Te drogas. Cada mañana. Cada día. Varias veces. Le introduces a tu cuerpo sustancias tóxicas y cancerígenas. El Estado lo permite y tu lo toleras. Te lo venden en todos lados, está ahí, al alcance de la mano. Es más, hasta pagas por ello. Es parte de nuestro cotidiano, nos ayuda a poder terminar una jornada laboral y nos hace poder trabajar sin sueño, sin dolor de cabeza. Nos  ayuda a socializar y a desinhibirnos.

Somos una sociedad viciada y drogadicta; y muchas de las drogas que utilizamos diariamente son legales y están socialmente aceptadas.

Según datos del Ministerio de Salud de Brasil, 40.692 personas fallecieron entre 2006 y 2010 por el uso de drogas. De ese total, 34.573 (84,9%) murieron por abuso de alcohol y 4625 (11,3%), del cigarrillo, dos sustancias que son lícitas y que se comercializan de forma legal.

Ahora, si hablamos de fumarse un  cigarrillo de marihuana, las cosas cambian radicalmente.

El proyecto del diputado Jean Wyllys, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), de descriminalizar la portación de marihuana para uso personal y el libre cultivo está generando un necesario debate en un país en el que la  guerra contra las drogas se carga vidas inocentes.

Este miércoles 23 de septiembre en Parque Alegría, en la comunidad de Cajú, situada en la zona portuaria de Río de Janeiro, Herinaldo Vinicius da Santana, de 11 años, recibió cerca de las cuatro de la tarde un disparo en la cabeza. Terminó muriendo pocos minutos después.

Presuntamente, quien le disparó al chico fue un policía de laUnidad de Policía Pacificadora (UPP) de esa favela, durante  una operación de rutina.  

Indignados, los  vecinos de la comunidad grabaron los últimos suspiros del niño, en unas imágenes de mucha crudeza, y también al que creen que es el presunto asesino.

Ambos videos, que circulan por las redes sociales, denuncian una vez más los abusos cometidos por la Policía Militar (PM).

Los vecinos salieron a manifestarse para protestar contra la muerte de Herinaldo y cortaron parte de la Línea Vermelha y la Avenida Brasil, dos importantes vías de circulación que conectan la zona norte con el centro de la ciudad.

Al parecer, el niño había salido a comprar una pelota de ping-pong, detonante para que un agente de policía apretase el gatillo y se llevase la vida del menor.

Tristemante, la muerte de Herinaldo es una más entre muchas. Un niño que estuvo en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. O tal vez fue el policía que estuvo en ese lugar inoportuno en el momento equivocado.

La paupérrima preparación de la PM tiene como resultado, lamentablemente en demasiadas ocasiones, este tipo de desenlaces  fatales.

En un contexto de tensión, y no sabiendo manejar ni la situación ni el nerviosismo, se descarga un arma como prevención. Se dispara por miedo, por error. Muchos brasileños ya acostumbrados a este tipo de violencia han perdido la capacidad de sorpresa ante estos hechos.

Amnistía Internacional en su informe Mataste a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro indica que de 220 denuncias realizadas en 2011 sólo un caso se llevó ante la Justicia.

Y añade que  la mayor parte de las personas que murieron a manos de policías, casos registrados entre 2010 y 2013, son jóvenes negros de 15 a 29 años.

El dolor y la estigmatización de los más pobres es un peso que viene arrastrando Río de Janeiro desde que surgió la primera favela en la ciudad.  La delincuencia y las enfermedades siempre se asociaron a los más pobres y a las zonas periféricas. Y todavía hoy se continúa con esa creencia.

Es terrible pensar que también un niño puede matar a un policía. En esta ciudad hay niños y jóvenes armados y peligrosos que se enfrentan contra las fuerzas de seguridad.

La ciudad vive una lenta guerra con muertos de ambos bandos. La herida sigue abierta y la ciudad se desangra gota a gota, muerto a muerto. En medio de este conflicto intentan sobrevivir los más pobres, invisibles para el resto del  mundo.

La libertad, parece, es algo que no se les permite a los miserables. Poder jugar y correr no es para aquellos que viven en una favela. La libertad no existirá mientras las leyes no se ajusten a su favor. Es un sueño, y quizá en ese sueño eterno podamos finalmente  encontrarla.

Faltan apenas 300 días para el inicio de los ansiados Juegos Olímpicos de Río 2016 y las autoridades de la ciudad más fotogénica de Brasil, al igual que ya lo hicieron en el Mundial de 2014, ultiman sus preparativos en materia de seguridad.

Y es que, a pesar de que Río de Janeiro no se encuentra entre las ciudades más peligrosas de Brasil, su tasa de homicidios es de 28,3  por cada 100.000 habitantes, es decir, casi tres veces más alta a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El narcotráfico y su dominio de grandes áreas de la ciudad suponen el gran problema de Río y el foco de la mayor parte de la violencia.

A pesar de los esfuerzos de José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, de instaurar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los suburbios de la ciudad, lo cierto es que los territorios históricos del narcotráfico, como la favela Rocinha y el Complexo do Alemão, continúan controlados en gran medida por comandos de narcotraficantes. 

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Marino Beltrame, durante una visita al morro do Vidigal. Fotografía: Maíra Coelho – 15.nov.2011/Agência O Dia.

El enquistamiento de la violencia en estos lugares ha provocado que el discurso de crear una “policía de proximidad”, y con ello reconstruir la confianza entre los habitantes de los suburbios y los agentes de la Policía Militar (PM), haya desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Beltrame firmó la resolución 901 que autoriza el uso de pasamontañas para ocultar los rostros de los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acciones con Perros (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque durante sus operaciones policiales. 

En pocas palabras, en la futura sede olímpica se vuelve así a garantizar, después de 20 años de prohibición, el anonimato de sus agentes al permitir que sus rostros puedan ser cubiertos durante las a menudo sangrientas operaciones que se realizan en las favelas.

Una medida incomprensible teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de la PM de la ciudad y el reconocimiento, el pasado 31 de agosto, de la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esa misma policía ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, el 16% de los homicidios ocurridos en  Río de Janeiro entre 2010 y 2013 se produjeron a manos de los agentes de la PM, es decir, 1275 fallecidos de los que el 99,5% eran hombres, el 79% era de raza negra y el 75% tenía entre 15 y 29 años.

Vinicius y Tom, las mascotas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fotografía: Celso Pupo /Fotoarena/Fotoarena/Folhapress.

De hecho, el nivel de violencia practicado por la PM en la futura sede olímpica dejó dos  muertos por día en la última década con un total de 8466 personas fallecidas desde 2005. 

Por si fuera poco, de los 220 casos de homicidio cometidos por policías en 2011, el 80% continúa sin haber sido esclarecido en 2015, mientras que solamente 1 de las denuncias llegó a ser aceptada por el Ministerio Público.

Se trata de unas cifras escalofriantes que dan testimonio del nivel de impunidad al que están acostumbrados los agentes de seguridad cada vez que aprietan el gatillo.

En declaraciones a este cronista, Viviane Ribeiro, editora del diario comunitario “Jornal Alemão Notícias” y vecina del Complexo do Alemão, explicó que la vuelta de los pasamontañas se relacionaría directamente con una maniobra de intimidación de las autoridades de la ciudad de cara a las Olimpíadas del próximo año. 

En su opinión, los pasamontañas son para los habitantes de las favelas “símbolos del exterminio” y de “la muerte deliberada sin autor ni castigo”, y acusó al gobierno del estado de Río de Janeiro de actuar con el único interés de “mostrar al mundo y al turista que venga en 2016 que todo es perfecto mientras que la policía actúa contra los derechos de los ciudadanos más pobres a sangre y fuego”.

Habitantes del Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, protestan por la muerte de un niño de 10 años a manos de la Policía Militar. Fotografía: Fabio Brisolla/Folhapress.

No obstante, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, considerado uno de los grandes especialistas en la ciudad en materia de seguridad y en el programa de las UPP, relativizó la posible relación entre la medida y la proximidad de los Juegos Olímpicos. 

“No creo que la medida guarde relación alguna con la proximidad de un evento de estas características, es más, creo que la medida no tendría ningún tipo de efecto disuasorio en caso de ser aplicada”, aclaró el español, quien calificó de “innecesaria” la medida al no existir antecedentes de amenaza terrorista en Brasil, aunque observó con preocupación  la ausencia de distintivos en los uniformes de la PM que permitan la identificación de los agentes.

Sea una provocación, una medida de precaución o simplemente un mensaje de que la “mano dura” estará de vuelta en Río 2016, lo cierto es que la evidente falta de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en una ciudad que se dispone a celebrar los  Juegos Olímpicos, resulta preocupante.

Solamente el tiempo dirá si, al igual que ocurrió en 1995, las autoridades de Río acabarán por darse cuenta de que tapar el rostro de sus agentes de policía no es la mejor manera de promover la convivencia en una ciudad dividida en dos mitades que, al día de hoy, continúan irreconciliables.

En las calles de São Paulo, hoy se escucha hablar más de políticos que de futbolistas. Las personas cambiaron el “Dale Corinthians” o “Vamos Palmeiras” por el “Fuera Dilma” o “Fuera Renan [Calheiros, presidente del Senado]”, que se oyen cada vez con más insistencia en las protestas que tienen como escenario esta capital.

Manifestaciones en Brasil

El pasado domingo (16), cientos de miles de personas volvieron salir a calle en todo Brasil para manifestarse contra el gobierno de Dilma Rousseff y la corrupción.

En São Paulo, fueron 135.000 los que  se reunieron en la avenida Paulista, emblema de la capital más rica del país. Convocadas en su mayoría a través de  las redes sociales, estas nuevas manifestaciones aceptaron la presencia de algunos dirigentes políticos de la oposición, que en la protesta anterior habían sido rechazados.

Por ejemplo, José Serra, un destacado ex presidenciable de la oposición (PSDB) tuiteó que estaba en la avenida Paulista, mientras que los candidatos que su partido postuló a presidente y vice en las elecciones de octubre de 2014, Aécio Neves y Aloysio Nunes, respectivamente, que fueron derrotados por la actual mandataria, hacían también apariciones en otras ciudades.

Los manifestantes clamaron en especial por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, pidieron cárcel para los corruptos y el éxodo hacia Cuba de los simpatizantes del actual gobierno, considerado unánimemente una “dictadura comunista” por los allí presentes.

Intentar entender lo que está ocurriendo requiere ir más allá de esa aparente radicalización, pues en estas tierras nada es tan antagónico para fragmentar a la sociedad de manera natural. Basta ver el encuentro que ocurre aquí de grupos étnicos que en otras regiones se repelen, o la pluralidad de cultos politeístas que atraviesan al catolicismo dominante.

Incluso en la política nada es de un color u otro, si se observa cómo el partido gobernante, moderadamente desarrollista, ejecuta sus proyectos mediante gestores corporativistas.

En el fondo, el tono que tomaron las manifestaciones no sería más que otra forma de mestizaje, en este caso entre fútbol y política, antes que un proceso de politización de las masas.

Esto al menos es lo que creo, que suelo ver en las pasiones que despierta el fútbol chispas de una alienación fascista que siempre acecha a las democracias contemporáneas.

En Brasil hay una manía,  y es que siempre hay una televisión encendida. Cada bar tiene, al menos, uno o dos televisores, que se mantienen prendidos todo el día, sin importar si alguien los está mirando o no.

Sin embargo, hay dos programas que siempre consiguen captar la atención del público y son “Cidade Alerta” y “Brasil Urgente”, de las cadenas televisivas Record y TV Bandeirantes, respectivamente.

Mientras los brasileños se toman una “gelada”(cerveza), observan en tiempo real persecuciones policiales, operaciones del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), tiroteos y, de vez en cuando, ejecuciones de los llamados “bandidos”.

Todo narrado con el ritmo de una partido de fútbol, en el que el presentador ejerce de juez y comentarista al mismo tiempo.

El pasado martes 23 de junio, ambos programas captaron, a través de sus helicópteros, una persecución que concluyó con un final demasiado indigesto hasta para el más fanático del programa.

En la imagen, se ve a un policía disparando a quemarropa contra dos menores que habían robado una moto. Fotografía: Reprodução.

Dos menores de 16 y 17 años escapaban a toda velocidad de una patrulla de la Policía Militar en una motocicleta robada por  las avenidas del barrio Jardím São Luís, en el sur de São Paulo.

Durante varios minutos, el hábil piloto, en su cruzada por lograr escapar del policía,  puso en peligro la vida de todo aquel que se cruzaba en su camino. Sin embargo, al encarar una recta, ambos jóvenes fueron alcanzados por el agente, a lo que el  copiloto reaccionó arrojándole su casco.

En ese momento, el cabo disparó su arma e hirió a ambos delincuentes  en las piernas. Unos metros más adelante, el motociclista perdió el control y la moto cayó junto a la pared de una casa, aprisionando a ambos menores que quedaron tendidos en el suelo.

Acto seguido, el policía detuvo su motocicleta junto a ellos y, antes de bajarse, ocurrió lo que nadie esperaba: disparó en dos ocasiones su arma sobre los menores rendidos y malheridos.

Todo tuvo lugar en directo y fue transmitido con lujo de detalles, porque las cámaras de los helicópteros de ambos programas registraron la acción desde dos ángulos distintos. Los fogonazos del revólver calibre 38 disparado en plena noche delataron al agente, quien con toda tranquilidad desarmó a uno de ellos y lo detuvo.

Eufóricos, los conductores Marcelo Rezende y José Luiz Datena saborearon el momento, sabiendo que los índices de audiencia estarían alcanzando el punto más alto: un policía acaba de disparar a quemarropa contra dos  menores, con millones de brasileños como  testigos.

El conductor del programa “Brasil Urgente”, José Luiz Datena. Fotografía: Divulgação.

La Secretaria de Seguridad Pública (SSP), anticipándose a la polémica, actuó de inmediato y el cabo, que fue identificado con el nombre de “De Souza”,  fue detenido de manera provisional, mientras que los jóvenes fueron internados en un hospital de Jardim São Luís.

Sin embargo, tan solo 24 horas después del episodio, el cabo fue liberado y retomó su trabajo, aunque provisionalmente, en el área administrativa de la Policía Militar de São Paulo.

“Quería felicitarte públicamente por una actuación excelente”, dijo el Coronel Telhada, diputado del estado de São Paulo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que gobierna esa región, en un video publicado en Facebook al día siguiente del hecho. “Hacen falta hombres así en la Policía Militar”, indicó.

El populismo se solapaba con el sensacionalismo. Si bien programas de este tipo banalizan la violencia hasta niveles extremos, el oportunismo del PSDB, partido que apoyó en el Congreso Nacional la aprobación de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) 171/1993 para reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, se hacía patente una vez más.

Pero no todo fueron felicitaciones para el agente. El secretario de la SSP, Alexandre de Moraes, advirtió: “Daremos el derecho de defensa al agente, pero por las imágenes hay una clara constatación de una seria irregularidad por parte del policía, ya que individuos rendidos al dominio del agente acaban recibiendo disparos”.

Si la acción del agente merece su expulsión del cuerpo de policía, una pena de cárcel o cualquier otro castigo, eso deberá decidirlo la Justicia, pero lo que realmente impacta del caso es la cotidianidad de la violencia de la policía contra los delincuentes.

El discurso del “mejor bandido es el bandido muerto” continúa muy vivo en la consciencia colectiva de los brasileños.

Marcelo Rezende, conductor de “Cidade Alerta”. Fotografía: Edu Moraes/Divulgação Record.

Según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2012, al menos 1890 personas murieron a manos de la policía en Brasil, mientras que en Estados Unidos, país con un 30% más de habitantes, ese número fue de  410.

Con 53.646 muertes totales por año, es decir, seis asesinatos por hora, el problema de la violencia en este país es tan mayúsculo y cotidiano que, a veces, parece que sus habitantes han perdido todo respeto por la vida ajena.

La televisión y la mayoría de los periódicos del país lo saben y sacan provecho de ello. Los políticos tampoco se quedan atrás y, azuzando el debate, pronto alcanzaron el 87% de apoyo ciudadano a la reducción de la edad penal, un proyecto condenado por la ONU, que fue rechazado por la Cámara de Diputados, por una estrecha diferencia de cinco votos.

Llegado este punto, no se puede dejar pasar la interesantísima entrevista del Secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, con la revista “Época”.

“En Brasil, estamos retrocediendo. Le quito los fusiles a la policía, me critican por querer desarmar a los bomberos y una gran parte de la población continúa queriendo armarse”, explicó el responsable del programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro.

Uno se pregunta cómo, si hasta uno de los mayores responsables por la seguridad en el país reconoce el fracaso de la “mano dura”, la ciudadanía está cada vez más convencida de que más armas, más cárcel y más severidad solucionarán el problema.

José Mariano Beltrame visita el Morro do Vidigal, en Río de Janeiro. Fotografía: Maíra Coelho / Ag. O Dia.

“Follow the money”, suele decirse en las películas de detectives a la hora de encontrarle una explicación a algo que aparentemente no la tiene. Solo apuntaré un dato: Brasil es el 4º mayor fabricante de armas ligeras del mundo, con 17,6 millones de ellas en circulación y albega a la mayor fábrica de pistolas del mundo: Taurus.

El próximo paso de la “bancada de la bala” y del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) será la aprobación del proyecto de ley 3722/2012 para permitir la portación de armas y acabar con el Estatuto del Desarme.

Con un mercado de más de 200 millones de brasileños y con 15 de las 50 ciudades más peligrosas del planeta en el país, el negocio está asegurado. Teniendo en cuenta que tanto Taurus como la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC) financiaron la campaña de algunos diputados del PMDB, el círculo se completa.

En Brasil, la paranoia por la seguridad, alimentada por el sensacionalismo de los medios de comunicación, y la violencia planificada, garantizada a través de la “mano dura” de la Policía Militar, parecen ser las dos caras de un mismo negocio.

DE RÍO DE JANEIRO

La noche del 26 de septiembre de 2014, Ernesto Guerrero viajaba hacia Iguala con otros 56 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, en México. Iban a recaudar en las calles el dinero que les permitiría desplazarse hasta Ciudad de México para asistir a la marcha nacional en memoria de la matanza de octubre de 1968, en la que murieron más de 300 estudiantes y obreros.

La llegada de los normalistas a Iguala no gustó a Ángeles Piñeda, esposa del alcalde y tesorera del cártel Guerreros Unidos, que en ese momento preparaba el primer mitin de su candidatura a regidora (concejala). De repente comenzaron los disparos contra el autobús.

Un policía se acercó a Ernesto, le apuntó a la cara y le dijo “vete o te mato”. Lo último que vio fue a sus compañeros vivos tendidos boca abajo sobre el asfalto, rodeados de policías y sicarios, que en el estado de Guerrero y otras zonas de México operan bajo el mismo mando.

Ernesto se libró porque no cabía nadie más en las camionetas. Otros 13 estudiantes lograron huir hacia la selva y 43 siguen con paradero desconocido.

El 2 de abril pasado, Eduardo Jesús Ferreira no tuvo tanta suerte como Ernesto. Su historia terminó en el Complejo del Alemán, el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro. Tenía 10 años y estaba sentado frente a su casa cuando un policía militar le disparó a la cabeza. Fue la cuarta víctima menor de edad del día en esa zona y pasó a engrosar la media brasileña de cinco muertos diarios a manos de la policía.

Este trágico suceso despertó cierto revuelo en Brasil, un país en el que las desapariciones y los asesinatos a manos de la policía son el pan de cada día, como en México. Presionadas por la prensa, las autoridades brasileñas investigaron y concluyeron que se trató de un cruce de tiros. Los vecinos y familiares que presenciaron los hechos afirman que ese día no hubo ningún tiroteo en la zona.

Ilustración de Lorca Segarra. 

Además de defender a los culpables en ambos casos, las autoridades de México y Brasil reprimieron con dureza a quienes se manifestaron contra la impunidad policial y la violencia de Estado. Organizaciones sin fines de lucro como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, periodistas independientes y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportan cifras a esta realidad: cada 11 minutos desaparece una persona en Brasil, mientras que en México sucede lo mismo cada 84 minutos.

Los presidentes de ambos países, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, no hicieron ni un solo comentario sobre el drama de las desapariciones y los asesinatos a manos del Estado en Brasil y México durante el encuentro que celebraron el 26 de mayo. “Brasil y México (…) no podían vivir alejados el uno del otro”, dijo Rousseff al finalizar el encuentro en alusión a la lluvia de acuerdos económicos que se avecinan.

Y en materia de Derechos Humanos, ¿están alejados Brasil y México? La distancia que mencionó Rousseff no la ha roto ningún gobierno, sino la Caravana 43, creada con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y formada por familiares de los estudiantes desaparecidos y un superviviente.

Esta semana están en Río de Janeiro, último destino de una travesía por América Latina que incluyó varias paradas en Argentina, Uruguay y otras ciudades de Brasil.

Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos llegaron para contar de primera mano lo sucedido, libres de las distorsionadas versiones oficiales, y para “tejer lazos de solidaridad con la sociedad civil y las luchas de abajo”, según explica M.R., una activista mexicana que pide el anonimato por miedo a represalias.

“Se llevaron a nuestros hijos, y con ellos nuestro miedo”, afirma incansable Mario Contreras, padre de César, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

“Antes incluso de que la Caravana comenzase, el apoyo ya fue muy fuerte”, explica M.A., responsable de comunicación de la Caravana 43 RJ, quien añade que “hoy las actividades serán aquí en la Maré, en un ambiente militarizado y de Unidades de Policía Pacificadora que hace evidente lo parecidos que son México y Brasil en cuanto al nivel de violencia”.

La solidaridad de los brasileños se traduce en los aplausos que interrumpen una y otra vez el relato de los padres. “Aquí el Estado también culpa al narcotráfico para justificar todas las masacres que ellos mismos cometen”, exclama un residente de la Maré.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos e integrantes de la Caravana se reúnen con movimientos sociales en Rio de Janeiro. Fotografía: Pilar Pedraza

La Caravana 43 llega hasta la favela Pinheiros para conocer a Irone Santiago, madre de Víctor, un joven que fue atacado por el ejército cuando volvía de jugar a fútbol. Irone comprende perfectamente la angustia de ser ninguneada y despreciada por las mismas autoridades que condenaron a su hijo a estar postrado en la cama de por vida.

La indignación se apodera de la casa y concluyen que su lucha es más visible cuando están juntos.

Dicen los padres de los desaparecidos que seguirán luchando hasta que les devuelvan a sus hijos.

No dejarán de denunciar que, tras lo sucedido aquella noche de septiembre, el gobierno mexicano tardó ocho días en dar una respuesta; que la investigación oficial señaló que los estudiantes habían sido incinerados, pero forenses independientes de Austria y Argentina comprobaron que solo había un normalista entre los cadáveres encontrados; que varios periodistas demostraron que la policía y el ejército rastrearon a los estudiantes justo antes de que partieran hacia Iguala; que el ejército agredió y negó asistencia médica a varios estudiantes que logaron huir; que el gobernador de Guerrero ofreció grandes sumas a los familiares a cambio de su silencio, y que está probado que el fiscal general de México y el presidente Peña Nieto sabían desde 2013 acerca de los vínculos oscuros del gobierno de Iguala, pero no hicieron nada.

Las autoridades de México informaron en abril que hay 25.398 desaparecidos en el país. Brasil solo ofrece el número de denuncias por desaparición: en torno a 250.000 al año.

“Ahora lo importante es la acción, ser creativos y reaccionar ante esta bestia… Los movimientos sociales se están dando cuenta de que luchamos contra la misma bestia”, concluye M.R.

]]> 0 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/06/05/sao-paulo-un-gran-laberinto-de-barreras-giratorias/ http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/06/05/sao-paulo-un-gran-laberinto-de-barreras-giratorias/#respond Fri, 05 Jun 2015 16:10:05 +0000 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/?p=1478 Continue lendo →]]> POR CARLOS TURDERA, DE SÃO PAULO

Una de las cosas que le llaman la atención al extranjero que llega por primera vez a São Paulo es la cantidad de barreras que hay en la ciudad.

Más allá de las estaciones de trenes, estadios o edificios, hay también “catracas” (nombre brasileño para los torniquetes, también conocidos como molinetes) en restaurantes, bares, clubes nocturnos, terminales de ómnibus, panaderías, gimnasios, escuelas, universidades, museos y hospitales.

Y, aunque parezca una exageración, hasta el Parlamento pasará a integrar esa lista, en caso de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, logre imponer su voluntad.

Heredados de los corrales ganaderos, donde eran usados para el manejo y conteo de cabezas, en la ciudad, los torniquetes cumplen una función estadística semejante.

Pese a las ventajas de recursos digitales más amigables, en el espacio urbano continúa predominando el método rural, encarnado en un tótem metálico, generalmente de tres brazos, ubicado a una altura ligeramente por encima de la cintura y con un cerebro limitado a unas pocas funciones contables.

Las “catracas”, también en los ómnibus. Fotografía: Artur Rodrigues/Folhapress.

Esta inmensa red de puestos de control que forman las “catracas” sirven para delimitar también  diversos tipos de “adentro” y un inmenso “afuera” para los 12 millones de personas que todos los días pasan por esta megalópolis, indicando por dónde pueden ir y por dónde no.

Así, los molinetes representan un blanco para los colectivos que postulan una ciudadanía más plena a través de la democratización del espacio público.

En junio de 2013, “Pase Libre”, una corriente estudiantil -inicialmente pequeña- que estaba en contra del aumento de la tarifa de ómnibus, fue seguida por una marea extraordinaria de personas, que salió a reivindicar muchísimas cosas, en algunos casos hasta contradictorias.

No obstante, el estandarte de los convocantes se volvió un ícono del sentimiento de la época: representa a un individuo que quiebra un molinete y lleva el slogan: “Por una vida sin catracas”.

¿A qué responde esa omnipresencia de la “catraca” en la ciudad?, le pregunto al periodista Gilberto Dimenstein, fundador del portal “Catraca Livre”, que nació con la intención de informar acerca de las actividades gratuitas que hay en São Paulo, una ciudad en donde una entrada para el cine cuesta entre ocho y 15 dólares, un libro sale más de 15 dólares y los planes de salud privada, entre 70 y 300 dólares por mes (el salario mínimo es de 271 dólares).

El periodista lo atribuye a lo que llama apartheid social.

“Hay mucha opulencia de un lado y mucha pobreza del otro. Los servicios públicos de educación, salud y seguridad son precarios. Hay, además, una visión muy elitista de la ciudad, donde la calle representa una amenaza y no un espacio para la convivencia. De ahí que cada uno intenta protegerse como puede”, responde.

Manifestantes queman un molinete durante una protesta contra la tarifa de ómnibus y los gastos del Mundial. Fotografía: Lincon Zarbietti /O Tempo/Folhapress.

Dimenstein ganó el premio Child and Peace de Unicef (1993) y fue nominado al Príncipe de Asturias (1994) por sus trabajos sociales.

¿Es posible abrir las catracas para permitir que las personas vivan la ciudad como un lugar sin bloqueos? Dimenstein dice que ese “es el gran problema de Brasil”.

“Hay toda una tradición de Estado fuerte y personas obedientes. Aquí no ha habido momentos fuertes de ciudadanía; no hubo revoluciones, como la española, francesa o norteamericana. Hubo luchas, pero siempre fueron a medias. Quien estaba en el poder dejaba hacer algunas cosas y después las impedía”, reseña.

Los torniquetes separan entonces a las personas que son “dueñas” de la ciudad de aquellas que no lo son, se podría decir. El periodista-educador concuerda y apunta que en los seis años que lleva con “Catraca Livre”, el discurso de democratizar la ciudad, de alguna manera, “ha triunfado”.

“Las ciudades hoy en Brasil claman por más plazas, más verde, más bicicletas, más escuelas, más guarderías infantiles. La democracia de la ciudad se puede medir por el tamaño de sus calzadas y São Paulo no tiene calzadas; es una ciudad para autos. Antes, un alcalde anunciaba una autopista y todos lo veían bien. Hoy ya no. Comienza a haber un cambio”, se entusiasma.

Durante una protesta en São Paulo, los manifestantes festejaron un casamiento del alcalde Fernando Haddad y un molinete. Fotografía: Artur Rodrigues/Folhapress.

Al menos eso parecen indicar iniciativas como las de Plaza Roosevelt (una región abandonada del centro histórico que fue ocupada y convertida en un polo teatral), el Largo da Batata (un centro de comercio y transportes que viene consolidándose como un escenario de diversidad cultural), el Parque Augusta (reivindicado por vecinos y colectivos como un espacio verde contra el avance inmobiliario) y la avenida Paulista (donde músicos y artesanos ganaron una batalla con el municipio para ocupar un paseo), por citar algunos ejemplos.

Hay también otras ocupaciones del espacio público, como las del movimiento “Brasil Libre”, que propone la destitución presidencial y que ha llevado a la calle a algunos que proponen un régimen militar. A pesar del nombre, no ven en las catracas obstáculo alguno.

Al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, considerado una referencia por este movimiento, se le adjudica la iniciativa de querer instalar barreras giratorias en el recinto, a partir de agosto.

El propósito: evitar que ingresen a “la casa del pueblo” quienes no están autorizados para circular por allí, principalmente en los días de votación, pues se ha detectado que “hay intrusos ocupando un lugar que no les corresponde”. Toda una argumentación.

Esteban es un periodista deportivo argentino que vive hace tres años en São Paulo. Realizó coberturas para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el Mundial de Brasil 2014 y la Fórmula 1. Puedes seguirlo en Twitter en la cuenta @intratable y ver su trabajo aquí.

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Dejando de lado el fútbol, la política y la religión, pocos asuntos generan tanta diversidad de opiniones entre los habitantes de São Paulo como el Elevado Presidente Costa e Silva, popularmente conocido como Minhocão (lombriz grande).

Construida e inaugurada en 1970 por el polémico político brasileño Paulo Maluf, acusado reiteradas veces de corrupción, esta autopista conecta el centro de la ciudad con la zona noroeste, cuenta con casi tres kilómetros de extensión y permanece cerrada durante las noches, desde las 21.30 hasta las 6.30, los domingos y feriados.

Ya desde su proyección, el Minhocão fue duramente criticado por arquitectos y urbanistas, que lo tildaron de “aberración arquitectónica”. Sin dejar de ser controvertido, y con miras a su jubilación, una ley sancionada en 2014 estipula que esta construcción sea desactivada en los próximos quince años. A raíz de esto, la polémica se centra entre construir un parque elevado en la actual traza o demoler la estructura.

Miles de autos transitan el Minhocão para llegar al centro de São Paulo. Fotografía: Mariana Baldi.

Transformación y “reencarnación” del Minhocão

Sorprende el contraste de los usuarios del Minhocão, que en horas pico es sinónimo de bocinazos y embotellamientos, y los domingos y feriados puede convertirse en un ameno paseo familiar. Así forjó su identidad el Elevado, que a pesar de haber nacido feo y golpeado por las críticas, conquistó diferentes tipos de públicos.

Ya con miras a su desactivación, la Organización Parque Minhoção propone que esta autopista se transforme en un sitio de esparcimiento, para que el público pueda seguir usando este espacio permanentemente.

“Cuando se cerró la autopista los domingos para favorecer el descanso de vecinos que viven al lado de la construcción, la gente espontáneamente empezó a usar el Minhoção como área de esparcimiento. La municipalidad nunca liberó el espacio para ese fin, y para los gobernantes sigue siendo solo una autopista”, expresó Athos Comolatti, presidente de la organización, quien además juntó 7000 firmas para que el Minhoção también tenga el tránsito vedado los sábados, proyecto que tiene media sanción de los concejales paulistanos.

“Desde 1987 hay proyectos para convertirlo en un parque elevado, cuando aún no existían otros en el mundo (…) Creemos que no es necesario demolerlo, mucha gente ya lo utiliza como un lugar para divertirse. Tampoco hace falta hacer demasiadas obras, simplemente cerrar la circulación de los autos, instalar algunos baños y sombrillas y listo, la gente puede ser feliz con pocas cosas”, agregó Comolatti.

Sin embargo, admitió que no cuentan con un plan estratégico sobre cómo desarrollar ese nuevo espacio. “Nosotros, como organización, no tenemos un proyecto de parque ni vamos a tenerlo. Queremos que la municipalidad sancione una ley a favor de la creación de un parque, y después que haya una licitación. Una vez cumplido este paso, sí estamos dispuestos a asesorarlos”.

Los domingos y feriados el tránsito está vetado. Fotografía: Esteban Nieto.

Demolición y “muerte” del Minhoção

Para Valter Caldana, director de la Facultad de Urbanismo y Arquitectura de la Universidad Mackenzie, el Minhocão “destruyó el centro de São Paulo”.

“Básicamente, provocó que la ciudad se convierta en un pulpo sin cabeza. Tenemos los tentáculos, que simbolizan las distintas regiones de la ciudad, pero falta el elemento articulador de todas esas regiones, que es el centro. Demolerlo sería un beneficio para todos, tanto para los que viven en sus inmediaciones, los que invierten en la zona y los que pasarían a vivir en los alrededores ya con un ambiente revitalizado”.

A diferencia de la propuesta del parque, Caldana plantea una estrategia para reemplazarlo. “En su lugar se puede hacer una línea de tranvías o un tren turístico, donde también haya espacio para peatones y ciclistas. Con este circuito se aprovecharían muchos espacios verdes que hoy se encuentran en las sombras, húmedos e insalubres por culpa del Elevado”, explicó el profesor.

El urbanista también estimó que el flujo de vehículos que deberá buscar vías alternativas para cuando se desactive la autopista no es un problema. “El tránsito de la ciudad está colapsado, y no hay manera de empeorarlo. Los primeros días será un caos, pero poco a poco ese flujo será absorbido por caminos alternativos”, expresó.

Por las noches, las personas andan en bicleta, corren o simplemente disfrutan de un paseo por el Elevado. Fotografía: Esteban Nieto.

Otros elevados, diferentes soluciones

Inaugurado en 1993, el Promenade Planteé (Paseo Plantado), ubicado en París, se convirtió en el primer parque elevado del mundo, emplazado en una antigua vía de tren desactivada, con una longitud de casi cinco kilómetros. De idéntico origen, la ciudad de Nueva York inauguró en 2009 el High Line, de poco más de dos kilómetros, y que aún cuenta con ampliaciones proyectadas.

Justamente, el modelo estadounidense fue el que sedujo a los ideadores del Parque Minhocão. “Pensamos que en función de que el High Line ya es una realidad, el gobierno municipal podría darle prioridad a la transformación en un parque y no a la demolición. Es normal que los gobernantes copien casos exitosos de otras ciudades”, expresó Comolatti.

La opinión de Caldana, por su parte, es diferente. “Los parques elevados de París y Nueva York son brillantes, pero no son ejemplos compatibles con el Elevado, tanto por tamaño y la ubicación en la que se encuentran. El Minhocão se ubica en el centro, no es periférico como el High Line ni se encuentra un poco distante de la zona céntrica como el Promenade Planteé. Hacer un High Line costaría no menos de 700 millones de reales (220 millones de dólares), sin contar los gastos de mantenimiento. No sirve hacer una comparación si no se puede contar con el presupuesto adecuado para una obra de esa envergadura”, aclaró.

Para el profesor, otro proyecto que no sirve como espejo del Minhocão es el Big Dig de Boston, que reemplazó una autopista elevada por un túnel, por un valor cercano a los 2000 millones de dólares.

“Hacer un túnel no es una solución adecuada”, agregó Caldana. Ciertamente, ese tipo de construcción es uno de los destinos menos probables para el futuro del Elevado. En paralelo con la desactivación de la autopista, existe un proyecto para soterrar la parte de la línea roja del metro paulista que corre sobre el asfalto y hacer en su lugar una vía rápida que ligaría el este con el oeste de la ciudad.

Esa hipotética avenida solucionaría el flujo de autos que se quedarían “huérfanos” de autopista, aunque cabe aclarar que no existe relación entre un proyecto y otro y uno puede realizarse independientemente del otro.

De esta manera, con posiciones enfrentadas, el gigante de cemento que habita el centro de São Paulo espera su veredicto y su jubilación, que tendrá un futuro de escombro o una reencarnación sin bocinas.

Para bien o para mal, el imaginario brasileño ha catalogado a los argentinos como inconformistas crónicos y seres sumamente politizados, entre muchas otras características.

“En tu país, le preguntás a cualquiera de política y te da una cátedra sin siquiera haber terminado la escuela primaria” o “ustedes saben de derechos y no se guardan nada; si algo no les gusta, salen a la calle a manifestarse”, eran frases que los argentinos se acostumbraron a escuchar apenas atravesaban la frontera y entablaban alguna conversación en “portunhol”.

El brasileño promedio solía ser relajado y observaba todo aquello como un mero espectáculo televisivo, admirando o despreciando esa tensión continua en el país de “los hermanos”. Esas imágenes que la pantalla les traía eran procesadas como sucesos lejanos que formaban parte de una realidad ajena a la suya. Como si fueran escenas de una novela más.

Eso no significa que Brasil tenga una historia poco compleja, de cómodo trazado. Todo lo contrario. Tampoco quiere decir que movimientos sociales de relevancia sean harina de otro costal por aquí.

A comienzos de marzo, mientras Dilma Rousseff hablaba por televisión, los brasileños hicieron sonar sus cacerolas, en ciudades como São Paulo y Belo Horizonte. Fotografía: Eduardo Anizelli/Folhapress.

Nadie puede discutir -por poner un ejemplo- la importancia que tuvieron las marchas entre 1983 y 1984 que pedía elecciones directas y buscaban derogar un sistema electoral legado por la dictadura.

La cotidianeidad de las protestas, huelgas y manifestaciones de tipo variado con epicentro en Buenos Aires, lograron que en Brasil se acuñara el término “viramos [nos transformamos en] Argentina” cuando en junio de 2013, algunos meses antes  y durante el Mundial 2014  miles de manifestantes salieron a la calle para protestar con metodología “piquetera”, importada desde Argentina, adueñándose de las calles y bloqueándolas, para darle mayor contundencia al reclamo de turno.

AQUEL JUNIO DE 2013

Lo cierto es que si hablamos en términos de inconformismo social y presencia masiva en las calles, Brasil lleva ya un tiempo “imitando” los hábitos del vecino.

Las manifestaciones de junio de 2013, que comenzaron con poco más de 200 estudiantes del movimiento Passe Livre protestando por el aumento de la tarifa del transporte público, fueron el gran detonante.

“Vem pra rua” (“Ven a la calle”) se convirtió en el  grito de guerra. Y lo que empezó con el descontento de un grupo aparentemente aislado, terminó siendo material de primera plana de todos los medios de comunicación.

Acto organizado en enero de este año por el movimiento Passe Livre en contra del aumento de la tarifa del ómnibus. Fotografía: Eduardo Anizelli/Folhapress.

Así, antes de que terminara ese junio, el más rupturista de la historia brasileña, eran 353 las ciudades alcanzadas por las chispas de la protesta. En ese momento, se estimaba que el promedio superaba las 22 marchas diarias en todo el país.

La corriente, lejos de serenarse, continuó a puro vigor. La Copa de las Confederaciones de 2013 y el Mundial de 2014 levantaron a multitudes que bramaban contra los multimillonarios costos de los faraónicos estadios construidos para el torneo de fútbol. Las batallas campales contra las fuerzas del orden eran una constante.

El viernes 13 y el domingo 15 pasados, decenas de miles de personas volvieron a tomar la calle, en lo que pareció ser una continuación de las manifestaciones de 2013 y 2014, aunque con diferentes propósitos.  Las movilizaciones del viernes fueron en casi 50 ciudades y tuvieron como eje principal el apoyo a la presidenta brasileña Dilma Rousseff.

El domingo, fue todo lo contrario: las manifestaciones multitudinarias se extendieron por diferentes capitales de todo Brasil con el objetivo de denunciar la  corrupción en la estatal Petrobras, protestar contra la crisis económica y el aumento de los impuestos.

Algunos, un tanto más extremos, pedían el juicio político de la presidenta brasileña y una minoría  reivindicaba el regreso de los militares al poder.

No serán estas las últimas manifestaciones de los diferentes sectores sociales y tampoco tienen por qué continuar presentándose con esta morfología: a favor o en contra del Partido de los Trabajadores (PT) y de Rousseff.

Integrantes de la Central Única de los Trabajadores (CUT) y otras centrales sindicales organizaron un acto en defensa de los derechos de los trabajadores, el pasado 13 de marzo. Fotografía: Eduardo Anizelli/Folhapress.

“Se trata de una sociedad civil brasileña renovada, más informada y educada, que continúa teniendo que vérselas con instituciones del siglo pasado, anacrónicas, que ya no atienden a los nuevos deseos de la población”, resumió hace algún tiempo el psicoanalista brasileño Jorge Forbes.

DÓLAR E INFLACIÓN 

Convertirse en “Argentina o Venezuela” fue una frase muy popularizada durante las últimas elecciones de octubre de 2014, sobre todo entre las élites, como un augurio del peor futuro para Brasil bajo el mandato de Dilma.

La devaluación que sufrió el real  frente el dólar en el último tiempo es uno de los indicadores que encendieron las alarmas. Pasó en poco menos de un año de 2, 25 a 3,25 y alcanzó el nivel más bajo desde 2003. Algunos economistas aseguran que podría subir  hasta cuatro reales por cada dólar.

En Argentina, las restricciones para comprar dólares impuestas por el gobierno se han ido endureciendo paulatinamente. Como consecuencia de la imposibilidad de adquirir la divisa norteamericana legalmente, se aceleró su cotización en el mercado negro o paralelo, en donde puede conseguirse un dólar a cambio de 13 pesos. Los pocos que pueden comprar dólares al cambio oficial tienen que desembolsar 8, 67 pesos por cada dólar.

El 15 de marzo pasado una multitud llenó la avenida Paulista en una protesta anti PT y anti Dilma, en São Paulo. Fotografía: Reinaldo Canato/Folhapress.

En Venezuela también existían trabas para conseguir dólares, pero desde hace poco más de un mes, debido a la crisis económica que vive aquel país, se puede cambiar la moneda norteamericana por bolívares legalmente con cuatro tasas diferentes.

No obstante, el mercado paralelo sigue siendo una de las fuentes principales de compra de dólares y el valor de la divisa norteamericana oscila todos los días: la semana pasada, se ubicó en 260 bolívares por dólar, mientras que el cambio oficial del Banco Central de Venezuela estaba en 190.

El aumento de la inflación también es uno de esos puntos que pueden emparentar a los tres países  hermanos. Venezuela, con una inflación del 68,5% en 2014, reconoció en febrero pasado que tiene la inflación más alta del mundo.

En Argentina, de acuerdo con el “Índice Congreso”, la inflación de 2014 fue del 31,43% anual, mientras que las mediciones oficiales del INDEC indican que el aumento de precios el año pasado fue del 23,9%.

En Brasil, el estimado anual actualmente se acerca al 8% (el más alto en los últimos 10 años), pero se mantiene muy lejos de los altísimos porcentajes de inflación de Venezuela y Argentina.

Miles de manifestantes tomaron la avenida Paulista en junio de 2013. Fotografía: Marcelo Justo/Folhapress.

CACEROLAZOS

Otra  forma de protesta que se ha vuelto costumbre en Brasil es el “ panelaço” o “cacerolazo”, instalado principalmente en los barrios de clase media alta. Consiste en golpear ollas o sartenes durante los discursos de Dilma o de algún ministro de su gobierno.

En Argentina, el “cacerolazo” ya es parte del folclore nacional. La primera vez que las personas salieron a golpear sus cacerolas fue en 1996 para mostrar el descontento con el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Uno de los más resonantes, que dio la vuelta al mundo y provocó la salida del entonces presidente Fernando de la Rúa, fue el cacerolazo del 19 de diciembre de 2001. Volvieron en 2008, con el conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner y los productores agropecuarios.

Un último punto en el que los dos países se parecen mucho es en la “Ley de Medios” (“Lei da Mídia”, en portugués), aunque en Brasil, por ahora, sólo es materia de debate. La coyuntura pasó por encima de esta ley que pretende hacer primar el derecho humano sobre el mero servicio comercial.

Para establecerla, los defensores del proyecto señalan a la Argentina como un ejemplo de apertura del juego y eliminación de los monopolios de comunicación. Pero los detractores buscan la refutación más fácil: “Si seguimos el ejemplo de Argentina, así terminaremos…”.

Cacerolazo en Buenos Aires contra la presidenta argentina Cristina Kirchner, en 2012. Fotografía: Daniel Garcia – 8.nov.2012/AFP.

El término “argentinización” es mirado de reojo en Brasil, sobre todo por su connotación negativa.

Sin embargo, abandonar una posición cómoda para hacerse escuchar y mostrarse en desacuerdo -sin recurrir a la violencia- acelera el proceso de purificación y aceita los mecanismos de cualquier democracia.

Si haberse “argentinizado” significa que el brasileño dejó de mirar todo “por encima del muro” para tomar una postura, ser parte y construir, quedará pendiente entonces una revisión del sentido que se le otorga al tan castigado término.

Hace exactamente 11 meses, los miles de hombres de la Fuerza de Pacificación de la Policía Militar de Río de Janeiro, apoyados por medios aéreos y terrestres del Ejército de Brasil, ocuparon  las 16 favelas que conforman del Complexo da Maré, en la zona norte de Río.

El despliegue fue aparatoso y no les hizo falta disparar un solo tiro. Satisfechos, el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, y el por entonces gobernador, Sergio Cabral, calificaron la operación como un éxito y auguraron que pronto se instalarían allí las correspondientes Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

Pero la realidad es que la operación no fue un éxito, tampoco hubo UPPs, ni nada que se le parezca. Los disparos de los fusiles 762 del Ejército brasileño, que por aquel entonces no pudieron ser recogidos por las varias docenas de reporteros que acompañaron la ocupación, han ido desangrando poco a poco la vida de los 130.000 habitantes del Complexo da Maré.

El pasado 12 de febrero, una furgoneta con cinco jóvenes que regresaban de una fiesta fue masacrada por disparos de los militares en la favela Salsa e Merengue. Uno de ellos perdió su pierna. Tan solo una semana después, un obrero fue abatido tras ser “confundido con  un traficante”, como declararon los militares, mientras trabajaba en una reparación en la Vila do João.

Policías intentan contener una protesta cerca del Complexo da Maré, en Río de Janeiro. Fotografía: Mauricio Fidalgo/Reuters.

Menos de 24 horas después, otra “combi” repleta de viajeros que hacían la línea Maré- Bonsucesso fue ametrallada en la Vila do Pinheiro. ¿El motivo? El conductor no tenía licencia para  transportar personas  y quiso saltarse un control del Ejército.

Indignados, hartos por tantos heridos y muertes absurdas, unos 300 habitantes de la Maré quisieron exponer su malestar con una protesta pacífica el pasado 23 de febrero. Nuevamente, la policía y los militares desconfiaron de los manifestantes y decidieron disolver la incómoda protesta por la fuerza. Dos menores murieron y tres personas resultaron heridas.

Sus muertes apenas causaron conmoción en la prensa local, que aquellos días andaba pendiente de la visita del Comité Olímpico Internacional (COI) a las instalaciones de los futuros Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Los centenares de habitantes del Complexo da Maré  que escapaban de los gases lacrimógenos y de las balas de la Policía Militar  aquella noche, probablemente no lo sabían, pero su destino había sido decidido entre sonrisas y apretones de mano unas horas antes.

El secretario del Ministerio de Deportes, Ricardo Leyser, anunciaba aquel día que el gobierno federal usará las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad en Río 2016.

En la práctica, la decisión supuso que los 2700 militares que cada día supervisan la vida de los habitantes de la Maré, amplíen su presencia en la zona por otros 18 meses. A un coste de 593.000 dólares por día, los contribuyentes brasileños pagarán  319 millones de dólares para que sus vecinos de la zona norte vivan en un contexto más propio de Irak o de Palestina.

Soldados refuerzan la seguridad en el Complexo da Maré después de un día de un inteso intercambio de disparos entre traficantes locales. Fotografía: Alex Ribeiro/Folhapress.

Los blindados y la artillería pesada se han convertido en parte del paisaje de las 16 favelas de la Maré, cuyo único pecado es haber sido construidas entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim y el centro de la “cidade maravilhosa”.

Un lugar estratégico que una valla de tres metros de altura, situada alrededor de los 10 kilómetros cuadrados que ocupa, no ha sido capaz de esconder de la mirada de los turistas que pasan por la Linha Vermelha camino de las playas de postal de la zona sur.

Puede que el yugo de las tres facciones de narcotraficantes (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) que allí se daban cita, y que todavía mantienen su influencia a pesar de la ocupación, debía ser erradicado.

Pero casi un año después la ocupación militar se ha revelado como un fracaso, denunciado además por innumerables asociaciones de Derechos Humanos.

Así lo hizo Amnistía Internacional a través de un comunicado oficial en el que afirmó que  las Fuerzas Armadas “no poseen el entrenamiento adecuado” o las habilidades de “diálogo con organizaciones de la sociedad civil o poblaciones de las favelas”.

Además, la respetada organización expuso que “la lucha contra el narcotráfico no puede llevar a una criminalización de la comunidad, especialmente de los más jóvenes”. Unos argumentos a los que los dirigentes del COI no han querido prestar atención.

Un hombre posa frente a un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas, durante la ocupación del Complexo da Maré, en abril de 2013. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Es la triste realidad de los miles de cariocas que no cuentan con un lugar dentro de los ambiciosos planes de Río 2016.

Empujados a los márgenes de la ciudad e ignorados durante décadas por los gobiernos locales, viven la opresión de una ocupación militar con el pretexto de protegerles de un yugo, el del narcotráfico, al que esos mismos gobiernos dejaron hacerse amos y señores de aquellos que poco importaban.

Faltan 18 meses para el mayor evento deportivo jamás vivido en Río de Janeiro y nada ni nadie deberá arruinar la fiesta. Los intereses puestos en un espectáculo que le ha costado a la ciudad 13.000 millones de dólares valen más que los derechos de unos cuantos “favelados”.

Al igual que ocurrió en 2013 durante la Copa de las Confederaciones o en 2014 durante el Mundial, el Ejército brasileño se sumará a la fiesta del silencio, la de las manifestaciones pacíficas disueltas a golpes, gases lacrimógenos y disparos de los que matan.

Pero en la Maré no se resignan a vivir oprimidos por el silencio. Es imposible saberlo, pero es posible que la próxima “primavera brasileña” comience entre la mayoría silenciosa que todavía no ha alzado su voz en Río de Janeiro.