Brasil con Ñdictadura – Brasil con Ñ http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br El país con todas las letras Fri, 22 Sep 2017 17:43:00 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.2 Denuncian en Washington la violencia policial registrada en el estado de Goiás http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2014/11/11/denuncian-en-washington-la-violencia-policial-registrada-en-el-estado-de-goias/ http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2014/11/11/denuncian-en-washington-la-violencia-policial-registrada-en-el-estado-de-goias/#comments Tue, 11 Nov 2014 17:24:14 +0000 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/?p=1176 Continue lendo →]]> POR MILLI LEGRAIN, DE WASHINGTON

Desde el año 2000, en el estado de Goiás, en el Centro-Oeste de Brasil, se han registrado 43 desapariciones forzadas, todas cometidas por agentes del Estado.

Ninguno de los cuerpos ha sido encontrado y todos los casos han quedado impunes. Fue de esta manera que comenzó la audiencia pública sobre violencia policial que tuvo lugar el viernes 31 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, capital de Estados Unidos.

Ante esta reconocida institución internacional, el diputado estatal Mauro Rubem (PT), junto con los defensores públicos federales Bruno Arruda y Adriano Souza Carneiro y con el abogado Allan Hahnemann Ferreira de la asociación Cerrado Asesoramiento Jurídico Popular, denunciaron que en 42 de los 43 casos los perpetradores eran agentes de la policía militar.

Muchos de los desaparecidos tenían antecedentes penales. Así, el Estado lo justifica como  parte de su estrategia de “combate a la criminalidad violenta”.

Los peticionarios destacan el caso del niño Murilo Soares, de 12 años, quién, en abril de 2005, estaba en un auto con el ayudante de obra Paulo Sergio Pereira Rodrigues,  cuando fueron abordados por  policías militares (tropa de élite ROTAM) y llevados a un lugar desconocido.

El automóvil fue encontrado quemado al día siguiente y hasta hoy se desconoce el paradero de ambas víctimas. “Este caso es el único que se había investigado y acaba de ser archivado”, lamenta Hahnemann.

Es más, estos asesinatos se realizan en el marco de intimidación y amenazas. Así, los peticionarios denunciaron que en 2011 el diario local “O Popular” fue amenazado tras la publicación de una serie de reportajes titulado “¿Dónde están?”, que denunciaba que los desaparecidos en democracia superan a los de la dictadura en Goiás.

El año pasado, el diputado Rubem también recibió amenazas por su labor relacionada con estas investigaciones, dijo Hahnemann, en una entrevista exclusiva con esta cronista.

Otra irregularidad que se denunció durante la audiencia fue la contratación sin concurso público de policías militares voluntarios bajo la ley estatal 17.882, que termina por afectar la calidad de la seguridad pública.

Conocidos como los policiales de “calça curta” o de “pantalones cortos”, ejercen sin la preparación adecuada y con una alta rotación. La inconstitucionalidad de esta ley está siendo actualmente considerada por la Corte Suprema de Brasil, tras una acción interpuesta por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot.

Pero el excesivo uso de la fuerza por parte del orden público no es exclusivo de Goiás. Según un estudio publicado este lunes (10) por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, entre 2009 y 2013, un promedio de seis personas murieron por día a raíz de la violencia policial en Brasil.

Sólo en Río de Janeiro, en el primer trimestre de 2014, hubo 153 “autos de resistencia”, o muertes a manos de la policía. De hecho, junto con los estados de Mato Grosso, São Paulo y Santa Catarina, Río es el único estado que divulga estas cifras.

Pero expertos en derechos humanos concuerdan en que la figura de “auto de resistencia” sirve para maquillar las cifras de ejecuciones por parte de la policía, basándose automáticamente en el supuesto de que hubo una resistencia o un enfrentamiento entre la policía y el civil.

Así, según una resolución del gobierno de Brasil de diciembre de 2012, el término de “auto de resistencia” ya no debería existir. Efectivamente, muchas de las muertes a manos de policías son en realidad ejecuciones y no muertes como resultado de un enfrentamiento.

Mientras tanto, en 2011, el gobierno de Goiás decretó la creación de una Comisión de Defensa de la Ciudadanía, integrada por agentes policiales,  miembros del Ministerio Público, del Poder Legislativo y de la sociedad civil.

Dicha comisión, presidida por el diputado Rubem, emitió un informe  detallado llamado Inseguridad Pública en Goiás: Anacronismo y Caosen agosto de 2012, en donde ya registraba 36 desapariciones. Siete más han sido notificadas desde entonces.

Brasil ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Ahora, tras largos debates en el Congreso, queda por ver si Brasil optará por tipificar el crimen de desaparición forzada, algo que, según indica el defensor público Adrian Souza “es esencial para este proceso”.

Pero el debate es complejo, y no todos están de acuerdo sobre sus implicancias.

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La herencia de una dictadura militar http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2014/09/05/la-herencia-de-una-dictadura-militar/ http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2014/09/05/la-herencia-de-una-dictadura-militar/#comments Fri, 05 Sep 2014 17:41:12 +0000 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/?p=1066 Continue lendo →]]> POR GABRIEL BAYARRI

DE RÍO DE JANEIRO

Gabriel Bayarri es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF). En una serie de textos quincenales abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Río, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia en las comunidades.

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En la favela se concentran y reproducen las voces de cualquier pueblo oprimido. En todas las dictaduras se escuchan en susurros, y a  cuatro vientos, palabras como “opresión”, “libertad”, “pueblo” o “esperanza”.

Procesos dentro de los métodos infames del tribunal de la dictadura militar brasileña, normalizados durante su período (1964-1985), son reproducidos por las instituciones heredadas. Tribunales monstruosos de una monstruosa dictadura.

Pero extirpar los hábitos de antaño no es sólo arrancar el fantasma de sus prácticas policiales, sino eliminarlo de entre los moradores de las áreas carentes, acostumbrados a digerir los abusos, que los aleja del sueño de convertirse en auténticos ciudadanos.

Viéndome intrigado por sus historias, los vecinos recurren a recuerdos frescos. Sentada en un banquito, la señora Maite, vendedora de zumos, susurra bajo. Tan delgada, de una delgadez impresionante, chupada, la cara fina, las manos arrugadas y nerviosas, aquellas manos que hablan junto a los ojos, pero abandonados de la lengua y de la palabra, cuya libertad de expresión se vio limitada por los regímenes dictatoriales de la milicia y del tráfico.

Conocía todo de su favela y de su pueblo, todo lo que era auténtico, desde el océano que se vislumbraba desde el pico, los poemas ofrecidos para Iemanjá, patrona de marineros, navegantes y pescadores, los poemas de los poetas locales, aquellos que plasmaron sus frases en la cal de los muros del morro, que recordaron la utopía de los derechos humanos, y fueron reducidos por las fuerzas paralelas.

Conocía desde las historias heroicas de sus vecinos, torturados por ambas partes, hasta la locura y la muerte; también  las lindas historias de amor locales, el sabor romántico de las viejas leyendas, del dulce de leche y de su miel . Así sabía la vida en el morro, con el agrio aliño de la pobreza en sus entrañas.

Su susurro estremecía de amor al hablar de los escritores del lugar, juglares divulgadores del arte literario. Pero contradecía esta dulzura una violenta agresividad al recordar la dictadura en el morro, la sumisión de los suyos o el abandono del resto del pueblo brasileño.

La dictadura con elecciones es una peculiaridad de la historia brasileña. Cuentan los moradores de la favela cómo se mantenía durante este período un escenario de ambiente democrático, cómo se examinaban meticulosamente los documentos de identidad, se ponía especial cuidado en colocar los sellos en lugares destinados a tal fin, se calculaba con precisión el porcentaje de habitantes que votaban y las actas pasaban de un funcionario a otro con las correspondientes firmas de acuses de recibo.

Nadie parecía percibir la contradicción existente entre tan concienzuda observancia de minucias y la flagrante desatención a los principios básicos de la democracia.

Ante estos testimonios, que vislumbran fantasmas de un pasado reciente, cabe destacar la dificultad de determinar el tiempo necesario para reafirmar el éxito o fracaso de  las políticas de seguridad, concretamente la de la pacificación de las favelas cariocas (UPPs).

Decía el ex jefe de la policía en Río de Janeiro, Hélio Luz, un controvertido “sherif de izquierdas”, que la policía está estructurada para obtener el control social, manteniendo el orden de la desigualdad y de los privilegios, inhibiendo la actuación de los inconformados.

En casi todas las sociedades democráticas, la investigación criminal y la policía ostensiva son integradas en una misma institución. Por cuestiones históricas y políticas no lo son en Brasil.

No obstante, la implantación de una nueva policía joven que recicle viejos hábitos es fundamental para impregnarse de una nueva cultura de policía comunitaria que entienda al favelado no como un criminal en potencia, sino como un ciudadano que requiere de garantías sociales y de seguridad.

Pero más allá del debate por un modelo democratizado de seguridad pública, la propia interacción con la sociedad se presenta como un mecanismo de control sobre la cuestionada actuación ostensiva de la institución.

Así, parafraseando al doctor Helio: “Lo que hacemos es un remiendo, pues no será la policía la que va a acabar con la violencia”. No será sólo la reforma en las policías la que liberará a la favela de esa humillación, de esa tan larga noche de desgracia, de voces bajas y de alargada y permanente hambre del pueblo.

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Desaparición forzada: ¿crimen de ayer o de hoy? http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2014/05/16/desaparicion-forzada-crimen-de-ayer-o-de-hoy/ http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2014/05/16/desaparicion-forzada-crimen-de-ayer-o-de-hoy/#respond Fri, 16 May 2014 18:56:50 +0000 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/?p=869 Continue lendo →]]> MILLI LEGRAIN, DE RÍO DE JANEIRO

“Entre 2007 y 2013, sólo en el estado de Río de Janeiro, desaparecieron unas 38.000 personas”, denunció indignado el pastor presbiteriano y activista Antonio Carlos Costa, fundador de la ONG Rio de Paz en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la ciudad.

“Estas son las cifras oficiales, pero tengo claro que hay miles que no han sido registradas”, añadió.

Son los denominados “desaparecidos de la democracia”. Sin duda, muchos de  ellos desaparecieron  por  motivos diversos, ya sea huyendo de la violencia doméstica o por trastornos mentales.  Algunos incluso habrán vuelto a casa. ¿Pero cuántas de estas personas habrán sido “forzosamente desaparecidas” por agentes del Estado?

La desaparición forzada fue política de Estado durante la dictadura militar instaurada en Brasil por el golpe de 1964 y en distintos países del Cono Sur y de la región. Pero en el Brasil democrático de hoy, esta práctica sigue ocurriendo.

La entrada a la comunidad de Jacarezinho, en la zona norte de Río. Fotografía: Milli Legrain

La entrada a la comunidad de Jacarezinho, en la zona norte de Río. Fotografía: Milli Legrain

Si bien la Comisión de la Verdad investiga desde 2012 los crímenes de esa época para esclarecer el pasado y evitar que los crímenes de lesa humanidad se repitan, los perpetradores siguen amparados por la ley de amnistía  de 1979 vigente en el país. Pero en un país con una impunidad superior al 90%, también cabe preguntarnos: ¿quién está investigando los crímenes de hoy?

Los homicidios cometidos por la policía son clasificados por el Estado brasileño como “auto de resistência”, un término que deja entender que la víctima murió como resultado de una confrontación.

Pero muchas veces se trata de muertes por ejecución extrajudicial, producto del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, o peor aún, de una simple “bala perdida”.

Así lo denunciaron ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2012. “La excusa es siempre que la persona reaccionó. Pero sabemos que son cada vez más los casos en los que esa resistencia no ocurrió”, dijo recientemente el abogado brasileño Alexandre Ciconello de Amnistía Internacional.

Es el caso de Claudia Silva Ferreira, la madre de familia que murió por la bala de un policía militar en la zona norte de Río en marzo pasado.

Según las estadísticas oficiales publicadas a principios de mes por el Instituto de Seguridad Pública de Río, en el primer trimestre de este año murieron 153 personas como resultado de la violencia policial. La tendencia está en aumento: el año pasado, en la misma época, los muertos fueron 96.

La ONG Rio de Paz realizó una protesta en noviembre pasado para exigir información sobre el cuerpo de Amarildo de Souza. Fotografía: Marcelo Sayão/Efe

La ONG Rio de Paz realizó una protesta en noviembre pasado para exigir información sobre el cuerpo de Amarildo de Souza. Fotografía: Marcelo Sayão/Efe

Curiosamente, un estudio realizado por Michel Misse, sociólogo de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ)  muestra que después de 2007, año en que los homicidios cometidos por la policía eran particularmente elevados (1330 víctimas en todo el estado de Río), el numero comenzó a caer, mientras que el de desaparecidos empezó a aumentar.

Es en ese contexto que el Secretario de Seguridad Pública de Río, José Mariano Beltrame, anunció en marzo que creará en junio una Unidad para Desaparecidos.

Esta nueva entidad, que existe en otros estados como São Paulo y Minas Gerais, llega en respuesta a la presión ejercida  por familiares de desaparecidos y grupos de presión como Meu Rio y Rio de Paz, que buscan atención especializada.

La legislación internacional considera a la desaparición forzada como un crimen que se sigue cometiendo hasta que se localiza el cuerpo de la víctima. Familiares de víctimas relatan la angustia sufrida por el hecho de no saber lo que sucedió con un ser querido.

El secretario de Seguridad Pública de Río, José Beltrame, anunció que creará en junio una Unidad para Desaparecidos. Fotografía: Maíra Coelho/Agência O Dia

El secretario de Seguridad Pública de Río, José Beltrame, anunció que creará en junio una Unidad para Desaparecidos. Fotografía: Maíra Coelho/Agência O Dia

“En 1986, mi madre pensaba que mi hermano aún estaba vivo. Cuando mi padre quiso mudarse de casa, ella tenía miedo de perder contacto con él”, relató Elizabeth Silveira, hermana de un desaparecido político de la dictadura, que lleva 40 años luchando por conocer su paradero.

Actualmente, en la Cámara de Diputados existe una propuesta de ley específica sobre desapariciones forzadas, que pone a Brasil en línea con sus obligaciones internacionales, como firmante de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas.

El proyecto de ley nace a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso conocido como “ Guerilla de Araguaia” (o Gomes Lund vs.Brasil) sobre la desaparición de 70 campesinos y militantes que lucharon contra la dictadura. Esta sentencia emitida en 2010 exige específicamente que Brasil tipifique el crimen de desaparición forzada.

“No podemos dejar que la policía sea el árbitro que juzgue que alguien muera o desaparezca”, dijo Beatriz Affonso, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que litigó en el caso.

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