Este miércoles 23 de septiembre en Parque Alegría, en la comunidad de Cajú, situada en la zona portuaria de Río de Janeiro, Herinaldo Vinicius da Santana, de 11 años, recibió cerca de las cuatro de la tarde un disparo en la cabeza. Terminó muriendo pocos minutos después.

Presuntamente, quien le disparó al chico fue un policía de laUnidad de Policía Pacificadora (UPP) de esa favela, durante  una operación de rutina.  

Indignados, los  vecinos de la comunidad grabaron los últimos suspiros del niño, en unas imágenes de mucha crudeza, y también al que creen que es el presunto asesino.

Ambos videos, que circulan por las redes sociales, denuncian una vez más los abusos cometidos por la Policía Militar (PM).

Los vecinos salieron a manifestarse para protestar contra la muerte de Herinaldo y cortaron parte de la Línea Vermelha y la Avenida Brasil, dos importantes vías de circulación que conectan la zona norte con el centro de la ciudad.

Al parecer, el niño había salido a comprar una pelota de ping-pong, detonante para que un agente de policía apretase el gatillo y se llevase la vida del menor.

Tristemante, la muerte de Herinaldo es una más entre muchas. Un niño que estuvo en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. O tal vez fue el policía que estuvo en ese lugar inoportuno en el momento equivocado.

La paupérrima preparación de la PM tiene como resultado, lamentablemente en demasiadas ocasiones, este tipo de desenlaces  fatales.

En un contexto de tensión, y no sabiendo manejar ni la situación ni el nerviosismo, se descarga un arma como prevención. Se dispara por miedo, por error. Muchos brasileños ya acostumbrados a este tipo de violencia han perdido la capacidad de sorpresa ante estos hechos.

Amnistía Internacional en su informe Mataste a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro indica que de 220 denuncias realizadas en 2011 sólo un caso se llevó ante la Justicia.

Y añade que  la mayor parte de las personas que murieron a manos de policías, casos registrados entre 2010 y 2013, son jóvenes negros de 15 a 29 años.

El dolor y la estigmatización de los más pobres es un peso que viene arrastrando Río de Janeiro desde que surgió la primera favela en la ciudad.  La delincuencia y las enfermedades siempre se asociaron a los más pobres y a las zonas periféricas. Y todavía hoy se continúa con esa creencia.

Es terrible pensar que también un niño puede matar a un policía. En esta ciudad hay niños y jóvenes armados y peligrosos que se enfrentan contra las fuerzas de seguridad.

La ciudad vive una lenta guerra con muertos de ambos bandos. La herida sigue abierta y la ciudad se desangra gota a gota, muerto a muerto. En medio de este conflicto intentan sobrevivir los más pobres, invisibles para el resto del  mundo.

La libertad, parece, es algo que no se les permite a los miserables. Poder jugar y correr no es para aquellos que viven en una favela. La libertad no existirá mientras las leyes no se ajusten a su favor. Es un sueño, y quizá en ese sueño eterno podamos finalmente  encontrarla.

Faltan apenas 300 días para el inicio de los ansiados Juegos Olímpicos de Río 2016 y las autoridades de la ciudad más fotogénica de Brasil, al igual que ya lo hicieron en el Mundial de 2014, ultiman sus preparativos en materia de seguridad.

Y es que, a pesar de que Río de Janeiro no se encuentra entre las ciudades más peligrosas de Brasil, su tasa de homicidios es de 28,3  por cada 100.000 habitantes, es decir, casi tres veces más alta a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El narcotráfico y su dominio de grandes áreas de la ciudad suponen el gran problema de Río y el foco de la mayor parte de la violencia.

A pesar de los esfuerzos de José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, de instaurar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los suburbios de la ciudad, lo cierto es que los territorios históricos del narcotráfico, como la favela Rocinha y el Complexo do Alemão, continúan controlados en gran medida por comandos de narcotraficantes. 

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Marino Beltrame, durante una visita al morro do Vidigal. Fotografía: Maíra Coelho – 15.nov.2011/Agência O Dia.

El enquistamiento de la violencia en estos lugares ha provocado que el discurso de crear una “policía de proximidad”, y con ello reconstruir la confianza entre los habitantes de los suburbios y los agentes de la Policía Militar (PM), haya desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Beltrame firmó la resolución 901 que autoriza el uso de pasamontañas para ocultar los rostros de los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acciones con Perros (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque durante sus operaciones policiales. 

En pocas palabras, en la futura sede olímpica se vuelve así a garantizar, después de 20 años de prohibición, el anonimato de sus agentes al permitir que sus rostros puedan ser cubiertos durante las a menudo sangrientas operaciones que se realizan en las favelas.

Una medida incomprensible teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de la PM de la ciudad y el reconocimiento, el pasado 31 de agosto, de la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esa misma policía ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, el 16% de los homicidios ocurridos en  Río de Janeiro entre 2010 y 2013 se produjeron a manos de los agentes de la PM, es decir, 1275 fallecidos de los que el 99,5% eran hombres, el 79% era de raza negra y el 75% tenía entre 15 y 29 años.

Vinicius y Tom, las mascotas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fotografía: Celso Pupo /Fotoarena/Fotoarena/Folhapress.

De hecho, el nivel de violencia practicado por la PM en la futura sede olímpica dejó dos  muertos por día en la última década con un total de 8466 personas fallecidas desde 2005. 

Por si fuera poco, de los 220 casos de homicidio cometidos por policías en 2011, el 80% continúa sin haber sido esclarecido en 2015, mientras que solamente 1 de las denuncias llegó a ser aceptada por el Ministerio Público.

Se trata de unas cifras escalofriantes que dan testimonio del nivel de impunidad al que están acostumbrados los agentes de seguridad cada vez que aprietan el gatillo.

En declaraciones a este cronista, Viviane Ribeiro, editora del diario comunitario “Jornal Alemão Notícias” y vecina del Complexo do Alemão, explicó que la vuelta de los pasamontañas se relacionaría directamente con una maniobra de intimidación de las autoridades de la ciudad de cara a las Olimpíadas del próximo año. 

En su opinión, los pasamontañas son para los habitantes de las favelas “símbolos del exterminio” y de “la muerte deliberada sin autor ni castigo”, y acusó al gobierno del estado de Río de Janeiro de actuar con el único interés de “mostrar al mundo y al turista que venga en 2016 que todo es perfecto mientras que la policía actúa contra los derechos de los ciudadanos más pobres a sangre y fuego”.

Habitantes del Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, protestan por la muerte de un niño de 10 años a manos de la Policía Militar. Fotografía: Fabio Brisolla/Folhapress.

No obstante, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, considerado uno de los grandes especialistas en la ciudad en materia de seguridad y en el programa de las UPP, relativizó la posible relación entre la medida y la proximidad de los Juegos Olímpicos. 

“No creo que la medida guarde relación alguna con la proximidad de un evento de estas características, es más, creo que la medida no tendría ningún tipo de efecto disuasorio en caso de ser aplicada”, aclaró el español, quien calificó de “innecesaria” la medida al no existir antecedentes de amenaza terrorista en Brasil, aunque observó con preocupación  la ausencia de distintivos en los uniformes de la PM que permitan la identificación de los agentes.

Sea una provocación, una medida de precaución o simplemente un mensaje de que la “mano dura” estará de vuelta en Río 2016, lo cierto es que la evidente falta de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en una ciudad que se dispone a celebrar los  Juegos Olímpicos, resulta preocupante.

Solamente el tiempo dirá si, al igual que ocurrió en 1995, las autoridades de Río acabarán por darse cuenta de que tapar el rostro de sus agentes de policía no es la mejor manera de promover la convivencia en una ciudad dividida en dos mitades que, al día de hoy, continúan irreconciliables.

Gabriel Bayarri es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF). En una serie de textos quincenales, abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Río, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia en las comunidades.

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Era la década de 1960 cuando en Estados Unidos el surgimiento de reivindicaciones de derechos civiles de los homosexuales, de grupos minoritarios, demandas de corte racial y la oposición a la Guerra de Vietnam provocaron la emergencia de una oposición al carácter represivo  de la policía ante grupos excluidos.

En el interior de los guetos, criminalizados todos ellos por ser grupos “desviados” respecto de los patrones considerados “normales”, se engendró entonces el inicio de una “policía comunitaria”, más implicada con todos los grupos sociales, interactiva y preventiva de los conflictos.

El modelo de la “policía comunitaria” americana se exportó internacionalmente y Brasil trató de adaptarlo a su realidad local. Los programas anteriores a las actuales Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), que datan de 2007, fueron el Grupo de Aplicación Práctico Escolar (GAPE), en 1990, y los Grupos de Policía en Áreas Especiales (GPAEs), en 1999, completamente nuevos para la Policía Militar brasileña y que no tuvieron continuidad.   

Entre sus características, el modelo de policía comunitaria se fundamenta en el principio de la prevención de conflictos para mantener la “harmonía”, el orden social, creyendo que el desorden urbano perjudica la integración de la comunidad en los espacios públicos locales.

Un grupo de la Policía Militar conversa en la UPP de la favela Rocinha, en Río de Janeiro. Fotografía: Rony Maltz/Folhapress.

En este modelo de seguridad, todos los vecinos de las favelas “pacificadas” se transforman en potenciales criminales y todo pequeño delito es potencialmente un atentado contra la calidad de vida, pues engendra un posible surgimiento del desorden.

No existe en esta cultura de control y prevención del crimen la figura del “ex criminal”. Una vez cometido el crimen se establece una frontera a través del estigma, que detecta al criminal provocador del desorden, en la que no se considera la reinserción entre los miembros “normales” de la comunidad, sino que el estigma caracteriza deliberadamente a los pequeños carteristas, que el modelo de prevención del desorden convierte en potenciales asesinos o ladrones de bancos, posicionándolos como el origen-raíz de las carencias en las favelas.  

No existe el crimen sin víctima, por lo que se formaliza la idea de la “víctima colectiva”, así como la barrera entre “nosotros” (los inocentes) y “ellos” (los peligrosos). Lo que viene a admitir este sistema clasificatorio es que el desvío ante el comportamiento normalizado impide al estigmatizado convertirse en un auténtico ciudadano.

Ante la prevención del desorden, la lógica de la Policía Militar entiende a los criminales como sujetos racionales capaces de tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento de las leyes, que saben de las consecuencias de sus actos y que tienen otra serie de conocimientos teóricamente asimilados, que otorgan al criminal capacidad de elección en sus actos.

Esta lógica, empleada por la corporación militar, presupone que el niño adicto al pegamento lo es por elección personal, que el guardia de la “boca de fumo” lo es por elección personal, que el contrabando de fusiles de fabricación extranjera es una elección personal, así como la prostitución.

Vista desde la UPP de la favela Complexo do Alemão, en Río. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Por lo tanto, por haber “elegido mal” merecen una punición fundamentada en argumentos y valores moralistas, pero que no presupone en la base de su arquitectura la construcción de un sistema de garantías sociales.

Cabe destacar que el modelo de la policía comunitaria, aplicado en la política de seguridad de Río de Janeiro, ha sido criticado por la estrategia implícita de control social que en él se visualiza. La construcción del orden público potencia el control de la vida local. 

Sin defender el desorden como modelo organizativo en las favelas cariocas, cabe reflexionar sobre las consecuencias que se obtienen a través de estas técnicas de imposición de un orden que se basa en normas morales concretas y en la criminalización como modelo de prevención del desorden. 

Un vecindario compuesto por personas previsibles, que atraviesan el morro en fila ordenada, que piden permiso para realizar cualquier clase de evento, que no están paradas sin hacer nada, que cumplen patrones estéticos característicos del “asfalto”: éste sería el modelo deseado de prevención del desorden por la organización militar. 

Esther (prof.esther.solano@gmail.com) es española, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo y miembro del Fórum de Seguridad Pública.

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Hay números que representan realidades infames, crueles, bárbaras. Así son  las matemáticas de la seguridad pública brasileña. Matemáticas terribles. Matemáticas que avergüenzan.

50.000 homicidios anuales. 50.000 violaciones anuales denunciadas (se calcula que el número real ronde la cifra de 500.000). La policía brasileña, una de las que más mata y más muere en el mundo, deja 5 cadáveres por día a la vez que más de 200 policías mueren cada año. Hay 500.000 presos en las cárceles brasileñas, siendo casi la mitad de ellos provisionales, esperando eternamente un juicio que no llega.

Esas son las cifras. Más tiránicas que humanas  (para datos más detallados, visitar las publicaciones anuales del Fórum Brasileño de Seguridad Pública).

¿Y la campaña electoral? Ese momento esquizofrénico donde todo es prometido, con tono banal,  pero las negligencias y omisiones de los candidatos gritan más fuerte que nunca.

La seguridad pública es uno de esos asuntos tabús, mencionados de soslayo, con intenciones calculadas, propagandísticas e ideológicas pero con escasa finalidad de fundamentar un debate sólido.

La policía brasileña, una de las que más mata y más muere en el mundo, deja 5 cadáveres por día a la vez que más de 200 policías mueren cada año. Fotografía: Alice Vergueiro/Futura Press/Folhapress.

Las propuestas de los candidatos a la presidencia de Brasil son más titubeos, balbuceos de quienes no tienen ni valentía ni dignidad de enfrentar un problema que debería haber sido prioridad hace ya muchos años.

Para el Partido de los Trabajadores (PT), el modelo a seguir y reforzar es el esquema de seguridad de la Copa del Mundo, cuyo sinónimo son los Centros Integrados de Comando y Control que amalgaman ejército, policías civil y militar y otra serie de organismos vinculados a la seguridad pública.

Como si este prototipo superficial de supuesta coordinación que en nada trata los problemas de raíz fuese a mejorar las estadísticas atroces de la violencia. A parte de esta oferta claramente insuficiente, la presidenta Dilma Rousseff ya ha mencionado la importante posibilidad de una enmienda constitucional para fortalecer el papel del gobierno federal  en competencias de seguridad.

Sí, menos mal, un pacto federativo para compartir competencias entre gobierno federal, estados y municipios es esencial.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), frívolo. Su candidato Aécio Neves propone crear un Ministerio de Seguridad Pública y Justicia del que no nos ofrece más detalles.

Hace unas semanas, una operación de la Policía Militar contra vendedores ambulantes dejó un muerto en el barrio de Lapa, en la zona oeste de São Paulo. Fotografía: Reginaldo Castro/Folhapress.

Sin embargo, el hombre fuerte del partido, el vitalicio gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pivota su programa de seguridad en base a la controvertida reducción de la mayoría de edad penal a 16 años para crímenes especialmente graves como homicidio, violación y secuestro, como si punición y Estado penal fuesen sinónimos lógicos de menor criminalidad.

Finalmente está el Partido Socialista Brasileño (PSB), heredero de la experiencia del programa Pacto por la Vida, implementado por el fallecido ex candidato a la presidencia Eduardo Campos en Pernambuco, que consiguió impactos positivos en la seguridad de ese estado.

Las ideas de Marina Silva son aumentar el presupuesto para el Fondo Nacional de Seguridad Pública y, esta sí más interesante y fundamental, un pacto nacional para la reducción de homicidios.

¿Pero dónde están las verdaderas reformas estructurales que se necesitan con urgencia? ¿Qué candidato coloca sobre la mesa, sin tapujos, sin medias palabras, con claridad y contundencia, el debate sobre los cambios radicales que se precisan en el campo de la seguridad pública? Ninguno.

Ninguno de ellos habla sobre el control de armas (en Brasil existen 16 millones de armas de fuego siendo sólo la mitad legales). Ninguno de ellos habla sobre las posibles reformas de las policías (reducción de letalidad, aumento de las tasas de resolución de crímenes, ciclo completo integrado entre policía militar y civil, mayor transparencia…).

Las propuestas de los candidatos a la presidencia sobre seguridad pública no convencen; se trata de un problema que debería haber sido prioridad hace ya muchos años. Fotografía: Adriana Spaca/Brazil Photo Press/Folhapress.

Ninguno de ellos habla sobre la modernización del sistema penitenciario y las alternativas a las dinámica de aprisionamiento masivo. Ninguno de ellos habla sobre la política de drogas que está provocando una verdadera masacre entre los jóvenes brasileños de las periferias.

La autodenominada “izquierda”  brasileña menospreció históricamente el tema de la seguridad pública, tal vez guiada por la fantasía infantil de que la ascensión al consumo y la reducción de la miseria tendrían como consecuencia directa la reducción de la criminalidad.

Los grupos conservadores, como el PSDB, o los seguidores del discurso del ex alcalde y ex gobernador de São Paulo Paulo Maluf de “ROTA [Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar] en la calle” tratan seguridad pública como si el mero endurecimiento punitivo fuese a acabar con la violencia. Ambas visiones son estrechas, irresponsables, poco consecuentes con la realidad e ineficaces en extremo.

Este es el escenario. Entre incompetencias y silencios conniventes las matemáticas terribles continúan.

Gabriel Bayarri (g.bayarritoscano@gmail.com) es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y nos acompañará con una serie de textos cada 15 días en los que abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia dentro de las comunidades.

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El ambicioso plan de la Secretaría de Seguridad del Estado de Río de Janeiro para pacificar las favelas cariocas es sólo la punta del iceberg de un largo proceso. Iniciado en 2008, actualmente la pacificación se ha llevado a 28 favelas de las más de 900 comunidades existentes en el estado de Río de Janeiro*. Y el debate sobre las nuevas formas de policía comunitaria, aplicadas en el modelo de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), está sólo comenzando.

Las UPPs siguen, por decreto, una selección de los territorios en los que instalarse. Deben ser siempre: 1) Comunidades pobres. 2) De baja institucionalidad y alto grado de informalidad. 3) Con presencia de grupos criminosos fuertemente armados.

En el proceso de implantación, el primer paso antes de la inclusión de la UPP será la intervención táctica, llevada a cabo por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) y/o el Batallón de Policía de Choque, con el objetivo de recuperar el control estatal sobre áreas ilegalmente dominadas por grupos criminosos altamente armados. Estabilización, implantación y control son las etapas llevadas a cabo por los propios policías militares que formarán la UPP.

Dos policías patrullan la favela Manguinhos, en Río de Janeiro, durante la instalación de la UPP. Sergio Moraes/Reuters.

Las UPPs  buscan, en un desafío constante, la independencia respecto a la ya estigmatizada Policía Militar (PM). Así, los policías que forman parte de las UPPs reciben una capacitación extra en cuestiones como derechos humanos o policía ciudadana. Se trata de un curso formado por seis módulos: protección social; primeros auxilios; gestión del espacio urbano y género; juventud y sexualidad. Esta formación complementaria pretende acabar con la perspectiva estrictamente belicista y punitivo-represiva que caracteriza a la PM.

Las funciones dentro de la UPP se dividen entre el “Grupo de Policía Pacificadora” (GPP), encargado de patrullar la favela, reforzar su sensación de presencia; el Grupo Táctico de Policía Pacificadora (GTPP), que apoya al anterior en situaciones críticas; y el sector administrativo.

La normalización se dio en 2009, cuando el boletín de la PM anunció formalmente la anexión del programa de las UPPs a su cuerpo, y un bono extra de 500 reales (220 dólares, aproximadamente) para los policías que tuvieran que trabajar en las favelas recién pacificadas.

Sin embargo, la policía de proximidad no surgió con las actuales UPPs. La necesidad de integrar policía y población favelada a través de acciones colaborativas ya había sido trabajada anteriormente a través de dos programas: el Grupo de Aplicación Práctico Escolar (GAPE) y los Grupos de Policía en Áreas Especiales (GPAEs),  completamente nuevos parala PM. Ninguno tuvo éxito.

Centro de Comando y Control de la UPP Rocinha, la favela más grande de Brasil. Daniel Marenco/Folhapress.

Fue a partir del primer mandato de Leonel Brizola como gobernador del estado de Río de Janeiro,  en 1983, cuando se intentó romper con la lógica represiva de la dictadura militar, introduciendo nuevos derechos humanos, opuestos con la violencia policial. Esto llevó a una fuerte polarización de la política de seguridad pública, entre los defensores  del “discurso social” y los del “discurso de represión”.

Ante esta política de seguridad pública surgió un nuevo concepto: la Política Pública de Seguridad, que entiende la presión social y las acciones de integración social como abordajes compatibles, que contemplan la idea de “proceso” como contrapunto al exterminio del conflicto, tan arraigado en la PM.

Así, el diseño y planificación de las UPPs, tercer intento de pacificación de las comunidades, buscaba, por primera vez,  una política interdisciplinar que integrase las políticas públicas de seguridad con otras políticas de acceso a la ciudadanía. Una gestión integrada del territorio pacificado. Se trata de una transición de las políticas de seguridad pública hacia las políticas públicas de seguridad.

Las UPPs aparecen a raíz de este proceso histórico, construidas sobre una fuerte oposición: constituidas por una Policía Militar con un histórico brutal de violencia, entrenada bajo una lógica de guerra, la “lógica del exterminio” del conflicto y de combate al enemigo, pero en un entorno en el que se debaten vivamente  nuevas formas de policía comunitaria a través del tratamiento de la seguridad como una política pública, integradora.

Vista de la UPP instalada en el Complexo do Alemão. Daniel Marenco/Folhapress.

Debido a ese delicado equilibrio en el que se constituyen las UPPs, sus objetivos como parte de una política integradora deben quedar claramente demarcados; sería un retroceso que en la evolución de las UPPs éstas se acaben transformando en actores políticos de base, en la representación absoluta del Estado dentro de las comunidades, corriendo el riesgo de que su gestión adquiera rasgos totalitarios en el proceso de democratización de las relaciones sociales.

La PM todavía está sujeta a un orden estatal, y no a un orden civil. La policía se concibe como extirpadora de conflictos, y no de soluciones. Clasificaciones empleadas por el  propio cuerpo como la de “favelado” asocian un comportamiento criminoso a todo el imaginario social de la favela, e inmutan la identidad del individuo, dificultando la interacción con una policía comunitaria y la transición del establecimiento de un orden represivo para un orden preventivo .

La cuestión que surge y que discutiremos en el próximo artículo es la siguiente: ¿Cómo una pacificación realizada en un enfrentamiento directo va a conseguir apropiarse de los mecanismos de mediación de conflictos, característicos de la policía de proximidad?

* Federación de las Asociaciones de Favelas del Estado de Rio de Janeiro (Faferj, 2011).