La semana pasada entrevisté para la agencia de información rusa RIA  Novisti a Roberto Alzir  Dias Chaves, subsecretario de Grandes Eventos de Río de Janeiro desde 2012, responsable de los preparativos para los megaeventos que van a tener lugar en la ciudad hasta 2016.

Alzir tiene una  vasta experiencia en el área de seguridad: cuenta con 15 años de carrera como oficial de la Policía Militar (PM) de Río, coordinó –en 2007- los planes de seguridad para la visita a Brasil de Benedicto XVI y también estuvo a cargo de la seguridad del papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud, en junio de 2013.

Después de haber estado coordinando la seguridad del Mundial 2014 en Río, y cuando faltan dos años para los Juegos Olímpicos de 2016, Alzir  se prepara ahora para diseñar el que será el mayor dispositivo de seguridad en la historia olímpica.

Les dejo en este post algunos de los extractos más interesantes de la entrevista:

DESAFÍOS Y EXPERIENCIA

Para Alzir, la experiencia adquirida por la ciudad en los últimos años es el principal aval con el que cuenta Río a la hora de garantizar la seguridad en el evento.

“Desde 2007, Río de Janeiro pasó por los Juegos Panamericanos, Río +20, Copa de las Confederaciones, Jornadas Mundiales de la Juventud y el Mundial. Gracias a esa experiencia acumulada ya podemos decir que partimos con el 80% del esquema de seguridad montado”, afirmó.

“Tras el éxito del Mundial, las expectativas están muy altas; es una gran presión. Esperamos tener unos Juegos [Olímpicos] que coronen el ciclo de grandes eventos en la ciudad”.

COOPERACIÓN CON OTRAS FUERZAS DE SEGURIDAD

El subsecretario reconoció que algunos sucesos ocurridos durante el Mundial superaron las expectativas y obligaron a una completa revisión de las estrategias.

“Con sucesos como la invasión del [estadio] Maracaná por los aficionados chilenos nos dimos cuenta de la importancia de cooperar con la seguridad privada de los eventos de una manera más eficiente. La invasión fue un fallo tanto de la FIFA como de nuestro dispositivo, pero nadie podía imaginar que 5000 personas intentarían invadir de forma coordinada uno de los portones de prensa. Esto nos hizo mejorar mucho el resto de partidos”, indicó.

En su opinión, el uso de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad de los eventos deportivos no supondrá ningún dilema.

“Siempre que podamos contaremos con el apoyo del gobierno federal y si fuera preciso de las Fuerzas Armadas. Creo que a pesar del impacto que crea de cara al exterior el uso de las Fuerzas Armadas, preferimos anteponer el hecho de garantizar la seguridad del evento “, apuntó.

DIFICULTADES

Las dificultades encontradas durante el Mundial servirán de base para la elaboración del esquema de seguridad de las Olimpíadas.

“En el mes de agosto, presentaremos un informe al gobierno federal de cada uno de los proyectos de seguridad en la ciudad tras el Mundial. En función de las conclusiones, montaremos un esquema de seguridad para Rio 2016 que responda a las características de un evento mucho mayor y más difuso”, precisó.

INVERSIONES

“Desde 2010 hemos invertido en torno a 1000 millones de dólares en equipamientos y programas de seguridad. Nuestras policías de élite, como el BOPE y el CORE, han tenido todos sus equipamientos renovados, también en materia antidisturbios nos hemos adaptado a los más altos estándares mundiales, incluso recibiendo formación de cuerpos especializados como la Policía Nacional de España”, apuntó.

Alzir destacó que en la actualidad, la PM dispone de “nuevo armamento no letal, seguimiento aéreo en tiempo real de las protestas, policía a caballo, policía canina, comisarías móviles para la mejor atención a los ciudadanos en las inmediaciones de los recintos deportivos, entre otros”.

El subsecretario calcula en “unos 400 millones de dólares” el presupuesto del que todavía dispone la ciudad para preparar la seguridad de Río 2016.

“Entre 2007 y 2013, sólo en el estado de Río de Janeiro, desaparecieron unas 38.000 personas”, denunció indignado el pastor presbiteriano y activista Antonio Carlos Costa, fundador de la ONG Rio de Paz en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la ciudad.

“Estas son las cifras oficiales, pero tengo claro que hay miles que no han sido registradas”, añadió.

Son los denominados “desaparecidos de la democracia”. Sin duda, muchos de  ellos desaparecieron  por  motivos diversos, ya sea huyendo de la violencia doméstica o por trastornos mentales.  Algunos incluso habrán vuelto a casa. ¿Pero cuántas de estas personas habrán sido “forzosamente desaparecidas” por agentes del Estado?

La desaparición forzada fue política de Estado durante la dictadura militar instaurada en Brasil por el golpe de 1964 y en distintos países del Cono Sur y de la región. Pero en el Brasil democrático de hoy, esta práctica sigue ocurriendo.

La entrada a la comunidad de Jacarezinho, en la zona norte de Río. Fotografía: Milli Legrain

Si bien la Comisión de la Verdad investiga desde 2012 los crímenes de esa época para esclarecer el pasado y evitar que los crímenes de lesa humanidad se repitan, los perpetradores siguen amparados por la ley de amnistía  de 1979 vigente en el país. Pero en un país con una impunidad superior al 90%, también cabe preguntarnos: ¿quién está investigando los crímenes de hoy?

Los homicidios cometidos por la policía son clasificados por el Estado brasileño como “auto de resistência”, un término que deja entender que la víctima murió como resultado de una confrontación.

Pero muchas veces se trata de muertes por ejecución extrajudicial, producto del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, o peor aún, de una simple “bala perdida”.

Así lo denunciaron ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2012. “La excusa es siempre que la persona reaccionó. Pero sabemos que son cada vez más los casos en los que esa resistencia no ocurrió”, dijo recientemente el abogado brasileño Alexandre Ciconello de Amnistía Internacional.

Es el caso de Claudia Silva Ferreira, la madre de familia que murió por la bala de un policía militar en la zona norte de Río en marzo pasado.

Según las estadísticas oficiales publicadas a principios de mes por el Instituto de Seguridad Pública de Río, en el primer trimestre de este año murieron 153 personas como resultado de la violencia policial. La tendencia está en aumento: el año pasado, en la misma época, los muertos fueron 96.

La ONG Rio de Paz realizó una protesta en noviembre pasado para exigir información sobre el cuerpo de Amarildo de Souza. Fotografía: Marcelo Sayão/Efe

Curiosamente, un estudio realizado por Michel Misse, sociólogo de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ)  muestra que después de 2007, año en que los homicidios cometidos por la policía eran particularmente elevados (1330 víctimas en todo el estado de Río), el numero comenzó a caer, mientras que el de desaparecidos empezó a aumentar.

Es en ese contexto que el Secretario de Seguridad Pública de Río, José Mariano Beltrame, anunció en marzo que creará en junio una Unidad para Desaparecidos.

Esta nueva entidad, que existe en otros estados como São Paulo y Minas Gerais, llega en respuesta a la presión ejercida  por familiares de desaparecidos y grupos de presión como Meu Rio y Rio de Paz, que buscan atención especializada.

La legislación internacional considera a la desaparición forzada como un crimen que se sigue cometiendo hasta que se localiza el cuerpo de la víctima. Familiares de víctimas relatan la angustia sufrida por el hecho de no saber lo que sucedió con un ser querido.

El secretario de Seguridad Pública de Río, José Beltrame, anunció que creará en junio una Unidad para Desaparecidos. Fotografía: Maíra Coelho/Agência O Dia

“En 1986, mi madre pensaba que mi hermano aún estaba vivo. Cuando mi padre quiso mudarse de casa, ella tenía miedo de perder contacto con él”, relató Elizabeth Silveira, hermana de un desaparecido político de la dictadura, que lleva 40 años luchando por conocer su paradero.

Actualmente, en la Cámara de Diputados existe una propuesta de ley específica sobre desapariciones forzadas, que pone a Brasil en línea con sus obligaciones internacionales, como firmante de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas.

El proyecto de ley nace a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso conocido como “ Guerilla de Araguaia” (o Gomes Lund vs.Brasil) sobre la desaparición de 70 campesinos y militantes que lucharon contra la dictadura. Esta sentencia emitida en 2010 exige específicamente que Brasil tipifique el crimen de desaparición forzada.

“No podemos dejar que la policía sea el árbitro que juzgue que alguien muera o desaparezca”, dijo Beatriz Affonso, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que litigó en el caso.

Los brasileños volvieron a tomar la calle este fin de semana. 

Era el 191 aniversario de la Independencia de Brasil, el día para exhibir el poderío militar del país en varias ciudades, pero el protagonismo se lo llevaron otros, sin buques ni aviones. El país estaba pendiente de los Black Bloc que, entro otras cosas, invadieron el desfile militar de Rio de Janeiro. La jornada acabó con casi 300 detenidos. 

Desde que las manifestaciones de junio perdieron fuelle, los ojos de periodistas, políticos, analistas, profesores y manifestantes, ávidos por entender lo qué se cuece tras las protestas, se centraron en aquellos que, con el rostro tapado y vestidos de negro, avivan las marchas a base de golpes a cajeros automáticos, fachadas de multinacionales o barricadas de basura incendiada. 

Se han dedicado varios reportajes para hablar de ellos. Uno de los más completos y de los primeros en explicar los orígenes del Movimiento Black Bloc lo publicó la revista Fórum. En él se recoge la explicación del estudioso de movimientos anarquistas Jairo Costa con la que recuerda que los Black Bloc no son una invención de ahora. Surgieron en Alemania, en la década de 1980, como una forma utilizada por autonomistas y anarquistas para defender los squats (ocupaciones) y las universidades de las acciones de la policía y de los ataques de grupos nazis y fascistas. 

Enfrentamiento con la policía durante las protestas del Día de la Independencia en São Paulo. Eduardo Anizelli/Folhapress

En el reportaje que publiqué en El País sobre ellos, donde intenté sin mucho éxito aportar algo de luz al asunto, recogí la observación de la profesora española Esther Solano, de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp) acerca de una característica específica de los que asumen la táctica Black Bloc en Brasil. 

Mientras fuera del país, la corriente Black Bloc es esencialmente anticapitalista, con alguna excepción como la de los enmascarados de Egipto que estaban más centrados en combatir la “tiranía fascista de los Hermanos Musulmanes”, aquí es un movimiento que parece ser más amplio, que lucha por la mejor eficiencia del Estado, por la mejora de los servicios públicos. Al fin y al cabo, los que asumen la táctica de los Black Bloc son, en su mayoría, jóvenes de la periferia que sufren la cara más fea de la mala calidad de los servicios públicos. 

Al otro lado de la ponderación de Solano, que ha decidi salir de su oficina para seguir la trayectoria de estos jóvenes de la periferia, está el reportaje publicado por la revista Veja. Es otro tono, otro enfoque, otro juicio.

No quiero entrar en detalles, pero sí me llamó la atención un cierto regusto machista camuflado en el perfil de una de las integrantes -de ojos verdes- que estaba acampada frente a la casa del gobernador de Rio Sergio Cabral. “Emma también aprecia los momentos de placer”, cuenta con ironía el periodista antes de desvelar que fue vista con dos de los acampados en un mismo día. Es, sin duda, una información reveladora que, en el caso de tratarse de un hombre, habría tenido muchas papeletas para no publicarse por irrelevante. O quizá por obvia. Para colocar el broche de oro al perfil citan a otra activista, “defensora de todas las libertades” que decía: “Si no puedo bailar, esta revolución no me interesa”. 

Y sí, a pesar de los intentos de unos y de otros, los que los condenan –la mayoría– y los que intentan entenderlos, los Black Bloc continúan siendo unos desconocidos. 

Los Black Bloc protestan en la Avenida Paulista, en São Paulo, en una manifestación de apoyo a los actos de Rio. Fabio Braga/Folhapress

Aunque no está tan claro que la sociedad brasileña haya dejado las calles por su culpa, es un hecho que no se siente cómoda con su presencia. Ellos mismos lo reconocieron poco antes del esperado 7 de septiembre en su página de Facebook. 

“En las últimas semanas hemos notado un aumento del rechazo a la acción Black Bloc por parte de la población en general y hasta de algunos grupos que también poseen reivindicaciones que consideramos serias […] La destrucción de patrimonio público y privado sin criterio ha sido frecuente y muchas veces injustificada. ¿Quiosco de prensa atacado? ¿Por qué? ¿Para qué? Es comprensible cuando arrancamos señales de tráfico y quemamos papeleras para hacer barricadas contra el avance de la policía, pero lo que hemos visto es un descontrol -perdonen el término- imbécil, que solo dispersa el grupo convirtiendo la palabra bloque en una broma”. 

En Rio de Janeiro, epicentro de las protestas que aún mantienen en vilo a las autoridades, han decidido estrecharles el cerco. La semana pasada, días antes de la gran manifestación convocada por el grupo en todo el país, la Policía Civil detuvo a tres integrantes del movimiento – además de a dos menores- que esperan en prisión un juicio por incitación a la violencia y formación de banda armada –encontraron una especie de palo con clavos para reventar ruedas en una de las casas–. 

“Al ser lanzado […] puede herir a cualquier persona, alcanzar una patrulla policial”, mantuvo la jefa de la Policía Civil para mantener su acusación. Es obvio que cualquier cosa lanzada contra alguien con la intención de herir puede hacer daño, lo contradictorio es que no espere también en prisión el policía que ha dejado tuerto a un estudiante de 19 años tras lanzarle una bomba de gas durante una manifestación. 

Para ponérselo algo más difícil, la Justicia de Rio, capital del Carnaval mundial, también ha prohibido a los manifestantes el uso de máscaras. 

Hay quien piensa que la aparición de los enmascarados ha ayudado a diluir la convocatoria en las calles, lo que beneficia directamente a los intereses políticos; hay quien mantiene que los Black Bloc han secuestrado las manifestaciones pensando solo en su propio interés; también quien cree que el gigante, tras el entusiasmo inciial, se volvió a dormir. 

La cuestión es que pocos de los que filosofan y firman análisis sesudos salen a la calle a empaparse de lo que se está cociendo en las aceras. 

Dicho esto, aprovecho para dejarles una crónica del periodista español Bernardo Gutiérrez, que lleva casi una década en Brasil, para que conozcan con él la cara más rebelde de las calles de la ciudad olímpica.