Te drogas. Cada mañana. Cada día. Varias veces. Le introduces a tu cuerpo sustancias tóxicas y cancerígenas. El Estado lo permite y tu lo toleras. Te lo venden en todos lados, está ahí, al alcance de la mano. Es más, hasta pagas por ello. Es parte de nuestro cotidiano, nos ayuda a poder terminar una jornada laboral y nos hace poder trabajar sin sueño, sin dolor de cabeza. Nos  ayuda a socializar y a desinhibirnos.

Somos una sociedad viciada y drogadicta; y muchas de las drogas que utilizamos diariamente son legales y están socialmente aceptadas.

Según datos del Ministerio de Salud de Brasil, 40.692 personas fallecieron entre 2006 y 2010 por el uso de drogas. De ese total, 34.573 (84,9%) murieron por abuso de alcohol y 4625 (11,3%), del cigarrillo, dos sustancias que son lícitas y que se comercializan de forma legal.

Ahora, si hablamos de fumarse un  cigarrillo de marihuana, las cosas cambian radicalmente.

El proyecto del diputado Jean Wyllys, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), de descriminalizar la portación de marihuana para uso personal y el libre cultivo está generando un necesario debate en un país en el que la  guerra contra las drogas se carga vidas inocentes.

Debajo de un cuadro con la frase “Ahlan-Wa-Sahlan”, que significa “bienvenido” en árabe, dos jóvenes musulmanes se entretienen chateando con sus teléfonos móviles.

Se trata de una imagen cotidiana que podría parecer la de cualquier locutorio de una ciudad europea, o de Medio Oriente, si no fuese porque ambos jóvenes son refugiados sirios y el lugar en el que se encuentran es una parroquia católica de Río de Janeiro. 

Hace cinco meses, Ahmad Hamada, de 30 años, y su amigo Mohamed Al-Saleh, un palestino nacido en Siria, de 22 años, dejaron el campo de refugiados de Yarmuk, en Siria, un lugar ubicado a pocos kilómetros del palacio del presidente Bashar Al-Assad, donde 12.000 personas se mueren de hambre y enfermedades.

Los dos jóvenes lograron abandonar el campo de refugiados a bordo del coche de unos contrabandistas y por 3000 dólares consiguieron atravesar la frontera del Líbano y embarcar rumbo a Estambul, Turquía.

“Salir del infierno de Yarmuk ya fue una bendición, sin embargo, fue en Turquía donde las cosas se complicaron. En Estambul hay auténticas redes mafiosas que pueden conseguirte un pasaporte falso en menos de 15 días por 350 dólares”, explica Mohamed, quien se niega a dar más detalles sobre los pasaportes falsos que obtuvieron en Turquía o contar cómo hicieron para embarcar en un vuelo hacia Roma, aunque reconoce que, en total, gastaron  5000 dólares para llegar a Europa.

Con un esforzado aunque entendible inglés, Ahmad resume con ayuda de gestos los abusos que los carabinieri italianos les infligieron tras ser detenidos y trasladados a  una comisaría de Roma por portar documentos falsos.

“Ocho policías italianos nos golpearon como a animales y nos dijeron que nos odiaban, jamás pude imaginar tanto racismo en un país tan próximo al nuestro”.

Por suerte para ambos, las autoridades italianas no pudieron retener sus pasaportes sirios, gracias a los cuales, y tras gastar un total de 9000 dólares, consiguieron llegar a Brasil.

Desde que a fines de 2013 el Ministerio de Justicia de Brasil creó una normativa específica para facilitar la concesión de visados a refugiados sirios a través del Comité Nacional de Refugiados (Conare), el gigante sudamericano se ha convertido en el país con más refugiados sirios de América Latina.

En total, 2077 ciudadanos sirios han encontrado a más 10.000 kilómetros de Siria su tierra prometida o al menos un lugar en el que tienen la posibilidad de volver a empezar. 

De hecho, Brasil acoge a más  refugiados sirios que Estados Unidos (1243) o los países europeos del Mediterráneo, como España (1335), Grecia (1275), Italia (1005) o Portugal, que únicamente alberga a 15 refugiados de esta nacionalidad.

Tanto es así que en el discurso del Día de la Independencia de Brasil, el pasado 7 de septiembre, la presidenta Dilma Rousseff declaró que “a pesar de las dificultades que atraviesa el país, Brasil tiene los brazos abiertos para acoger a los refugiados”.

Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Como reconoce el párroco de la parroquia de São João da Lagoa, Álex Coelho Sampaio, donde se encuentran albergados Ahmad y Mohamed, “el gobierno de Brasil ha hecho una gran labor acogiendo a los refugiados sirios, pero una vez que les coloca el sello en el visado se desentiende completamente de sus necesidades más básicas”.

Desde hace 14 meses, y gracias al apoyo de Cáritas y la archidiócesis de Río de Janeiro, su modesta parroquia proporciona alojamiento, comida, tratamiento sanitario y clases de portugués a 16 refugiados, nueve de ellos de  nacionalidad siria.

“Como habéis visto en la entrada, a pesar de ser un templo católico, los musulmanes son recibidos con todo el apoyo que merece un ser humano que ha sufrido”, dice.

Gracias al apoyo de sus feligreses, este párroco ha conseguido convertirse en la única casa de acogida para refugiados en Río de Janeiro.

No obstante, el padre Coelho sabe que la mayoría de los sirios no permanecerá en Brasil después de los tres meses de asistencia gratuita que la Iglesia les concede.

“Para ellos, Europa es la única solución. Cuando salgan de aquí, la mayoría viajará a la ciudad de Fortaleza, desde donde salen vuelos hacia Turquía con escala en Berlín, y será entonces cuando intenten quedarse en Alemania”, comenta.

Ahmad y Mohamed lo tienen claro, Dinamarca o Suecia son su verdadera meta. En cuanto reúnan el dinero suficiente, vendiendo comida árabe en las calles de Río de Janeiro, comprarán sus billetes de avión.

Aunque se resistan a reconocerlo, es muy posible que recurran a los “coyotes”, la mafia que opera en las fronteras de Brasil ayudando a cruzar a ilegales bolivianos o haitianos y que, además, se dedica a suministrar pasaportes falsos a traficantes de armas y drogas a un módico precio.

Como bien decía Mohamed, el infierno de los refugiados muchas veces comienza en cuanto ponen un pie fuera de su país.

Faltan apenas 300 días para el inicio de los ansiados Juegos Olímpicos de Río 2016 y las autoridades de la ciudad más fotogénica de Brasil, al igual que ya lo hicieron en el Mundial de 2014, ultiman sus preparativos en materia de seguridad.

Y es que, a pesar de que Río de Janeiro no se encuentra entre las ciudades más peligrosas de Brasil, su tasa de homicidios es de 28,3  por cada 100.000 habitantes, es decir, casi tres veces más alta a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El narcotráfico y su dominio de grandes áreas de la ciudad suponen el gran problema de Río y el foco de la mayor parte de la violencia.

A pesar de los esfuerzos de José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, de instaurar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los suburbios de la ciudad, lo cierto es que los territorios históricos del narcotráfico, como la favela Rocinha y el Complexo do Alemão, continúan controlados en gran medida por comandos de narcotraficantes. 

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Marino Beltrame, durante una visita al morro do Vidigal. Fotografía: Maíra Coelho – 15.nov.2011/Agência O Dia.

El enquistamiento de la violencia en estos lugares ha provocado que el discurso de crear una “policía de proximidad”, y con ello reconstruir la confianza entre los habitantes de los suburbios y los agentes de la Policía Militar (PM), haya desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Beltrame firmó la resolución 901 que autoriza el uso de pasamontañas para ocultar los rostros de los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acciones con Perros (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque durante sus operaciones policiales. 

En pocas palabras, en la futura sede olímpica se vuelve así a garantizar, después de 20 años de prohibición, el anonimato de sus agentes al permitir que sus rostros puedan ser cubiertos durante las a menudo sangrientas operaciones que se realizan en las favelas.

Una medida incomprensible teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de la PM de la ciudad y el reconocimiento, el pasado 31 de agosto, de la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esa misma policía ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, el 16% de los homicidios ocurridos en  Río de Janeiro entre 2010 y 2013 se produjeron a manos de los agentes de la PM, es decir, 1275 fallecidos de los que el 99,5% eran hombres, el 79% era de raza negra y el 75% tenía entre 15 y 29 años.

Vinicius y Tom, las mascotas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fotografía: Celso Pupo /Fotoarena/Fotoarena/Folhapress.

De hecho, el nivel de violencia practicado por la PM en la futura sede olímpica dejó dos  muertos por día en la última década con un total de 8466 personas fallecidas desde 2005. 

Por si fuera poco, de los 220 casos de homicidio cometidos por policías en 2011, el 80% continúa sin haber sido esclarecido en 2015, mientras que solamente 1 de las denuncias llegó a ser aceptada por el Ministerio Público.

Se trata de unas cifras escalofriantes que dan testimonio del nivel de impunidad al que están acostumbrados los agentes de seguridad cada vez que aprietan el gatillo.

En declaraciones a este cronista, Viviane Ribeiro, editora del diario comunitario “Jornal Alemão Notícias” y vecina del Complexo do Alemão, explicó que la vuelta de los pasamontañas se relacionaría directamente con una maniobra de intimidación de las autoridades de la ciudad de cara a las Olimpíadas del próximo año. 

En su opinión, los pasamontañas son para los habitantes de las favelas “símbolos del exterminio” y de “la muerte deliberada sin autor ni castigo”, y acusó al gobierno del estado de Río de Janeiro de actuar con el único interés de “mostrar al mundo y al turista que venga en 2016 que todo es perfecto mientras que la policía actúa contra los derechos de los ciudadanos más pobres a sangre y fuego”.

Habitantes del Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, protestan por la muerte de un niño de 10 años a manos de la Policía Militar. Fotografía: Fabio Brisolla/Folhapress.

No obstante, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, considerado uno de los grandes especialistas en la ciudad en materia de seguridad y en el programa de las UPP, relativizó la posible relación entre la medida y la proximidad de los Juegos Olímpicos. 

“No creo que la medida guarde relación alguna con la proximidad de un evento de estas características, es más, creo que la medida no tendría ningún tipo de efecto disuasorio en caso de ser aplicada”, aclaró el español, quien calificó de “innecesaria” la medida al no existir antecedentes de amenaza terrorista en Brasil, aunque observó con preocupación  la ausencia de distintivos en los uniformes de la PM que permitan la identificación de los agentes.

Sea una provocación, una medida de precaución o simplemente un mensaje de que la “mano dura” estará de vuelta en Río 2016, lo cierto es que la evidente falta de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en una ciudad que se dispone a celebrar los  Juegos Olímpicos, resulta preocupante.

Solamente el tiempo dirá si, al igual que ocurrió en 1995, las autoridades de Río acabarán por darse cuenta de que tapar el rostro de sus agentes de policía no es la mejor manera de promover la convivencia en una ciudad dividida en dos mitades que, al día de hoy, continúan irreconciliables.

Que toda gran ciudad tiene un tránsito denso y caótico, no es una novedad. Pero imaginen tener que cruzar en bicicleta una urbe en hora pico: ese sí que es un  verdadero desafío.

Da la impresión de que en Río de Janeiro las personas miran más la carretera que la señalización del semáforo. Y que en lugar de respetar las jerarquías de los peatones y vehículos, las invierten. El más grande y de mayor volumen tiene preferencia sobre el más pequeño e inofensivo.

Una gran urbe es un infierno en hora pico y un peligro cuando las calles están semivacías. Los vehículos transitan a velocidades que de largo pasan lo permitido por unas placas que prácticamente nadie respeta, dejando muy poco espacio para el imprevisto o el error.

Definitivamente el peatón es el peor parado, seguido de las bicicletas.

Este es el panorama con el que cualquier ciclista se encuentra cuando se dispone a pedalear, bien para desplazarse por trabajo o por el placer de disfrutar de este medio alternativo de locomoción.

Más allá de las dificultades, la ciudad y algunos de sus habitantes quieren que Río sea amigable con las bicicletas.

Los 374 kilómetros de ciclovía construidos y la previsión de la finalización de 43,6 kilómetros en obras más los 186,5 kilómetros proyectados, sumado a las bicicletas naranjas gratuitas que el banco Itaú dispone por toda la ciudad, son señales inequívocas de una voluntad por parte del gobierno y de la empresa privada.

Bike Rio Café es un negocio ideado por tres hermanos y abierto hace cinco meses en el centro de Río. Al entrar, uno se encuentra con un garaje para dejar estacionada la bici.

En el primer piso están las duchas y un bonito café con una cuidada decoración inspirada en las dos ruedas. Los precios del Bike Rio Café se adaptan a todos los bolsillos y van desde los 4 reales (1,14 dólares) hasta los 150 reales por mes (unos 43 dólares), dependiendo del plan que contrate cada cliente.  

Un lugar para los aficionados a las bicicletas en Río: el Bike Rio Café. Fotografía: Abel Navarro.

Frederico, de 51 años, mostró el local y explicó la idea: “Hay capacidad para unas 40 o 50 bicicletas, aquí ofrecemos un lugar seguro donde dejarlas y duchas para poder ir a trabajar”.

Acerca  del lucro del negocio comentó que tienen clientes, pero que necesitan más e indicó que falta “seguridad y una estructura básica” para las personas que pedalean en Río.

“La ciclovía es inconexa y solo para la zona sur. Necesitamos una educación vial y una inversión por parte del poder público. Por ejemplo, los conductores de autobús y los taxistas no saben que tienen que respetar al ciclista y dejar 1,5 metros al adelantarlo”, puntualizó Frederico.

Los ciudadanos responden con un aumento en el uso de la bicicleta, al mismo tiempo que otros lo dificultan. En lo que va  del año, la ciudad de São Paulo contó más muertes de ciclistas por accidentes de tránsito que en todo 2014, pese  a que hubo un aumento de las ciclovías, de hasta los 265,5 kilómetros.

Los datos de 2014 no fueron mejores que los de 2013, año en el que las muertes de ciclistas aumentaron  un 34%. Aunque esta cifra viene disminuyendo desde 2010, al mismo tiempo que el número de ciclistas aumenta.

Por lo que se puede deducir que hoy es más seguro que hace cinco años circular en bici por una gran ciudad como São Paulo.

El alcalde de São Paulo, Fernando Haddad, inauguró la ciclovía ubicada debajo del Minhocão a comienzos de agosto. Fotografía: Danilo Verpa/Folhapress.

Estas iniciativas de convertir las ciudades en lugares de convivencia y circulación de diferentes tipos de vehículos no tienen una ideología política concreta.

En São Paulo, la polémica que suscitaron las ciclovías rojas por ser del color con el que se identifica el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) fue ridícula.

Tal vez los movimientos ecológicos estén más involucrados con este tipo de iniciativas, pero como muestran gran cantidad de ciudades de todo el mundo, la implantación de la bicicleta como medio de transporte carece de un mentor ideológico definido.

Jonathan Pereira es un estudiante de 23 años, nacido en Río de Janeiro, y contó cómo es su día a día con una bicicleta como vehículo.

“Andar en bicicleta es un acto político, me da la libertad que quiero, porque puedo ir a todos lados”, dijo.

“Uno siempre  tiene miedo, en particular cuando escucho  un motor grande detrás, ya sufrí alguna caída y tengo amigos que sufrieron accidentes más graves”, indicó Jonathan.

Por último, opinó que las ciclovías  “están bien para la gente que quiere disfrutar de la bicicleta con sus hijos, pero para moverse por la ciudad no sirven, porque no están conectadas”. Para finalizar, dijo que  en Brasil “hay que acabar con la imposición del coche”.

El problema de la seguridad vial en Brasil tiene una laboriosa solución que pasa por la educación vial por parte del gobierno y una publicidad de calidad en todos los medios posibles, en la que se alerte del peligro de las infracciones de tránsito.

Las leyes deben endurecerse, con multas a la altura de la infracción cometida y del peligro causado, porque no son los kilómetros de ciclovía construidos los que nos van a ayudar a circular mejor y más seguros, sino  la calidad de estas ciclovías y el respeto entre los habitantes. 

“La calle es de todos”, dice el cartel de la bicicleta de Jonathan Pereira. Fotografía: Abel Navarro.

Es acertado fijarse en ciudades como Copenhague, que está por alcanzar el hito de que el 50% de su población circule en bicicleta, pero a medio y corto plazo Brasil deberá mirar al vecino: la ciudad de Buenos Aires ocupa el puesto 14 en el ranking mundial de ciudades amigas de las bicicletas y es la primera colocada del continente americano.

El uso de la bicicleta no debe estar restringido al fin de semana cuando cortan las calles, ni tampoco limitarse a pequeños y estrechos espacios.

No debería ser un estilo de vida adoptado por una minoría, ni tiene que relacionarse con la adrenalina de pasar entre coches y transitar en medio de un tránsito enfurecido.

Tampoco debería ser un acto heroico llegar a casa sin un rasguño, ni pedalear debería estar limitado solo a las zonas más ricas de la ciudad.

La bicicleta tiene que ser una opción para todos porque, a fin de cuentas, la capacidad de elegir es lo que nos otorga libertad.

A los indicadores de la economía que se deterioran a cada día y las interminables noticias sobre la corrupción, se le unen sucesos que, a pesar de pasar inadvertidos por la gran mayoría de la población, son trágicamente representativos de la situación de un país que soñó con el cielo y terminó perdiéndose en el camino hacia las alturas.

Es la historia de Christiano Pereira Tavares, al que todos en la favela carioca de “Manguinhos” conocían como “Lulinha”.

En 2008, cuando apenas tenía 8 años, la imagen de portada del diario “Extra” en la que Christiano nadaba sonriente en las aguas de una alcantarilla de su favela causó gran conmoción en todo Brasil y, en especial, en el entonces presidente Lula da Silva.

Inmediatamente, Lula decidió ayudar a la familia de “Lulinha” proporcionando un empleo y una vivienda social a su madre, a la vez que prometió una piscina a todos los habitantes de esa comunidad.

Una promesa que fue cumplida y  que en su ceremonia de apertura tuvo como protagonista a un pletórico “companheiro Christiano”. Un mote con el cual el ex presidente solía llamar al menor.

En las fotos de aquel momento triunfal para Brasil no faltó una sonriente Dilma Rousseff, que por aquel entonces ya se perfilaba como el brazo derecho de Lula en su papel de ministra de la Casa Civil. Junto a ella, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, y el alcalde, Eduardo Paes, completaban la puesta en escena.

El niño que disfrutaba en las aguas podridas de una de las comunidades más castigadas por el narcotráfico y la miseria de Río de Janeiro había conseguido su sueño de una vida mejor para él y los suyos.

La promesa de un Brasil de ensueño parecía cumplirse e, incluso, la imagen de “Lulinha” fue escogida para acompañar el ambicioso Plan de Aceleración de Crecimiento(PAC) de la ministra Rousseff.

El pasado 3 de julio, “Lulinha” falleció como consecuencia de una sobredosis en un centro de salud de Río de Janeiro que, irónicamente, se encontraba decorado con una imagen suya, sonriente. Una imagen de otra época, cuando nadie hubiera podido imaginar que aquel niño rescatado de la miseria acabaría abandonando la escuela en 2013 y entrando en el mundo de las drogas.

Un mundo que desde pequeño había visto, oído y sentido de mano de los traficantes en las calles de Manguinhos. Uno que, para el pequeño Christiano, resultaba mucho más cercano que los flashes de las cámaras y los apretones de manos con hombres de traje y corbata, aquel día en que unos políticos se acercaron a su comunidad por primera vez fuera de un año electoral. Ese día que parecía el comienzo de algo nuevo.

“Lamento la muerte de Christiano. Que la familia encuentre consuelo en este momento de dolor. Mis sentimientos acompañan a los familiares y a la comunidad de Manguinhos”, escribió Rousseff en la noche de este jueves (23).

Un gesto casi maternal de una presidenta que ve cómo el castillo de arena construido por el Partido de los Trabajadores (PT), desde su llegada al poder 2003, se va desmoronando frente a ella, mientras intenta sostenerlo con sus manos.

Como la arena pasando entre sus dedos, la esperanza de los brasileños en su gobierno se pierde para no volver. La última encuesta de la Confederación Nacional de Transportes (CNT) reveló que la aprobación de la presidenta es de apenas un 7,7% y que el rechazo se sitúa en torno al 78%, un nivel incluso inferior al del ex presidente Fernando Collor de Mello antes de haber sido sometido a un juicio político, en 1992. Un fantasma que parece estar aguardando en la oscuridad a la propia Rousseff.

Después de haber sacado de la pobreza a casi 40 millones de brasileños, de prometerles sueños de igualdad, libertad y oportunidades, el PT  y la presidenta han tocado fondo.

La trágica muerte de “Lulinha” es la expresión más gráfica del país que pudo haber sido y que la corrupción, la avaricia y la incompetencia de muchos echaron por tierra. La historia de “Lulinha” es, en definitiva, la eterna historia de Brasil.

Un país joven que tiene todo para triunfar y que acaba rindiéndose ante los problemas de la desigualdad, las drogas, la falta de oportunidades y el propio peso de su historia.

Quien sabe si en la intimidad del Palacio de Planalto, Rousseff, anoche, derramó una lágrima en honor a Christiano y, de paso, por el país que ha dejado de creer en los sueños.

En Brasil hay una manía,  y es que siempre hay una televisión encendida. Cada bar tiene, al menos, uno o dos televisores, que se mantienen prendidos todo el día, sin importar si alguien los está mirando o no.

Sin embargo, hay dos programas que siempre consiguen captar la atención del público y son “Cidade Alerta” y “Brasil Urgente”, de las cadenas televisivas Record y TV Bandeirantes, respectivamente.

Mientras los brasileños se toman una “gelada”(cerveza), observan en tiempo real persecuciones policiales, operaciones del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), tiroteos y, de vez en cuando, ejecuciones de los llamados “bandidos”.

Todo narrado con el ritmo de una partido de fútbol, en el que el presentador ejerce de juez y comentarista al mismo tiempo.

El pasado martes 23 de junio, ambos programas captaron, a través de sus helicópteros, una persecución que concluyó con un final demasiado indigesto hasta para el más fanático del programa.

En la imagen, se ve a un policía disparando a quemarropa contra dos menores que habían robado una moto. Fotografía: Reprodução.

Dos menores de 16 y 17 años escapaban a toda velocidad de una patrulla de la Policía Militar en una motocicleta robada por  las avenidas del barrio Jardím São Luís, en el sur de São Paulo.

Durante varios minutos, el hábil piloto, en su cruzada por lograr escapar del policía,  puso en peligro la vida de todo aquel que se cruzaba en su camino. Sin embargo, al encarar una recta, ambos jóvenes fueron alcanzados por el agente, a lo que el  copiloto reaccionó arrojándole su casco.

En ese momento, el cabo disparó su arma e hirió a ambos delincuentes  en las piernas. Unos metros más adelante, el motociclista perdió el control y la moto cayó junto a la pared de una casa, aprisionando a ambos menores que quedaron tendidos en el suelo.

Acto seguido, el policía detuvo su motocicleta junto a ellos y, antes de bajarse, ocurrió lo que nadie esperaba: disparó en dos ocasiones su arma sobre los menores rendidos y malheridos.

Todo tuvo lugar en directo y fue transmitido con lujo de detalles, porque las cámaras de los helicópteros de ambos programas registraron la acción desde dos ángulos distintos. Los fogonazos del revólver calibre 38 disparado en plena noche delataron al agente, quien con toda tranquilidad desarmó a uno de ellos y lo detuvo.

Eufóricos, los conductores Marcelo Rezende y José Luiz Datena saborearon el momento, sabiendo que los índices de audiencia estarían alcanzando el punto más alto: un policía acaba de disparar a quemarropa contra dos  menores, con millones de brasileños como  testigos.

El conductor del programa “Brasil Urgente”, José Luiz Datena. Fotografía: Divulgação.

La Secretaria de Seguridad Pública (SSP), anticipándose a la polémica, actuó de inmediato y el cabo, que fue identificado con el nombre de “De Souza”,  fue detenido de manera provisional, mientras que los jóvenes fueron internados en un hospital de Jardim São Luís.

Sin embargo, tan solo 24 horas después del episodio, el cabo fue liberado y retomó su trabajo, aunque provisionalmente, en el área administrativa de la Policía Militar de São Paulo.

“Quería felicitarte públicamente por una actuación excelente”, dijo el Coronel Telhada, diputado del estado de São Paulo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que gobierna esa región, en un video publicado en Facebook al día siguiente del hecho. “Hacen falta hombres así en la Policía Militar”, indicó.

El populismo se solapaba con el sensacionalismo. Si bien programas de este tipo banalizan la violencia hasta niveles extremos, el oportunismo del PSDB, partido que apoyó en el Congreso Nacional la aprobación de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) 171/1993 para reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, se hacía patente una vez más.

Pero no todo fueron felicitaciones para el agente. El secretario de la SSP, Alexandre de Moraes, advirtió: “Daremos el derecho de defensa al agente, pero por las imágenes hay una clara constatación de una seria irregularidad por parte del policía, ya que individuos rendidos al dominio del agente acaban recibiendo disparos”.

Si la acción del agente merece su expulsión del cuerpo de policía, una pena de cárcel o cualquier otro castigo, eso deberá decidirlo la Justicia, pero lo que realmente impacta del caso es la cotidianidad de la violencia de la policía contra los delincuentes.

El discurso del “mejor bandido es el bandido muerto” continúa muy vivo en la consciencia colectiva de los brasileños.

Marcelo Rezende, conductor de “Cidade Alerta”. Fotografía: Edu Moraes/Divulgação Record.

Según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2012, al menos 1890 personas murieron a manos de la policía en Brasil, mientras que en Estados Unidos, país con un 30% más de habitantes, ese número fue de  410.

Con 53.646 muertes totales por año, es decir, seis asesinatos por hora, el problema de la violencia en este país es tan mayúsculo y cotidiano que, a veces, parece que sus habitantes han perdido todo respeto por la vida ajena.

La televisión y la mayoría de los periódicos del país lo saben y sacan provecho de ello. Los políticos tampoco se quedan atrás y, azuzando el debate, pronto alcanzaron el 87% de apoyo ciudadano a la reducción de la edad penal, un proyecto condenado por la ONU, que fue rechazado por la Cámara de Diputados, por una estrecha diferencia de cinco votos.

Llegado este punto, no se puede dejar pasar la interesantísima entrevista del Secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, con la revista “Época”.

“En Brasil, estamos retrocediendo. Le quito los fusiles a la policía, me critican por querer desarmar a los bomberos y una gran parte de la población continúa queriendo armarse”, explicó el responsable del programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro.

Uno se pregunta cómo, si hasta uno de los mayores responsables por la seguridad en el país reconoce el fracaso de la “mano dura”, la ciudadanía está cada vez más convencida de que más armas, más cárcel y más severidad solucionarán el problema.

José Mariano Beltrame visita el Morro do Vidigal, en Río de Janeiro. Fotografía: Maíra Coelho / Ag. O Dia.

“Follow the money”, suele decirse en las películas de detectives a la hora de encontrarle una explicación a algo que aparentemente no la tiene. Solo apuntaré un dato: Brasil es el 4º mayor fabricante de armas ligeras del mundo, con 17,6 millones de ellas en circulación y albega a la mayor fábrica de pistolas del mundo: Taurus.

El próximo paso de la “bancada de la bala” y del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) será la aprobación del proyecto de ley 3722/2012 para permitir la portación de armas y acabar con el Estatuto del Desarme.

Con un mercado de más de 200 millones de brasileños y con 15 de las 50 ciudades más peligrosas del planeta en el país, el negocio está asegurado. Teniendo en cuenta que tanto Taurus como la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC) financiaron la campaña de algunos diputados del PMDB, el círculo se completa.

En Brasil, la paranoia por la seguridad, alimentada por el sensacionalismo de los medios de comunicación, y la violencia planificada, garantizada a través de la “mano dura” de la Policía Militar, parecen ser las dos caras de un mismo negocio.

DE RÍO DE JANEIRO

La noche del 26 de septiembre de 2014, Ernesto Guerrero viajaba hacia Iguala con otros 56 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, en México. Iban a recaudar en las calles el dinero que les permitiría desplazarse hasta Ciudad de México para asistir a la marcha nacional en memoria de la matanza de octubre de 1968, en la que murieron más de 300 estudiantes y obreros.

La llegada de los normalistas a Iguala no gustó a Ángeles Piñeda, esposa del alcalde y tesorera del cártel Guerreros Unidos, que en ese momento preparaba el primer mitin de su candidatura a regidora (concejala). De repente comenzaron los disparos contra el autobús.

Un policía se acercó a Ernesto, le apuntó a la cara y le dijo “vete o te mato”. Lo último que vio fue a sus compañeros vivos tendidos boca abajo sobre el asfalto, rodeados de policías y sicarios, que en el estado de Guerrero y otras zonas de México operan bajo el mismo mando.

Ernesto se libró porque no cabía nadie más en las camionetas. Otros 13 estudiantes lograron huir hacia la selva y 43 siguen con paradero desconocido.

El 2 de abril pasado, Eduardo Jesús Ferreira no tuvo tanta suerte como Ernesto. Su historia terminó en el Complejo del Alemán, el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro. Tenía 10 años y estaba sentado frente a su casa cuando un policía militar le disparó a la cabeza. Fue la cuarta víctima menor de edad del día en esa zona y pasó a engrosar la media brasileña de cinco muertos diarios a manos de la policía.

Este trágico suceso despertó cierto revuelo en Brasil, un país en el que las desapariciones y los asesinatos a manos de la policía son el pan de cada día, como en México. Presionadas por la prensa, las autoridades brasileñas investigaron y concluyeron que se trató de un cruce de tiros. Los vecinos y familiares que presenciaron los hechos afirman que ese día no hubo ningún tiroteo en la zona.

Ilustración de Lorca Segarra. 

Además de defender a los culpables en ambos casos, las autoridades de México y Brasil reprimieron con dureza a quienes se manifestaron contra la impunidad policial y la violencia de Estado. Organizaciones sin fines de lucro como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, periodistas independientes y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportan cifras a esta realidad: cada 11 minutos desaparece una persona en Brasil, mientras que en México sucede lo mismo cada 84 minutos.

Los presidentes de ambos países, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, no hicieron ni un solo comentario sobre el drama de las desapariciones y los asesinatos a manos del Estado en Brasil y México durante el encuentro que celebraron el 26 de mayo. “Brasil y México (…) no podían vivir alejados el uno del otro”, dijo Rousseff al finalizar el encuentro en alusión a la lluvia de acuerdos económicos que se avecinan.

Y en materia de Derechos Humanos, ¿están alejados Brasil y México? La distancia que mencionó Rousseff no la ha roto ningún gobierno, sino la Caravana 43, creada con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y formada por familiares de los estudiantes desaparecidos y un superviviente.

Esta semana están en Río de Janeiro, último destino de una travesía por América Latina que incluyó varias paradas en Argentina, Uruguay y otras ciudades de Brasil.

Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos llegaron para contar de primera mano lo sucedido, libres de las distorsionadas versiones oficiales, y para “tejer lazos de solidaridad con la sociedad civil y las luchas de abajo”, según explica M.R., una activista mexicana que pide el anonimato por miedo a represalias.

“Se llevaron a nuestros hijos, y con ellos nuestro miedo”, afirma incansable Mario Contreras, padre de César, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

“Antes incluso de que la Caravana comenzase, el apoyo ya fue muy fuerte”, explica M.A., responsable de comunicación de la Caravana 43 RJ, quien añade que “hoy las actividades serán aquí en la Maré, en un ambiente militarizado y de Unidades de Policía Pacificadora que hace evidente lo parecidos que son México y Brasil en cuanto al nivel de violencia”.

La solidaridad de los brasileños se traduce en los aplausos que interrumpen una y otra vez el relato de los padres. “Aquí el Estado también culpa al narcotráfico para justificar todas las masacres que ellos mismos cometen”, exclama un residente de la Maré.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos e integrantes de la Caravana se reúnen con movimientos sociales en Rio de Janeiro. Fotografía: Pilar Pedraza

La Caravana 43 llega hasta la favela Pinheiros para conocer a Irone Santiago, madre de Víctor, un joven que fue atacado por el ejército cuando volvía de jugar a fútbol. Irone comprende perfectamente la angustia de ser ninguneada y despreciada por las mismas autoridades que condenaron a su hijo a estar postrado en la cama de por vida.

La indignación se apodera de la casa y concluyen que su lucha es más visible cuando están juntos.

Dicen los padres de los desaparecidos que seguirán luchando hasta que les devuelvan a sus hijos.

No dejarán de denunciar que, tras lo sucedido aquella noche de septiembre, el gobierno mexicano tardó ocho días en dar una respuesta; que la investigación oficial señaló que los estudiantes habían sido incinerados, pero forenses independientes de Austria y Argentina comprobaron que solo había un normalista entre los cadáveres encontrados; que varios periodistas demostraron que la policía y el ejército rastrearon a los estudiantes justo antes de que partieran hacia Iguala; que el ejército agredió y negó asistencia médica a varios estudiantes que logaron huir; que el gobernador de Guerrero ofreció grandes sumas a los familiares a cambio de su silencio, y que está probado que el fiscal general de México y el presidente Peña Nieto sabían desde 2013 acerca de los vínculos oscuros del gobierno de Iguala, pero no hicieron nada.

Las autoridades de México informaron en abril que hay 25.398 desaparecidos en el país. Brasil solo ofrece el número de denuncias por desaparición: en torno a 250.000 al año.

“Ahora lo importante es la acción, ser creativos y reaccionar ante esta bestia… Los movimientos sociales se están dando cuenta de que luchamos contra la misma bestia”, concluye M.R.

]]> 0 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/03/03/mare-mas-cerca-de-la-pesadilla-que-del-sueno-olimpico/ http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/03/03/mare-mas-cerca-de-la-pesadilla-que-del-sueno-olimpico/#respond Tue, 03 Mar 2015 14:33:14 +0000 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/?p=1345 Continue lendo →]]> POR EDU SOTOS, DE RÍO DE JANEIRO

Hace exactamente 11 meses, los miles de hombres de la Fuerza de Pacificación de la Policía Militar de Río de Janeiro, apoyados por medios aéreos y terrestres del Ejército de Brasil, ocuparon  las 16 favelas que conforman del Complexo da Maré, en la zona norte de Río.

El despliegue fue aparatoso y no les hizo falta disparar un solo tiro. Satisfechos, el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, y el por entonces gobernador, Sergio Cabral, calificaron la operación como un éxito y auguraron que pronto se instalarían allí las correspondientes Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

Pero la realidad es que la operación no fue un éxito, tampoco hubo UPPs, ni nada que se le parezca. Los disparos de los fusiles 762 del Ejército brasileño, que por aquel entonces no pudieron ser recogidos por las varias docenas de reporteros que acompañaron la ocupación, han ido desangrando poco a poco la vida de los 130.000 habitantes del Complexo da Maré.

El pasado 12 de febrero, una furgoneta con cinco jóvenes que regresaban de una fiesta fue masacrada por disparos de los militares en la favela Salsa e Merengue. Uno de ellos perdió su pierna. Tan solo una semana después, un obrero fue abatido tras ser “confundido con  un traficante”, como declararon los militares, mientras trabajaba en una reparación en la Vila do João.

Policías intentan contener una protesta cerca del Complexo da Maré, en Río de Janeiro. Fotografía: Mauricio Fidalgo/Reuters.

Menos de 24 horas después, otra “combi” repleta de viajeros que hacían la línea Maré- Bonsucesso fue ametrallada en la Vila do Pinheiro. ¿El motivo? El conductor no tenía licencia para  transportar personas  y quiso saltarse un control del Ejército.

Indignados, hartos por tantos heridos y muertes absurdas, unos 300 habitantes de la Maré quisieron exponer su malestar con una protesta pacífica el pasado 23 de febrero. Nuevamente, la policía y los militares desconfiaron de los manifestantes y decidieron disolver la incómoda protesta por la fuerza. Dos menores murieron y tres personas resultaron heridas.

Sus muertes apenas causaron conmoción en la prensa local, que aquellos días andaba pendiente de la visita del Comité Olímpico Internacional (COI) a las instalaciones de los futuros Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Los centenares de habitantes del Complexo da Maré  que escapaban de los gases lacrimógenos y de las balas de la Policía Militar  aquella noche, probablemente no lo sabían, pero su destino había sido decidido entre sonrisas y apretones de mano unas horas antes.

El secretario del Ministerio de Deportes, Ricardo Leyser, anunciaba aquel día que el gobierno federal usará las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad en Río 2016.

En la práctica, la decisión supuso que los 2700 militares que cada día supervisan la vida de los habitantes de la Maré, amplíen su presencia en la zona por otros 18 meses. A un coste de 593.000 dólares por día, los contribuyentes brasileños pagarán  319 millones de dólares para que sus vecinos de la zona norte vivan en un contexto más propio de Irak o de Palestina.

Soldados refuerzan la seguridad en el Complexo da Maré después de un día de un inteso intercambio de disparos entre traficantes locales. Fotografía: Alex Ribeiro/Folhapress.

Los blindados y la artillería pesada se han convertido en parte del paisaje de las 16 favelas de la Maré, cuyo único pecado es haber sido construidas entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim y el centro de la “cidade maravilhosa”.

Un lugar estratégico que una valla de tres metros de altura, situada alrededor de los 10 kilómetros cuadrados que ocupa, no ha sido capaz de esconder de la mirada de los turistas que pasan por la Linha Vermelha camino de las playas de postal de la zona sur.

Puede que el yugo de las tres facciones de narcotraficantes (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) que allí se daban cita, y que todavía mantienen su influencia a pesar de la ocupación, debía ser erradicado.

Pero casi un año después la ocupación militar se ha revelado como un fracaso, denunciado además por innumerables asociaciones de Derechos Humanos.

Así lo hizo Amnistía Internacional a través de un comunicado oficial en el que afirmó que  las Fuerzas Armadas “no poseen el entrenamiento adecuado” o las habilidades de “diálogo con organizaciones de la sociedad civil o poblaciones de las favelas”.

Además, la respetada organización expuso que “la lucha contra el narcotráfico no puede llevar a una criminalización de la comunidad, especialmente de los más jóvenes”. Unos argumentos a los que los dirigentes del COI no han querido prestar atención.

Un hombre posa frente a un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas, durante la ocupación del Complexo da Maré, en abril de 2013. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Es la triste realidad de los miles de cariocas que no cuentan con un lugar dentro de los ambiciosos planes de Río 2016.

Empujados a los márgenes de la ciudad e ignorados durante décadas por los gobiernos locales, viven la opresión de una ocupación militar con el pretexto de protegerles de un yugo, el del narcotráfico, al que esos mismos gobiernos dejaron hacerse amos y señores de aquellos que poco importaban.

Faltan 18 meses para el mayor evento deportivo jamás vivido en Río de Janeiro y nada ni nadie deberá arruinar la fiesta. Los intereses puestos en un espectáculo que le ha costado a la ciudad 13.000 millones de dólares valen más que los derechos de unos cuantos “favelados”.

Al igual que ocurrió en 2013 durante la Copa de las Confederaciones o en 2014 durante el Mundial, el Ejército brasileño se sumará a la fiesta del silencio, la de las manifestaciones pacíficas disueltas a golpes, gases lacrimógenos y disparos de los que matan.

Pero en la Maré no se resignan a vivir oprimidos por el silencio. Es imposible saberlo, pero es posible que la próxima “primavera brasileña” comience entre la mayoría silenciosa que todavía no ha alzado su voz en Río de Janeiro.

Seguramente no descubrirán nada nuevo si les digo que internet está saturada de imágenes espeluznantes. Desde atracos, tiroteos o torturas, hasta  decapitaciones de periodistas por señores con acento “raro” que parecen ser el nuevo “trending topic” de las redes sociales. Imágenes de pesadilla con comentarios que muchas veces solo aportan más miseria a un acto de barbarie.

Dentro de esta maraña de información, coexisten caóticamente las opiniones de personajes anónimos en Twitter o Facebook, los blogs de personas ligadas, o no, a la profesión del periodismo y las grandes páginas web de los medios de comunicación tradicionales que intentan abrirse paso en medio de este territorio sin ley.

En muchas ocasiones, el único límite a lo que en estos espacios se publica es la propia moral del autor o la línea editorial de la publicación, algo que “per se” tampoco es ninguna garantía.

Por si la labor de informar no fuera lo suficientemente difícil, tratar el problema del narcotráfico en Brasil desde un punto de vista “insider”, y sin salirse del guión, es poco menos que una misión imposible.

Solamente este problema causó, directa o indirectamente, cerca de la mitad de los 56.336 asesinatos que se registraron el año pasado en el país según el Mapa de la Violencia 2014 . Una cifra de proporciones bélicas que los candidatos a la presidencia de Brasil apenas han mencionado durante toda la campaña electoral.

Es aquí, en el ambiguo margen entre periodismo y “fofoca” (chisme, cotilleo, en portugués), donde páginas como “Paz no Rio – A cidade vista com outros olhos” (“Paz en Río- La ciudad vista con otros ojos”) lanzan una mirada poco convencional y muchas veces en el límite mismo del buen gusto.

“Soy un ciudadano común interesado en las facciones criminales de Río de Janeiro”, afirma desde el otro lado del chat de Facebook su creador, que prefirió mantener su identidad en el anonimato. Con más de 19.000 likes en seis meses, la página se ha convertido en un referente de todo lo que ocurre en los rincones más olvidados de la “cidade maravilhosa”.

Este carioca que confiesa no tener formación periodística, pero que se reivindica como medio de información independiente, ya estuvo por detrás del proyecto “Tráfico do Rio”, censurado por presentar un contenido de apología al narcotráfico aunque para el autor eso “jamás ocurrió”.

Traficantes de la facción Amigo dos Amigos, que dominan el morro de la Pedreira, en la zona norte de Río, ostentan en las redes sociales su poderío bélico. Fotografía: Divulgación/Policía Civil.

“Paz no Rio no anda con rodeos, no está del lado de los criminales ni del gobierno. En la página solo se publican verdades, le duela a quien duela, como debería de ser siempre”, afirma.

Como él mismo admite, las informaciones publicadas en su nuevo proyecto ya le han causado más de un problema .

“Días atrás publiqué el vídeo de un joven que entró en una comunidad recién invadida por la facción Amigos de los Amigos (ADA) pensando que todavía estaba bajo control del Comando Vermelho (CV). Fue capturado por los rivales que le golpearon, acuchillaron y según las informaciones, asesinado y descuartizado. El vídeo tuvo récord de likes y comentarios”, cuenta el internauta.

Para él, las imágenes “son muy fuertes” pero “la realidad necesita ser mostrada aunque corte la respiración ver aquello”. Finalmente, debido a las críticas recibidas por exponer un asesinato, con el agravante de haber sido filmado por uno de sus ejecutores, optó por eliminarlo.

“Después de unos días decidí retirarlo para evitar problemas. No es la primera vez que soy censurado”, reconoce sin querer señalar quién censuró su publicación.

Al igual que otras publicaciones, como el blog “Crimes News”, que cuenta con una estructura similar y cuyas informaciones muchas veces se solapan, los vídeos mostrados no contienen ningún tipo de censura y son enviados por los propios traficantes o sus allegados.

Los comentarios de la página son una clara muestra de ello. Muchos afirman ser habitantes de las comunidades en las que ocurren las atrocidades y aportan detalles de lo más macabro con total tranquilidad.

“Nunca recibí ningún tipo de amenaza. Hago mi trabajo tranquilo y con la conciencia limpia. Sin ningún temor”, insiste. Llegado  este punto, es cuando los profesionales de la información debemos plantearnos dónde está el límite.

Lucas Jorge Silva de Araujo, de 18 años, conocido como Shrek, subió fotos a una red social portando armamento pesado; luego fue detenido por la Policía Militar. Fotografía: Reproducción/TV Globo.

Si bien la página expone contenidos que deberían ser censurados, e incluso condenados: en el caso anterior, se trata de  la prueba de un crimen filmada por el asesino -o al menos por uno de ellos- que aún no ha sido juzgado, por lo que debería estar fuera del aire y siendo investigado por la policía, no es menos cierto que la labor de personas desinteresadas a través de estos medios poco ortodoxos resulta valiosa incluso para la propia policía.

El autor de “Paz no Rio” señala: “Los grandes medios hacen una cobertura superficial del tema. Los traficantes que llenan las páginas policiales no son nada más que un grano de arena en el desierto”.

A riesgo de convertirse en auténticos escaparates de las excentricidades del narcotráfico, estas webs continúan registrando récords de visitas. Admirados y temidos al mismo tiempo, muchos traficantes alardean de sus crímenes con total impunidad , sabiendo que las imágenes llegarán a más personas.

Con traficantes como “Menor P”, “Peixe” o “Playboy”, por el que ya se ofrecen 20.000 reales de recompensa, al ranking de “celebrities” de estas páginas no les faltará materia prima. A golpe de “likes” y comentarios, la fama de estos personajes crece aunque también lo hace el conocimiento sobre sus atrocidades.

La verdad “pura y dura”, que el autor de “Paz no Rio” dice comunicar, es una auténtica arma de doble filo si no se le administran los correspondientes filtros.

En el escaparate del “todo vale” de internet, la opinión, la información y la fantasía muchas veces son una misma cosa. Esa es precisamente la labor del periodismo, el criterio a la hora de informar por encima de las buenas intenciones o los intereses personales.

Gabriel Bayarri es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF). En una serie de textos quincenales, abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Río, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia en las comunidades.

***

Era la década de 1960 cuando en Estados Unidos el surgimiento de reivindicaciones de derechos civiles de los homosexuales, de grupos minoritarios, demandas de corte racial y la oposición a la Guerra de Vietnam provocaron la emergencia de una oposición al carácter represivo  de la policía ante grupos excluidos.

En el interior de los guetos, criminalizados todos ellos por ser grupos “desviados” respecto de los patrones considerados “normales”, se engendró entonces el inicio de una “policía comunitaria”, más implicada con todos los grupos sociales, interactiva y preventiva de los conflictos.

El modelo de la “policía comunitaria” americana se exportó internacionalmente y Brasil trató de adaptarlo a su realidad local. Los programas anteriores a las actuales Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), que datan de 2007, fueron el Grupo de Aplicación Práctico Escolar (GAPE), en 1990, y los Grupos de Policía en Áreas Especiales (GPAEs), en 1999, completamente nuevos para la Policía Militar brasileña y que no tuvieron continuidad.   

Entre sus características, el modelo de policía comunitaria se fundamenta en el principio de la prevención de conflictos para mantener la “harmonía”, el orden social, creyendo que el desorden urbano perjudica la integración de la comunidad en los espacios públicos locales.

Un grupo de la Policía Militar conversa en la UPP de la favela Rocinha, en Río de Janeiro. Fotografía: Rony Maltz/Folhapress.

En este modelo de seguridad, todos los vecinos de las favelas “pacificadas” se transforman en potenciales criminales y todo pequeño delito es potencialmente un atentado contra la calidad de vida, pues engendra un posible surgimiento del desorden.

No existe en esta cultura de control y prevención del crimen la figura del “ex criminal”. Una vez cometido el crimen se establece una frontera a través del estigma, que detecta al criminal provocador del desorden, en la que no se considera la reinserción entre los miembros “normales” de la comunidad, sino que el estigma caracteriza deliberadamente a los pequeños carteristas, que el modelo de prevención del desorden convierte en potenciales asesinos o ladrones de bancos, posicionándolos como el origen-raíz de las carencias en las favelas.  

No existe el crimen sin víctima, por lo que se formaliza la idea de la “víctima colectiva”, así como la barrera entre “nosotros” (los inocentes) y “ellos” (los peligrosos). Lo que viene a admitir este sistema clasificatorio es que el desvío ante el comportamiento normalizado impide al estigmatizado convertirse en un auténtico ciudadano.

Ante la prevención del desorden, la lógica de la Policía Militar entiende a los criminales como sujetos racionales capaces de tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento de las leyes, que saben de las consecuencias de sus actos y que tienen otra serie de conocimientos teóricamente asimilados, que otorgan al criminal capacidad de elección en sus actos.

Esta lógica, empleada por la corporación militar, presupone que el niño adicto al pegamento lo es por elección personal, que el guardia de la “boca de fumo” lo es por elección personal, que el contrabando de fusiles de fabricación extranjera es una elección personal, así como la prostitución.

Vista desde la UPP de la favela Complexo do Alemão, en Río. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Por lo tanto, por haber “elegido mal” merecen una punición fundamentada en argumentos y valores moralistas, pero que no presupone en la base de su arquitectura la construcción de un sistema de garantías sociales.

Cabe destacar que el modelo de la policía comunitaria, aplicado en la política de seguridad de Río de Janeiro, ha sido criticado por la estrategia implícita de control social que en él se visualiza. La construcción del orden público potencia el control de la vida local. 

Sin defender el desorden como modelo organizativo en las favelas cariocas, cabe reflexionar sobre las consecuencias que se obtienen a través de estas técnicas de imposición de un orden que se basa en normas morales concretas y en la criminalización como modelo de prevención del desorden. 

Un vecindario compuesto por personas previsibles, que atraviesan el morro en fila ordenada, que piden permiso para realizar cualquier clase de evento, que no están paradas sin hacer nada, que cumplen patrones estéticos característicos del “asfalto”: éste sería el modelo deseado de prevención del desorden por la organización militar.