Iba yo una soleada tarde del pasado mes de marzo paseando por la “pacificada” favela Rocinha con mi amigo y fotógrafo Chema Llanos. Nos metimos por un callejón y nos encontramos con una amable mujer algo mayor para subir sola la compra por las empinadas escaleras que llevaban a su casa. Conversábamos tranquilamente y esperábamos a que tomara aire para ayudarle a subir las bolsas cuando apareció un chaval de unos veinte años con los ojos rojos y en bermudas, sin camiseta, y nos apuntó con una pistola.

La mujer apenas se inmutó: “No os preocupéis, este es del barrio”, nos decía. “Déjalos, que son gringos”, le pedía muy tranquilamente al joven, que seguía apuntándonos visiblemente enfadado y, en su nube de marihuana, respondía gritando: “¡Gringos no son, que lleva la misma camiseta que un P2 (policía secreto)!”. “¡Levántate la camiseta y pásame la mochila!”. Cuando vio que en la bolsa había una cámara de fotos y no un arma, como esperaba, y empezó a percibir claramente nuestro acento extranjero, le cambió la cara. “Aaaah, gringos, ¡bienvendidos!, os podéis quedar un rato aquí si queréis, buen rollo”, nos dijo sonriente y ya con la pistola abajo. Casi nos hicimos amigos.

Llevo poco más de dos años en Brasil y la violencia nunca me ha golpeado hasta hacerme daño en mis propias carnes. Al contrario, siempre digo que el brasileño es un tipo pacífico al que con contacto físico, una sonrisa y una disculpa es más fácil de tranquilizar que a un inglés o a un español malhumorado. Pero la violencia, aún cuando no estalla, se huele, está al acecho, y por eso un episodio como la batalla campal del pasado domingo en el estadio del Atlético Paranaense no es precisamente el que más me sorprende, por mucho que alarme y escandalice al mundo entero.

Una batalla campal entre hinchadas dejó cuatro heridos el domingo pasado. Fotografía: Geraldo Bubniak- Fotoarena/Folhapress

Por una parte, me parece necesario aprovechar la atención mediática que atrae un país como Brasil por el hecho de estar camino al Mundial para que se conozcan los entresijos de su sociedad, las bondades de su cultura y también las injusticias que se cometen. Por otra, me irrita y me parece injusto que toda aquella violencia que sea más próxima al torneo tenga una repercusión mayor debido a que tiene relación con el fútbol o a que el afectado es un turista o un tipo de clase alta.

“Podrías ser tú”, parece que se le dice al lector burgués e internacional. Mientras tanto, la mayoría de las miles de personas que mueren cada año asesinadas (50.108 durante el año 2012 según el Anuario Estadístico de Fórum Brasileño de Seguridad Pública) serán siempre anónimas. Y algunas también son víctimas directas de la policía. Los agentes mataron unas cinco personas por día en 2013, según un adelanto del diario “O Globo” de la versión actualizada del mismo informe, todavía no publicado.

Es estremecedoramente fácil conocer de cerca estas historias. Hace ahora un año, tuve la ocasión de visitar la casa y conocer a la familia de Matheus, un niño que tenía ocho años cuando fue alcanzado por una bala de un policía militar en la nuca al salir de su casa de la favela de Maré en Río de Janeiro para comprar algo de desayuno. La marca de la bala sigue aún en la puerta metálica mientras sus hermanos juguetean delante de ella.

La relación entre los episodios del pasado domingo y el contexto de violencia en el país no es mía. Usando estadísticas como estas, Fernando Graziani se preguntaba en su blog de la revista “Carta Capital“: “¿Impactado con la violencia en los estadios? ¿En qué país te crees que vives?”. Y calculaba: “Con esos datos, es fácil hacer una cuenta. Durante los noventa minutos de un partido de fútbol (…) mueren asesinadas en Brasil entre ocho o nueve personas”. Y añadía un dato que me parece relevante y que no se encuentra tan intensamente arraigado en el debate social como el de los homicidios: murieron en Brasil 50.000 personas en las carreteras en 2012. Los informes de la Unión Europea dicen que ese mismo año fallecieron 28.000 sumando todos los países miembros, sobre una población unos 500 millones de personas, más del doble que en Brasil.

La violencia en el fútbol preocupa con vistas al Mundial 2014. Fotografía: Heuler Andrey- Agif/Folhapress

En un país donde los homicidios tienen lugar predominantemente en sitios marginales y donde un negro tiene muchas más probabilidades de ser asesinado, así pues, un visitante durante la Copa o alguien de clase alta seguramente tenga más peligro a bordo de un autobús en Río de Janeiro. Sí, esa forma de conducir es una de las cosas que más llama la atención a quienes visitan la ciudad y sí, eso también es violencia, aunque reconozco haberme reído muchas veces por la emoción de verme a bordo de una atracción de feria.

La semana pasada, volviendo a casa a primera hora de la mañana, tuve que recorrer a pie una carretera cortada porque el autobús que pasó por allí unos minutos antes del que yo ocupaba había chocado con otro que venía en sentido contrario. Alrededor de una decena de heridos leves sangraban y lloraban impotentes en el costado de la carretera sin que hubiera llegado una ambulancia pese a que habían pasado unos diez minutos desde el accidente. Me mosqueó mucho más de lo que me sorprendió. ¿Qué esperáis?, me preguntaba después de haber experimentado centenares de veces conducciones temerarias, cuando no suicidas.

Hace unos días al volver de fiesta, de nuevo de la Rocinha, me enteré de que en esa misma favela, donde también fue torturado y asesinado el obrero Amarildo de Souza, en julio pasado, hubo un tiroteo mientras yo me divertía, aunque no lo escuché. Otro día, caminando por la favela Vidigal, me encontré con un fusil de la policía apuntándome a la altura de la cara. No a mí intencionadamente, sino que al girar una esquina el agente estaba en esa posición de asalto. Sus compañeros me aseguraron que eso era normal, rutinario. En otro episodio más divertido, un camarero tuvo que apartar con sumo cuidado y pidiendo permiso los enormes fusiles de dos policias que, apoyados sobre una silla, le impedían pasar entre dos mesas.

El obrero Amarildo de Souza fue torturado y desapareció de la favela Rocinha en julio pasado. Fotografía: Marcelo Sayão/Efe

Hablan los números, pero hablan también, en mi caso, vivencias propias y cercanas: Brasil es el país del fútbol, sí, y el de la samba. Y es sumamente acogedor, pero también es el país de la violencia. O al menos uno de ellos. Y si eso es una preocupación para mí, que soy -como la mayoría de los que vendrán al Mundial- un hombre occidental, blanco y heterosexual, y por tanto no pertenezco a ninguna de las minorías históricamente maltratadas en este país y en el mundo, imaginen cómo es para aquellos que viven en la cara B de la vida.

Y si son las minorías y los marginales quienes más peligran, no es difícil concluir que la mejor arma contra la violencia social es erradicar la desigualdad e invertir de manera inteligente y apasionada en educación, si bien hay que reconocerle al gobierno actual su creciente esfuerzo en esta área.

Así que cuando me preguntan si necesitaba Brasil ser sede de este Mundial, replico con otra pregunta: ¿Ayudará a reducir la desigualdad? ¿A que se construyan más escuelas u hospitales? No tengo una respuesta exacta a estas preguntas. Es más exacta la cifra de 8.000 millones de reales (unos 3.400 millones de dólares actuales) gastados hasta ahora en trece estadios , muchos de los cuales caerán en desuso -o casi- después del torneo.

Amarildo de Souza, un obrero de 43 años que vivía en un callejón de una favela de Rio de Janeiro ya es un antes y un después en la historia de violencia policial que aún se escribe en Brasil todos los días.

Este señor vivía en una casa miserable en la Rocinha, una de las mayores comunidades de Rio de Janeiro, donde oficialmente viven 70.000 vecinos. Cuando digo miserable me refiero a una imagen en concreto: la taza del váter pegada al fogón de la cocina. 

La tarde del 14 de julio cuando Amarildo volvía de pescar, le abordaron varios agentes de la UPP para interrogarle. 

Amarildo, han concluido las investigaciones, no estaba involucrado en el tráfico de la favela –que sí, aún existe– pero conocía bien quién actuaba en los alrededores de su casa donde vivía con su mujer y sus seis hijos. 

Nunca más se le volvió a ver.

La mujer de Amarildo, Elisabeth Gomes da Siva. BBC

Gracias al eco de las manifestaciones de junio,  su caso se convirtió en un símbolo de la violencia policial. A la denuncia de la familia se unieron asociaciones que hace años visibilizan la desaparición indiscriminada de brasileños, como la ONG Rio de Paz. Según el Instituto de Seguridad Pública, desde 2007, han desaparecido 35.000 personas en Brasil. Ahí es nada.

La Policía Civil comenzó una investigación que ha concluido esta semana: Amarildo murió por causa de la sesión de tortura con descargas eléctricas y métodos de asfixia que sufrió en uno de los containers de la UPP. Dado que no hay cuerpo sorprende la determinación del informe de la Policía Civil en el que acusa a 10 policías de la unidad, incluyendo al MayorEdson Santos, responsable de la corporación que ya había sido destituido tras el escándalo.

Consultada, la Policía no ha detallado cómo ha llegado a esa conclusión, pero los 180 folios con los relatos sobre la práctica habitual de tortura, la coincidencia de que las dos únicas cámaras, de 84, que podrían haber grabado la trayectoria de Amarildo estuviesen apagadas o las intentonas de los agentes de relacionar la desaparición de Amarildo con líos del narcotráfico, ya están en manos de la Fiscalía. 

Los agentes pueden enfrentarse a 30 años de cárcel por tortura seguida de muerte y ocultación de cadáver. 

La mujer de Amarildo en una de las protestas para denunciar su desaparición. Daniel Marenco/Folhapress

Cuando digo que Amarildo marca un antes y un después es porque, por fin, un crimen contra alguien que, en circunstancias normales, nunca tendría voz, se ha convertido en un fuerte grito de denuncia que todos hemos escuchado. Familias como la de Amarildo hay a montones en este país. 

La sociedad ya no calla y, aunque hay muchos que siguen mirando para otro lado, cualquier policía se pensará la próxima vez si le conviene acatar una orden ilegal. Si tiene sentido seguir ignorando el valor de las leyes y, peor, de los Derechos Humanos que el Estado debe proteger. 

En noviembre de 2011 comenzó el llamado proceso de pacificación de esa favela con el que se desbancaba a los traficantes para sustituirlos por agentes de la Unidad Pacificadora. Policías igual de armados que los narcos, pero que, en teoría, estaban preparados para lidiar con los conflictos del día a día del barrio y, digamos, con unas prácticas menos agresivas que las habituales del BOPE, el cuerpo de élite de la Policía Militar. Para quien no la haya visto todavía, la película Tropa de Élite refleja bien como funcionan las cosas en las favelas. 

Esto es la teoría. En la práctica, aunque el tráfico de drogas ha disminuido considerablemente, ha habido un aumento relevante de las denuncias contra el hostigamiento policial y desapariciones sumarias de los moradores. 

Como cuenta Natalia Fabeni, en su post sobre “La cara y la cruz de la paz en las favelas”, un informe de TV Folha concluyó que hay denuncias contra los uniformados en 25 de las 33 UPPs de Rio de Janeiro. Eso representa un 76% de ellas. 

Me permito un último apunte, lejos del caso Amarildo, pero que no está demás recordar. El pasado lunes, durante la protesta de los profesores públicos en Rio de Janeiro, la policía se llevó esposado a un adolescente mientras todos sus amigos increpaban a los agentes por la injusticia. 

El diario “O Globo” publicó después el vídeo de la escena en el que se ve como uno de los policías coloca un explosivo bajo los pies del joven mientras le registraban. La Policía Militar primero lo negó pero, ante la evidencia de las imágenes, ha dicho que ha abierto una investigación. Hoy en día me recreo con tan solo dos alternativas:  o la policía abandona sus prácticas discutibles y deja de violar las leyes o ya puede ir inventando la fórmula mágica para que todo el país vuelva a cerrar los ojos. Y la boca.

En la favela Santa Marta, ubicada en el barrio de Botafogo, en la zona sur de Río de Janeiro, de los tiros entre bandas de narcotraficantes que alguna vez atemorizaron a su población solo quedan unas cuantas marcas en una de las paredes de lo que hoy es el cuartel de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP).

Esa época de balas perdidas, miedo y violencia descarnada quedó atrás en diciembre de 2008, hace poco menos de cinco años, cuando la primera UPP de Río se instaló en lo alto del morro Dona Marta, en lo que era una de las comunidades más violentas de la ciudad.

Ahora, ese tiempo en el que el Comando Vermelho (CV) manejaba el tráfico de drogas en la favela y peleaba esa plaza con balas de fusil se encuentra en el libro “Abusado”, del periodista Caco Barcellos, quien retrató la realidad escalofriante del tráfico en la favela a principios de la década de 2000, a cargo de Marcinho VP, líder del Comando Vermelho.

En una de las paredes externas de lo que hoy es la UPP de Santa Marta aún pueden verse las marcas de disparos de otra época. Natalia Fabeni

Según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP), después de la instalación de la UPP en Santa Marta, una comunidad de aproximadamente 6.000 habitantes, los homicidios se redujeron a cero. En 2007, antes de la pacificación, se habían registrado dos asesinatos.

“Desde que se instaló la UPP, en diciembre de 2008, nunca más se disparó un tiro en esta comunidad”, me cuenta con orgullo el capitán Márcio de Almeida Rocha, que trabaja en la favela desde 2011. No sólo los datos estadísticos ni los más de 120 policías de la UPP hablan de la drástica reducción de la criminalidad, sino que también los habitantes de la favela lo reconocen. “Acá nunca más se escuchó un disparo”, me comenta Paulo Lopes, de 45 años, dueño de un puesto que vende remeras, almohadones y souvenirs frente a la estatua de Michael Jackson, en la explanada homónima, bautizada en honor al fallecido rey del pop que filmó en Santa Marta, en 1996, el videoclip “They Don’t Care About Us.

Hoy, la “Laje de Michael Jackson” es uno de los platos fuertes de la visita a la favela y se cuentan a cientos los turistas que se sacaron fotos con la estatua. Los paseos guiados a cargo de los habitantes de Santa Marta son una de las principales fuentes de ingreso que tiene la comunidad.

Lopes vive en la favela desde hace 30 años y me dice que no hay punto de comparación entre lo que era antes y lo que es ahora: “Hoy ya no vivo con miedo, mis hijos pueden ir y venir solos, si compro algo en la ciudad ya nadie se niega a traerlo hasta acá arriba. Aunque falta mucho por hacer, las cosas cambiaron en Santa Marta”.

Cuando habla de “cosas por hacer”, Lopes se refiere a la infraestructura de la favela. La construcción de muchas de las casas es muy precaria, hay cloacas a cielo abierto, pilas de basura acumulada y cuando llueve los habitantes tiemblan. No sólo por la estructura de las casas, sino también porque el único medio de transporte del morro, el plano inclinado, deja de funcionar. Son más de 200 escalones los que separan la base de la cima.

El espacio dedicado a Mickael Jackson. Paula Giolito/Folhapress

Me mezclo entre madres y niños que van a la escuela y bajo hasta el pie del morro en el plano inclinado. La vista desde lo alto es impactante: el Cristo Redentor, el Pão de Açucar y Botafogo. Abajo, en la Praça Cantão y sus alrededores, el movimiento de los comercios y de la gente es constante. Jaqueline, de 33 años, aprovecha para visitar amigas en el único día libre que tiene en la semana. Nació y creció en Santa Marta, junto a cinco hermanos y decenas de primos, y hoy trabaja en el Palacio Laranjeiras, residencia oficial del gobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral. Pero no es lo único que hace: gana unos reales extra los sábados trabajando en un geriátrico. Me cuenta que ese dinero lo guarda en una latita, que está escondida en su casa, y que sueña con viajar, con conocer la playa del Noreste.

“No quiero hacer otra cosa, no me importa mudarme, nunca pensé en irme de la favela, acá nací, acá está la gente que quiero, nunca dejaría este lugar”, me explica mientras arregla su cabello en un rodete. Le pregunto cómo era la vida en Santa Marta antes de la UPP. Me responde una cosa que luego voy a escucharla una y otra vez en boca de varios habitantes de la favela: “Si no te metés con las personas que no tenés que meterte, no pasa nada. Cada uno en su rincón, aunque todos nos conocemos”.

Principal medio de tansporte de Santa Marta. Natalia Fabeni

Reconoce, al igual que muchos otros habitantes, que con la llegada de la UPP las cosas cambiaron, pero remarca que todavía hay mucho por hacer y que no todas las favelas “abrazaron” a la policía tal como lo hizo Santa Marta. “Me acuerdo que mi mamá no nos dejaba estar en la calle y hoy los más chicos juegan tranquilos. Mi vida era del colegio a casa y de casa al colegio. ¿Tiros? Todo el día y por todas partes, pero desde que está la UPP nunca más hubo uno”, describe. Como trabaja en el Palacio Laranjeiras, le pregunto por Cabral, blanco de las protestas de los últimos meses enRío de Janeiro. “Si es corrupto tiene que ir preso. Si la gente cree que puede estar mejor y por eso sale a la calle, creo que es justo, lo que no entiendo son los destrozos que generan en la ciudad. Si supieran todo lo que cuesta arreglar lo que destruyen…”, reflexiona.

Mientras camina, Jaqueline se para frente a una peluquería y saluda a Felipe Miranda, que tiene 21 años, y que ese día estrena nuevo oficio: cortar el cabello de hombres y mujeres. Hizo un curso de seis meses y ayuda en el negocio del que es dueña su tía. Para Felipe vivir en Santa Marta es ahora más tranquilo, y cuenta que al principio la convivencia entre los habitantes de la favela y la policía no era fácil, porque había recelo y desconfianza. “Había que acostumbrarse, no éramos nosotros los que teníamos que ganarnos la confianza de ellos, sino ellos de nosotros. Hoy estamos todos más tranquilos, pero es bastante malo cuando no nos dejan hacer fiestas o poner música alta”, se queja. Ese es precisamente el punto de roce más fuerte entre la policía y la gente.

El capitán Rocha me lo explica de la siguiente manera: “Tratamos de evitar esas situaciones en donde haya mucho alcohol, porque es un momento de debilidad, en donde alguno puede salir a buscar droga o alguien puede aprovechar para venderla”. Por eso a los bares y a todo lo que pasa alrededor de ellos los miran con mil ojos, porque el tráfico en Santa Marta todavía existe, aunque en cantidades mucho menores y ya no viene acompañado de crímenes violentos. Por ejemplo, a lo largo de 2012, según datos del ISP hubo 18 incautaciones de drogas. “La gente disfruta de vivir tranquila, por eso, si ve algo extraño o alguien que levante sospechas enseguida lo reporta, así nos ayudan a cuidarlos, porque nadie quiere volver a esos años en donde no se podía ni caminar por el morro”, desliza el policía.

Vista del barrio de Botafogo desde Santa Marta, en la zona sur de Rio de Janeiro. Natalia Fabeni

El otro lado de la pacificación 

El año pasado, cuando se cumplieron cuatro años de la pacificación en Santa Marta, el Secretario de Seguridad Pública de Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, dijo que quizás por haber sido la primera favela en Rio en recibir una UPP, fue la que tuvo más éxito en su implantación.

Los mismos habitantes de la favela reconocen que lo que pasa en Santa Marta es diferente de lo que sucede en las otras 33 UPPs instaladas en Río desde 2008 hasta esta fecha, en particular en Rocinha, Mangueira o Alemão. “Tengo familia y amigos en Rocinha y sé que allá no es igual que acá, los policías se aprovechan de las chicas más lindas y eso crea bronca dentro de la comunidad”, dice Jennie mientras sube las escaleras del morro para llegar a su casa.

A principios de este mes, la TV Folha emitió un informe acerca de cómo, tras cinco años de la pacificación, se logró una reducción significativa del tráfico de drogas, aunque las denuncias contra policías por el hostigamiento y desaparición de personas fue en aumento.

A partir de testimonios de los habitantes de las favelas y de documentación de la Policía Civil y Militar, el informe concluyó en que hay denuncias contra el desempeño de los uniformados en 25 de las 33 UPPs de Rio de Janeiro, lo que representa un 76% de ellas.

El día a día en Santa Marta. Natalia Fabeni

Además, aunque el número de homicidios cayó un 68%, los datos estadísticos del ISP muestran que hubo un aumento en el número de desaparecidos en las primeras 18 comunidades que recibieron UPPs entre 2008 y 2012, que albergan una población de casi 211.000 personas, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y el Instituto Pereira Passos (IPP).

Por ejemplo, las desapariciones saltaron de 23 a 133, lo que significa un aumento del 56%.

Una de las más mediáticas, que dio la vuelta al mundo y aún hoy es motivo de protestas fue la desaparición del ayudante de albañil Amarildo de Souza, visto por última vez entrando a un patrullero de la UPP en Rocinha, una de las favelas más grandes de Rio, para ser interrogado. A dos meses de que a Amarildo se lo haya tragado la tierra, su esposa e hijos siguen reclamando justicia y una explicación acerca de su paradero. La mancha que significó en la UPPRocinha la desaparición de Amarildo forzó el cambió en su plana mayor: el coronel Edson Santos fue reemplazado por la mayor Pricilla de Oliveira Azevedo, que ya había comandado la UPP de SantaMarta.

Otro caso emblemático que puso de manifiesto que el tráfico continúa y que los barones de la droga (el Comando Vermelho, principalmente) aún ostentan una porción grande de poder es el deJoséJunior, fundador de la ONG AfroReggae, quien hoy vive amenazado de muerte y que por repetidas intimidaciones de los traficantes tuvo que paralizar decenas de actividades culturales que desde hace más de 10 años desarrollaba en el Complexo do Alemão, una de las favelas más peligrosas de Rio, pacificada desde 2012.

En una reciente entrevista con la revista Trip, Junior dijo que “la UPP, la pacificación fue la mejor cosa que le pasó a Rio de Janeiro en los últimos tiempos” y que, pese a la situación en la que se encuentra, lo que pasó con él demuestra el “debilitamiento del tráfico”, porque, si los narcos estuvieran fuertes, “ya hubiese muerto”. Pese a los errores y a reconocer ciertas críticas, Junior apoya a las UPPs.

“Quien quiere el bien para Rio de Janeiro tiene que querer que ciertas políticas avancen, y la de la pacificación es una de ellas”, afirmó.