Faltan apenas 300 días para el inicio de los ansiados Juegos Olímpicos de Río 2016 y las autoridades de la ciudad más fotogénica de Brasil, al igual que ya lo hicieron en el Mundial de 2014, ultiman sus preparativos en materia de seguridad.

Y es que, a pesar de que Río de Janeiro no se encuentra entre las ciudades más peligrosas de Brasil, su tasa de homicidios es de 28,3  por cada 100.000 habitantes, es decir, casi tres veces más alta a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El narcotráfico y su dominio de grandes áreas de la ciudad suponen el gran problema de Río y el foco de la mayor parte de la violencia.

A pesar de los esfuerzos de José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, de instaurar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los suburbios de la ciudad, lo cierto es que los territorios históricos del narcotráfico, como la favela Rocinha y el Complexo do Alemão, continúan controlados en gran medida por comandos de narcotraficantes. 

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Marino Beltrame, durante una visita al morro do Vidigal. Fotografía: Maíra Coelho – 15.nov.2011/Agência O Dia.

El enquistamiento de la violencia en estos lugares ha provocado que el discurso de crear una “policía de proximidad”, y con ello reconstruir la confianza entre los habitantes de los suburbios y los agentes de la Policía Militar (PM), haya desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Beltrame firmó la resolución 901 que autoriza el uso de pasamontañas para ocultar los rostros de los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acciones con Perros (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque durante sus operaciones policiales. 

En pocas palabras, en la futura sede olímpica se vuelve así a garantizar, después de 20 años de prohibición, el anonimato de sus agentes al permitir que sus rostros puedan ser cubiertos durante las a menudo sangrientas operaciones que se realizan en las favelas.

Una medida incomprensible teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de la PM de la ciudad y el reconocimiento, el pasado 31 de agosto, de la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esa misma policía ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, el 16% de los homicidios ocurridos en  Río de Janeiro entre 2010 y 2013 se produjeron a manos de los agentes de la PM, es decir, 1275 fallecidos de los que el 99,5% eran hombres, el 79% era de raza negra y el 75% tenía entre 15 y 29 años.

Vinicius y Tom, las mascotas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fotografía: Celso Pupo /Fotoarena/Fotoarena/Folhapress.

De hecho, el nivel de violencia practicado por la PM en la futura sede olímpica dejó dos  muertos por día en la última década con un total de 8466 personas fallecidas desde 2005. 

Por si fuera poco, de los 220 casos de homicidio cometidos por policías en 2011, el 80% continúa sin haber sido esclarecido en 2015, mientras que solamente 1 de las denuncias llegó a ser aceptada por el Ministerio Público.

Se trata de unas cifras escalofriantes que dan testimonio del nivel de impunidad al que están acostumbrados los agentes de seguridad cada vez que aprietan el gatillo.

En declaraciones a este cronista, Viviane Ribeiro, editora del diario comunitario “Jornal Alemão Notícias” y vecina del Complexo do Alemão, explicó que la vuelta de los pasamontañas se relacionaría directamente con una maniobra de intimidación de las autoridades de la ciudad de cara a las Olimpíadas del próximo año. 

En su opinión, los pasamontañas son para los habitantes de las favelas “símbolos del exterminio” y de “la muerte deliberada sin autor ni castigo”, y acusó al gobierno del estado de Río de Janeiro de actuar con el único interés de “mostrar al mundo y al turista que venga en 2016 que todo es perfecto mientras que la policía actúa contra los derechos de los ciudadanos más pobres a sangre y fuego”.

Habitantes del Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, protestan por la muerte de un niño de 10 años a manos de la Policía Militar. Fotografía: Fabio Brisolla/Folhapress.

No obstante, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, considerado uno de los grandes especialistas en la ciudad en materia de seguridad y en el programa de las UPP, relativizó la posible relación entre la medida y la proximidad de los Juegos Olímpicos. 

“No creo que la medida guarde relación alguna con la proximidad de un evento de estas características, es más, creo que la medida no tendría ningún tipo de efecto disuasorio en caso de ser aplicada”, aclaró el español, quien calificó de “innecesaria” la medida al no existir antecedentes de amenaza terrorista en Brasil, aunque observó con preocupación  la ausencia de distintivos en los uniformes de la PM que permitan la identificación de los agentes.

Sea una provocación, una medida de precaución o simplemente un mensaje de que la “mano dura” estará de vuelta en Río 2016, lo cierto es que la evidente falta de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en una ciudad que se dispone a celebrar los  Juegos Olímpicos, resulta preocupante.

Solamente el tiempo dirá si, al igual que ocurrió en 1995, las autoridades de Río acabarán por darse cuenta de que tapar el rostro de sus agentes de policía no es la mejor manera de promover la convivencia en una ciudad dividida en dos mitades que, al día de hoy, continúan irreconciliables.

El columnista Elio Gaspari me leyó la mente el otro día. En su columna del miércoles explicaba mucho mejor de lo que yo habría hecho nunca por qué puede considerarse tímida la respuesta de las autoridades brasileñas ante los desplantes del resto del mundo.

El último episodio para archivar en la memoria ha sido la detención de David Miranda, el novio de Glenn Greenwald, el periodista americano que, gracias a los datos de Edward Snowden, ha destapado el caso de espionaje digital de los Estados Unidos, esquema en el que Brasil aparece como objetivo prioritario.

“Me engana que eu gosto” se llama el texto. Un dicho tan brasileño que al traducirlo pierde la gracia y que refleja esa actitud de complacencia que el gobierno tendría con sus vecinos. Gaspari recuerda un episodio de 2005 para defender su tesis.

Influida por la psicosis causada por los atentados de Londres del 7 de julio, en los que murieron 55 personas, la policía metropolitana perseguía a un sospechoso en el metro de la ciudad. Era un brasileño, Jean Charles Menezes, que acabó muerto a tiros sin mediar palabra.

El error se saldó con una indemnización a la familia y una entonación del mea culpa por un Tony Blair que se quedó “profundamente triste por los policías que estaban actuando de buena fe, intentando garantizar la seguridad del país”. Como recuerda Gaspari, Blair fue contratado años después como consultor para preparar a Rio para los Juegos Olímpicos.

La misma Scotland Yard que persiguió y mató a ese inmigrante sospechoso que, además, contaba con todos los papeles en regla, era la que interrogaba por más de nueve horas a otro brasileño que, con información sensible en su poder, fue considerado una amenaza terrorista.

A Miranda no le permitieron un intérprete, no le dejaron llamar a un abogado y le quitaron hasta los videojuegos. Miranda me cuenta por teléfono en una entrevista para El País, que se publicará este fin de semana, que está convencido de que lo detuvieron por ser brasileño, por esa visión “imperialista” que EEUU y Gran Bretaña tienen de los países del “tercer mundo”, “porque creyeron que no habría consecuencias”.

¿Y qué ha hecho Brasil?

El periodista Greenwald ha elogiado el trato recibido por las autoridades que según él, parecían “genuinamente indignadas”. Miranda también. Me ha dicho que han sido rápidos “por la presión internacional”, pero que espera una respuesta más contundente para que no vuelva a repetirse un episodio parecido.

El ministro de Exteriores Antonio Patriota salió al paso y calificó la detención de injustificable, pero no ha transcendido si el canciller ha materializado su indignación por los “desmanes” de los agentes de Londres.

Gaspari propone mandar para casa a cualquiera de los agentes del servicio de inteligencia británico que viven en Brasil bajo protección diplomática. Es, por lo menos, un gesto.

El periodista Glenn Greenwald abraza a su novio David Miranda a su llegada a Rio. Ricardo Moraes/Reuters

Encontramos otros ejemplos de la política de gestos brasileña en sus episodios diplomáticos más recientes con los Estados Unidos – Brasil aún espera una explicación “satisfactoria” sobre el espionaje– o con Bolivia, a quien aún no le ha ganado el pulso en cuestiones como el narcotráfico o el asilo que concedió al opositor boliviano Roger Pinto Molina, confinado en la embajada de La Paz desde mayo de 2012.

Otro capítulo significativo y que, esa vez sí, acabó con un puñetazo sobre la mesa lo vivimos en 2009, cuando los policías de inmigración españoles, mis compatriotas, expulsaron a más de 1.900 brasileños antes de pisar territorio nacional. El gobierno de Lula se contuvo. “Me engana que eu gosto”.

Cierto es que la ley es la ley y que España, puerta de Europa, recibió durante años una cantidad ingente de inmigrantes que debía fiscalizar de alguna manera, pero Brasil tenía razones para reclamar: de los 9.215 extranjeros que fueron devueltos a sus países, el 21% eran brasileños.

Brasil no respondió hasta 2011, cuando una investigadora de la Universidad de São Paulo que se dirigía a Portugal fue mandada de vuelta a casa y puso el grito en el cielo.

La prensa nacional explotó el asunto y la sociedad brasileña mostró su indignación. Fue entonces, más de dos años después, cuando el gobierno brasileño dijo basta y comenzó aplicar el criterio de reciprocidad a los españoles que quisieran entrar en Brasil.

Fue una interesante novedad ver cómo en los informativos de aquí y de allá aparecían los “ciudadanos del primer mundo” siendo expulsados por los del “tercer mundo”. Fue así que España, segundo inversor en Brasil tras los Estados Unidos, reaccionó y redujo las exigencias a los turistas brasileños. Ciudadanos que hacía tiempo que, con razón, no iban a España en busca de El Dorado.