gobierno, considerado unánimemente una “dictadura comunista” por los allí presentes.

Intentar entender lo que está ocurriendo requiere ir más allá de esa aparente radicalización, pues en estas tierras nada es tan antagónico para fragmentar a la sociedad de manera natural. Basta ver el encuentro que ocurre aquí de grupos étnicos que en otras regiones se repelen, o la pluralidad de cultos politeístas que atraviesan al catolicismo dominante.

Incluso en la política nada es de un color u otro, si se observa cómo el partido gobernante, moderadamente desarrollista, ejecuta sus proyectos mediante gestores corporativistas.

En el fondo, el tono que tomaron las manifestaciones no sería más que otra forma de mestizaje, en este caso entre fútbol y política, antes que un proceso de politización de las masas.

Esto al menos es lo que creo, que suelo ver en las pasiones que despierta el fútbol chispas de una alienación fascista que siempre acecha a las democracias contemporáneas.

Esteban es un periodista deportivo argentino que vive hace tres años en São Paulo. Realizó coberturas para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el Mundial de Brasil 2014 y la Fórmula 1. Puedes seguirlo en Twitter en la cuenta @intratable y ver su trabajo aquí.

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Londres 2012. Conocidos también como los “Juegos Olímpicos sustentables”, ya que se realizaron con una inversión modesta y teniendo en cuenta la herencia y la reutilización de espacios, estos Juegos simbolizan un caso de éxito dentro de este tipo de organización.

La idea era no sufrir los mismos percances que Grecia y Sudáfrica. El primer país tiene un Parque Olímpico fantasma y estadios completamente abandonados a poco más de una década de las Olimpíadas. En el país africano, el monumental Soccer City perdió el brillo después de los flashes del Mundial de 2010 y, salvo para velar al líder sudafricano Nelson Mandela, no alojó encuentros relevantes.

Vista aérea del Parque Olímpico, núcleo de las instalaciones y pruebas deportivas de las Olimpíadas de Londres 2012. Fotografía: Anthony Charlton/Efe.

A menos de 500 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el panorama dista mucho de la experiencia británica. A los errores de planeamiento y que algunas construcciones se vieron afectadas por falta de fondos, algunas decisiones politicas empañan aún más la situación, como haber designado como ministro de Deportes a George Hilton, un teólogo y pastor evangélico con nula experiencia en cargos deportivos.

Esta semana, el portal UOL reveló que Hilton nombró a una joven de 18 años como coordinadora de infraestructura de la Secretaría Nacional de Deporte de Alto Rendimiento. Waleska Lima, quien cursa el primer año de la universidad, es hija de Wagner Lima, pastor de la misma iglesia a la que pertenece Hilton.

El sitio también dio a conocer la contratación de Cibele Mazzo, ex Miss Brasil en Estados Unidos y que tampoco cuenta con experiencia en el área, como asesora de la Secretaría Nacional de Fútbol y Defensa de los Derechos del Hincha.

Pocas horas después de que salió a la luz el nombramiento de Lima, la joven decidió dejar el cargo, mientras que la ex modelo aún permanece en el puesto.

El estadio Soccer City, escenario de la apertura y la final del Mundial de Sudáfrica 2010. Fotografía: Alexander Joe/AFP.

¿QUIÉN ES GEORGE HILTON?

El actual ministro de Deportes nació en Bahía y desde 1999 representa a Minas Gerais, primero como diputado dentro de su propio estado y luego a nivel nacional. En 2005, fue expulsado de su entonces partido político -Partido del Frente Liberal (PFL)- tras haber sido detenido en un aeropuerto con 600.000 reales, identificados como provenientes de donaciones de fieles de iglesias evangélicas.

En 2009, se afilió al Partido Republicano Brasileño (PRB), que actualmente es aliado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Dilma Rousseff y Lula da Silva. En sus dos mandatos como diputado (2006-2010 y 2010-2014) no presentó ningún proyecto de ley vinculado a los deportes.

Con la reelección de Rousseff, Hilton asumió el ministerio en reemplazo de Aldo Rebelo, un dirigente del partido comunista que ahora dirige el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El nuevo ministro de Deporte George Hilton y Aldo Rebelo, que dejó ese cargo para ocupar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fotografía: Eduardo Anizelli/Folhapress.

Rechazado por varios sectores y hasta por la organización Atletas por Brasil, que aglutina a varios pesos pesados del deporte brasileño como Raí, Rogerio Ceni o Rubens Barrichello, finalmente su nombramiento no fue vetado gracias a la amenaza del PRB de abandonar la alianza con Rousseff y pasarse a la oposición.

DE CARA A RÍO 2016

El Comité Olímpico Brasileño (COB) se mantiene como un ente privado y como alma máter de la organización de los Juegos, cuya cabeza visible es el ex jugador de voleibol Arthur Nuzman. Por la parte gubernamental, el órgano principal es la Autoridad Pública Olímpica (APO), cuyo presidente es el empresario Marcelo Pedroso y que abarca la parte de infraestructura y de obras del evento deportivo.

Con esto, el papel de Hilton en los Juegos Olímpicos será bastante limitado, pese a que será la primera Olimpíada que se desarrollará en Brasil y Sudamérica. Sin tener a alguien con experiencia para el cargo, Brasil perdió la oportunidad de sumar un dirigente que contribuya plenamente para una cita única e histórica para Río de Janeiro, donde parece que para ciertos cargos se valoran más los favores políticos que la idoneidad.

Esther (prof.esther.solano@gmail.com) es española, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo y miembro del Fórum de Seguridad Pública.

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Era una elección incierta.

Por un lado se encontraba el desgaste progresivo del Partido de los Trabajadores (PT) y la escasa proyección de la presidente Dilma Rousseff como figura de futuro, todavía con la sombra insistente del ex presidente Lula da Silva a las espaldas.

Por otro estaba la poco convincente candidatura de Aécio Neves, por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tachado de “playboy” y otra serie de adjetivos poco afines a la figura de un presidente de la República.

Luego, apareció una ola de fuertes descargas emocionales tras la muerte trágica de Eduardo Campos, que llevaron a encumbrar a Marina Silva (Partido Socialista Brasileño, PSB) a posiciones insospechadas en las encuestas de opinión.

Y por último, las históricas manifestaciones de junio de 2013, donde el clamor de las calles por una “nueva política”  y contra “todo lo que está ahí” parecía vigoroso y generalizado…Factores  que, en su conjunto, poco hacían prever los resultados de esta primera vuelta: Dilma Rousseff sumó un 41,59% de los votos válidos, Aécio Neves, 33,55% y Marina Silva, 21,32%.

La voz de las urnas se hizo escuchar el domingo (5) y trajo consigo mensajes contundentes.

La segunda vuelta de las elecciones en Brasil será entre la presidenta Dilma Rousseff y el candidato del PSDB, Aécio Neves; serán unos comicios no aptos para cardíacos. Fotografía: Fotomontaje.

Los brasileños continuaron optando por la polarización histórica, tediosa y taciturna PT-PSDB. El aparente deseo de cambio vivido en las manifestaciones no se reflejó en el voto. Lo cierto es que las candidaturas fueron insensibles y mudas a la expresión ciudadana y, delante de la urna electrónica, el brasileño no tenía opción. Más de lo mismo, tristemente.

Parcialmente derrotado, el PT parece cansado y ensombrecido. Dilma perdió  cinco puntos respecto de la elección de 2010 y el partido encogió su representación en el Congreso Federal hasta alcanzar el menor número desde 2002.

El único tono dulce de una jornada preocupante la puso el petista Fernando Pimentel, que le arrebató en primera vuelta la gobernación de Minas Gerais al PSDB, tras 12 años de continuidad tucana en el gobierno de ese estado. ¿Estamos delante del epílogo del proyecto petista-lulista, en el que urgen reformas si quiere sobrevivir más allá de 2018?

El vencedor de la noche del domingo fue el PSDB, que mantiene sus 54 representantes en el Congreso Nacional, salió airoso y con aires triunfales de esta primera disputa. En especial, Aécio Neves,  con un inesperado 33,55% de los votos.

El reelecto gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), con 57,31% de los votos, en medio de la mayor crisis hídrica del estado, demuestra la fuerza conservadora de São Paulo (donde inclusive regiones periféricas urbanas prefirieron al tucano).

José Serra (PSDB) destruyó la candidatura al senado de Eduardo Suplicy (PT) al arrebatarle ese lugar con el 58,49% de los votos.  Figuras clave que marcan territorialmente su poder invicto en el feudo electoral paulista.

Marina Silva, candidata del PSB, apoyaría a Neves en el ballotage del domingo 26. Fotografía: Fabio Braga/Folhapress.

Y qué pasó con Marina, que tanto nos ha dado que hablar estos meses… Se desvaneció. La candidata no logró capitalizar su posición privilegiada y acabó con prácticamente el mismo número de votos que en la elección de 2010.

Su pedantería al autodenominarse representante de la “nueva política”, su volatilidad partidaria, su falta de firmeza en contraatacar a los adversarios, los famosos cuatro tweets del pastor Silas Malafaia, líder de la iglesia evangélica Asamblea de Dios Victoria en Cristo, sobre la causa LGBT que le hicieron dar marcha atrás en las propuestas para la comunidad gay -y que fueron explotados incansablemente por sus oponentes-, sus opciones de política económica como el discurso de autonomía del Banco Central, la figura de Eduardo Gianetti como asesor económico y la de Neca  Setúbal (una de las herederas del Banco Itaú), ambos representantes de la vieja escuela  liberal económica, nada tienen que ver con propuestas de una posible nueva política más reformista de la que tanto habló.

Todo esto, sumado a un pésimo desempeño en el último debate de la TV Globo (que fue visto por 50 millones de personas) fueron elementos que enterraron  sus posibilidades.

Para el próximo domingo 26  de octubre, día en que va a realizarse la segunda vuelta de la elección, parece ya previsible el apoyo oficial de Marina a la candidatura de Neves, con algunas concesiones en el programa tucano como el compromiso para terminar con la reelección o una mayor agenda sostenible, pero apoyo no significa directamente migración de votos.

Los votantes de la Rede Sustentabilidade, grupo político de Silva, ideológicamente más cercanos a la izquierda, ¿se sentirán cómodos con la aproximación estratégica al PSDB?  ¿El discurso del “voto útil anti-PT” tendrá eco en los partidarios  de Marina y en los 38,5 millones de abstenciones y votos nulos y blancos? ¿Aun con sudores fríos y espasmos de miedo ante la amenaza real de perder el poder tendrá Brasil cuatro años más de PT?

Por ahora, hay que esperar para saber. Emociones no faltan.

DE RÍO DE JANEIRO

El debate sobre las drogas toma fuerza en medio mundo y prende en Brasil, que no se resiste al fuego de esta discusión y ve cómo se convierte en cenizas el tabú que hasta hace poco reinaba en la política nacional, con las elecciones del 5 de octubre a la vuelta de la esquina.

A pesar de la variedad de posiciones, el problema es común para toda la sociedad brasileña: una investigación reciente demuestra que el 56% de los asesinatos cometidos en Brasil está ligado directamente al narcotráfico, lo que supone más de 50.000 vidas al año, en su mayoría de jóvenes pobres  entre 15 y 25 años.

Las voces del panorama brasileño que se decantan por la descriminalización del cannabis cada vez hacen más ruido en medio de una parrilla de candidatos que se caracteriza por el conservadurismo.

Luciana Genro, candidata a la presidencia por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) defiende que despenalizar el uso de marihuana es un primer paso para acabar con la batalla contra las drogas, que según ella “se transformó en una guerra a los pobres”.

En la misma línea, el candidato del Partido Comunista Brasileño (PCB), Mauro Iasi, reconoce que “quien acaba sufriendo con la criminalización es la población pobre”. En sintonía con sus compañeros, Eduardo Jorge, del Partido Verde (PV), defiende la legalización de esta sustancia para uso medicinal y recreativo.

No obstante, los tres candidatos más populares prefieren no echar más leña al fuego, por lo que no apoyan esta medida ni abordan el tema de forma directa. El candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y tercero en las encuestas, Aécio Neves, cree en la eficacia de la actual ley sobre drogas y no considera necesario un cambio.

Marina Silva, candidata del Partido Socialista Brasileño (PSB) por sorpresa tras la reciente muerte de Eduardo Campos en un accidente de avión, defendió en las elecciones de 2010 la celebración de un plebiscito para legalizar la marihuana, pero cuatro años más tarde adoptó una postura contraria a esta medida y en línea con las ideas de su conservadora iglesia evangélica, la Asamblea de Dios.

La actual presidenta y candidata a la reelección, Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT), que aún no habló al respecto durante esta campaña electoral, ya se posicionó en contra en ocasiones anteriores alegando que “la sociedad no está preparada para un cambio de ese tipo”, ya que considera que “las drogas se combaten con opciones de ocio y trabajo para los jóvenes”.

Sin embargo, Brasil viene enfrentando un incremento considerable de la producción, comercio y consumo de drogas ilícitas desde hace 50 años, según el último Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas, lo que demuestra la falta de efectividad de la actual política brasileña de drogas apoyada en los pilares de la criminalización y la represión, sin olvidar el polémico aporte de las fuerzas del orden de la policía, responsables de la muerte de 5677 brasileños desde 2007 en Río de Janeiro, uno de los 27 estados del país.

Un drogadicto instantes después de consumir crack (pasta base). Fotografía: José Antonio Bautista.

La violencia urbana, la corrupción y la exclusión social aumentaron como consecuencia de esta guerra contra las drogas, según el citado informe de la ONU. Frente a esta situación, la propuesta alternativa de una nueva política de drogas emerge como una prioridad urgente en el momento más caliente del debate electoral brasileño.

Este contexto llevó a los expertos del Instituto Igarapé a crear la Red Piense Libre, una iniciativa que pretende entablar diálogo con los candidatos electorales para debatir la actual criminalización de las drogas en el gigante sudamericano.

La semana pasada, los especialistas de esta red se reunieron en Río de Janeiro para presentar su propuesta “Por una política de drogas que funcione”, que será enviada al Congreso después de las elecciones.

“El consumo abusivo de drogas debe ser abordado desde la perspectiva de la salud y no desde la criminalización y persecución militarizada”, afirmó Alessandra Fontana Oberling, antropóloga y coordinadora del proyecto, a lo que añadió que “perseguir el tráfico es una opción política, sin embargo, debemos considerar alternativas ya que no hay espacio en las cárceles para todos”.

La actual Ley de Drogas de Brasil, aprobada en 2006, recoge que la prisión no es obligatoria para los usuarios de drogas. Sin embargo, esta legislación carece de parámetros específicos para distinguir entre usuario y traficante, lo que provoca que tanto consumidores, portadores de pequeñas cantidades y grandes traficantes cumplan penas similares.

Según datos del Ministerio de Justicia, el 70% de las personas encarceladas bajo la jurisdicción de la actual ley de drogas eran portadoras de pequeñas cantidades, no portaban armas y no tenían relación con el crimen organizado.

Esta imprecisión legal tiene un “efecto perverso”, según declaró Jeferson Scabio, sociólogo y consultor de la ONG ProMundo, quien además afirmó que “lo que distingue a un consumidor de un traficante frente a un juez es el perfil del acusado (…) las sentencias están atravesadas por la subjetividad del juez que reproduce los diversos prejuicios que hay en la sociedad brasileña al respecto de raza, lugar de residencia o clase social”.

Paradojicamente, desde 2006, año en el que se aprobó dicha ley, el número de presos condenados por tráfico de drogas en Brasil se triplicó, según datos del Departamento Penitenciário (Depen) del Ministerio de Justicia.

“Muchos de los presos bajo pena de traficantes eran simples usuarios o pequeños vendedores de clase baja, lo que refleja que la política de drogas en Brasil es una política de criminalización de la pobreza”, añadió Scabio.

Ante esta situación, el Instituto Igarapé pone sobre la mesa de debate nuevas propuestas de políticas públicas en materia de drogas, entre las que figura aprobar el uso medicinal del cannabis, concienciar desde edades tempranas basándose en la educación en vez del miedo y adoptar penas alternativas a la prisión que fomenten la rehabilitación y la inserción social de los consumidores.

La pasta base es una de las drogas más problemáticas debido a su bajo coste y su alto nivel de adicción. Fotografía: José Antonio Bautista.

“Preferiría morir antes que pasar varios años en una cárcel brasileña”, confesó el propio ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, en 2012. Hoy en día hay más de 711.000 presos en Brasil, la tercera población carcelaria más grande del mundo por detrás de Estados Unidos y China.

Las prisiones brasileñas, consideradas “escuelas del crimen” por muchos, aparecen frecuentemente en portada cuando los presos se rebelan en protesta por las torturas sistemáticas que varias asociaciones de derechos humanos vienen denunciando desde hace años, así como por las condiciones de hacinamiento de una población carcelaria que supera en un 30% la capacidad de los presidios del país.

Amerigo Incalcaterra, representante de la ONU para los derechos humanos en la región, declaró el viernes pasado (29) que Brasil debe revisar su política criminal basada “en el uso excesivo de la privación de libertad como castigo”.

“El Estado (brasileño) oferta muerte como futuro para los jóvenes”, afirmó Miguel Corrêa Lago, politólogo y miembro de la Red Piense Libre. En los últimos 30 años, unos 100.000 jóvenes murieron en Brasil víctimas de acciones policiales de combate al uso y tráfico de drogas, tal y como revela el Mapa de Violencia de 2013, elaborado por el gobierno  brasileño.

Los expertos y políticos de este país también buscan inspiración en Europa y en los países vecinos de América Latina para encontrar soluciones a los problemas relacionados con las drogas.

João Pedro Pádua, abogado del Instituto Igarapé y especialista en materia de drogas,  indicó que tras la despenalización del uso de estupefacientes tanto en Portugal como en el estado norteamericano de Colorado, “no solo el consumo no aumentó, si no que se redujo el índice de crímenes relacionados al tráfico de sustancias ilícitas”.

Otras experiencias más cercanas, como la despenalización del consumo personal de algunas sustancias ilícitas en contextos determinados, como sucede en México, Colombia, Argentina o Chile, o la legalización de la producción y venta de cannabis en Uruguay, son también referencia para esta iniciativa brasileña que persigue “una política de drogas que funcione”, es decir, que consiga reducir la violencia asociada al narcotráfico, alivie la superpoblación de las cárceles y empodere a los ciudadanos para que sean conscientes de los riesgos que conlleva el consumo de drogas.