Esther (prof.esther.solano@gmail.com) es española, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo y miembro del Fórum de Seguridad Pública.

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El domingo fui al cine a ver el documental “A quemarropa”, de la directora Theresa Jessouroun. Confieso que entré en la sala expectante, entre angustiada y ansiosa. Sabía que la obra trataba de las matanzas perpetuadas por la Policía Militar de Río de Janeiro contra la población de la periferia.

Un tema, como mínimo, duro, espinoso para la gran pantalla, donde la crudeza de lo cotidiano se muestra sin tapujos y se impone sin piedad.

Por otro lado, recién estrenado el documental, ya no estaba exento de polémicas.Fue exhibido para un grupo se cadetes de la Academia de Policía Militar Don João VI, en Río, donde, por orden del comando, los periodistas presentes fueron invitados a retirarse.

Una muestra más de la dificultad inmensa de debatir sobre seguridad pública, sobre policía y letalidad en un país donde los policías matan mucho y mueren no menos.

Mi agonía tomó forma ya en las primeras escenas. Una película durísima, porque refleja la bárbara realidad de agentes del Estado que, en vez de proteger, matan. Agentes que matan, que utilizan el asesinato como herramienta de trabajo, que matan por venganza, por rutina, por corrupción, por “limpieza”.

En fin, que matan diariamente desde la jornada escabrosa de la favela de Vigário Geral,en 1993, con los cadáveres de 21 personas hasta los episodios del conjunto de favelas del Complexo do Alemão en 2007, esta vez con 19 personas asesinadas.

Tantos años de intervalo y una historia tan pavorosamente repetida demilicias, tráfico de drogas, armas ilegales, corrupción… “A quemarropa” muestra que el agujero es realmente profundo y que las miserias causadas como  resultado del mismo son atroces. La deshumanización parece total.

Salí del cine abatida, con una pregunta que no dejaba de rondarme la cabeza: cuando la policía mata, ¿quién aprieta el gatillo? Si la policía mata es porque existe una orden política tal vez directa, tal vez indirecta o como mínimo una connivencia o un silencio afirmativo.

Si la policía mata es porque la Justicia no cumple su papel como debería y deja a los asesinos en una impunidad escandalosa. Si la policía mata es porque la sociedad aprueba y aplaude el famoso y siniestro discurso de bandido bueno es bandido muerto.

Si la policía mata ¿no lo hace protegida, auspiciada, arropada por los discursos de odio de personajes públicos como el presentador José Luiz Datena, la periodista Raquel Sheherezade, el diputado Jair Bolsonaro o el coronel Telhada y demás personajes que predican la política de la bala?

La policía es un instrumento de poder que, cuando mata, no lo hace de forma autónoma, sino con el beneplácito de muchos y el silencio de otros. Son muchos los que aprietan el gatillo cuando la policía mata.

Gabriel Bayarri es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF). En una serie de textos quincenales, abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Río, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia en las comunidades.

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Era la década de 1960 cuando en Estados Unidos el surgimiento de reivindicaciones de derechos civiles de los homosexuales, de grupos minoritarios, demandas de corte racial y la oposición a la Guerra de Vietnam provocaron la emergencia de una oposición al carácter represivo  de la policía ante grupos excluidos.

En el interior de los guetos, criminalizados todos ellos por ser grupos “desviados” respecto de los patrones considerados “normales”, se engendró entonces el inicio de una “policía comunitaria”, más implicada con todos los grupos sociales, interactiva y preventiva de los conflictos.

El modelo de la “policía comunitaria” americana se exportó internacionalmente y Brasil trató de adaptarlo a su realidad local. Los programas anteriores a las actuales Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), que datan de 2007, fueron el Grupo de Aplicación Práctico Escolar (GAPE), en 1990, y los Grupos de Policía en Áreas Especiales (GPAEs), en 1999, completamente nuevos para la Policía Militar brasileña y que no tuvieron continuidad.   

Entre sus características, el modelo de policía comunitaria se fundamenta en el principio de la prevención de conflictos para mantener la “harmonía”, el orden social, creyendo que el desorden urbano perjudica la integración de la comunidad en los espacios públicos locales.

Un grupo de la Policía Militar conversa en la UPP de la favela Rocinha, en Río de Janeiro. Fotografía: Rony Maltz/Folhapress.

En este modelo de seguridad, todos los vecinos de las favelas “pacificadas” se transforman en potenciales criminales y todo pequeño delito es potencialmente un atentado contra la calidad de vida, pues engendra un posible surgimiento del desorden.

No existe en esta cultura de control y prevención del crimen la figura del “ex criminal”. Una vez cometido el crimen se establece una frontera a través del estigma, que detecta al criminal provocador del desorden, en la que no se considera la reinserción entre los miembros “normales” de la comunidad, sino que el estigma caracteriza deliberadamente a los pequeños carteristas, que el modelo de prevención del desorden convierte en potenciales asesinos o ladrones de bancos, posicionándolos como el origen-raíz de las carencias en las favelas.  

No existe el crimen sin víctima, por lo que se formaliza la idea de la “víctima colectiva”, así como la barrera entre “nosotros” (los inocentes) y “ellos” (los peligrosos). Lo que viene a admitir este sistema clasificatorio es que el desvío ante el comportamiento normalizado impide al estigmatizado convertirse en un auténtico ciudadano.

Ante la prevención del desorden, la lógica de la Policía Militar entiende a los criminales como sujetos racionales capaces de tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento de las leyes, que saben de las consecuencias de sus actos y que tienen otra serie de conocimientos teóricamente asimilados, que otorgan al criminal capacidad de elección en sus actos.

Esta lógica, empleada por la corporación militar, presupone que el niño adicto al pegamento lo es por elección personal, que el guardia de la “boca de fumo” lo es por elección personal, que el contrabando de fusiles de fabricación extranjera es una elección personal, así como la prostitución.

Vista desde la UPP de la favela Complexo do Alemão, en Río. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Por lo tanto, por haber “elegido mal” merecen una punición fundamentada en argumentos y valores moralistas, pero que no presupone en la base de su arquitectura la construcción de un sistema de garantías sociales.

Cabe destacar que el modelo de la policía comunitaria, aplicado en la política de seguridad de Río de Janeiro, ha sido criticado por la estrategia implícita de control social que en él se visualiza. La construcción del orden público potencia el control de la vida local. 

Sin defender el desorden como modelo organizativo en las favelas cariocas, cabe reflexionar sobre las consecuencias que se obtienen a través de estas técnicas de imposición de un orden que se basa en normas morales concretas y en la criminalización como modelo de prevención del desorden. 

Un vecindario compuesto por personas previsibles, que atraviesan el morro en fila ordenada, que piden permiso para realizar cualquier clase de evento, que no están paradas sin hacer nada, que cumplen patrones estéticos característicos del “asfalto”: éste sería el modelo deseado de prevención del desorden por la organización militar. 

Esther (prof.esther.solano@gmail.com) es española, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo y miembro del Fórum de Seguridad Pública.

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Hay números que representan realidades infames, crueles, bárbaras. Así son  las matemáticas de la seguridad pública brasileña. Matemáticas terribles. Matemáticas que avergüenzan.

50.000 homicidios anuales. 50.000 violaciones anuales denunciadas (se calcula que el número real ronde la cifra de 500.000). La policía brasileña, una de las que más mata y más muere en el mundo, deja 5 cadáveres por día a la vez que más de 200 policías mueren cada año. Hay 500.000 presos en las cárceles brasileñas, siendo casi la mitad de ellos provisionales, esperando eternamente un juicio que no llega.

Esas son las cifras. Más tiránicas que humanas  (para datos más detallados, visitar las publicaciones anuales del Fórum Brasileño de Seguridad Pública).

¿Y la campaña electoral? Ese momento esquizofrénico donde todo es prometido, con tono banal,  pero las negligencias y omisiones de los candidatos gritan más fuerte que nunca.

La seguridad pública es uno de esos asuntos tabús, mencionados de soslayo, con intenciones calculadas, propagandísticas e ideológicas pero con escasa finalidad de fundamentar un debate sólido.

La policía brasileña, una de las que más mata y más muere en el mundo, deja 5 cadáveres por día a la vez que más de 200 policías mueren cada año. Fotografía: Alice Vergueiro/Futura Press/Folhapress.

Las propuestas de los candidatos a la presidencia de Brasil son más titubeos, balbuceos de quienes no tienen ni valentía ni dignidad de enfrentar un problema que debería haber sido prioridad hace ya muchos años.

Para el Partido de los Trabajadores (PT), el modelo a seguir y reforzar es el esquema de seguridad de la Copa del Mundo, cuyo sinónimo son los Centros Integrados de Comando y Control que amalgaman ejército, policías civil y militar y otra serie de organismos vinculados a la seguridad pública.

Como si este prototipo superficial de supuesta coordinación que en nada trata los problemas de raíz fuese a mejorar las estadísticas atroces de la violencia. A parte de esta oferta claramente insuficiente, la presidenta Dilma Rousseff ya ha mencionado la importante posibilidad de una enmienda constitucional para fortalecer el papel del gobierno federal  en competencias de seguridad.

Sí, menos mal, un pacto federativo para compartir competencias entre gobierno federal, estados y municipios es esencial.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), frívolo. Su candidato Aécio Neves propone crear un Ministerio de Seguridad Pública y Justicia del que no nos ofrece más detalles.

Hace unas semanas, una operación de la Policía Militar contra vendedores ambulantes dejó un muerto en el barrio de Lapa, en la zona oeste de São Paulo. Fotografía: Reginaldo Castro/Folhapress.

Sin embargo, el hombre fuerte del partido, el vitalicio gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pivota su programa de seguridad en base a la controvertida reducción de la mayoría de edad penal a 16 años para crímenes especialmente graves como homicidio, violación y secuestro, como si punición y Estado penal fuesen sinónimos lógicos de menor criminalidad.

Finalmente está el Partido Socialista Brasileño (PSB), heredero de la experiencia del programa Pacto por la Vida, implementado por el fallecido ex candidato a la presidencia Eduardo Campos en Pernambuco, que consiguió impactos positivos en la seguridad de ese estado.

Las ideas de Marina Silva son aumentar el presupuesto para el Fondo Nacional de Seguridad Pública y, esta sí más interesante y fundamental, un pacto nacional para la reducción de homicidios.

¿Pero dónde están las verdaderas reformas estructurales que se necesitan con urgencia? ¿Qué candidato coloca sobre la mesa, sin tapujos, sin medias palabras, con claridad y contundencia, el debate sobre los cambios radicales que se precisan en el campo de la seguridad pública? Ninguno.

Ninguno de ellos habla sobre el control de armas (en Brasil existen 16 millones de armas de fuego siendo sólo la mitad legales). Ninguno de ellos habla sobre las posibles reformas de las policías (reducción de letalidad, aumento de las tasas de resolución de crímenes, ciclo completo integrado entre policía militar y civil, mayor transparencia…).

Las propuestas de los candidatos a la presidencia sobre seguridad pública no convencen; se trata de un problema que debería haber sido prioridad hace ya muchos años. Fotografía: Adriana Spaca/Brazil Photo Press/Folhapress.

Ninguno de ellos habla sobre la modernización del sistema penitenciario y las alternativas a las dinámica de aprisionamiento masivo. Ninguno de ellos habla sobre la política de drogas que está provocando una verdadera masacre entre los jóvenes brasileños de las periferias.

La autodenominada “izquierda”  brasileña menospreció históricamente el tema de la seguridad pública, tal vez guiada por la fantasía infantil de que la ascensión al consumo y la reducción de la miseria tendrían como consecuencia directa la reducción de la criminalidad.

Los grupos conservadores, como el PSDB, o los seguidores del discurso del ex alcalde y ex gobernador de São Paulo Paulo Maluf de “ROTA [Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar] en la calle” tratan seguridad pública como si el mero endurecimiento punitivo fuese a acabar con la violencia. Ambas visiones son estrechas, irresponsables, poco consecuentes con la realidad e ineficaces en extremo.

Este es el escenario. Entre incompetencias y silencios conniventes las matemáticas terribles continúan.

Ruidos de plásticos, de madera y de metal retumban en el interior de una fábrica de plástico abandonada, dentro de la favela Complexo do Alemão, en la Zona Norte de Río de Janeiro. Los rayos de sol, que se cuelan entre miles de agujeros del  inmenso techo, apenas logran abrirse paso entre el mar de barracas que cubren cada centímetro cuadrado del suelo.

En en el interior de una de ellas, iluminado por una bombilla que a duras penas le permite rebuscar en medio de los destrozos, el peón de obra Alexander intenta poner orden en los escasos 9 metros cuadrados que, desde hace siete meses, comparte con su mujer Edlaine y sus dos hijos, uno de ellos apenas un bebé de ocho semanas.

Alexander y Edlaine junto a sus hijos en la puerta de su barraca en Nova Tuffy. Fotografía: Edu Sotos.

“Cuando llegué estaba todo roto, la ropa de mi hija en el suelo, todo pisado. Casi rompieron mi televisor, las cadenas de la puertas estaban rotas y estaba todo tirado en el piso”, señala Edlaine quien tuvo que regresar corriendo del hospital, donde esperaba que su bebé fuera atendido, al ser alertada por sus vecinas de que su barraca estaba siendo registrada.

Al llegar a la fábrica, su vecina, Caroline, de 21 años, le contó lo que acababa de pasar: “Fue el BOPE [Batallón de Operaciones Policiales Especiales, tropa de elite de la policía militar de Río de Janeiro], entraron esta mañana. Eran muchos, nos apuntaron con los fusiles y nos amenazaron diciendo que ellos eran el BOPE y no la Policía Militar. Rompieron todo lo que encontraron”.

Así vivieron, el pasado viernes 12, los 1992 vecinos de la ocupación de Nova Tuffy, bautizada en honor al antiguo propietario de la fábrica de plástico Tuffy Habib, la operación del BOPE para encontrar a uno de los asesinos del comandante de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de Nova Brasilia, asesinado un día antes.

Por desgracia para estas familias, el lugar en el que se agolpan desde el 23 de marzo pasado casi 2000 personas sin electricidad, agua potable y con un solo baño para todos ellos, fue también el sitio escogido por el criminal que en aquella mañana era el más buscado del Complexo do Alemão.

Ahora, la relación entre sus habitantes y la policía ha llegado a un punto peligroso. Los rumores de que el BOPE quiere incendiar la ocupación, como represalia por cobijar al responsable de la muerte del comandante, se han extendido como la pólvora entre las familias que se encuentran al límite de su aguante.

Alexander junto a su hijo muestran cómo quedó su barraca tras la operación del BOPE en Nova Tuffy. Fotografía> Edu Sotos.

“Si llegan aquí y prenden  fuego el edificio, no tenemos salida. Ya nos han amenazado con eso”, cuenta Caroline, que también es madre de dos hijos.

Por si no fuera suficiente, a la tensión con la policía, la extrema miseria, las enfermedades como la tuberculosis o la hepatitis, la falta de espacio o el profundo hedor que se respira en la fábrica, se ha sumado un nuevo problema: hacer las maletas.

El pasado mes de abril, el juez André Fernandes Arruda dictó la sentencia por la cual deberá procederse a la reintegración del terreno a su propietario y con ello al desalojo inminente de la fábrica. Una acción que precisamente deberán ejecutar los agentes de la UPP de Nova Brasília, que no parecen estar demasiado contentos con los habitantes de Nova Tuffy.

La espera no puede ser más tensa. Imágenes como las de la desocupación de la fábrica de Telerj, también en la Zona Norte de Río, donde en el mes de abril casi 5000 personas fueron desalojadas entre balas de goma y gases lacrimógenos,  con un saldo de 16 heridos, están en la cabeza de todos.

El presidente de la asociación de moradores de Nova Tuffy, Carlos Alberto da Conceição, en el segundo piso de la fábrica abandonada. Fotografía: Edu Sotos.

En medio del caos y de los rumores constantes, el presidente de la asociación de moradores de Nova Tuffy, Carlos Alberto de Conceição, hizo un pedido  para que los agentes suavicen su actitud hacia los  vecinos hasta el día del desalojo.

“Nosotros vivimos en un área de riesgo, eso ya lo sabemos. Ellos vinieron a hacer una operación de rastreo y los respetamos. Si vienen a hacer su trabajo está bien, pero llegan con arrogancia y con un tratamiento con los vecinos que no vamos a tolerar. Hubo agresiones físicas, verbales y rompieron las pocas cosas que nos dan dignidad”, explica este montador de placas de aluminio, de 23 años.

Su conclusión es indiscutible: “No porque seamos favelados tenemos que pasar por eso”.

Un cartel dejado por un vecino es respondido por la Policía Militar en Nova Tuffy. Fotografía: Edu Sotos.

La cuestión es peliaguda y es difícil prever qué ocurrirá en las próximas semanas. Sin embargo, como Carlos Alberto repite, “no se trata de querer resistir a cualquier precio sino de encontrar una solución”. Las familias de la ocupación saben que permanecer en la fábrica por más tiempo, en esas condiciones, es inviable.

Pero los antecedentes no son nada alentadores: los vecinos de la fábrica de Telerj lucharon durante semanas teniendo que acampar frente a las oficinas del ayuntamiento para acabar siendo realojados lejos de sus antiguos hogares.

La lucha de Nova Tuffy no ha hecho más que comenzar. El miedo a convertirse en una nueva ocupación desalojada por la fuerza bruta hace que los habitantes se aferren con uñas y dientes a lo único que los mantiene lejos de la indigencia. Ese pedacito de la “cidade maravilhosa” que han hecho suyo y que les aporta dignidad.

Ilustración: Alberto Costa

El pico alto de la favela de Santa Marta, en la zona sur de Río de Janeiro, presenta una rica colección de carteles y sábanas con mensajes escritos contra las remociones de barracos promovidas anteriormente al programa de pacificación de las favelas cariocas, en 2007: “No a las remociones”, “gentrificación”, “remoción blanca”, “Santa Mara, la favela modelo, ¿de qué?”, “paz” o “apartheid”.

Se trata de un “museo”, un lugar contra el olvido, para no dejar de recordar lo que las favelas son; y lo que eran antes de haber sido cubiertas por una capa de colores superficial, para evitar una distorsión en la percepción de la realidad (es decir, de las dificultades) que se viven en las favelas.

Hago referencia a un museo sólo visitado cada cuatro años, coincidiendo con una alineación de los astros crónica: la campaña política previa a las elecciones presidenciales del Brasil.

En la favela Santa Marta, en Río, hay carteles contra las remociones forzadas. Fotografía: Gabriel Bayarri

La vieja periferia de las antiguas ciudades transformó a los lobos en perros, y esta periferia disfraza, en año de elecciones, a los políticos en corderos. Entran las ovejitas llenas de promesas en el espacio favelado, y antiguas y oscuras como el miedo, son vistas con inocente admiración y expectación ante los guisos y frijoladas ofrecidos por el irrisorio precio de un voto.

La favela y el asfalto, sin continuidad entre sus calles, se convierten en dos mundos paralelos. Sólo el olfato político en año de elecciones se entromete en la arena del morro, ejerciendo una campaña que publicita un mundo de representaciones opuesto al de sus prácticas posteriores.

Así, en un reciente artículo de O Globo, publicado el domingo 17 de agosto en su versión impresa, se relataban los pagos que los candidatos políticos deben realizar ante el tráfico y la milicia en las favelas que no poseen Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) para poder acceder a estos lugares de forma segura y consentida, pagos de tasas que pueden alcanzar los 100.000 reales (aproximadamente 35.000 dólares) por un paquete de servicios de “cabos electorales” (personas encargadas de obtener más integrantes para afiliarse al partido político en cuestión dentro de la favela).

Un joven escala un panel con propaganda política en lo alto del morro da Coroa, en el centro de Río de Janeiro. Fotografía: Rony Maltz/Folhapress

Este “paquete” se desglosa en cada favela entre los “capataces”, hombres de confianza del tráfico, que cobran entre 1500 y 2000 reales (entre 500 y 700 dólares) y ocho “panfleteros”, que ganan 800 reales (unos 300 dólares).

El servicio es negociado hasta la víspera de las elecciones, teniendo que pagarse una tasa en la boca de la urna el día de la votación. Este ritual político hace desistir a muchos candidatos al voto del “electorado favelado”.

Y mientras tanto, el  favelado trata de captar tonos y discursos de cada candidato, trata de leer entre las líneas de los profesionales la traducción de esas palabras en la práctica de su vecindario, viendo volar panfletos.

El anciano de la favela de Santa Marta es abuelo para muchos. Es aquel que conoció el morro sin barracos, participando activamente en la construcción de la favela en la década de 1930.

Más carteles electorales de todos los candidatos en la favela Ciudad de Dios, en el oeste de Río. Fotografía: Rony Maltz/Folhapress

Con el respeto de los ancestros y la experiencia de los sabios, el abuelo recorre los tramos de la favela asfaltada, haciendo malabares en las escaleras para no volcar su silla de ruedas, de fabricación local, compuesta por las diferentes realidades recicladas, neumáticos de coche, freno de plástico, respaldo de pieles, de animales sacrificados para el terreiro (templo) de María Batuca, líder histórica del Candomblé local.

La reciente pérdida del candidato presidencial Eduardo Campos, del Partido Social Brasileño (PSB), fallecido en un accidente aéreo el pasado miércoles 13, causó una conmoción en la favela digna de novela.

Aun así, el abuelo, más antiguo que el hambre, no se fía de las promesas. Escéptico ante los políticos, sufre ante el accidente por la pérdida de un ser humano, pero no por la de una promesa ante un cambio que nunca llega en su plenitud.

Desde su sillita de ruedas, afirma: “¡Ya vendrán otros señores arreglados, cargaditos de promesas!” pues estos meses previos a las elecciones son siempre, en sus palabras, “tiempos de tribus con corbata”.

Gabriel Bayarri (g.bayarritoscano@gmail.com) es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y nos acompañará con una serie de textos cada 15 días en los que abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro.

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Retomando las contradicciones del período “pos-Mundial” tengo delante de mí una de las grandes: la “reutilización” de la Policía Pacificadora como policía antidisturbios en las diversas manifestaciones ocurridas en el Estado de Río de Janeiro.

Se trata de reflexionar sobre la crisis de identidad que se ha generado en torno a una Policía Militar (PM), que como todo el planeta parece ya saber, está constituida en base a una lógica represivo-punitiva, de origen militar, organizada durante la dictadura militar brasileña (1964 – 1985), estructurada como institución militar en una ordenada jerarquía, de cuyo orden sólo huyen algunos desvíos de financiación, pero no la sumisión a la autoridad nivelada.

Este texto tiene la finalidad de intentar entender qué clase de postura tiene asumida ante la sociedad el individuo militar al que lo han mandado (proveniente de “ordenar” y de “enviar”) a la favela en calidad de Policía Comunitaria en las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), como también de agente publicitario para la Secretaría de Seguridad y, por tanto, del gobierno del estado de Río de Janeiro.

Si la formación militar se constituye como estática, si las órdenes y toma de decisiones se encuentran atadas a un estricto protocolo, ¿cómo se autoidentifica el policía, cuyo “ethos” está orientado por la lógica del exterminio del conflicto y el combate del enemigo reaprendiendo valores de una Policía Comunitaria que debe buscar ahora “soluciones razonables”, constituidas bajo la lógica de la interacción?

En el día a día, esta hipertrofia del papel de la policía se traduce en curiosas escenas contradictorias, en las que el agente podrá desde ayudar a las viejecitas a cruzar la calle hasta soltar mamporros en las manifestaciones.

Ilustración: Alberto Costa

De esta forma, la policía militar, “re-formada” por dicha secretaría estadual con base en derechos humanos, sociales, etc… tiene que cumplir, además de las funciones de policía pacificadora, la de policía antidisturbios en las manifestaciones ciudadanas que desde julio del año 2013 se han expresado en las calles de muchas ciudades, y en lo que nos concierne respecto a las UPPs, en las de Río de Janeiro.

La jerarquía militar estricta conlleva una negación de autonomía en el desempeño del trabajo de la policía, y la evaluación de su conducta en la eficacia obtenida en el mismo no será medida por su creatividad en la conducción de negociaciones bien sucedidas, sino por el grado de obediencia a las órdenes superiores.

Así, el señor PM de la UPP, pongamos que el mediador de los conflictos de proximidad de la favela, que durante el día debe vestir de paisano para no causar estragos en un proceso imparcial, que durante el día ha estado escuchando a los vecinos, atendiendo sus demandas, llamando a la empresa Electrobras para solicitar su servicio para los vecinos que sufren de desabastecimiento, etc…, se despoja de dicha identidad de servidor a la ciudadanía, yendo en su coche-patrulla hasta la sede de las UPPs, en el enorme complejo de favelas, el “Complexo do Alemão”, donde tiene que rehacer su postura al tomar las armas antes de la manifestación: casco, escudo, armamento “disuasorio” como algún gas lacrimógeno, gas pimienta, porras, armas de electro-choque y algunos tipos de proyectiles no letales.

Cambia el semblante del rostro, porra en mano tendrá que dejar de pensar en los viejitos. Lo desplazarán en furgones, junto a otro montón de individuos, al lugar donde deberá reprimir la manifestación, pararle los pies a las reivindicaciones de un pueblo que está harto de contradicciones y estancamientos normalizados en sus instituciones, harán sangrar narices, tendrán que dar algún bolazo.

Se trata de representar de forma armada al Estado, como hemos leído en tantos libros foucaultianos, y cuando el Estado tiembla en sus decisiones, su representación armada se verá en el dilema que ha sido creado: por la mañana soy UPP, tentativa de orgullo, y por la tarde soy antidisturbios.

Dicha contradicción, que al llevarla hasta lo más bajo siempre se materializa en el individuo contradicho,  está en las altas esferas representada en una desorganización estructural de las instituciones que representan la seguridad pública en Brasil, concretamente la militar.

Será difícil, por tanto, hablar de “vocación militar”, pues abarcará el inmenso abanico que cubre desde el inculcado sadismo vespertino para la manifestación hasta la vocación más social matutina, desarrollada (o eso intentan transmitir) en el seno de las UPPs.

Será también difícil librar a la PM de la idea de que la favela sufre de conflictos clasificados como “feijoada” (“frijolada”), aquellos que no son considerados como serios respecto al combate directo del tráfico armado, que coincide con la formación teórico-práctica de confronto directo aprendida en la academia.

Y digo que será difícil dejar de pensar en los conflictos “feijoada” en la favela, pues aunque el tráfico armado quede menos visible, siempre quedarán para la historia los porrazos televisados en las manifestaciones, frente a los cuales (y sólo frente a los cuales) la actuación en las UPPs podrá observarse como una auténtica Policía Comunitaria de interacción.

Con esto no quiero decir que el conflicto pacífico no pueda entenderse como forma de acceso a la libertad de expresión de la ciudadanía y al desacuerdo de opiniones, sino al peligro que supone gestar una policía bipolar en su formación y funciones, inestable en sus formas, que mercadea su propia moralidad y sea cumplidora de órdenes contradictorias.

Gabriel Bayarri (g.bayarritoscano@gmail.com) es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y nos acompañará con una serie de textos cada 15 días en los que abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia dentro de las comunidades.

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A comienzos de abril leí en el diario “El País” que el gobierno de Río de Janeiro soñaba con convertir la ciudad en una “ciudad inteligente”, interconectada, un polo tecnológico de las Américas.

Con destreza con la pluma y la regleta, la administración del gobierno diseñaba en un papel rectangular un mapa de Río de Janeiro para el Mundial 2014 y las Olimpiadas de 2016, un mapa inteligente.

Pero ejecutaba con destreza la pluma sólo por el anverso de la página, sin fijarse en el reverso, pues Río de Janeiro, como una hoja de papel, consiste en un anverso y un reverso, con una figura de un lado y otra del otro, que no pueden despegarse ni mirarse.

El reverso, llámese favela, la ciudad de los pobres, se expandía y empujaba con su tripa a la ciudad anterior, acorralándola contra las cuerdas del mar. Sonrojado ante un mapa sincero, el gobierno estatal inició una relación de amor con la Secretaría de Seguridad y engendraron un feto cuya misión era fusionar anverso y reverso en un cuadro amorfo de Río de Janeiro ante los grandes eventos.

En la favela Santa Marta fue donde se instalaron las primeras Unidades de Policía Pacificadora (UPPs). Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress

El feto tuvo nombre antes de nacer, decidieron llamarlo “Pacificación”, “Paz” para los amigos, “Unidades de Policía Pacificadora” en su identidad formal.

Muchos amigotes de la Secretaría de Seguridad discutieron el nombre: “Programa Calavera” o “Tiro al Traficante”, podrían ser nombres más relacionados con la entrada de los militares en las favelas y su lógica de guerra represiva-punitiva.

Pero el pulso lo ganó la niña Pacificación, que nació entre flores y aplausos, y algunas ráfagas de tiros en la fusión de las dos caras.

Pacificación aprendió a caminar en la favela de Santa Marta, situada en la zona sur de Río de Janeiro. Desde sus primeros pasitos se observó que Pacificación había nacido cojita, y que se tambaleaba al caminar, produciendo un seísmo allá donde iba.

Sin embargo, Pacificación quería correr el maratón con muletas y se apresuró a recorrer 37 favelas de la zona sur de la ciudad, estrechando el cinturón del área noble y sus puntos estratégicos para los grandes eventos.

Muchos doctores del pueblo diagnosticaron que  Pacificación nació prematura, pues no llegó a ser sietemesina, y la dieron a luz con una vocación, la de ser militar. Y aunque se le veía venir, Pacificación hizo un amago de entrada en las favelas y lo hizo sola, sin compañía y con las pocas fuerzas de un sietemesino, al que todavía le falta formarse.

Militares izaron la bandera de Brasil en el Complexo da Maré, a comienzos de este mes. Fotografía: Bruna Fantti/Folhapress

En sus análisis ante el doctor, Pacificación dijo que aunque cojita de servicios sociales, tenía desarrolladas las orejotas y la vista, pudiendo diferenciar a la legua lo blanco de lo negro, y hasta con cierto sentido musical para evidenciar el funk.

En su fiesta de cumpleaños de 2014, Pacificación, que cumplió seis añitos, decidió entrar en el laberinto del entramado de favelas de Maré, de 130.000 habitantes, punto estratégico de los grandes eventos para la conexión entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim y las entrañas de la zona noble de la ciudad. Y lo hizo con 1500 soldados y 21 tanques de la Marina brasileña.

El regalo de cumpleaños fue un tablero de ajedrez: a Pacificación siempre le gustó jugar ese juego, ella ponía las reglas de incursiones, movía sus piezas ante humildes peones negros y aclamaba un jaque mate al tráfico de la favela.

Un anciano, viejo como el miedo, le dijo que las formas del sistema no se destruyen, sino que se transforman, y que el tráfico no había desaparecido, sino que Pacificación sólo había acelerado sus cambios, pues existe un orden invisible que rige las ciudades y las reglas a las que responde el tablero no podrían ser impuestas por Pacificación a la fuerza, sino al surgir una prosperidad y adaptación entre ambas caras del papel.

La retórica de Pacificación fue un berrinche monumental negándolo todo y aseguró que siempre ganaría las partidas. Así, hace unas semanas pudimos ver en la televisión a Pacificación montando a caballo por las favelas que constituyen el Complejo de Maré, como una feria con carruseles y  sus ponis, aunque en un tono de agresiva Cruzada.

La Policía Militar circula a caballo en la Vila dos Pinheiros, en el Complexo da Maré, en Río de Janeiro. Fotografía: Diana Brito/Folhapress

Con esto no quiero decir que Pacificación sea mala persona, le ocurre que sufre del mismo síndrome de inferioridad que tenía Pinocho, el niño de madera que quería “ser un niño de verdad”, pues Pacificación quiere ser “un programa social de verdad”.

Y no se trata de acabar con la joven Pacificación, que ya cobró vida, sino de darle tratamientos, estructura de base, darle educación y saneamiento básico para que Pacificación no caiga en una enfermedad crónica y alcance un punto de inflexión melancólico, de corrupción y mentira estructural, creciéndole la nariz.

Será indispensable una receta de tratamientos paralelos que fortalezcan las relaciones de respeto a los derechos individuales y colectivos para que Pacificación, aunque coja de nacimiento, tenga un alma de programa social de verdad.

Luiz Eduardo Soares, además de antropólogo y politólogo, es una de las mayores autoridades en seguridad pública de Brasil. Fue secretario nacional de Seguridad Pública del gobierno del ex presidente Lula da Silva (2003), coordinador de Seguridad, Justicia y Ciudadanía del Estado de Río de Janeiro (1999-2000), es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), de la Universidad Cándido Mendes (UCM) y fue profesor visitante en la Universidad de Columbia, Virginia y Pittsburg. Soares es también escritor y, entre sus diversas obras, es coautor del libro “Élite de la Tropa”, que dio origen a la película “Tropa de Élite”.

El ex funcionario es también uno de los autores de la polémica propuesta de enmienda constitucional, la PEC 51, que propone la desmilitarización y reforma del modelo policial brasileño, presentada por el senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), y candidato a gobernador de Río de Janeiro.

En esta entrevista, Soares abarca algunas de las principales cuestiones del  ambicioso plan de la Secretaría de Seguridad de Río para pacificar las  favelas cariocas y dice que el debate sobre las nuevas formas de policía comunitaria, aplicadas en el modelo de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), es sólo la punta del iceberg de un complicado proceso.

El antropólogo y ex secretario nacional de Seguridad Pública Luiz Eduardo Soares, en su casa, en Río. Fotografía: Ines Laborim-2.dez.12/Folhapress

¿Podría hacer un breve panorama general de los desafíos actuales a los que se encuentra sometido Brasil en el ámbito de la seguridad pública?

Brasil se convirtió en el país del encarcelamiento de jóvenes negros y pobres. La población carcelaria saltó de 140.000 personas a mediados de los años 90 a 550.000 en la actualidad. Se trata de una de las mayores tasas de crecimiento del mundo. Esa realidad que asusta convive, paradójicamente, con la impunidad de quien practica homicidios dolosos [en los que se busca deliberadamente la muerte]. Se puede afirmar que casi no hay investigación de esos crímenes, que son los más graves. La vida no es la prioridad de la seguridad pública y de la justicia criminal. Los que mueren, en su inmensa mayoría, son jóvenes pobres y negros. Hay 50.000 homicidios dolosos por año en Brasil, de los cuales, en promedio, considerándose el conjunto del país, sólo un 8% son investigados. ¿Quién, entonces, está siendo preso y por qué? El 40% son presos provisionales o cumplen prisión preventiva.

La gran mayoría de los encarcelados está presa por crímenes contra el patrimonio y por involucramiento en la negociación de sustancias ilícitas [dos tercios], aunque no haya habido uso de arma o vínculo con organización criminal. La población carcelaria que más crece está compuesta por vendedores minoristas de drogas no organizados y no violentos. La prohibición es perversa, provoca violencia y criminaliza la pobreza. El cuadro resultante es dantesco. La sociedad gasta fortunas para tornar más difícil el futuro de esos jóvenes encarcelados, cuando vuelvan a estar libres. Nuestra fallida política de drogas está montando una bomba de tiempo bajo nuestros pies. La prohibición de las drogas es el mal mayor, la irracionalidad autoritaria que llena  las penitenciarías de pobres, tornándolas cada vez más superpobladas, degradadas y degradantes.

Además de eso, el modelo policial, heredado de la dictadura [1964-1985], es incompatible con el respeto a los derechos humanos, los mandatos constitucionales y la eficiencia profesional, lo que requiere un control de la corrupción. Síntoma del oscurantismo en que están sumergidas las instituciones de la seguridad pública en Brasil es el hecho de que hay dos policías, una ostensivo-preventiva, otra investigativa, siendo la primera militar. La ideología militar prepara soldados para combatir al “enemigo interno”, para hacer la guerra y eliminar al “otro”, no para garantizar derechos de los ciudadanos. Por otro lado, la estructura organizacional militar exige obediencia ciega a quien actúa en las calles, vetando iniciativas dialógicas y estrategias comunitarias, centradas en la resolución de problemas. Por eso, son escandalosos los números relativos a ejecuciones extrajudiciales, tortura, corrupción, etc.

En el proceso de implantación de las UPPs, el primer paso es recuperar el control estatal sobre áreas ilegalmente dominadas por grupos criminales fuertemente armados, para luego la policía pacificadora poder instalarse. En su opinión, ¿cómo ese trazo militar puede convivir con una “política de pacificación”?

No puede. A menos que se defina pacificación como imposición de orden por la fuerza de la represión. La estructura organizacional militar y su cultura corporativa no son “trazos”, son las propiedades esenciales en la formación y en el funcionamiento de nuestras policías ostensivas. Y esas propiedades esenciales y definidoras no son compatibles con tareas de pacificación, si entendemos pacificación como la creación de condiciones propicias para la emergencia y el fortalecimiento de relaciones de respeto a los derechos individuales y colectivos, en un ambiente regido por una cultura que valore la paz, sea contraria al racismo, a la homofobia, a la misoginia y a todas las formas de violencia.

Soares, durante una conferencia. Fotografía: Adriano Vizoni – 5.jul.12/Folhapress.

Las UPPs siguen, por decreto, una selección de los territorios en los que instalarse. Sin embargo, cada comunidad presenta su propia realidad. ¿Se tienen en cuenta estas realidades diferentes a la hora de planificar e implantar cada UPP?

No. El modelo es pensado de modo uniforme. Como máximo, se tienen en cuenta especificidades locales pertinentes para acciones de naturaleza militar, como relevo y características físicas del terreno. Una institución militar es contradictoria con la atribución de responsabilidades y relativa autonomía a quien actúa en contacto directo con la población. Diálogo, reflexión multidisciplinar, iniciativa con implicaciones multisectoriales son las características de la gestión local preventiva y ciudadana de la seguridad pública. El/la policía que adopta alguna de las metodologías comunitarias, en sus diversas acepciones, debe ser empoderado y educado para actuar como gestor local, movilizando agencias del gobierno, articulándolas con acciones de la propia comunidad, respetándola.

Pero para actuar como gestor local, el/la  policía que actúa en la punta, junto a la población, no puede ser un mero autómata, cumplidor de órdenes. Precisan inscribirse en una estructura descentralizada, horizontal, con capacidad de tomar decisiones, mereciendo la confianza de los supervisores y contando con medios de comunicación dentro de las instituciones y del gobierno. Una planificación adecuada para UPPs tendría que ser participativa, dialógica, conducida por policías libres de la rigidez militar y de sus limitaciones funcionales. Y quien suponga que más horizontalidad, más flexibilidad y menos centralización abrirían todavía más espacio para la corrupción, se engaña. El mayor obstáculo a la corrupción es el orgullo profesional, el cual adviene de la valorización conquistada junto a la comunidad.

Antes de la llegada de las primeras UPPs era costumbre de los traficantes promover asambleas para discutir los asuntos del morro. Ahora esa función la cumplen policías militares especialmente capacitados para eso. Entre una población acostumbrada a este tipo de “justicia”, ¿es adecuado que sea la policía la encargada de ofrecer este servicio o corre el riesgo de convertirse en “sheriff” del lejano Oeste?

Los traficantes no hacen ni hicieron asambleas. Los líderes toman decisiones autocráticas y actúan como déspotas locales. Son más o menos brutales con la comunidad, dependiendo de su origen: ¿nacieron y crecieron en la comunidad que dominan? ¿O la invadieron para dominar la comunidad y el territorio? De todos modos, no son ni nunca fueron la elección de la comunidad. Sin embargo, en general las comunidades prefieren el tráfico a las policías, cuando estas últimas invaden la comunidad, eventualmente, porque actúan como tropas de ocupación provisoria y son imprevisibles. Y el poder más temible es el que no se puede prever, bloqueando, así, la elaboración de estrategias de supervivencia. La principal virtud de la UPP es acabar con esas incursiones bélicas de trágica memoria, trágicas consecuencias [ellas continúan  existiendo en Río, donde no hay UPPs, esto es, en la gran mayoría de las favelas].

Las milicias tampoco fueron incomodadas. Hay apenas una UPP en área de milicia: la favela de Batan. En cuanto a la mediación de conflictos, depende de cuál sea el conflicto y la circunstancia. Pero está claro que lo que está aconteciendo en las UPPs, por la ausencia del Estado en prácticamente todas las otras áreas, excepto la seguridad, por la falta de políticas sociales, por ejemplo, es la hipertrofia del papel de la policía, que acaba, aunque sin desearlo, convirtiéndose en una especie de Leviatán local.

De las más de 1000 favelas reconocidas en el estado de Río de Janeiro, sólo 37 están pacificadas, concentradas en la zona sur de la ciudad, la zona rica. El alto coste económico y la falta de un plan de gestión integrada de seguridad parecen también dificultar la expansión del programa. ¿Hacia dónde cree que derivará el actual programa de las UPPs?

El proyecto nació en 2008 para viabilizar la reelección del gobernador, en 2010, y para pasar un mensaje positivo al mundo, en una época de turismo en ascensión por causa de los grandes eventos. Las UPPs buscan reducir la inseguridad y lo hicieron, en el cinturón noble de la ciudad y en las áreas olímpicas. Pero como hay varias virtudes en el proyecto original, éste no se limita a esos objetivos menores y provisorios. Pueden ser preservados y recalificados. No obstante, las UPPs no se tornarán una política pública sostenible y universalizada si no son acompañadas de una revolución radical en las policías. Esto es lo que he dicho desde el primer momento.

Desafortunadamente, la realidad está demostrando que tengo razón. De ahí la importancia inestimable y la urgencia de la reforma constitucional, sin cuya aprobación no podrá ocurrir un cambio profundo de las policías. Además de eso, será necesario que el Estado cumpla su deber en las áreas sociales, con salud, educación y saneamiento, porque cuando su presencia se limita a la seguridad, las condiciones que favorecen la reproducción de la violencia no serán alteradas.

En un intento por explorar nuevas historias de vida en São Paulo, Cecilia se propuso charlar con extranjeros para conocer otras experiencias y  formas de vivir la ciudad. Empieza así una serie de perfiles de latinoamericanos que, como ella, eligieron Brasil como su nuevo hogar.

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Conocer el edificio paulistano y de arquitectura modernista São Vito en medio de una infinidad de personas caminando o hasta corriendo de un lado para el otro, cargando bolsas de plástico y empujando carritos de compras, o entrando y saliendo de locales, fue decisivo para la cordobesa Noelia Monteiro.

Al pararse frente a aquel monstruo desocupado, al lado del Mercado Municipal y de la famosa calle 25 de Março, la argentina, que en aquel momento tenía 22 años y era estudiante de arquitectura, se preguntó cómo un edificio residencial de 27 pisos y 624 departamentos, inmerso en un área tan dinámica y con tanta infraestructura, podía estar desocupado. Fue en ese momento que encontró el tema de su tesis de graduación.

Era 2007 y Noelia estaba realizando un intercambio en la Universidad Estadual de Campinas, la Unicamp, a 80 kilómetros de São Paulo. Dos años más tarde, con el título en manos, volvió a Brasil a presentar su trabajo de graduación sobre cómo la combinación de actores públicos y privados podían hacer viables viviendas sociales en el centro de la ciudad.

Noelia Monteiro dejó su Córdoba natal, en la Argentina, y se mudó a São Paulo. Fotografía: Patricio Fernández Quintana

Fue en ese viaje que descubrió un posgrado en la Escola da Cidade relacionado con lo que venía estudiando, que la motivó a mudarse a esta ciudad en 2011.

Curiosamente, en esa nueva vuelta, pudo presenciar el final de la demolición de aquel edificio que tanto la había inspirado. Además de estudiar, empezó a trabajar en un estudio de arquitectura e integró el equipo que ganó un concurso para revitalizar áreas ocupadas y contaminadas, que pertenecen a cuencas hidrográficas.

Esa fue una de las sorpresas que Noelia se llevó al llegar a São Paulo: “El trabajo con vivienda social que se hace acá no tiene punto de comparación con el de la Argentina”.

Pero aún antes de saber de esta característica, la capital paulista ya la seducía. Desde la época de la facultad, conocía sus emblemas y autores arquitectónicos, como los modernistas Paulo Mendes da Rocha y João Batista Vilanova.

“Es curioso que la arquitectura sea increíble pero el urbanismo, tan caótico”, cuenta. Sin embargo, ese desorden urbano, que puede desconcertar a muchos, a ella la inspira, pues ve lo mucho que se puede hacer en su profesión.

Microuniverso particular

Sonriente y tranquila, Noelia, hoy con 29 años, encontró una forma de encarar la ciudad sin drama: “Uno se va creando sus mini mundos, con lugares que frecuenta, el barrio donde vive, las personas que conoce… De a poco, ese pequeño universo humaniza la ciudad y no es más un monstruo”. Y el mini mundo que la cordobesa construyó está en el centro de la ciudad, donde puede hacer casi todo a pie.

Noelia, en plena acción, durante la reforma de un apartamento. Fotografía: Patricio Fernández Quintana

Vivió un tiempo en el Copan, el emblemático edificio proyectado por el arquitecto Oscar Niemeyer (1907-2012), que encanta con sus curvas y su vista panorámica. Después pasó a Vila Buarque, barrio que cuenta con una de las calles más arquitectónicas de San Pablo, conocida por concentrar muchísimos estudios, el Instituto Brasileiro de Arquitectura y la Escola da Cidade, donde Noelia estudió y sigue estudiando (ahora un posgrado sobre Geografía, Ciudad y Arquitectura).

Además de trabajar a pocas cuadras de allí, los lugares que le gusta frecuentar en su tiempo libre también están a una distancia “caminable”. Uno de ellos es el Sesc Consolaçāo, una institución que ofrece una variedad inmensa de actividades de recreación y cultura.

“También estoy cerca de la calle Augusta, que me fascina por ser un lugar en donde pueden convivir desde las tribus urbanas del centro a las concesionarias de Jardins, de un bar a un emprendimiento inmobiliario con showroom abierto a las 2 am”, cuenta, divertida.

Una multinacional chiquitita

Parte del día, Noelia lo pasa en casa, trabajando en los proyectos de un estudio que creó con dos amigos, Germán Nieva y Dante Rimodino. Después de terminar la facultad, hicieron una promesa: cuando alcanzasen los 30 años, crearían juntos un estudio de arquitectura.

Los argentinos habían ganado en 2006 un concurso de estudiantes con un proyecto de un centro cultural en un barrio popular de la ciudad de Córdoba y que hoy está en vías de construcción. Durante el proceso creativo, descubrieron muchas afinidades y se quedaron con las ganas de querer revivir ese trabajo en equipo.

Pero cuando se empezó a aproximar el cambio de década, Noelia estaba en São Paulo, Germán en Londres y Dante en Córdoba. Sin muchas perspectivas de mudanzas, en 2011, surgió la posibilidad de trabajar a distancia. La ONG carioca Casa do Caminho, una comunidad rural y de abrigo para niños y adolescentes, llamó a Noelia para modernizar su edificio.

Como había sido voluntaria por algunos meses el año anterior, ella conocía el espacio y sus dificultades. Pero no podía enfrentar el proyecto sola: fue hora de llamar a sus dos mosqueteros.

Germán, Noelia y Dante, socios en RMN. Fotografía: Germán Nieva

Juntos, pero separados, los tres trabajaron en el proyecto y nuevamente tuvieron la certeza de que tenían buena química. Decidieron entonces cumplir aquel viejo pacto y crearon el estudio: una multinacional, pues, después de todo, tiene tres sedes. Fiel a la tradición arquitectónica de nombrar las empresas con los nombres de sus dueños, lo bautizaron RMN. Pero no querían limitarse a las iniciales de sus apellidos, y buscaron un sentido más creativo.

Después de muchas idas y vueltas, llegaron a Random Meetings Nowhere, que resume el modus operandi del trío. “No sabemos si esa una transición al momento en que vivamos en la misma ciudad, pero nos gusta trabajar así porque nos abre más posibilidades”, cuenta la cordobesa.

Noelia habla de su vida en São Paulo y se la nota feliz. Extraña un poco algunas tradiciones de su país, como la de servir maní junto con la cerveza. Y también le gustaría volver a sentir el paso de las estaciones y ver los árboles anaranjados en el otoño así como las flores más vivas en primavera. Pero nada que opaque las conquistas de su experiencia aquí.

“Me pasaron más cosas en los últimos tres años que en los diez anteriores”, resume, contenta.

Gabriel Bayarri (g.bayarritoscano@gmail.com) es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y nos acompañará con una serie de textos cada 15 días en los que abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia dentro de las comunidades.

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El escritor italiano Ítalo Calvino dijo que los sueños se componen de deseos, temores y azar. Y así, en la construcción de las ciudades, la lógica de sus creadores se reproducía en cada calle. De cada país, llegaron nuevos hombres que habían tenido sueños compuestos por estos ingredientes. Así, deseos y temores fueron la base de la construcción social del Brasil y del resto de los lugares.

Con el azar fue diferente, pues no fue por azar por lo que la favela es negra, ni por azar que sus habitantes ocupen las posiciones sociales más bajas, y mucho menos fue por azar el triste caso que ocurrió hace unos días en el barrio noble de Flamengo, en la zona sur de Río de Janeiro.

El chico de 15 años estaba desnudo, su cuerpo era negro,  estaba acurrucado en la farola a la que estaba preso, unido por una cadena de hierro que rodeaba su cuello. Le faltaba un trozo de oreja. En silencio, pero con lágrimas, aguardó mientras el equipo de bomberos cortaba la cadena que lo unía a la farola. El crimen fue cometido por los autodenominados “justicieros”, jóvenes del lugar que acusaron al chico de robar en el barrio, y lo torturaron.

Como la pólvora, la noticia corrió por los medios de comunicación y las redes sociales. Algunas frases escuchadas en las redes sociales fueron  “esa raza debe ser exterminada con crueldad”, “pobre blanquito abrazado a la farola”, “faltó alcohol y un mechero”, “pena que no pasé con mi pitbull para dejarlo jugar un poco con él”.

Pareció que existía una sociedad embarazada de un racismo que a menudo se niega en Brasil, que sólo necesitaba una chispa para estallar; y el viejo argumento que justifica que Brasil no sufrió un apartheid como el norteamericano o el sudafricano quedó anulado con el valor de las imágenes del negro desnudo. Los “justicieros” actuaban entonces como marionetas de un racismo institucionalizado, en el que resulta más barato y más seguro gobernar los efectos que gobernar las causas.

El chico de 15 años estaba desnudo, acurrucado en la farola a la que estaba preso, unido por una cadena de hierro que rodeaba su cuello. Fotografía: Reprodução/facebook.com/yvonne.demello

Paradójicamente, la discusión sobre los “justicieros” gira en torno a su relación con la justicia, al “margen de apreciación” que se concede para autodeterminar justicia, para autodeterminar “procedimientos de excepción” en situaciones concretas que amenazan a la seguridad pública, para autodeterminar soberanía a las acciones frente a la justicia real.

Esta salvaje arbitrariedad no existe ni en las propias leyes de la selva. El escritor británico Rudyard Kippling describió las reglas de una sociedad animal sensata en su “Libro de las tierras vírgenes”, el “Libro de la Selva”, donde la ley es estricta, y Kippling cuenta cómo la asamblea de los lobos vendió al cachorro humano Mowgli a Bagueera, la pantera, a cambio de un buey, y Mowgli no pudo matar jamás al animal que le dio la vida, al buey, para mantener el orden soberano de su sociedad manada, la justicia de la manada por encima de la justicia individual.

“Razones de seguridad”, bajo ese lema se absorbe la legitimidad de los “justicieros”, y genera un enorme agujero negro, en la sociedad y en la doctrina del derecho público.  La expresión “por razones de seguridad” funciona como argumento de autoridad que corta cualquier discusión por la raíz, y permite adoptar medidas que serían inaceptables en otro contexto.

“La necesidad no tiene ley”, o “un fin que justifica los medios” son frases que respaldan los procedimientos de excepción, que suspenden por un período limitado de tiempo las garantías de la ley, por lo que constituye seriamente una amenaza inmediata y real.

Los procedimientos de excepción han llegado también a la pequeña favela de Santa Marta, situada en la zona Sur de Río de Janeiro. Cinco mil cámaras controlan sus calles, una proporción de una cámara para cada vecino de la comunidad. La pacificación de 2008 trajo consigo el servicio de video-vigilancia, un sistema creado para controlar las prisiones,  y que difumina la noción de espacio público en el área pacificada. Este alineamiento entre el espacio público y el privado materializado en la video-vigilancia está justificado “por razones de seguridad”, por la preocupación de identificar criminales o individuos peligrosos.

En esta lógica todo ciudadano se convierte en un terrorista potencial. Deseos y temores constituyen un paisaje invisible que condiciona lo visible. Los temores constituyen muros, justicias paralelas, imaginarios segregacionistas, estigmas. Queda entonces recurrir al deseo, al de casi todos, al de que se gobiernen las causas y no sólo los efectos, sin “justicieros” para poder hacer justicia de base, en sus pilares, donde el propio azar se puede transformar en algo más justo.