Denuncian en Washington la violencia policial registrada en el estado de Goiás
11/11/14 14:24POR MILLI LEGRAIN, DE WASHINGTON
Desde el año 2000, en el estado de Goiás, en el Centro-Oeste de Brasil, se han registrado 43 desapariciones forzadas, todas cometidas por agentes del Estado.
Ninguno de los cuerpos ha sido encontrado y todos los casos han quedado impunes. Fue de esta manera que comenzó la audiencia pública sobre violencia policial que tuvo lugar el viernes 31 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, capital de Estados Unidos.
Ante esta reconocida institución internacional, el diputado estatal Mauro Rubem (PT), junto con los defensores públicos federales Bruno Arruda y Adriano Souza Carneiro y con el abogado Allan Hahnemann Ferreira de la asociación Cerrado Asesoramiento Jurídico Popular, denunciaron que en 42 de los 43 casos los perpetradores eran agentes de la policía militar.
Muchos de los desaparecidos tenían antecedentes penales. Así, el Estado lo justifica como parte de su estrategia de “combate a la criminalidad violenta”.
Los peticionarios destacan el caso del niño Murilo Soares, de 12 años, quién, en abril de 2005, estaba en un auto con el ayudante de obra Paulo Sergio Pereira Rodrigues, cuando fueron abordados por policías militares (tropa de élite ROTAM) y llevados a un lugar desconocido.
El automóvil fue encontrado quemado al día siguiente y hasta hoy se desconoce el paradero de ambas víctimas. “Este caso es el único que se había investigado y acaba de ser archivado”, lamenta Hahnemann.
Es más, estos asesinatos se realizan en el marco de intimidación y amenazas. Así, los peticionarios denunciaron que en 2011 el diario local “O Popular” fue amenazado tras la publicación de una serie de reportajes titulado “¿Dónde están?”, que denunciaba que los desaparecidos en democracia superan a los de la dictadura en Goiás.
El año pasado, el diputado Rubem también recibió amenazas por su labor relacionada con estas investigaciones, dijo Hahnemann, en una entrevista exclusiva con esta cronista.
Otra irregularidad que se denunció durante la audiencia fue la contratación sin concurso público de policías militares voluntarios bajo la ley estatal 17.882, que termina por afectar la calidad de la seguridad pública.
Conocidos como los policiales de “calça curta” o de “pantalones cortos”, ejercen sin la preparación adecuada y con una alta rotación. La inconstitucionalidad de esta ley está siendo actualmente considerada por la Corte Suprema de Brasil, tras una acción interpuesta por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot.
Pero el excesivo uso de la fuerza por parte del orden público no es exclusivo de Goiás. Según un estudio publicado este lunes (10) por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, entre 2009 y 2013, un promedio de seis personas murieron por día a raíz de la violencia policial en Brasil.
Sólo en Río de Janeiro, en el primer trimestre de 2014, hubo 153 “autos de resistencia”, o muertes a manos de la policía. De hecho, junto con los estados de Mato Grosso, São Paulo y Santa Catarina, Río es el único estado que divulga estas cifras.
Pero expertos en derechos humanos concuerdan en que la figura de “auto de resistencia” sirve para maquillar las cifras de ejecuciones por parte de la policía, basándose automáticamente en el supuesto de que hubo una resistencia o un enfrentamiento entre la policía y el civil.
Así, según una resolución del gobierno de Brasil de diciembre de 2012, el término de “auto de resistencia” ya no debería existir. Efectivamente, muchas de las muertes a manos de policías son en realidad ejecuciones y no muertes como resultado de un enfrentamiento.
Mientras tanto, en 2011, el gobierno de Goiás decretó la creación de una Comisión de Defensa de la Ciudadanía, integrada por agentes policiales, miembros del Ministerio Público, del Poder Legislativo y de la sociedad civil.
Dicha comisión, presidida por el diputado Rubem, emitió un informe detallado llamado Inseguridad Pública en Goiás: Anacronismo y Caos, en agosto de 2012, en donde ya registraba 36 desapariciones. Siete más han sido notificadas desde entonces.
Brasil ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Ahora, tras largos debates en el Congreso, queda por ver si Brasil optará por tipificar el crimen de desaparición forzada, algo que, según indica el defensor público Adrian Souza “es esencial para este proceso”.
Pero el debate es complejo, y no todos están de acuerdo sobre sus implicancias.