Faltan apenas 300 días para el inicio de los ansiados Juegos Olímpicos de Río 2016 y las autoridades de la ciudad más fotogénica de Brasil, al igual que ya lo hicieron en el Mundial de 2014, ultiman sus preparativos en materia de seguridad.

Y es que, a pesar de que Río de Janeiro no se encuentra entre las ciudades más peligrosas de Brasil, su tasa de homicidios es de 28,3  por cada 100.000 habitantes, es decir, casi tres veces más alta a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El narcotráfico y su dominio de grandes áreas de la ciudad suponen el gran problema de Río y el foco de la mayor parte de la violencia.

A pesar de los esfuerzos de José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, de instaurar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los suburbios de la ciudad, lo cierto es que los territorios históricos del narcotráfico, como la favela Rocinha y el Complexo do Alemão, continúan controlados en gran medida por comandos de narcotraficantes. 

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Marino Beltrame, durante una visita al morro do Vidigal. Fotografía: Maíra Coelho – 15.nov.2011/Agência O Dia.

El enquistamiento de la violencia en estos lugares ha provocado que el discurso de crear una “policía de proximidad”, y con ello reconstruir la confianza entre los habitantes de los suburbios y los agentes de la Policía Militar (PM), haya desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Beltrame firmó la resolución 901 que autoriza el uso de pasamontañas para ocultar los rostros de los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acciones con Perros (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque durante sus operaciones policiales. 

En pocas palabras, en la futura sede olímpica se vuelve así a garantizar, después de 20 años de prohibición, el anonimato de sus agentes al permitir que sus rostros puedan ser cubiertos durante las a menudo sangrientas operaciones que se realizan en las favelas.

Una medida incomprensible teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de la PM de la ciudad y el reconocimiento, el pasado 31 de agosto, de la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esa misma policía ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, el 16% de los homicidios ocurridos en  Río de Janeiro entre 2010 y 2013 se produjeron a manos de los agentes de la PM, es decir, 1275 fallecidos de los que el 99,5% eran hombres, el 79% era de raza negra y el 75% tenía entre 15 y 29 años.

Vinicius y Tom, las mascotas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fotografía: Celso Pupo /Fotoarena/Fotoarena/Folhapress.

De hecho, el nivel de violencia practicado por la PM en la futura sede olímpica dejó dos  muertos por día en la última década con un total de 8466 personas fallecidas desde 2005. 

Por si fuera poco, de los 220 casos de homicidio cometidos por policías en 2011, el 80% continúa sin haber sido esclarecido en 2015, mientras que solamente 1 de las denuncias llegó a ser aceptada por el Ministerio Público.

Se trata de unas cifras escalofriantes que dan testimonio del nivel de impunidad al que están acostumbrados los agentes de seguridad cada vez que aprietan el gatillo.

En declaraciones a este cronista, Viviane Ribeiro, editora del diario comunitario “Jornal Alemão Notícias” y vecina del Complexo do Alemão, explicó que la vuelta de los pasamontañas se relacionaría directamente con una maniobra de intimidación de las autoridades de la ciudad de cara a las Olimpíadas del próximo año. 

En su opinión, los pasamontañas son para los habitantes de las favelas “símbolos del exterminio” y de “la muerte deliberada sin autor ni castigo”, y acusó al gobierno del estado de Río de Janeiro de actuar con el único interés de “mostrar al mundo y al turista que venga en 2016 que todo es perfecto mientras que la policía actúa contra los derechos de los ciudadanos más pobres a sangre y fuego”.

Habitantes del Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, protestan por la muerte de un niño de 10 años a manos de la Policía Militar. Fotografía: Fabio Brisolla/Folhapress.

No obstante, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, considerado uno de los grandes especialistas en la ciudad en materia de seguridad y en el programa de las UPP, relativizó la posible relación entre la medida y la proximidad de los Juegos Olímpicos. 

“No creo que la medida guarde relación alguna con la proximidad de un evento de estas características, es más, creo que la medida no tendría ningún tipo de efecto disuasorio en caso de ser aplicada”, aclaró el español, quien calificó de “innecesaria” la medida al no existir antecedentes de amenaza terrorista en Brasil, aunque observó con preocupación  la ausencia de distintivos en los uniformes de la PM que permitan la identificación de los agentes.

Sea una provocación, una medida de precaución o simplemente un mensaje de que la “mano dura” estará de vuelta en Río 2016, lo cierto es que la evidente falta de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en una ciudad que se dispone a celebrar los  Juegos Olímpicos, resulta preocupante.

Solamente el tiempo dirá si, al igual que ocurrió en 1995, las autoridades de Río acabarán por darse cuenta de que tapar el rostro de sus agentes de policía no es la mejor manera de promover la convivencia en una ciudad dividida en dos mitades que, al día de hoy, continúan irreconciliables.

Hace exactamente 11 meses, los miles de hombres de la Fuerza de Pacificación de la Policía Militar de Río de Janeiro, apoyados por medios aéreos y terrestres del Ejército de Brasil, ocuparon  las 16 favelas que conforman del Complexo da Maré, en la zona norte de Río.

El despliegue fue aparatoso y no les hizo falta disparar un solo tiro. Satisfechos, el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, y el por entonces gobernador, Sergio Cabral, calificaron la operación como un éxito y auguraron que pronto se instalarían allí las correspondientes Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

Pero la realidad es que la operación no fue un éxito, tampoco hubo UPPs, ni nada que se le parezca. Los disparos de los fusiles 762 del Ejército brasileño, que por aquel entonces no pudieron ser recogidos por las varias docenas de reporteros que acompañaron la ocupación, han ido desangrando poco a poco la vida de los 130.000 habitantes del Complexo da Maré.

El pasado 12 de febrero, una furgoneta con cinco jóvenes que regresaban de una fiesta fue masacrada por disparos de los militares en la favela Salsa e Merengue. Uno de ellos perdió su pierna. Tan solo una semana después, un obrero fue abatido tras ser “confundido con  un traficante”, como declararon los militares, mientras trabajaba en una reparación en la Vila do João.

Policías intentan contener una protesta cerca del Complexo da Maré, en Río de Janeiro. Fotografía: Mauricio Fidalgo/Reuters.

Menos de 24 horas después, otra “combi” repleta de viajeros que hacían la línea Maré- Bonsucesso fue ametrallada en la Vila do Pinheiro. ¿El motivo? El conductor no tenía licencia para  transportar personas  y quiso saltarse un control del Ejército.

Indignados, hartos por tantos heridos y muertes absurdas, unos 300 habitantes de la Maré quisieron exponer su malestar con una protesta pacífica el pasado 23 de febrero. Nuevamente, la policía y los militares desconfiaron de los manifestantes y decidieron disolver la incómoda protesta por la fuerza. Dos menores murieron y tres personas resultaron heridas.

Sus muertes apenas causaron conmoción en la prensa local, que aquellos días andaba pendiente de la visita del Comité Olímpico Internacional (COI) a las instalaciones de los futuros Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Los centenares de habitantes del Complexo da Maré  que escapaban de los gases lacrimógenos y de las balas de la Policía Militar  aquella noche, probablemente no lo sabían, pero su destino había sido decidido entre sonrisas y apretones de mano unas horas antes.

El secretario del Ministerio de Deportes, Ricardo Leyser, anunciaba aquel día que el gobierno federal usará las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad en Río 2016.

En la práctica, la decisión supuso que los 2700 militares que cada día supervisan la vida de los habitantes de la Maré, amplíen su presencia en la zona por otros 18 meses. A un coste de 593.000 dólares por día, los contribuyentes brasileños pagarán  319 millones de dólares para que sus vecinos de la zona norte vivan en un contexto más propio de Irak o de Palestina.

Soldados refuerzan la seguridad en el Complexo da Maré después de un día de un inteso intercambio de disparos entre traficantes locales. Fotografía: Alex Ribeiro/Folhapress.

Los blindados y la artillería pesada se han convertido en parte del paisaje de las 16 favelas de la Maré, cuyo único pecado es haber sido construidas entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim y el centro de la “cidade maravilhosa”.

Un lugar estratégico que una valla de tres metros de altura, situada alrededor de los 10 kilómetros cuadrados que ocupa, no ha sido capaz de esconder de la mirada de los turistas que pasan por la Linha Vermelha camino de las playas de postal de la zona sur.

Puede que el yugo de las tres facciones de narcotraficantes (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) que allí se daban cita, y que todavía mantienen su influencia a pesar de la ocupación, debía ser erradicado.

Pero casi un año después la ocupación militar se ha revelado como un fracaso, denunciado además por innumerables asociaciones de Derechos Humanos.

Así lo hizo Amnistía Internacional a través de un comunicado oficial en el que afirmó que  las Fuerzas Armadas “no poseen el entrenamiento adecuado” o las habilidades de “diálogo con organizaciones de la sociedad civil o poblaciones de las favelas”.

Además, la respetada organización expuso que “la lucha contra el narcotráfico no puede llevar a una criminalización de la comunidad, especialmente de los más jóvenes”. Unos argumentos a los que los dirigentes del COI no han querido prestar atención.

Un hombre posa frente a un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas, durante la ocupación del Complexo da Maré, en abril de 2013. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Es la triste realidad de los miles de cariocas que no cuentan con un lugar dentro de los ambiciosos planes de Río 2016.

Empujados a los márgenes de la ciudad e ignorados durante décadas por los gobiernos locales, viven la opresión de una ocupación militar con el pretexto de protegerles de un yugo, el del narcotráfico, al que esos mismos gobiernos dejaron hacerse amos y señores de aquellos que poco importaban.

Faltan 18 meses para el mayor evento deportivo jamás vivido en Río de Janeiro y nada ni nadie deberá arruinar la fiesta. Los intereses puestos en un espectáculo que le ha costado a la ciudad 13.000 millones de dólares valen más que los derechos de unos cuantos “favelados”.

Al igual que ocurrió en 2013 durante la Copa de las Confederaciones o en 2014 durante el Mundial, el Ejército brasileño se sumará a la fiesta del silencio, la de las manifestaciones pacíficas disueltas a golpes, gases lacrimógenos y disparos de los que matan.

Pero en la Maré no se resignan a vivir oprimidos por el silencio. Es imposible saberlo, pero es posible que la próxima “primavera brasileña” comience entre la mayoría silenciosa que todavía no ha alzado su voz en Río de Janeiro.

Cuando faltan pocos días para el  comienzo del Mundial, en la ciudad serrana de Teresópolis, en Río de Janeiro, la selección brasileña se entrena en la Granja Comary, un centro de entrenamiento cuya reforma costó US$6,5 millones.

Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, una tragedia humana sigue su curso.

A principios de 2011, lluvias torrenciales y ríos de barro, producto de una gran inundación, dejaron más de 900 muertos, más de 240 desaparecidos y cerca de 9000  personas sin casa en siete municipios de la región, según cifras oficiales.

Antiguos residentes del humilde barrio de Campo Grande, en Teresópolis, describen cómo el  vendaval  que  los sorprendió de madrugada dejó desprovistos a miles de habitantes, arrasó con todo y se llevó a una comunidad entera.

Una casa que sobrevivió a las lluvias en el barrio abandonado de Campo Grande. Fotografía: Milli Legrain.

Manuel Antonio de Oliveira da Silva, un obrero de 57 años, cuenta  que perdió a cuatro de sus hijos, además de varios sobrinos y cuñados, sumando 20 familiares en total.

Pero son varios los  que intuyen que en realidad murieron más personas de las que constan en los registros oficiales.

“Cuando se hicieron públicas las listas de los muertos, muchos nombres no aparecían. Solo aquí, en este campo de fútbol comunitario, se juntaron unos 500 cuerpos”, denuncia Flávio Carreiro, un joven conductor, ahora desempleado, que también perdió a una veintena de familiares en el barrio Granja Forestal.

Esta teoría también la sostiene  Joel Caldeira, de la  Asociación de las Victimas de las Lluvias del 12 de enero en Teresópolis (AVIT). “No hubo  129 desaparecidos en esta ciudad. Familias enteras desaparecieron”.

Y el dolor no acaba allí. “Después de la tragedia natural, vino la tragedia humana”, continúa Joel.

Se refiere al desvío  de US$ 33,7 millones en recursos federales, estatales y donaciones nacionales y extranjeras destinados a la reconstrucción de las siete ciudades afectadas.

Esto lo confirma un informe del Tribunal Federal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro.

De izquierda a derecha: Joel Caldeira, Flávio Carreira, Adalberto Serafin y Clovis de Oliveira da Silva. Fotografía: Milli Legrain.

Asimismo, en noviembre de 2011, el entonces alcalde de Teresópolis Jorge Mário fue separado de su cargo por haber estado involucrado  en negocios turbios con varias constructoras locales a las que les cobraba coimas.

Mientras tanto, Manuel Antonio, conocido por sus amigos como Clovis, cuenta que han sido tres años y cuatro meses sin casa ni atención psicológica. Se pregunta dónde está el dinero para las víctimas.

Ahora,  el gobierno del estado de Río de Janeiro intenta terminar 220 casas en la Fazenda Ermitage antes de  septiembre. El momento es oportuno. Las  elecciones para gobernador son en octubre. Pero el nuevo conjunto habitacional bordea una carretera peligrosa sin viaducto para los peatones.

“Inaugurar casas en barrios sin la infraestructura adecuada suele terminar mal. Miren lo que pasó en la Cidade de Deus”, recuerda Joel refiriéndose al barrio de viviendas sociales mejor conocido por sus guerras entre pandillas y por el tráfico de drogas.

Sus residentes habían sido removidos de los barrios caros  de la ciudad como parte de una política de limpieza social de la zona Sur de Río de Janeiro en los años sesenta y setenta.

Por su parte, la Secretaría de Obras del Estado explicó a esta cronista que las obras se retrasaron por la falta de terrenos adecuados y la necesidad de recurrir a una expropiación de las tierras, algo que generó complicaciones.

Clovis junto a sus compañeros del Club de Fútbol del Posse. Fotografía: Milli Legrain.

Hay quienes argumentan que la tragedia de Teresópolis alcanzó  esa magnitud porque muchas de las casas estaban hechas en terrenos irregulares, sobre áreas de riesgo, bordeando riachuelos.

Según una investigación parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ), presidida por el diputado Luiz Paulo (PSDB-RJ), la falta de una política habitacional consistente en la región es otra pieza clave para entender la tragedia.

Aún así, a pesar del dolor y de la larga espera, Clovis -que se hizo evangélico después del desastre-, no parece guardar rencor. Confiesa que si no fuera por la iglesia se hubiera vuelto loco hace tiempo. “Pensé muchas veces en dejarme llevar por las aguas, ya que allí murieron mis hijos”.

Este voluntario del AVIT sale adelante con unos  US$220 mensuales que le alcanzan para cubrir los costes de su alquiler. Según Joel, impulsadas por los miembros de la asociación de víctimas, hubo 800 acciones judiciales para que las personas más vulnerables recibieran esta subvención.

Clovis me pide que le saque una foto al lado de unas flores amarillas. “Donde haya vida habrá esperanza”, dice con una sonrisa y sus ojos llenos de lágrimas.

Insiste que la tormenta no tuvo nada que ver con la selección brasileña y que espera que gane. Aun así, salta a la vista la ironía de ver tanto desamparo en la casa del futbol brasileño.