Te drogas. Cada mañana. Cada día. Varias veces. Le introduces a tu cuerpo sustancias tóxicas y cancerígenas. El Estado lo permite y tu lo toleras. Te lo venden en todos lados, está ahí, al alcance de la mano. Es más, hasta pagas por ello. Es parte de nuestro cotidiano, nos ayuda a poder terminar una jornada laboral y nos hace poder trabajar sin sueño, sin dolor de cabeza. Nos  ayuda a socializar y a desinhibirnos.

Somos una sociedad viciada y drogadicta; y muchas de las drogas que utilizamos diariamente son legales y están socialmente aceptadas.

Según datos del Ministerio de Salud de Brasil, 40.692 personas fallecieron entre 2006 y 2010 por el uso de drogas. De ese total, 34.573 (84,9%) murieron por abuso de alcohol y 4625 (11,3%), del cigarrillo, dos sustancias que son lícitas y que se comercializan de forma legal.

Ahora, si hablamos de fumarse un  cigarrillo de marihuana, las cosas cambian radicalmente.

El proyecto del diputado Jean Wyllys, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), de descriminalizar la portación de marihuana para uso personal y el libre cultivo está generando un necesario debate en un país en el que la  guerra contra las drogas se carga vidas inocentes.

Este miércoles 23 de septiembre en Parque Alegría, en la comunidad de Cajú, situada en la zona portuaria de Río de Janeiro, Herinaldo Vinicius da Santana, de 11 años, recibió cerca de las cuatro de la tarde un disparo en la cabeza. Terminó muriendo pocos minutos después.

Presuntamente, quien le disparó al chico fue un policía de laUnidad de Policía Pacificadora (UPP) de esa favela, durante  una operación de rutina.  

Indignados, los  vecinos de la comunidad grabaron los últimos suspiros del niño, en unas imágenes de mucha crudeza, y también al que creen que es el presunto asesino.

Ambos videos, que circulan por las redes sociales, denuncian una vez más los abusos cometidos por la Policía Militar (PM).

Los vecinos salieron a manifestarse para protestar contra la muerte de Herinaldo y cortaron parte de la Línea Vermelha y la Avenida Brasil, dos importantes vías de circulación que conectan la zona norte con el centro de la ciudad.

Al parecer, el niño había salido a comprar una pelota de ping-pong, detonante para que un agente de policía apretase el gatillo y se llevase la vida del menor.

Tristemante, la muerte de Herinaldo es una más entre muchas. Un niño que estuvo en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. O tal vez fue el policía que estuvo en ese lugar inoportuno en el momento equivocado.

La paupérrima preparación de la PM tiene como resultado, lamentablemente en demasiadas ocasiones, este tipo de desenlaces  fatales.

En un contexto de tensión, y no sabiendo manejar ni la situación ni el nerviosismo, se descarga un arma como prevención. Se dispara por miedo, por error. Muchos brasileños ya acostumbrados a este tipo de violencia han perdido la capacidad de sorpresa ante estos hechos.

Amnistía Internacional en su informe Mataste a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro indica que de 220 denuncias realizadas en 2011 sólo un caso se llevó ante la Justicia.

Y añade que  la mayor parte de las personas que murieron a manos de policías, casos registrados entre 2010 y 2013, son jóvenes negros de 15 a 29 años.

El dolor y la estigmatización de los más pobres es un peso que viene arrastrando Río de Janeiro desde que surgió la primera favela en la ciudad.  La delincuencia y las enfermedades siempre se asociaron a los más pobres y a las zonas periféricas. Y todavía hoy se continúa con esa creencia.

Es terrible pensar que también un niño puede matar a un policía. En esta ciudad hay niños y jóvenes armados y peligrosos que se enfrentan contra las fuerzas de seguridad.

La ciudad vive una lenta guerra con muertos de ambos bandos. La herida sigue abierta y la ciudad se desangra gota a gota, muerto a muerto. En medio de este conflicto intentan sobrevivir los más pobres, invisibles para el resto del  mundo.

La libertad, parece, es algo que no se les permite a los miserables. Poder jugar y correr no es para aquellos que viven en una favela. La libertad no existirá mientras las leyes no se ajusten a su favor. Es un sueño, y quizá en ese sueño eterno podamos finalmente  encontrarla.

Debajo de un cuadro con la frase “Ahlan-Wa-Sahlan”, que significa “bienvenido” en árabe, dos jóvenes musulmanes se entretienen chateando con sus teléfonos móviles.

Se trata de una imagen cotidiana que podría parecer la de cualquier locutorio de una ciudad europea, o de Medio Oriente, si no fuese porque ambos jóvenes son refugiados sirios y el lugar en el que se encuentran es una parroquia católica de Río de Janeiro. 

Hace cinco meses, Ahmad Hamada, de 30 años, y su amigo Mohamed Al-Saleh, un palestino nacido en Siria, de 22 años, dejaron el campo de refugiados de Yarmuk, en Siria, un lugar ubicado a pocos kilómetros del palacio del presidente Bashar Al-Assad, donde 12.000 personas se mueren de hambre y enfermedades.

Los dos jóvenes lograron abandonar el campo de refugiados a bordo del coche de unos contrabandistas y por 3000 dólares consiguieron atravesar la frontera del Líbano y embarcar rumbo a Estambul, Turquía.

“Salir del infierno de Yarmuk ya fue una bendición, sin embargo, fue en Turquía donde las cosas se complicaron. En Estambul hay auténticas redes mafiosas que pueden conseguirte un pasaporte falso en menos de 15 días por 350 dólares”, explica Mohamed, quien se niega a dar más detalles sobre los pasaportes falsos que obtuvieron en Turquía o contar cómo hicieron para embarcar en un vuelo hacia Roma, aunque reconoce que, en total, gastaron  5000 dólares para llegar a Europa.

Con un esforzado aunque entendible inglés, Ahmad resume con ayuda de gestos los abusos que los carabinieri italianos les infligieron tras ser detenidos y trasladados a  una comisaría de Roma por portar documentos falsos.

“Ocho policías italianos nos golpearon como a animales y nos dijeron que nos odiaban, jamás pude imaginar tanto racismo en un país tan próximo al nuestro”.

Por suerte para ambos, las autoridades italianas no pudieron retener sus pasaportes sirios, gracias a los cuales, y tras gastar un total de 9000 dólares, consiguieron llegar a Brasil.

Desde que a fines de 2013 el Ministerio de Justicia de Brasil creó una normativa específica para facilitar la concesión de visados a refugiados sirios a través del Comité Nacional de Refugiados (Conare), el gigante sudamericano se ha convertido en el país con más refugiados sirios de América Latina.

En total, 2077 ciudadanos sirios han encontrado a más 10.000 kilómetros de Siria su tierra prometida o al menos un lugar en el que tienen la posibilidad de volver a empezar. 

De hecho, Brasil acoge a más  refugiados sirios que Estados Unidos (1243) o los países europeos del Mediterráneo, como España (1335), Grecia (1275), Italia (1005) o Portugal, que únicamente alberga a 15 refugiados de esta nacionalidad.

Tanto es así que en el discurso del Día de la Independencia de Brasil, el pasado 7 de septiembre, la presidenta Dilma Rousseff declaró que “a pesar de las dificultades que atraviesa el país, Brasil tiene los brazos abiertos para acoger a los refugiados”.

Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Como reconoce el párroco de la parroquia de São João da Lagoa, Álex Coelho Sampaio, donde se encuentran albergados Ahmad y Mohamed, “el gobierno de Brasil ha hecho una gran labor acogiendo a los refugiados sirios, pero una vez que les coloca el sello en el visado se desentiende completamente de sus necesidades más básicas”.

Desde hace 14 meses, y gracias al apoyo de Cáritas y la archidiócesis de Río de Janeiro, su modesta parroquia proporciona alojamiento, comida, tratamiento sanitario y clases de portugués a 16 refugiados, nueve de ellos de  nacionalidad siria.

“Como habéis visto en la entrada, a pesar de ser un templo católico, los musulmanes son recibidos con todo el apoyo que merece un ser humano que ha sufrido”, dice.

Gracias al apoyo de sus feligreses, este párroco ha conseguido convertirse en la única casa de acogida para refugiados en Río de Janeiro.

No obstante, el padre Coelho sabe que la mayoría de los sirios no permanecerá en Brasil después de los tres meses de asistencia gratuita que la Iglesia les concede.

“Para ellos, Europa es la única solución. Cuando salgan de aquí, la mayoría viajará a la ciudad de Fortaleza, desde donde salen vuelos hacia Turquía con escala en Berlín, y será entonces cuando intenten quedarse en Alemania”, comenta.

Ahmad y Mohamed lo tienen claro, Dinamarca o Suecia son su verdadera meta. En cuanto reúnan el dinero suficiente, vendiendo comida árabe en las calles de Río de Janeiro, comprarán sus billetes de avión.

Aunque se resistan a reconocerlo, es muy posible que recurran a los “coyotes”, la mafia que opera en las fronteras de Brasil ayudando a cruzar a ilegales bolivianos o haitianos y que, además, se dedica a suministrar pasaportes falsos a traficantes de armas y drogas a un módico precio.

Como bien decía Mohamed, el infierno de los refugiados muchas veces comienza en cuanto ponen un pie fuera de su país.

DE RÍO DE JANEIRO

El 25 de agosto de 2014 la directora de una escuela pública de Río de Janeiro le impidió la entrada a un alumno de 12 años por llevar unos collares que lo identificaban como practicante de candomblé, una religión afrobrasileña. Sus padres no tuvieron más opción que cambiarlo de escuela.

El domingo 14 de junio de 2015, Kayllane, de 11 años, salía del terreiro, lugar donde se practica el candomblé, en grupo. Todos iban de blanco, el color de la vestimenta utilizada poresta religión, cuando dos personas comenzaron a increpar e insultar al grupo. Uno de los delincuentes lanzó una piedra que impactó en la cabeza de la niña.

La repercusión de la agresión llevó a la niña y a su tía mae de santo, cargo de máxima responsabilidad en el candomblé, a recorrer varios platós de televisión y lanzar una campaña en Facebook llamada: “Yo visto blanco. Blanco de la paz. Soy del candomblé. ¿Y tu?”, defendiendo el derecho a profesar la libertad de religión.

Son sólo dos ejemplos de la violencia que sufren los niños que se inician y practican el candomblé. La escuela pública no los ayuda en su integración y, lejos de darles opciones, los niños sufren una fuerte discriminación.

Ricardo Nery (en la foto con 8 años) fue llamado con sólo 4 de “hijo del diablo” por una profesora. Fotografía: Stela Guedes Caputo.

El candomblé es una religión afrobrasileña que llegó a Brasil a través  de los esclavos africanos. Estos trajeron en su piel y su alma las creencias e historias de África al continente americano.

Rezan a los orixás, que representan los diferentes elementos de la naturaleza o dioses vinculados a esas energías. Estos santos tienen sus defectos y virtudes. No existe el cielo ni el infierno, por lo tanto no existe el bien ni el mal. El  candomblé no discrimina a nadie por nada. Inclusive los niños dentro del terreiro tienen tareas de gran responsabilidad.

En 1988, en su Constitución Federal, Brasil se determinó como un estado laico y reforzó la libertad de culto religioso, pudiéndose así manifestar las diferentes creencias en el espacio público. En 2011, la enseñanza religiosa entró en las escuelas públicas del estado de Río de Janeiro como asignatura confesional.

El último censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística ( IBGE, de 2010) muestra un descenso en el crecimiento de católicos y un notable aumento de evangélicos. El candomblé apenas tiene representatividad en las estadísticas. Frente a los millones de cristianos o evangélicos, el estado de Río de Janeiro cuenta con 50.967 adeptos reconocidos al candomblé.

Del total de las denuncias por discriminación religiosa recogidas por el Disque 100, un cuarto de estas provienen del estado de Río de Janeiro. Cada tres días, el gobierno barasileño recibe una queja de esta índole.

Ricardo Nery, ahora con 22 años. Nació y se crió en el candomblé, religión a la que pertenece hasta hoy a pesar de haber sido discriminado durante la infancia. Fotografía: Stela Guedes Caputo.

Stela Guedes Caputo es profesora del Programa de Posgraduación en Educación de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ), periodista y doctora por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. En 2012 lanzó el libro “Educação nos Terreiros” (editora Pallas) y como experta e investigadora en educación y candomblé nos ayudó a entender la problemática de los niños practicantes y el cotidiano en las escuelas públicas.

Guedes Caputo contó que, según su punto de vista, el principal valor que ofrece el candomblé a los niños es la resistencia, ya que se trata de una religión que no se doblegó a la lógica blanca, colonial, esclavista y racista, sino que se impuso, luchó y resistió.

Respecto de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas comentó que esta refuerza la lógica conservadora presente y creciente en las instituciones educativas brasileñas, y que demuestra que no existe laicidad en Brasil, pues es la única asignatura que se menciona en la Constitución Federal.

La especialista aportó también el dato de que el estado de Río de Janeiro gasta 16 millones de reales (4,6 millones de dólares) anuales en esta asignatura.

Asimismo, tachó de racistas a gran parte de los casos que investiga, porque el objetivo de la elite blanca no se alcanzó: no blanquearon Brasil, en el país la mayor parte de la población es negra y no acabaron con el candomblé. Para Guedes Caputo se trata de una doble victoria del pueblo negro y eso en la actualidad  continúa molestando mucho.

Tauana dos Santos (22) frecuentó la iglesia y hasta tomó la primera comunión para ser menos discriminada en la escuela. Fotografía: Stela Guedes Caputo.

“La educación religiosa no va a resolver el problema de la violencia en Brasil, sino todo lo contrario, porque está aumentando. Es necesario acabar con la enseñanza religiosa de cualquier tipo, sea confesional, ecuménica, plural, porque donde hay enseñanza religiosa hay proselitismo. Los parlamentarios que se dicen de izquierda necesitan ser menos hipócritas y exigir el fin de la enseñanza religiosa, aunque eso cueste votos”, indicó la profesora.

Los niños son las principales víctimas de la educación religiosa y en el caso de los practicantes del candomblé son víctimas de una discriminación racista por parte de grupos religiosos más numerosos.

El Estado no respeta ni cumple su parte del contrato social, ya que las amenazas, agresiones y abusos para con estos niños no son debidamente perseguidos ni juzgados.

Como acertadamente canta el rapero de São Paulo Emicida, defensor del pueblo negro en Brasil,  en su nuevo tema Mufete:“Dicen que el diablo vino de los barcos de los europeos, desde entonces el pueblo olvidó que entre los míos todo el mundo era dios”.

Axé.

En Brasil hay una manía,  y es que siempre hay una televisión encendida. Cada bar tiene, al menos, uno o dos televisores, que se mantienen prendidos todo el día, sin importar si alguien los está mirando o no.

Sin embargo, hay dos programas que siempre consiguen captar la atención del público y son “Cidade Alerta” y “Brasil Urgente”, de las cadenas televisivas Record y TV Bandeirantes, respectivamente.

Mientras los brasileños se toman una “gelada”(cerveza), observan en tiempo real persecuciones policiales, operaciones del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), tiroteos y, de vez en cuando, ejecuciones de los llamados “bandidos”.

Todo narrado con el ritmo de una partido de fútbol, en el que el presentador ejerce de juez y comentarista al mismo tiempo.

El pasado martes 23 de junio, ambos programas captaron, a través de sus helicópteros, una persecución que concluyó con un final demasiado indigesto hasta para el más fanático del programa.

En la imagen, se ve a un policía disparando a quemarropa contra dos menores que habían robado una moto. Fotografía: Reprodução.

Dos menores de 16 y 17 años escapaban a toda velocidad de una patrulla de la Policía Militar en una motocicleta robada por  las avenidas del barrio Jardím São Luís, en el sur de São Paulo.

Durante varios minutos, el hábil piloto, en su cruzada por lograr escapar del policía,  puso en peligro la vida de todo aquel que se cruzaba en su camino. Sin embargo, al encarar una recta, ambos jóvenes fueron alcanzados por el agente, a lo que el  copiloto reaccionó arrojándole su casco.

En ese momento, el cabo disparó su arma e hirió a ambos delincuentes  en las piernas. Unos metros más adelante, el motociclista perdió el control y la moto cayó junto a la pared de una casa, aprisionando a ambos menores que quedaron tendidos en el suelo.

Acto seguido, el policía detuvo su motocicleta junto a ellos y, antes de bajarse, ocurrió lo que nadie esperaba: disparó en dos ocasiones su arma sobre los menores rendidos y malheridos.

Todo tuvo lugar en directo y fue transmitido con lujo de detalles, porque las cámaras de los helicópteros de ambos programas registraron la acción desde dos ángulos distintos. Los fogonazos del revólver calibre 38 disparado en plena noche delataron al agente, quien con toda tranquilidad desarmó a uno de ellos y lo detuvo.

Eufóricos, los conductores Marcelo Rezende y José Luiz Datena saborearon el momento, sabiendo que los índices de audiencia estarían alcanzando el punto más alto: un policía acaba de disparar a quemarropa contra dos  menores, con millones de brasileños como  testigos.

El conductor del programa “Brasil Urgente”, José Luiz Datena. Fotografía: Divulgação.

La Secretaria de Seguridad Pública (SSP), anticipándose a la polémica, actuó de inmediato y el cabo, que fue identificado con el nombre de “De Souza”,  fue detenido de manera provisional, mientras que los jóvenes fueron internados en un hospital de Jardim São Luís.

Sin embargo, tan solo 24 horas después del episodio, el cabo fue liberado y retomó su trabajo, aunque provisionalmente, en el área administrativa de la Policía Militar de São Paulo.

“Quería felicitarte públicamente por una actuación excelente”, dijo el Coronel Telhada, diputado del estado de São Paulo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que gobierna esa región, en un video publicado en Facebook al día siguiente del hecho. “Hacen falta hombres así en la Policía Militar”, indicó.

El populismo se solapaba con el sensacionalismo. Si bien programas de este tipo banalizan la violencia hasta niveles extremos, el oportunismo del PSDB, partido que apoyó en el Congreso Nacional la aprobación de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) 171/1993 para reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, se hacía patente una vez más.

Pero no todo fueron felicitaciones para el agente. El secretario de la SSP, Alexandre de Moraes, advirtió: “Daremos el derecho de defensa al agente, pero por las imágenes hay una clara constatación de una seria irregularidad por parte del policía, ya que individuos rendidos al dominio del agente acaban recibiendo disparos”.

Si la acción del agente merece su expulsión del cuerpo de policía, una pena de cárcel o cualquier otro castigo, eso deberá decidirlo la Justicia, pero lo que realmente impacta del caso es la cotidianidad de la violencia de la policía contra los delincuentes.

El discurso del “mejor bandido es el bandido muerto” continúa muy vivo en la consciencia colectiva de los brasileños.

Marcelo Rezende, conductor de “Cidade Alerta”. Fotografía: Edu Moraes/Divulgação Record.

Según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2012, al menos 1890 personas murieron a manos de la policía en Brasil, mientras que en Estados Unidos, país con un 30% más de habitantes, ese número fue de  410.

Con 53.646 muertes totales por año, es decir, seis asesinatos por hora, el problema de la violencia en este país es tan mayúsculo y cotidiano que, a veces, parece que sus habitantes han perdido todo respeto por la vida ajena.

La televisión y la mayoría de los periódicos del país lo saben y sacan provecho de ello. Los políticos tampoco se quedan atrás y, azuzando el debate, pronto alcanzaron el 87% de apoyo ciudadano a la reducción de la edad penal, un proyecto condenado por la ONU, que fue rechazado por la Cámara de Diputados, por una estrecha diferencia de cinco votos.

Llegado este punto, no se puede dejar pasar la interesantísima entrevista del Secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, con la revista “Época”.

“En Brasil, estamos retrocediendo. Le quito los fusiles a la policía, me critican por querer desarmar a los bomberos y una gran parte de la población continúa queriendo armarse”, explicó el responsable del programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro.

Uno se pregunta cómo, si hasta uno de los mayores responsables por la seguridad en el país reconoce el fracaso de la “mano dura”, la ciudadanía está cada vez más convencida de que más armas, más cárcel y más severidad solucionarán el problema.

José Mariano Beltrame visita el Morro do Vidigal, en Río de Janeiro. Fotografía: Maíra Coelho / Ag. O Dia.

“Follow the money”, suele decirse en las películas de detectives a la hora de encontrarle una explicación a algo que aparentemente no la tiene. Solo apuntaré un dato: Brasil es el 4º mayor fabricante de armas ligeras del mundo, con 17,6 millones de ellas en circulación y albega a la mayor fábrica de pistolas del mundo: Taurus.

El próximo paso de la “bancada de la bala” y del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) será la aprobación del proyecto de ley 3722/2012 para permitir la portación de armas y acabar con el Estatuto del Desarme.

Con un mercado de más de 200 millones de brasileños y con 15 de las 50 ciudades más peligrosas del planeta en el país, el negocio está asegurado. Teniendo en cuenta que tanto Taurus como la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC) financiaron la campaña de algunos diputados del PMDB, el círculo se completa.

En Brasil, la paranoia por la seguridad, alimentada por el sensacionalismo de los medios de comunicación, y la violencia planificada, garantizada a través de la “mano dura” de la Policía Militar, parecen ser las dos caras de un mismo negocio.

Hace exactamente 11 meses, los miles de hombres de la Fuerza de Pacificación de la Policía Militar de Río de Janeiro, apoyados por medios aéreos y terrestres del Ejército de Brasil, ocuparon  las 16 favelas que conforman del Complexo da Maré, en la zona norte de Río.

El despliegue fue aparatoso y no les hizo falta disparar un solo tiro. Satisfechos, el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, y el por entonces gobernador, Sergio Cabral, calificaron la operación como un éxito y auguraron que pronto se instalarían allí las correspondientes Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

Pero la realidad es que la operación no fue un éxito, tampoco hubo UPPs, ni nada que se le parezca. Los disparos de los fusiles 762 del Ejército brasileño, que por aquel entonces no pudieron ser recogidos por las varias docenas de reporteros que acompañaron la ocupación, han ido desangrando poco a poco la vida de los 130.000 habitantes del Complexo da Maré.

El pasado 12 de febrero, una furgoneta con cinco jóvenes que regresaban de una fiesta fue masacrada por disparos de los militares en la favela Salsa e Merengue. Uno de ellos perdió su pierna. Tan solo una semana después, un obrero fue abatido tras ser “confundido con  un traficante”, como declararon los militares, mientras trabajaba en una reparación en la Vila do João.

Policías intentan contener una protesta cerca del Complexo da Maré, en Río de Janeiro. Fotografía: Mauricio Fidalgo/Reuters.

Menos de 24 horas después, otra “combi” repleta de viajeros que hacían la línea Maré- Bonsucesso fue ametrallada en la Vila do Pinheiro. ¿El motivo? El conductor no tenía licencia para  transportar personas  y quiso saltarse un control del Ejército.

Indignados, hartos por tantos heridos y muertes absurdas, unos 300 habitantes de la Maré quisieron exponer su malestar con una protesta pacífica el pasado 23 de febrero. Nuevamente, la policía y los militares desconfiaron de los manifestantes y decidieron disolver la incómoda protesta por la fuerza. Dos menores murieron y tres personas resultaron heridas.

Sus muertes apenas causaron conmoción en la prensa local, que aquellos días andaba pendiente de la visita del Comité Olímpico Internacional (COI) a las instalaciones de los futuros Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Los centenares de habitantes del Complexo da Maré  que escapaban de los gases lacrimógenos y de las balas de la Policía Militar  aquella noche, probablemente no lo sabían, pero su destino había sido decidido entre sonrisas y apretones de mano unas horas antes.

El secretario del Ministerio de Deportes, Ricardo Leyser, anunciaba aquel día que el gobierno federal usará las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad en Río 2016.

En la práctica, la decisión supuso que los 2700 militares que cada día supervisan la vida de los habitantes de la Maré, amplíen su presencia en la zona por otros 18 meses. A un coste de 593.000 dólares por día, los contribuyentes brasileños pagarán  319 millones de dólares para que sus vecinos de la zona norte vivan en un contexto más propio de Irak o de Palestina.

Soldados refuerzan la seguridad en el Complexo da Maré después de un día de un inteso intercambio de disparos entre traficantes locales. Fotografía: Alex Ribeiro/Folhapress.

Los blindados y la artillería pesada se han convertido en parte del paisaje de las 16 favelas de la Maré, cuyo único pecado es haber sido construidas entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim y el centro de la “cidade maravilhosa”.

Un lugar estratégico que una valla de tres metros de altura, situada alrededor de los 10 kilómetros cuadrados que ocupa, no ha sido capaz de esconder de la mirada de los turistas que pasan por la Linha Vermelha camino de las playas de postal de la zona sur.

Puede que el yugo de las tres facciones de narcotraficantes (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) que allí se daban cita, y que todavía mantienen su influencia a pesar de la ocupación, debía ser erradicado.

Pero casi un año después la ocupación militar se ha revelado como un fracaso, denunciado además por innumerables asociaciones de Derechos Humanos.

Así lo hizo Amnistía Internacional a través de un comunicado oficial en el que afirmó que  las Fuerzas Armadas “no poseen el entrenamiento adecuado” o las habilidades de “diálogo con organizaciones de la sociedad civil o poblaciones de las favelas”.

Además, la respetada organización expuso que “la lucha contra el narcotráfico no puede llevar a una criminalización de la comunidad, especialmente de los más jóvenes”. Unos argumentos a los que los dirigentes del COI no han querido prestar atención.

Un hombre posa frente a un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas, durante la ocupación del Complexo da Maré, en abril de 2013. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Es la triste realidad de los miles de cariocas que no cuentan con un lugar dentro de los ambiciosos planes de Río 2016.

Empujados a los márgenes de la ciudad e ignorados durante décadas por los gobiernos locales, viven la opresión de una ocupación militar con el pretexto de protegerles de un yugo, el del narcotráfico, al que esos mismos gobiernos dejaron hacerse amos y señores de aquellos que poco importaban.

Faltan 18 meses para el mayor evento deportivo jamás vivido en Río de Janeiro y nada ni nadie deberá arruinar la fiesta. Los intereses puestos en un espectáculo que le ha costado a la ciudad 13.000 millones de dólares valen más que los derechos de unos cuantos “favelados”.

Al igual que ocurrió en 2013 durante la Copa de las Confederaciones o en 2014 durante el Mundial, el Ejército brasileño se sumará a la fiesta del silencio, la de las manifestaciones pacíficas disueltas a golpes, gases lacrimógenos y disparos de los que matan.

Pero en la Maré no se resignan a vivir oprimidos por el silencio. Es imposible saberlo, pero es posible que la próxima “primavera brasileña” comience entre la mayoría silenciosa que todavía no ha alzado su voz en Río de Janeiro.

El estremecedor relato de una estudiante de veterinaria de la Universidad de São Paulo (USP) durante una audiencia pública realizada en Asamblea Legislativa (llevada a cabo en enero pasado) dejó a varios boquiabiertos.

“Desperté con mucho dolor, alguien me penetraba por atrás. Había bebido, pero el efecto se me pasó inmediatamente cuando me encontré en esa situación, siendo abusada. Lo empujé y convencí de que me deje ir al baño. Así logré escapar”, contó una joven, de 27 años, respecto de un episodio ocurrido en una residencia de estudiantes de la USP, en Pirassununga (interior de São Paulo).

A pesar del tenor del relato, aún no aparecieron culpables.

Minutos después, prestó declaración un alumno de la Escuela Superior de Agricultura. Contó que fue envenenado. “El exámen toxicológico encontró veneno en mi cuerpo. No pude ir a clases, no podía moverme”, dijo.

“Fui suspendido una semana por intentar denunciar aquel hecho en la dirección de la Escuela”, indicó.

La estudiante Nathália de Souza Santos, de 17 años, sufrió quemaduras en las piernas durante un “trote” violento en Adamantina (SP). Fotografía: Archivo Personal

Estos son solo dos ejemplos de algunas de las prácticas que se llevan a cabo en los tristemente tradicionales trotes, que en Brasil fueron asumidos como una práctica natural, y que en la actualidad abandonaron su fisonomía de ritual de iniciación liviano para los alumnos que logran ser admitidos en algunas universidades.

Esta práctica, hoy en día, se emparenta más con el bullying, y atraviesa largamente la frontera de la discriminación y la intolerancia.

Institucionalizados en grupos de tortura con escalas jerárquicas, los veteranos de las universidades van probando las aptitudes de los aspirantes para sumarlos al “equipo del terror”, ese que cada verano se dedica a dar caza a los recientemente egresados de las escuelas secundarias que, a su vez, aceptan ese atroz juego como parte de la nueva etapa.

Los abusos denunciados por alumnas de la USP, una de las instituciones más prestigiosas y elitistas del país, abrieron el fuego.  Los reclamos por violencia sexual en otras universidades de Brasil se multiplicaron.

Días atrás, se conoció que en Adamantina, en el interior de São Paulo, una pandilla de alumnos arrojó una sustancia abrasiva sobre los novatos.

Un grupo de estudiantes es dispersado por la policía, en las inmediaciones del Centro Universitario de Bebedouro, en el interior de São Paulo. Fotografía: Fernando Oliveira/O Jornal.

Uno de los afectados podría perder la visión de un ojo, mientras que otra joven sufrió quemaduras de tercer grado de la cintura hacia abajo.

El racismo y la homofobia tienen un espacio privilegiado en cada trote. Los calouros (ingresantes) deben desnudarse mientras les gritan sus defectos: “gordo”, “Blancanieves” o “marica” para alumnos obesos, negros y homosexuales, respectivamente, aparecen entre las categorías preferidas de los veteranos a la hora de atormentar a los más nuevos.

Caminar descalzo sobre vidrios, soportar peso en los genitales, bañarse en ácido, alcoholizarse hasta el estado de coma o “simplemente” sufrir una golpiza son algunas de las variantes entre las atroces pruebas, que ya se han cargado varias vidas.

HAY VÍCTIMAS, FALTAN RESPONSABLES

En 1980, en la Universidad de Mogi das Cruzes, un municipio del estado de São Paulo, un estudiante de periodismo murió después de un trote violento.

Carlos Alberto de Souza, de 20 años, fue molido a golpes por veteranos. En 1990, el joven George Mattos, iniciante en la carrera de Derecho, murió de un infarto intentando huir de sus compañeros en Goiás.

En 1999, en la Universidad Medicina de São Paulo, Edison Tsung Chi Hsueh, de 22 años, fue encontrado muerto en una piscina después de ser arrojado al agua por los veteranos, a pesar de haberles dicho que no sabía nadar.

El racismo y la homofobia tienen un lugar privilegiado en los trotes universitarios. Fotografía: Reproducción/Facebook.

Un caso similar, en 2009, ocurrió con Vitor Vicente de Macedo Silva (estudiante de Educación Física de la Universidad Federal de Río de Janeiro) que murió ahogado en una piscina de saltos ornamentales. Se sospecha que los veteranos lo obligaron a entrar allí.

Ninguno de los responsables por las muertes de estos estudiantes recibió su castigo. Para peor, muchos de los acusados son “prestigiosos” profesionales.

CÓMPLICES DE LA BARBARIE

Los entes rectores de las universidades vinculadas con los casos de abusos emplean la táctica del “oído sordo, vista gorda” ante tales aberraciones, y se alivian al enterarse de que esas prácticas son llevadas a cabo fuera de sus campus.

De hecho, entre los “trotistas” existen ex alumnos y el sustento para transporte o publicidad muchas proviene del bolsillo de docentes o dirigentes.

“Lo lamentable de estos trotes violentos es que muchas veces provienen de iniciativas de los empleados de las universidades o de los propios profesores”, afirmó Antonio Riberio de Almeida Júnior, educador en la Escuela Superior de Agricultores Luiz de Queiroz (dependiente de la USP), que estudia desde 2001 los trotes más aberrantes.

“Reforzaremos la seguridad para el primer trimestre”, indicó una nota de las Facultades Adamantinenses Integradas (FAI), tras conocerse la noticia de sus dos alumnos quemados.

Pero el énfasis lo pusieron al aclarar que el hecho “ocurrió fuera de las dependencias de la institución”.

Alumnos de la USP São Carlos hostilizaron a un grupo feminista durante un trote en la universidad. Fotografía: Frente Feminista/Divulgación.

LA VERSIÓN ARGENTINA

Esta tradición de rituales estudiantiles no es sólo brasileña. En Argentina es normal que los egresados de las carreras universitarias sean rapados, depilados, golpeados, embarrados o empapados de orina por sus propios compañeros o amigos.

Sin embargo, los hechos de mayor gravedad ocurren sobre el cierre de la etapa secundaria.

Las “vueltas olímpicas” de los tradicionales colegios Pellegrini, Mariano Acosta y Nacional Buenos Aires no tienen relación con el deporte.

En repentina actitud, sorprendiendo a todos, los jóvenes recorrían la escuela arrojando barro, huevos, harina, pintura y pirotecnia (en su versión más leve).

Año tras año, el ritual se fue agravando por los destrozos que ocasionaba, tanto es así que aquella celebración fue prohibida en la mayoría de los casos, después de cientos de incidentes y estudiantes sancionados.

Así y todo, si se trata de provocar desmanes, los colegiales siempre lograrán ingeniárselas.

El racismo y la discriminación  son dos elemento0s que se repiten en  los trotes. Fotografía: Reproducción/Facebook.

En octubre del año pasado, los egresados del Liceo Franco Argentino Jean Mermoz hicieron un enorme pozo en el Paseo de las Américas, en pleno barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Luego bailaron, bebieron y se embarraron dentro de él.

La institución -alumnos incluidos- debió hacerse cargo de reparar los daños en el espacio público, además de pagar una multa por el incidente.

LA INICIACIÓN EN EL MUNDO

Son muchos los países que tienen versiones vernáculas de los trotes brasileños.

En Suecia, por ejemplo, existe el “klädstreck”. Es simple: los novatos se dividen en equipos y deben desnudarse, dejando sus ropas una al lado de la otra en el suelo. Quien logre hacer la fila más larga, gana.

El “bizutage” francés suena elegante, pero se convirtió en una de las prácticas de iniciación más crudas del mundo por sus violentas prácticas, sobre todo entre los estudiantes de Medicina.

Fue prohibido tras la muerte de un alumno y hoy es punible de seis meses de prisión o una multa de 7600 euros para quien lo lleve a la práctica.

En Canadá –nación reconocida por su calidad educativa- y en la prestigiosa Universidad de Coimbra, en Portugal, el tema de los trotes se encuentra bajo la lupa desde hace años, por el excesivo consumo de alcohol y los castigos contra los novatos.