Debajo de un cuadro con la frase “Ahlan-Wa-Sahlan”, que significa “bienvenido” en árabe, dos jóvenes musulmanes se entretienen chateando con sus teléfonos móviles.

Se trata de una imagen cotidiana que podría parecer la de cualquier locutorio de una ciudad europea, o de Medio Oriente, si no fuese porque ambos jóvenes son refugiados sirios y el lugar en el que se encuentran es una parroquia católica de Río de Janeiro. 

Hace cinco meses, Ahmad Hamada, de 30 años, y su amigo Mohamed Al-Saleh, un palestino nacido en Siria, de 22 años, dejaron el campo de refugiados de Yarmuk, en Siria, un lugar ubicado a pocos kilómetros del palacio del presidente Bashar Al-Assad, donde 12.000 personas se mueren de hambre y enfermedades.

Los dos jóvenes lograron abandonar el campo de refugiados a bordo del coche de unos contrabandistas y por 3000 dólares consiguieron atravesar la frontera del Líbano y embarcar rumbo a Estambul, Turquía.

“Salir del infierno de Yarmuk ya fue una bendición, sin embargo, fue en Turquía donde las cosas se complicaron. En Estambul hay auténticas redes mafiosas que pueden conseguirte un pasaporte falso en menos de 15 días por 350 dólares”, explica Mohamed, quien se niega a dar más detalles sobre los pasaportes falsos que obtuvieron en Turquía o contar cómo hicieron para embarcar en un vuelo hacia Roma, aunque reconoce que, en total, gastaron  5000 dólares para llegar a Europa.

Con un esforzado aunque entendible inglés, Ahmad resume con ayuda de gestos los abusos que los carabinieri italianos les infligieron tras ser detenidos y trasladados a  una comisaría de Roma por portar documentos falsos.

“Ocho policías italianos nos golpearon como a animales y nos dijeron que nos odiaban, jamás pude imaginar tanto racismo en un país tan próximo al nuestro”.

Por suerte para ambos, las autoridades italianas no pudieron retener sus pasaportes sirios, gracias a los cuales, y tras gastar un total de 9000 dólares, consiguieron llegar a Brasil.

Desde que a fines de 2013 el Ministerio de Justicia de Brasil creó una normativa específica para facilitar la concesión de visados a refugiados sirios a través del Comité Nacional de Refugiados (Conare), el gigante sudamericano se ha convertido en el país con más refugiados sirios de América Latina.

En total, 2077 ciudadanos sirios han encontrado a más 10.000 kilómetros de Siria su tierra prometida o al menos un lugar en el que tienen la posibilidad de volver a empezar. 

De hecho, Brasil acoge a más  refugiados sirios que Estados Unidos (1243) o los países europeos del Mediterráneo, como España (1335), Grecia (1275), Italia (1005) o Portugal, que únicamente alberga a 15 refugiados de esta nacionalidad.

Tanto es así que en el discurso del Día de la Independencia de Brasil, el pasado 7 de septiembre, la presidenta Dilma Rousseff declaró que “a pesar de las dificultades que atraviesa el país, Brasil tiene los brazos abiertos para acoger a los refugiados”.

Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Como reconoce el párroco de la parroquia de São João da Lagoa, Álex Coelho Sampaio, donde se encuentran albergados Ahmad y Mohamed, “el gobierno de Brasil ha hecho una gran labor acogiendo a los refugiados sirios, pero una vez que les coloca el sello en el visado se desentiende completamente de sus necesidades más básicas”.

Desde hace 14 meses, y gracias al apoyo de Cáritas y la archidiócesis de Río de Janeiro, su modesta parroquia proporciona alojamiento, comida, tratamiento sanitario y clases de portugués a 16 refugiados, nueve de ellos de  nacionalidad siria.

“Como habéis visto en la entrada, a pesar de ser un templo católico, los musulmanes son recibidos con todo el apoyo que merece un ser humano que ha sufrido”, dice.

Gracias al apoyo de sus feligreses, este párroco ha conseguido convertirse en la única casa de acogida para refugiados en Río de Janeiro.

No obstante, el padre Coelho sabe que la mayoría de los sirios no permanecerá en Brasil después de los tres meses de asistencia gratuita que la Iglesia les concede.

“Para ellos, Europa es la única solución. Cuando salgan de aquí, la mayoría viajará a la ciudad de Fortaleza, desde donde salen vuelos hacia Turquía con escala en Berlín, y será entonces cuando intenten quedarse en Alemania”, comenta.

Ahmad y Mohamed lo tienen claro, Dinamarca o Suecia son su verdadera meta. En cuanto reúnan el dinero suficiente, vendiendo comida árabe en las calles de Río de Janeiro, comprarán sus billetes de avión.

Aunque se resistan a reconocerlo, es muy posible que recurran a los “coyotes”, la mafia que opera en las fronteras de Brasil ayudando a cruzar a ilegales bolivianos o haitianos y que, además, se dedica a suministrar pasaportes falsos a traficantes de armas y drogas a un módico precio.

Como bien decía Mohamed, el infierno de los refugiados muchas veces comienza en cuanto ponen un pie fuera de su país.

Desde el año 2000, en el estado de Goiás, en el Centro-Oeste de Brasil, se han registrado 43 desapariciones forzadas, todas cometidas por agentes del Estado.

Ninguno de los cuerpos ha sido encontrado y todos los casos han quedado impunes. Fue de esta manera que comenzó la audiencia pública sobre violencia policial que tuvo lugar el viernes 31 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, capital de Estados Unidos.

Ante esta reconocida institución internacional, el diputado estatal Mauro Rubem (PT), junto con los defensores públicos federales Bruno Arruda y Adriano Souza Carneiro y con el abogado Allan Hahnemann Ferreira de la asociación Cerrado Asesoramiento Jurídico Popular, denunciaron que en 42 de los 43 casos los perpetradores eran agentes de la policía militar.

Muchos de los desaparecidos tenían antecedentes penales. Así, el Estado lo justifica como  parte de su estrategia de “combate a la criminalidad violenta”.

Los peticionarios destacan el caso del niño Murilo Soares, de 12 años, quién, en abril de 2005, estaba en un auto con el ayudante de obra Paulo Sergio Pereira Rodrigues,  cuando fueron abordados por  policías militares (tropa de élite ROTAM) y llevados a un lugar desconocido.

El automóvil fue encontrado quemado al día siguiente y hasta hoy se desconoce el paradero de ambas víctimas. “Este caso es el único que se había investigado y acaba de ser archivado”, lamenta Hahnemann.

Es más, estos asesinatos se realizan en el marco de intimidación y amenazas. Así, los peticionarios denunciaron que en 2011 el diario local “O Popular” fue amenazado tras la publicación de una serie de reportajes titulado “¿Dónde están?”, que denunciaba que los desaparecidos en democracia superan a los de la dictadura en Goiás.

El año pasado, el diputado Rubem también recibió amenazas por su labor relacionada con estas investigaciones, dijo Hahnemann, en una entrevista exclusiva con esta cronista.

Otra irregularidad que se denunció durante la audiencia fue la contratación sin concurso público de policías militares voluntarios bajo la ley estatal 17.882, que termina por afectar la calidad de la seguridad pública.

Conocidos como los policiales de “calça curta” o de “pantalones cortos”, ejercen sin la preparación adecuada y con una alta rotación. La inconstitucionalidad de esta ley está siendo actualmente considerada por la Corte Suprema de Brasil, tras una acción interpuesta por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot.

Pero el excesivo uso de la fuerza por parte del orden público no es exclusivo de Goiás. Según un estudio publicado este lunes (10) por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, entre 2009 y 2013, un promedio de seis personas murieron por día a raíz de la violencia policial en Brasil.

Sólo en Río de Janeiro, en el primer trimestre de 2014, hubo 153 “autos de resistencia”, o muertes a manos de la policía. De hecho, junto con los estados de Mato Grosso, São Paulo y Santa Catarina, Río es el único estado que divulga estas cifras.

Pero expertos en derechos humanos concuerdan en que la figura de “auto de resistencia” sirve para maquillar las cifras de ejecuciones por parte de la policía, basándose automáticamente en el supuesto de que hubo una resistencia o un enfrentamiento entre la policía y el civil.

Así, según una resolución del gobierno de Brasil de diciembre de 2012, el término de “auto de resistencia” ya no debería existir. Efectivamente, muchas de las muertes a manos de policías son en realidad ejecuciones y no muertes como resultado de un enfrentamiento.

Mientras tanto, en 2011, el gobierno de Goiás decretó la creación de una Comisión de Defensa de la Ciudadanía, integrada por agentes policiales,  miembros del Ministerio Público, del Poder Legislativo y de la sociedad civil.

Dicha comisión, presidida por el diputado Rubem, emitió un informe  detallado llamado Inseguridad Pública en Goiás: Anacronismo y Caos, en agosto de 2012, en donde ya registraba 36 desapariciones. Siete más han sido notificadas desde entonces.

Brasil ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Ahora, tras largos debates en el Congreso, queda por ver si Brasil optará por tipificar el crimen de desaparición forzada, algo que, según indica el defensor público Adrian Souza “es esencial para este proceso”.

Pero el debate es complejo, y no todos están de acuerdo sobre sus implicancias.

A principios de septiembre una noticia le aguó el desayuno al embajador marroquí en Brasil y posiblemente al propio Mohamed VI, rey de Marruecos: todos los partidos de la Cámara de los Diputados de Brasil, incluido el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), pidieron a la presidenta Dilma Rousseff que reconozca a la República Saharaui, el último territorio africano pendiente de descolonización, actualmente ocupado por Marruecos de forma ilegal, según las Naciones Unidas.

La relevancia de este hecho reside en que África es un punto estratégico de las relaciones exteriores de Brasil, país que ya cuenta con más embajadas en ese continente que el Reino Unido.

Desde hace 39 años el conflicto del Sáhara Occidental, tan desconocido como decisivo, mantiene a los países del Magreb divididos y hace que Marruecos sea el único país africano que no pertenece a la Unión Africana.

Según ACNUR, más de 200.000 saharauis, ciudadanos españoles hasta 1975, sobreviven en los campos de refugiados de Argelia desde hace 40 años. Fotografía: José Antonio Bautista.

La petición unánime de los diputados brasileños pone entre la espada y la pared al gobierno de Rousseff en plena carrera electoral: si reconoce el estatus diplomático de la República Saharaui, recibirá el beneplácito de los 54 países que componen el continente africano… De todos menos de uno: Marruecos.

Si no lo hace, Brasil evitará un roce diplomático con Marruecos y continuará junto a Chile y Argentina en el pequeño grupo de países de América Latina que no reconocen a la República Saharaui.

Pero, ¿por qué es tan importante para Brasil mantener una buena relación con Marruecos?

La respuesta es sencilla: el Sáhara Occidental alberga las mayores reservas mundiales de fosfatos, ingrediente esencial para la fabricación de fertilizantes agrícolas.

Brasil, donde el sector agrícola representa casi el 6% del PIB, aumentó en un 930,6% sus importaciones de fosfatos procedentes del Sáhara Occidental entre 2003 y 2013, según los datos de la Organización Mundial del Comercio.

El pujante agronegocio brasileño necesita cada vez más fertilizantes y Marruecos controla las minas de fosfatos saharauis, por lo que los diplomáticos brasileños temen que el reconocimiento se traduzca en pérdidas.

“Hay consenso en el Parlamento, lo que se pide es que Brasil establezca relaciones con el Sahara al igual que hizo con Palestina en 2010”, dice Mohamed Zrug, representante del Frente Polisario en Brasil.

El diplomático saharaui explica que “no hay motivos de peso para que Brasil no establezca relaciones” y cita el ejemplo de México, que mantiene una relación cordial con Marruecos al mismo tiempo que reconoce a la República saharaui.

Para Zrug, el reconocimiento es importante porque “presiona a Marruecos hacia la mesa de negociación” para celebrar un referéndum de autodeterminación.

En Brasil, el sector agrícola representa casi el 6% del PIB. Fotografía: Eduardo Knapp/Folhapress.

La antigua colonia española del Sahara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975. Tras 16  años de guerra entre Marruecos y los saharauis, organizados en el Frente Polisario, en 1991 ambas partes llegaron a un acuerdo bajo el paraguas de la ONU para negociar un referéndum de autodeterminación en el que se decidiría el futuro del territorio.

Desde entonces, las autoridades marroquíes han puesto trabas para impedir esta votación, a pesar de que el propio Consejo de Seguridad mantiene a más de 500 efectivos sobre el terreno para organizar el referéndum.

Los diputados brasileños también pidieron a Rousseff que el gobierno brasileño se sume a los países que piden que la ONU observe la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

Desde hace varios años, organizaciones de la talla de Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian la “sistemática violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental por parte de las autoridades marroquíes”.

“La presión es muy fuerte por parte de Marruecos”, declara Alfredo Sirkis, diputado en la bancada socialista y promotor de esta petición parlamentaria.

Sirkis explica que el gobierno brasileño nunca se pronunció acerca de la violación de derechos humanos en el territorio y añade que “Brasil debería dar el reconocimiento porque es justo, independientemente de lo que hagan otros países”.

Los diplomáticos marroquíes en Brasil no accedieron a compartir su opinión con los autores de este artículo acerca de la propuesta de los diputados brasileños.

“Aunque todavía no reconozca la República Saharaui, Brasil defiende una solución justa, pacífica y mutuamente aceptable para el territorio basada en el principio de autodeterminación”. Las palabras son de un diplomático brasileño que accede a conversar preservando el anonimato.

El pujante agronegocio brasileño necesita cada vez más fertilizantes y Marruecos controla las minas de fosfatos saharauis. Fotografía: Juca Varella/Folhapress.

Esta fuente explica que en 2013 Brasil envió 120.000 dólares y casi 2000 toneladas de arroz a los campos de refugiados saharauis que hay en Argelia. Añade que desde que Mohamed VI accedió al trono las relaciones entre Brasil y Marruecos ganaron intensidad, especialmente en materia de cooperación agrícola.

Siguiendo los pasos del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta y economista Dilma Rousseff habló en 2012 de construir una relación con África “libre de todas las prácticas coloniales que devastaron mi continente y el africano”.

Brasil, el país del mundo donde viven más descendientes de origen africano, ya tomó partido en 2002 a favor del referéndum de autodeterminación en Timor Oriental, antigua colonia portuguesa posteriormente invadida por Indonesia. En esta ocasión, Brasil deberá posicionarse acerca del último territorio africano pendiente de descolonización.

La vulneración de los derechos de los pueblos  indígenas,  los desalojos forzosos en barrios humildes, el legado de la dictadura militar o de la esclavitud, los derechos de las personas LGBTTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex), la situación de los niños de la calle y la marginación social en sus distintas formas fueron algunos de los temas que se tocaron y profundizaron en la “Muestra de Cine y Derechos Humanos  en Sudamérica”.

La octava edición del festival, que se realizó desde el 26 de noviembre hasta el 22 de diciembre, recorrió  grandes ciudades y pequeños municipios de Brasil, desde Manaos hasta Porto Alegre, exhibiendo documentales tanto en grandes cines como en salas improvisadas.

Muchos de los documentales, filmados por realizadores de todo el continente, reflejaron  violaciones a los derechos humanos que, parece, ocurrieron en tiempos y ciudades lejanas. Aunque en realidad están mucho más cerca de lo que pensamos. Cabe preguntarnos, ¿cuántas  situaciones que se vieron en la pantalla siguen vigentes en el Brasil actual? ¿Y cuántas, de las ocurridas hace 50 o incluso 80 años, tienen aún secuelas sobre el  tejido social?

Las películas “Nótese Bien” y “Días con Él” son miradas contemporáneas sobre la dictadura militar brasileña (1964-1985). Pero en el Río de Janeiro de hoy, la violencia policial no es  ningún anacronismo. Bien lo sabe la viuda de Amarildo de Souza, el albañil que fue torturado por la Policía Militar y desapareció en julio de este año de la favela Rocinha, la más grande de Brasil.

Elizabeth Gomes da Silva, esposa del albañil Amarildo de Souza, quien desapareció de la favela Rocinha, en julio de este año. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress

Según Amnistía Internacional, sólo en el estado de Río de Janeiro, unos 233 homicidios producto de intervenciones policiales fueron registrados en los primeros siete meses del año. Entre muchas asignaturas pendientes para 2014, la Cámara de Diputados aún debe tratar la ley sobre desapariciones forzadas, que ya fue aprobada por el Senado  en agosto de este año.

La marginación y la exclusión social fueron otros temas abordados en el festival. Un documental impactante llamado “Paredes Invisibles: Lepra Región Norte” ofrece el testimonio de varias personas, ahora todas de edad avanzada, afectadas por esta enfermedad, que fueron aisladas forzosamente de sus familias en su juventud y obligados a vivir en colonias precarias hasta los años setenta.

“Todo el mundo tiene miedo, porque no tiene el conocimiento”, dice uno de los entrevistados en la película. Si bien el gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva les ofreció una pensión vitalicia, el dolor por el rechazo, el prejuicio y la soledad sufrida durante años dejó  profundas heridas, más allá de la propia enfermedad.

La muestra también dedicó una sección específica al cine realizado por pueblos originarios. “Los Descendientes del Jaguar”, un documental de Eriberto Gualinga, filmado con el apoyo de Amnistía Internacional, narra de qué manera, en 2002, el pueblo indígena Sarayaku, que habita el Amazonas ecuatoriano vio sus tierras invadidas por una petrolera argentina, con el apoyo del ejército de Ecuador.

Indígenas reocupan un área de la antigua Aldeia Maracanã, en agosto pasado, en la zona norte de Río de Janeiro. Fotografía: Fabio Teixeira/UOL

El año pasado, la Corte Interamericana  de Derechos Humanos dictó una sentencia que obliga al gobierno ecuatoriano a retirar los explosivos  que habían sido colocados a lo largo de 16.000 hectáreas dentro de este territorio indígena.  Ecuador también tendrá que adoptar medidas legislativas para hacer efectivo el derecho a la consulta previa para cualquier proyecto en donde los pueblos originarios pudieran verse afectados. Los Sarayaku aún siguen esperando.

Mientras tanto, el 4 de diciembre pasado, la policía ecuatoriana cerró arbitrariamente la Fundación Pachamama, cuyo abogado Mario Melo es uno de los litigantes del caso y aparece en la película.

A más de 6000 kilómetros de allí,  en Río de Janeiro, representantes de diferentes comunidades indígenas siguen luchando en contra de su expulsión de la Aldeia Maracanã, un lindo -aunque muy deteriorado- edificio de finales del siglo XIX, ubicado en el barrio Maracanã, que fue donado al Servicio de Protección Indígena en 1910.

En el marco del Mundial que se realizará en Brasil el año que viene, ahora más que nunca, el edificio se ha convertido en un símbolo de la resistencia indígena. Hace solo unas semanas, más de 20  activistas  fueron detenidos y liberados en un mismo día por oponerse a la ocupación del edificio por la policía.

Ash Ashaninka resistió la ocupación de la Aldeia Maracanã por la policía en Río de Janeiro. Fotografía: Milli Legrain

Si bien en un principio el edificio iba a ser demolido, el 16 de diciembre el  gobierno de Río de Janeiro decretó que sería transformado en un Centro de Referencia de las Culturas Indígenas. Pero Ash Ashaninka, representante de la comunidad, me dijo: “Queremos que esta área sea reconocida como territorio indígena como siempre lo ha sido”. “Queremos una universidad indígena en vez de un museo para turistas”, añadió.

¿Cuántos de nosotros estaremos reflexionando sobre estos temas durante estas Fiestas?

*Periodista franco-británica especializada en derechos humanos y cine. Trabaja desde hace más de diez años en comunicación y en asuntos latinoamericanos. Tiene un máster en Cooperación Internacional y trabajó en proyectos de educación comunitaria en México y Chile. Vive en Río de Janeiro desde junio de 2013.

Gabriel Bayarri (g.bayarritoscano@gmail.com) es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y nos acompañará con una serie de textos cada 15 días en los que abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia dentro de las comunidades.

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Lágrimas del mismo color unieron a Sudáfrica un verano de diciembre. Nelson Mandela,  líder del movimiento antiapartheid y ex presidente de Sudáfrica, cerró los ojos por última vez y abandonó a su país y al resto de los lugares para siempre, con una consciencia tranquila, aunque seguramente insatisfecho con el presente.

En ese momento, resurgieron en la tierra formas ancestrales de comunicación, un boca a boca de madrugada inundó con la noticia el área favelada de Johannesburgo, la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica. “El abuelo se ha ido, Madiba ha muerto”. A voces secas y cantadas se llevó la pérdida a todos los rincones, y atravesó el océano, llegando también al “Rincón de los Poetas” de la favela Santa Marta, en la zona sur de Río de Janeiro.

Las tascas del morro avivaron el debate y lo derivaron hacia la realidad local. El anciano Isaías habló sobre su abuela cojita, nordestina, hijastra de esclavos del estado de Pernambuco. Su hijo, Isaías Junior, pardo de piel y mecánico de profesión, juró haberse beneficiado de la política de cuotas para negros. El mesonero, primo de Isaías, se santiguó ante la cruz bermeja del Partido de los Trabajadores, y comparó con acento trascendental la labor de reinserción social del ex presidente Lula da Silva con la del propio Mandela.

Discutieron después sus derechos, la pacificación de su comunidad y la llegada de algunos servicios sociales, reflexionando sobre su condición de ciudadanos de la arena del morro. Y la noche transcurrió con amagos de filosofía, seguros de que sus pensamientos eran ahora importantes. El amanecer los encontró conmemorando a Mandela en versos del guitarrista y cantautor brasileño Toquinho, en una demostración más de la acuarela cultural brasileña.

Nelson Mandela, ícono mundial de la libertad y la paz. Fotografía: Denis Farrell- 7.dez.2005-Associated Press

La tradición oral ensalza los mitos, que se asientan en el suburbio. En Santa Marta, el mito de Mandela es comparado con el de San Jorge, el Santo de los Guerreros, aunque de los guerreros pobres y negros, los de la periferia, del día a día de ambas realidades. Santa Marta y Brasil también han quedado huérfanos.

Los hemisferios se disponen a llorar a la par, y entre tanto protocolo en proceso, muchas comunidades preparan arroz y ruedas de samba en su conmemoración popular. Son muchos los agradecimientos y agradecidos.

El escritor y periodista Charles Bowden, en National Geographic, afirmaba que “en cualquier lugar del mundo las fronteras generan violencia, la violencia fomenta la aparición de vallas y, ocasionalmente, las vallas se convierten en muros”.

Miles de favelas valladas con muros, condenadas a la estratificación, conmemorarán no la muerte, sino la existencia de una persona como Mandela, que formuló esta frase a la inversa: “luchando contra esas fronteras se estará luchando contra la violencia, y entonces no hará falta levantar más muros de la vergüenza”.

Un Brasil africano que busca justicia a través de las políticas de reconocimiento étnico, social y cultural abraza a una Sudáfrica con el mismo abanico de colores. Con su ejemplo, Mandela consiguió muchas cosas, y entre las oníricas, que los niños soñasen, además de con ser futbolistas, con un mundo que se puede cambiar.

Una niña deposita flores en honor a Nelson Mandela, en un barrio de Johannesburgo. Fotografía: Carl de Souza-AFP

Brasil es una cuestión de perspectiva. Las primeras palabras que aprenderá un turista al llegar al país pueden ser “caipirinha”, “feijoada” y “legal”, pero para quien viene a quedarse, el vocabulario inicial estará compuesto por “cartório”, “firma reconhecida” y, claro, el infaltable “despachante”.

La burocracia no es un mal exclusivo de Brasil, pero sus efectos en el país ganan cada vez más fuerza a medida de que el “gigante sudamericano” cobra importancia en el escenario internacional.

Tanto brasileños como extranjeros enfrentan todos los días largas filas a la hora de hacer trámites. Robson VenturaFolhapress

A comienzos de este mes, el tema fue analizado en una serie de reportajes del Jornal Nacional, transmitido en el horario estelar de la cadena Globo. Demoras, exceso de papeleo, modificación constante de reglas y falta de coordinación institucional son algunos de los principales problemas que enfrenta un emprendedor que quiere hacer negocios en la séptima economia del mundo.

El informe Doing Business del Banco Mundial compara las economías de 189 países y establece mecanismos y reglas para la creación de empresas privadas.

La evaluación de 2014 ubicó a Brasil en el puesto 116, por debajo de Chile, Perú, Colombia, México, Panamá, Uruguay y Paraguay. Si bien subió dos puestos en comparación con 2013, el reporte demuestra que Brasil aún tiene grandes desafíos por delante. Abrir una empresa requiere de 13 procedimientos y 108 días, muy por debajo del promedio de América latina (9 procedimientos y 37 días), y aún peor si se compara al país con los números de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con 5 procedimientos y 12 días.

LOS CIUDADANOS, TAMBIÉN PERJUDICADOS

El exceso de burocracia en el país no solo limita a empresarios y emprendedores, sino también a los ciudadanos que deben completar trámites comunes como parte de su cotidianidad.

En el caso concreto de los extranjeros, Brasil se presenta como un verdadero desafío a la paciencia. Cada documento exige obtener previamente otra serie de papeles, que -casi sin excepción- demandan idas a las notarías, subiendo costos e imponiendo más dificultades.

Así, por ejemplo, si se trata de legitimar una licencia de conducir internacional, el primer paso sería ir a la Policía Federal para obtener una certificación que llevará, por lo menos, dos semanas. Si la persona carece de tiempo para hacer la solicitud personalmente o para retirar el documento, es posible delegar el trámite en una tercera persona, para lo cual corresponde llevar una autorización a la notaría para realizar el reconocimiento de la firma.

Pero este es sólo el comienzo, luego vendrán el examen médico, la visita a la Dirección de Tránsito y la espera por el documento. En promedio, para registrar la licencia, una persona deberá dedicar de cuatro a cinco mañanas.

Los plazos para culminar procesos son variables e imprevistos. Tramitar la residencia permanente puede llevar desde cuatro meses hasta más de un año en ser aprobada. Obtener el visado y el documento de extranjería puede llegar a costar hasta 200 dólares en notarías, más los gastos por tasas procesales, en tanto que exige una espera de hasta dos años. El paquete básico de documentos para todo inmigrante cuenta también con el número fiscal, cuentas bancarias y, dependiendo del caso, un permiso de trabajo.

Las complicaciones en los procesos favorecen la creación de figuras tercerizadas como el “despachante”, un gestor, o equipo de gestores, que harán todo el papeleo por un pago estipulado. Y es que para muchas personas, con rutinas y horarios de trabajo complejos, hacer esos trámites no sería posible sin un despachante.

Abrir una empresa en Brasil requiere 13 procedimientos y 108 días, muy por debajo del promedio de América latina (9 procedimientos y 37 días). Tercio TeixeiraFolhapress

También ha facilitado que en las inmediaciones de las oficinas públicas se establezcan enjambres de improvisados empleados que prometen trámites expeditos por una cuantía de dinero. Ambas ocupaciones no son para demeritar: cualquier papeleo en Brasil requiere, además de mucha paciencia, una mezcla de conocimientos y recursos de los cuales no todo el mundo dispone, especialmente para aquellos extranjeros que con dificultad balbucean una o dos palabras en portugués.

Ya en otra escala, el exceso de burocracia beneficia la corrupción. La cantidad de barreras, organismos y procedimientos, en muchos casos son “acortados” por el pago de sobornos o por la “ayuda de amigos”. A contramano de los países del bloque de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), las empresas brasileñas ocupan el cuarto lugar en materia de transparencia, reveló un estudio de la ONG Transparencia Internacional, divulgado en octubre pasado.

La investigación no determina que la corrupción se haya instalado a nivel empresarial, pero sí que la lucha contra la corrupción es inexistente, y que temas como el “pago de favores” no son explícitamente prohibidos.

Los brasileños suelen bromear con que la burocracia y la necesidad de “cartórios” es herencia portuguesa, sin embargo, la tradición se ha instalado de forma tal que hasta comprar una cerveza puede ser un trámite complicado: en muchos bares de São Paulo serán necesarios hasta tres procedimientos.

El Barón del Rio Branco (1845-1912), considerado el patrón de la diplomacia brasileña, prestaría mucho interés al papel del Itamaraty en estos momentos del partido. Rio Branco abogó por la paz incluso cuando dibujó las actuales fronteras de Brasil sobre los mapas de Bolivia, Uruguay y Argentina y el presidente boliviano Evo Morales ya se ha referido a él como el hombre que quitó Acre a Bolivia en 1903 a cambio de un simple caballo. La anécdota, que no va más allá de la leyenda -el territorio costó mucho más-, ilustra por qué la silla del ministro de Exteriores de Brasil puede quedarle grande a algunos de sus ocupantes.

Antonio Patriota, nombrado ministro de Relaciones Exteriores cuando Dilma Rousseff asumió el poder, acaba de salir por la puerta de atrás poco más de dos años después de estrenar despacho. El episodio cinematográfico de la huida del senador boliviano Roger Pinto Molina, refugiado en la embajada brasileña en La Paz desde mayo de 2012 a la espera de un salvoconducto que le permitiese disfrutar del asilo político que Brasil le había concedido, ha irritado lo suficiente a la presidenta como para hacer caer al ministro sin vacilar.

Esas 16 horas de viaje en auto que Molina hizo para atravesar Bolivia y llegar a Brasil y, sobre todo, la complicidad de un diplomático brasileño Eduardo Saboia que, supuestamente a escondidas, decidió saltarse todos los escalones jerárquicos y acompañarlo encendieron la mecha que ha hecho saltar por los aires a Patriota.

El incidente es “grave”, según el gobierno boliviano, pero no tendría por qué haber sido determinante. Patriota, al fin y al cabo, toreaba en una plaza donde la política externa no es una prioridad. Factores estructurales, como la contracción de la economía, le colocaron en una situación menos cómoda que la de sus antecesores. Hay especialistas, sin embargo, que coinciden en que este ha sido el episodio que Rousseff ha aprovechado para quitarse de en medio a alguien con, cada vez, menos peso, en el gobierno.

“Itamaraty perdió mucho poder dentro del Gobierno [durante el mandato de Patriota], se le excluyó de las principales decisiones… este es el desenlace de un desencuentro absoluto”, defiende Sergio Fausto, politólogo y director del Instituto Fernando Henrique Cardoso.

Rousseff observa a Patriota mientras cambia los letreros equivocados durante una cumbre de Mercosur. Juan Mabromata/France Presse

“No hay duda de que hace tiempo que Patriota no tenía fuerza política ni apoyo de la presidenta. Su salida del gobierno se dio por hecho varias veces, solo que él resistió”, afirma Dawisson Belém Lopes, profesor de política internacional de la Universidad Federal de Minas Gerais.

Lopes mantiene que a Patriota le falló su falta de perfil político. “A pesar de su brillante trayectoria académica y diplomática, fue incapaz de relacionarse con los integrantes del Partido de los Trabajadores”.

El profesor Lopes mantiene que en los últimos episodios diplomáticos en los que Brasil fue protagonista, Patriota fue convidado como espectador.

“La más grave fue cuando le dejaron de lado en el proceso que culminó con la inclusión de Venezuela en Mercosur. El ministerio de Exteriores no participó y quien ejerció de interlocutor fue el Procurador General del Estado, Luís Inácio Adams. Fue una de las desautorizaciones políticas más graves”, mantiene Lopes.

Pero no fue solo eso.

“Hace diez años la política externa no se debatía, pero ahora la actividad diplomática está muy influenciada por la democracia, hay necesidad de consultar con la sociedad, de intentar encontrar el interés nacional entre varios intereses, incluidos los políticos… Patriota es un diplomático a la antigua, aristocrático, poco adaptado a la democracia de masas”.

El Ministerio de Exteriores de Brasil ha sido tradicionalmente una de las joyas de la Corona, “una de las burocracias más sólidas, estables y prestigiosas internacionalmente”, en palabras de Fausto. Pero también un refugio de la aristocracia, alejada de la sociedad o, “como recordó el ministro Joaquim Barbosa, una de las instituciones más racistas de Brasil”, recuerda Lopes. Con el prestigio en juego y el desafío de adaptarse a otra época, ¿cómo el Itamaraty resolverá el asilo de Molina?

Si Rio Branco levantase la cabeza…. ¿Qué habría hecho él con la negativa del salvoconducto boliviano sobre su mesa?

Dibujo del Barón del Rio Branco que integraba una muestra llamada “El Barón y la Caricatura”, expuesta en 2012 en la Biblioteca Nacional

 

El columnista Elio Gaspari me leyó la mente el otro día. En su columna del miércoles explicaba mucho mejor de lo que yo habría hecho nunca por qué puede considerarse tímida la respuesta de las autoridades brasileñas ante los desplantes del resto del mundo.

El último episodio para archivar en la memoria ha sido la detención de David Miranda, el novio de Glenn Greenwald, el periodista americano que, gracias a los datos de Edward Snowden, ha destapado el caso de espionaje digital de los Estados Unidos, esquema en el que Brasil aparece como objetivo prioritario.

“Me engana que eu gosto” se llama el texto. Un dicho tan brasileño que al traducirlo pierde la gracia y que refleja esa actitud de complacencia que el gobierno tendría con sus vecinos. Gaspari recuerda un episodio de 2005 para defender su tesis.

Influida por la psicosis causada por los atentados de Londres del 7 de julio, en los que murieron 55 personas, la policía metropolitana perseguía a un sospechoso en el metro de la ciudad. Era un brasileño, Jean Charles Menezes, que acabó muerto a tiros sin mediar palabra.

El error se saldó con una indemnización a la familia y una entonación del mea culpa por un Tony Blair que se quedó “profundamente triste por los policías que estaban actuando de buena fe, intentando garantizar la seguridad del país”. Como recuerda Gaspari, Blair fue contratado años después como consultor para preparar a Rio para los Juegos Olímpicos.

La misma Scotland Yard que persiguió y mató a ese inmigrante sospechoso que, además, contaba con todos los papeles en regla, era la que interrogaba por más de nueve horas a otro brasileño que, con información sensible en su poder, fue considerado una amenaza terrorista.

A Miranda no le permitieron un intérprete, no le dejaron llamar a un abogado y le quitaron hasta los videojuegos. Miranda me cuenta por teléfono en una entrevista para El País, que se publicará este fin de semana, que está convencido de que lo detuvieron por ser brasileño, por esa visión “imperialista” que EEUU y Gran Bretaña tienen de los países del “tercer mundo”, “porque creyeron que no habría consecuencias”.

¿Y qué ha hecho Brasil?

El periodista Greenwald ha elogiado el trato recibido por las autoridades que según él, parecían “genuinamente indignadas”. Miranda también. Me ha dicho que han sido rápidos “por la presión internacional”, pero que espera una respuesta más contundente para que no vuelva a repetirse un episodio parecido.

El ministro de Exteriores Antonio Patriota salió al paso y calificó la detención de injustificable, pero no ha transcendido si el canciller ha materializado su indignación por los “desmanes” de los agentes de Londres.

Gaspari propone mandar para casa a cualquiera de los agentes del servicio de inteligencia británico que viven en Brasil bajo protección diplomática. Es, por lo menos, un gesto.

El periodista Glenn Greenwald abraza a su novio David Miranda a su llegada a Rio. Ricardo Moraes/Reuters

Encontramos otros ejemplos de la política de gestos brasileña en sus episodios diplomáticos más recientes con los Estados Unidos – Brasil aún espera una explicación “satisfactoria” sobre el espionaje– o con Bolivia, a quien aún no le ha ganado el pulso en cuestiones como el narcotráfico o el asilo que concedió al opositor boliviano Roger Pinto Molina, confinado en la embajada de La Paz desde mayo de 2012.

Otro capítulo significativo y que, esa vez sí, acabó con un puñetazo sobre la mesa lo vivimos en 2009, cuando los policías de inmigración españoles, mis compatriotas, expulsaron a más de 1.900 brasileños antes de pisar territorio nacional. El gobierno de Lula se contuvo. “Me engana que eu gosto”.

Cierto es que la ley es la ley y que España, puerta de Europa, recibió durante años una cantidad ingente de inmigrantes que debía fiscalizar de alguna manera, pero Brasil tenía razones para reclamar: de los 9.215 extranjeros que fueron devueltos a sus países, el 21% eran brasileños.

Brasil no respondió hasta 2011, cuando una investigadora de la Universidad de São Paulo que se dirigía a Portugal fue mandada de vuelta a casa y puso el grito en el cielo.

La prensa nacional explotó el asunto y la sociedad brasileña mostró su indignación. Fue entonces, más de dos años después, cuando el gobierno brasileño dijo basta y comenzó aplicar el criterio de reciprocidad a los españoles que quisieran entrar en Brasil.

Fue una interesante novedad ver cómo en los informativos de aquí y de allá aparecían los “ciudadanos del primer mundo” siendo expulsados por los del “tercer mundo”. Fue así que España, segundo inversor en Brasil tras los Estados Unidos, reaccionó y redujo las exigencias a los turistas brasileños. Ciudadanos que hacía tiempo que, con razón, no iban a España en busca de El Dorado.