Este miércoles 23 de septiembre en Parque Alegría, en la comunidad de Cajú, situada en la zona portuaria de Río de Janeiro, Herinaldo Vinicius da Santana, de 11 años, recibió cerca de las cuatro de la tarde un disparo en la cabeza. Terminó muriendo pocos minutos después.

Presuntamente, quien le disparó al chico fue un policía de laUnidad de Policía Pacificadora (UPP) de esa favela, durante  una operación de rutina.  

Indignados, los  vecinos de la comunidad grabaron los últimos suspiros del niño, en unas imágenes de mucha crudeza, y también al que creen que es el presunto asesino.

Ambos videos, que circulan por las redes sociales, denuncian una vez más los abusos cometidos por la Policía Militar (PM).

Los vecinos salieron a manifestarse para protestar contra la muerte de Herinaldo y cortaron parte de la Línea Vermelha y la Avenida Brasil, dos importantes vías de circulación que conectan la zona norte con el centro de la ciudad.

Al parecer, el niño había salido a comprar una pelota de ping-pong, detonante para que un agente de policía apretase el gatillo y se llevase la vida del menor.

Tristemante, la muerte de Herinaldo es una más entre muchas. Un niño que estuvo en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. O tal vez fue el policía que estuvo en ese lugar inoportuno en el momento equivocado.

La paupérrima preparación de la PM tiene como resultado, lamentablemente en demasiadas ocasiones, este tipo de desenlaces  fatales.

En un contexto de tensión, y no sabiendo manejar ni la situación ni el nerviosismo, se descarga un arma como prevención. Se dispara por miedo, por error. Muchos brasileños ya acostumbrados a este tipo de violencia han perdido la capacidad de sorpresa ante estos hechos.

Amnistía Internacional en su informe Mataste a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro indica que de 220 denuncias realizadas en 2011 sólo un caso se llevó ante la Justicia.

Y añade que  la mayor parte de las personas que murieron a manos de policías, casos registrados entre 2010 y 2013, son jóvenes negros de 15 a 29 años.

El dolor y la estigmatización de los más pobres es un peso que viene arrastrando Río de Janeiro desde que surgió la primera favela en la ciudad.  La delincuencia y las enfermedades siempre se asociaron a los más pobres y a las zonas periféricas. Y todavía hoy se continúa con esa creencia.

Es terrible pensar que también un niño puede matar a un policía. En esta ciudad hay niños y jóvenes armados y peligrosos que se enfrentan contra las fuerzas de seguridad.

La ciudad vive una lenta guerra con muertos de ambos bandos. La herida sigue abierta y la ciudad se desangra gota a gota, muerto a muerto. En medio de este conflicto intentan sobrevivir los más pobres, invisibles para el resto del  mundo.

La libertad, parece, es algo que no se les permite a los miserables. Poder jugar y correr no es para aquellos que viven en una favela. La libertad no existirá mientras las leyes no se ajusten a su favor. Es un sueño, y quizá en ese sueño eterno podamos finalmente  encontrarla.

Faltan apenas 300 días para el inicio de los ansiados Juegos Olímpicos de Río 2016 y las autoridades de la ciudad más fotogénica de Brasil, al igual que ya lo hicieron en el Mundial de 2014, ultiman sus preparativos en materia de seguridad.

Y es que, a pesar de que Río de Janeiro no se encuentra entre las ciudades más peligrosas de Brasil, su tasa de homicidios es de 28,3  por cada 100.000 habitantes, es decir, casi tres veces más alta a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El narcotráfico y su dominio de grandes áreas de la ciudad suponen el gran problema de Río y el foco de la mayor parte de la violencia.

A pesar de los esfuerzos de José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, de instaurar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los suburbios de la ciudad, lo cierto es que los territorios históricos del narcotráfico, como la favela Rocinha y el Complexo do Alemão, continúan controlados en gran medida por comandos de narcotraficantes. 

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Marino Beltrame, durante una visita al morro do Vidigal. Fotografía: Maíra Coelho – 15.nov.2011/Agência O Dia.

El enquistamiento de la violencia en estos lugares ha provocado que el discurso de crear una “policía de proximidad”, y con ello reconstruir la confianza entre los habitantes de los suburbios y los agentes de la Policía Militar (PM), haya desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Beltrame firmó la resolución 901 que autoriza el uso de pasamontañas para ocultar los rostros de los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acciones con Perros (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque durante sus operaciones policiales. 

En pocas palabras, en la futura sede olímpica se vuelve así a garantizar, después de 20 años de prohibición, el anonimato de sus agentes al permitir que sus rostros puedan ser cubiertos durante las a menudo sangrientas operaciones que se realizan en las favelas.

Una medida incomprensible teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de la PM de la ciudad y el reconocimiento, el pasado 31 de agosto, de la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esa misma policía ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, el 16% de los homicidios ocurridos en  Río de Janeiro entre 2010 y 2013 se produjeron a manos de los agentes de la PM, es decir, 1275 fallecidos de los que el 99,5% eran hombres, el 79% era de raza negra y el 75% tenía entre 15 y 29 años.

Vinicius y Tom, las mascotas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fotografía: Celso Pupo /Fotoarena/Fotoarena/Folhapress.

De hecho, el nivel de violencia practicado por la PM en la futura sede olímpica dejó dos  muertos por día en la última década con un total de 8466 personas fallecidas desde 2005. 

Por si fuera poco, de los 220 casos de homicidio cometidos por policías en 2011, el 80% continúa sin haber sido esclarecido en 2015, mientras que solamente 1 de las denuncias llegó a ser aceptada por el Ministerio Público.

Se trata de unas cifras escalofriantes que dan testimonio del nivel de impunidad al que están acostumbrados los agentes de seguridad cada vez que aprietan el gatillo.

En declaraciones a este cronista, Viviane Ribeiro, editora del diario comunitario “Jornal Alemão Notícias” y vecina del Complexo do Alemão, explicó que la vuelta de los pasamontañas se relacionaría directamente con una maniobra de intimidación de las autoridades de la ciudad de cara a las Olimpíadas del próximo año. 

En su opinión, los pasamontañas son para los habitantes de las favelas “símbolos del exterminio” y de “la muerte deliberada sin autor ni castigo”, y acusó al gobierno del estado de Río de Janeiro de actuar con el único interés de “mostrar al mundo y al turista que venga en 2016 que todo es perfecto mientras que la policía actúa contra los derechos de los ciudadanos más pobres a sangre y fuego”.

Habitantes del Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, protestan por la muerte de un niño de 10 años a manos de la Policía Militar. Fotografía: Fabio Brisolla/Folhapress.

No obstante, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, considerado uno de los grandes especialistas en la ciudad en materia de seguridad y en el programa de las UPP, relativizó la posible relación entre la medida y la proximidad de los Juegos Olímpicos. 

“No creo que la medida guarde relación alguna con la proximidad de un evento de estas características, es más, creo que la medida no tendría ningún tipo de efecto disuasorio en caso de ser aplicada”, aclaró el español, quien calificó de “innecesaria” la medida al no existir antecedentes de amenaza terrorista en Brasil, aunque observó con preocupación  la ausencia de distintivos en los uniformes de la PM que permitan la identificación de los agentes.

Sea una provocación, una medida de precaución o simplemente un mensaje de que la “mano dura” estará de vuelta en Río 2016, lo cierto es que la evidente falta de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en una ciudad que se dispone a celebrar los  Juegos Olímpicos, resulta preocupante.

Solamente el tiempo dirá si, al igual que ocurrió en 1995, las autoridades de Río acabarán por darse cuenta de que tapar el rostro de sus agentes de policía no es la mejor manera de promover la convivencia en una ciudad dividida en dos mitades que, al día de hoy, continúan irreconciliables.

En Brasil hay una manía,  y es que siempre hay una televisión encendida. Cada bar tiene, al menos, uno o dos televisores, que se mantienen prendidos todo el día, sin importar si alguien los está mirando o no.

Sin embargo, hay dos programas que siempre consiguen captar la atención del público y son “Cidade Alerta” y “Brasil Urgente”, de las cadenas televisivas Record y TV Bandeirantes, respectivamente.

Mientras los brasileños se toman una “gelada”(cerveza), observan en tiempo real persecuciones policiales, operaciones del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), tiroteos y, de vez en cuando, ejecuciones de los llamados “bandidos”.

Todo narrado con el ritmo de una partido de fútbol, en el que el presentador ejerce de juez y comentarista al mismo tiempo.

El pasado martes 23 de junio, ambos programas captaron, a través de sus helicópteros, una persecución que concluyó con un final demasiado indigesto hasta para el más fanático del programa.

En la imagen, se ve a un policía disparando a quemarropa contra dos menores que habían robado una moto. Fotografía: Reprodução.

Dos menores de 16 y 17 años escapaban a toda velocidad de una patrulla de la Policía Militar en una motocicleta robada por  las avenidas del barrio Jardím São Luís, en el sur de São Paulo.

Durante varios minutos, el hábil piloto, en su cruzada por lograr escapar del policía,  puso en peligro la vida de todo aquel que se cruzaba en su camino. Sin embargo, al encarar una recta, ambos jóvenes fueron alcanzados por el agente, a lo que el  copiloto reaccionó arrojándole su casco.

En ese momento, el cabo disparó su arma e hirió a ambos delincuentes  en las piernas. Unos metros más adelante, el motociclista perdió el control y la moto cayó junto a la pared de una casa, aprisionando a ambos menores que quedaron tendidos en el suelo.

Acto seguido, el policía detuvo su motocicleta junto a ellos y, antes de bajarse, ocurrió lo que nadie esperaba: disparó en dos ocasiones su arma sobre los menores rendidos y malheridos.

Todo tuvo lugar en directo y fue transmitido con lujo de detalles, porque las cámaras de los helicópteros de ambos programas registraron la acción desde dos ángulos distintos. Los fogonazos del revólver calibre 38 disparado en plena noche delataron al agente, quien con toda tranquilidad desarmó a uno de ellos y lo detuvo.

Eufóricos, los conductores Marcelo Rezende y José Luiz Datena saborearon el momento, sabiendo que los índices de audiencia estarían alcanzando el punto más alto: un policía acaba de disparar a quemarropa contra dos  menores, con millones de brasileños como  testigos.

El conductor del programa “Brasil Urgente”, José Luiz Datena. Fotografía: Divulgação.

La Secretaria de Seguridad Pública (SSP), anticipándose a la polémica, actuó de inmediato y el cabo, que fue identificado con el nombre de “De Souza”,  fue detenido de manera provisional, mientras que los jóvenes fueron internados en un hospital de Jardim São Luís.

Sin embargo, tan solo 24 horas después del episodio, el cabo fue liberado y retomó su trabajo, aunque provisionalmente, en el área administrativa de la Policía Militar de São Paulo.

“Quería felicitarte públicamente por una actuación excelente”, dijo el Coronel Telhada, diputado del estado de São Paulo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que gobierna esa región, en un video publicado en Facebook al día siguiente del hecho. “Hacen falta hombres así en la Policía Militar”, indicó.

El populismo se solapaba con el sensacionalismo. Si bien programas de este tipo banalizan la violencia hasta niveles extremos, el oportunismo del PSDB, partido que apoyó en el Congreso Nacional la aprobación de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) 171/1993 para reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, se hacía patente una vez más.

Pero no todo fueron felicitaciones para el agente. El secretario de la SSP, Alexandre de Moraes, advirtió: “Daremos el derecho de defensa al agente, pero por las imágenes hay una clara constatación de una seria irregularidad por parte del policía, ya que individuos rendidos al dominio del agente acaban recibiendo disparos”.

Si la acción del agente merece su expulsión del cuerpo de policía, una pena de cárcel o cualquier otro castigo, eso deberá decidirlo la Justicia, pero lo que realmente impacta del caso es la cotidianidad de la violencia de la policía contra los delincuentes.

El discurso del “mejor bandido es el bandido muerto” continúa muy vivo en la consciencia colectiva de los brasileños.

Marcelo Rezende, conductor de “Cidade Alerta”. Fotografía: Edu Moraes/Divulgação Record.

Según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2012, al menos 1890 personas murieron a manos de la policía en Brasil, mientras que en Estados Unidos, país con un 30% más de habitantes, ese número fue de  410.

Con 53.646 muertes totales por año, es decir, seis asesinatos por hora, el problema de la violencia en este país es tan mayúsculo y cotidiano que, a veces, parece que sus habitantes han perdido todo respeto por la vida ajena.

La televisión y la mayoría de los periódicos del país lo saben y sacan provecho de ello. Los políticos tampoco se quedan atrás y, azuzando el debate, pronto alcanzaron el 87% de apoyo ciudadano a la reducción de la edad penal, un proyecto condenado por la ONU, que fue rechazado por la Cámara de Diputados, por una estrecha diferencia de cinco votos.

Llegado este punto, no se puede dejar pasar la interesantísima entrevista del Secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, con la revista “Época”.

“En Brasil, estamos retrocediendo. Le quito los fusiles a la policía, me critican por querer desarmar a los bomberos y una gran parte de la población continúa queriendo armarse”, explicó el responsable del programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro.

Uno se pregunta cómo, si hasta uno de los mayores responsables por la seguridad en el país reconoce el fracaso de la “mano dura”, la ciudadanía está cada vez más convencida de que más armas, más cárcel y más severidad solucionarán el problema.

José Mariano Beltrame visita el Morro do Vidigal, en Río de Janeiro. Fotografía: Maíra Coelho / Ag. O Dia.

“Follow the money”, suele decirse en las películas de detectives a la hora de encontrarle una explicación a algo que aparentemente no la tiene. Solo apuntaré un dato: Brasil es el 4º mayor fabricante de armas ligeras del mundo, con 17,6 millones de ellas en circulación y albega a la mayor fábrica de pistolas del mundo: Taurus.

El próximo paso de la “bancada de la bala” y del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) será la aprobación del proyecto de ley 3722/2012 para permitir la portación de armas y acabar con el Estatuto del Desarme.

Con un mercado de más de 200 millones de brasileños y con 15 de las 50 ciudades más peligrosas del planeta en el país, el negocio está asegurado. Teniendo en cuenta que tanto Taurus como la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC) financiaron la campaña de algunos diputados del PMDB, el círculo se completa.

En Brasil, la paranoia por la seguridad, alimentada por el sensacionalismo de los medios de comunicación, y la violencia planificada, garantizada a través de la “mano dura” de la Policía Militar, parecen ser las dos caras de un mismo negocio.

Tomo un ómnibus en la calle Augusta rumbo al centro viejo de la ciudad. A mi lado se sienta un señor de unos 70 años, con ropas que parecen de la misma edad. Al pasar frente a las torres que se alzan en esa región en auge, exclama: “¡Gastan fortunas en esos apartamentos! Y, uno, que siempre ha vivido aquí, ahora tiene que irse, porque el salario ya no paga las cuentas del mes”.

El hombre, que ha tenido que mudarse debido al exorbitante aumento de los alquileres, resume un fenómeno tal vez no muy reconocible a primera vista, pero que está tan presente que hasta tiene un nombre: gentrificación (proceso por el cual la población de un barrio popular es desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor).

La burbuja brasileña

Paralelamente a esos desplazamientos, el “boom” inmobiliario de São Paulo viene desinflándose desde hace al menos un año. Antes de la supervalorización, ya había muchos edificios vacíos en la ciudad. Datos del municipio indican que en 2014 había 400.000 inmuebles deshabitados, entre casas y edificios, al mismo tiempo que unas 130.000 familias no tenían dónde vivir.

“Tanto techo sin gente, tanta gente sin techo”, dice un graffitti de menos de 140 caracteres, que también podría ser un tuit.

El gobierno municipal decidió aumentar el año pasado los impuestos a las propiedades en desuso. En regiones donde el metro cuadrado ronda los 3500 dólares (sobre todo en Jardins y zona sur), la medida, previsiblemente, no fue bien recibida. Tampoco las caras desconocidas que comenzaron a pasearse por allí.

Las ocupaciones parten de un movimiento que unos llaman “de derecho” y otros “de usurpación”. Hace unos años presencié la toma de un edificio céntrico y pude ver cómo el grupo se distribuía, con organización y velocidad sorprendentes, los 15 pisos del predio, sus departamentos y las funciones de cocina, limpieza, seguridad, salud, etc.

Con el deterioro de la economía, esos “techos sin gente” han atraído a más personas. Hace unas semanas, ví uno de los desalojos que se han vuelto comunes en el último tiempo. La violencia con que se ejecutan pone en evidencia la enorme distancia social que hay entre quienes tienen y quienes no, poniendo en jaque la idea de Brasil como un país cordial.

Boom inmobiliario en el Baixo Augusta. Fotografía: Gustavo Epifanio/Folhapress.

Tubos de ensayo

En otras zonas de la ciudad, donde el precio de las propiedades es más bajo, las construcciones abandonadas atraen un segundo tipo de “ocupación”, la de personas que no sufren falta de vivienda y que no necesariamente entran allí sin pagar.

Son los laboratorios de experiencias artísticas, periodísticas o sociales, que emergen como una mezcla de co-working, comuna y red social.

A diferencia del movimiento de “reapropiación del espacio público”, que busca revitalizar las plazas, estas iniciativas tienen lugar en el interior de edificios o casas que, por estar sin uso o en franco deterioro, se vuelven alternativas de bajo costo.

Las hay de varios tipos; las más duraderas son aquellas que desarrollan proyectos profesionales o artísticos definidos, practican el crowfunding y tienen un acuerdo con el propietario, además del apoyo de los vecinos.

En el centro viejo se encuentra “Farol”, el nombre que le han dado a un antiguo edificio de cuatro pisos los  grupos que desarrollan allí sus proyectos: “Choque Cultural” (arte público y pensamiento urbanístico), “Líquen” (taller de artistas y diseñadores), “Balsa” (espacio de eventos) y “Fluxo” (redacción, estudio, lugar de encuentro y reuniones).

Este último es quizás el que más ha trascendido debido a que sus miembros desarrollan proyectos de comunicación y están articulados con los medios.

Lidera esa experiencia Bruno Torturra, un periodista que pasó de los medios tradicionales a una estructura especializada en activismo social (llamada “Midia Ninja”). Allí se reúnen reporteros, fotógrafos, editores y artistas para experimentar “con el lenguaje, el contenido y las relaciones entre comunicadores y público”.

Con una terraza que ofrece una excepcional vista al valle Anhangabaú, los ocupantes tienen una agenda de cine club, debates, fiestas, transmisiones en vivo y producción de contenidos.

Buscan también un nuevo modelo de negocio para el periodismo. Por ello, suele verse por allí a varios de los profesionales que salieron de las redacciones tras los recientes despidos masivos.

La ocupación del túnel que se transforma en discoteca llegó a su fin. Fotografía: Reprodução/Buraco da minhoca.

Reacción explosiva

En la misma región, otras experiencias han transitado diversa suerte. Una de ellas es “Laboratório Compartilhado TM13”, el nombre que recibió la Escuela de Ballet Municipal, en mayo de 2014, tras la ocupación del colectivo AnhangabaRoots.

Foco de resistencia contra el  Mundial de fútbol, ese grupo fue desplazado por la policía al mes siguiente: la ocupación se encontraba en el mismo lugar donde se montaría la Fifa Fan Fest.

Sus integrantes, cultores del hip-hop, reggae y funk, realizaban allí seminarios, talleres, cine al aire libre y recitales de poesía.

Después del desalojo, se mudaron a “Casa Amarilla”, un antiguo caserón abandonado en las proximidades. Este nuevo domicilio, que había sido sede del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social), fue ocupado en febrero de 2014 por el grupo “Ateliê Compartilhado”, de artistas, activistas e intelectuales.

Estos últimos, a su vez, habían llegado allí después de ser desplazados de una plaza en el Baixo Augusta (donde se levantan las torres señaladas por mi circunstancial interlocutor en el ómnibus).

En esa casa, estaban  realizando un ciclo de presentaciones de teatro, música y danza; también había debates y hasta clases de yoga. Pero la ocupación no tenía una estructura financiera definida ni un programa de largo plazo.

Con la llegada del nuevo grupo, la discusión de ideas fue in crescendo y alcanzó tal punto que unos pasaron a defender sus posturas con la vehemencia de los puños, dando lugar a escenas de pugilato generalizado.

“Hubo un choque de clases”, me dijo Chico Tchello, referencia de otra ocupación cerca de allí, “Buraco da Minhoca”, que vio de cerca lo ocurrido y cuya ocupación también llegó a su fin recientemente, tras los reclamos de una señora de la Plaza Roosevelt.

El año pasado, el grupo “Laboratório Compartilhado TM13” fue desalojado para instalar la FIFA Fan Fest. Fotografía: Nelson Almeida – 12.jun.2014/AFP.

Condominio Cultural

Tras confirmarse en junio de 2015 el inminente desalojo por parte de la fuerza pública, todas las tribus debieron emprender la retirada. Así llegaron a la avenida Paulista, uno de los distritos financieros de la ciudad, donde en este invierno tropical se los puede ver en grupos bajo el icónico arco del MASP (Museo de Arte de São Paulo).

Siguiendo por esa avenida hacia el oeste de la ciudad, se llega al barrio Villa Anglo, donde hay un edificio centenario de 1250 metros cuadrados que ya funcionó como hospital, escuela, maternidad, geriátrico y hasta como casa particular.

En 2010, tras 15 años de abandono, el predio fue ocupado por un grupo de artistas, intelectuales, arquitectos y emprendedores.

La misión: “buscar procesos alternativos y creativos de convivencia para pensar el mundo de una forma diferente”.

Actualmente, brindan cursos (sonido, lenguaje audiovisual, fotografía), espectáculos (teatro, música, danza), una cena mensual y un taller de horticultura doméstica. Esas actividades sirven también para financiar el lugar, junto con donaciones que el grupo recibe a través de PagSeguro (un PayPal brasileño).

“Es más divertido y se pueden realizar objetivos más complejos”, me dice Eduardo Duwe, emprendedor audiovisual, que participó del proyecto en sus inicios, junto con Géssica Arjona y otros que continúan hasta hoy.

Tras haber vivido más de una década en una besetzte haus  (casa tomada) en Berlín, Duwe argumenta que en los espacios autogestionados, menos costosos, “se potencian los resultados porque son más dinámicos y  horizontales”.

Androides, humanistas y startups

De regreso a la región central encontramos en la calle Ouvidor un edificio de 13 pisos que fue ocupado por el colectivo Androides Andróginos el 1˚ de Mayo de 2014, para simbolizar con esa fecha la intención de convertir “lo que antes era gris en un centro de arte y cultura”.

El edificio, irónicamente, pertenece a la Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano.

El grupo asignó un piso a cada modalidad artística, propone una reflexión sobre arte y urbanismo y realiza debates, shows, fiestas, exposiciones y performances. El video del inicio de la ocupación es muy descriptivo: https://vimeo.com/93560021

Androides Andróginos

Yendo un poco hacia el sudeste, en el barrio Vila Mariana se encuentra “Casa 40”, que se presenta como “un centro de cultura y espacio de convivencia para actores y entusiastas de la disonancia”.

Inspirados en ideas humanistas, realizan allí tertulias, cursos y debates sobre arte, política y filosofía, además de servir como vivienda temporaria y como local de venta de productos orgánicos. Declaran financiar el lugar con aportes de los propios miembros.

No son estas las únicas experiencias de “ocupación”. Hay otras que ocurren del lado de afuera de las casas tomadas, como www.belarua.com.br y www.revitarte.com, entre otras. Varias inclusive despuntan en la mira de grandes empresas, que las ven como una fuente de innovación.

Esos cientos de miles de construcciones sin utilizar, indicadores sombríos del absurdo económico al que ha llegado Brasil, parecen un gran laboratorio para ensayar soluciones alternativas al estancamiento actual. Eso, al menos, es lo que muchos están intentando.

DE RÍO DE JANEIRO

La noche del 26 de septiembre de 2014, Ernesto Guerrero viajaba hacia Iguala con otros 56 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, en México. Iban a recaudar en las calles el dinero que les permitiría desplazarse hasta Ciudad de México para asistir a la marcha nacional en memoria de la matanza de octubre de 1968, en la que murieron más de 300 estudiantes y obreros.

La llegada de los normalistas a Iguala no gustó a Ángeles Piñeda, esposa del alcalde y tesorera del cártel Guerreros Unidos, que en ese momento preparaba el primer mitin de su candidatura a regidora (concejala). De repente comenzaron los disparos contra el autobús.

Un policía se acercó a Ernesto, le apuntó a la cara y le dijo “vete o te mato”. Lo último que vio fue a sus compañeros vivos tendidos boca abajo sobre el asfalto, rodeados de policías y sicarios, que en el estado de Guerrero y otras zonas de México operan bajo el mismo mando.

Ernesto se libró porque no cabía nadie más en las camionetas. Otros 13 estudiantes lograron huir hacia la selva y 43 siguen con paradero desconocido.

El 2 de abril pasado, Eduardo Jesús Ferreira no tuvo tanta suerte como Ernesto. Su historia terminó en el Complejo del Alemán, el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro. Tenía 10 años y estaba sentado frente a su casa cuando un policía militar le disparó a la cabeza. Fue la cuarta víctima menor de edad del día en esa zona y pasó a engrosar la media brasileña de cinco muertos diarios a manos de la policía.

Este trágico suceso despertó cierto revuelo en Brasil, un país en el que las desapariciones y los asesinatos a manos de la policía son el pan de cada día, como en México. Presionadas por la prensa, las autoridades brasileñas investigaron y concluyeron que se trató de un cruce de tiros. Los vecinos y familiares que presenciaron los hechos afirman que ese día no hubo ningún tiroteo en la zona.

Ilustración de Lorca Segarra. 

Además de defender a los culpables en ambos casos, las autoridades de México y Brasil reprimieron con dureza a quienes se manifestaron contra la impunidad policial y la violencia de Estado. Organizaciones sin fines de lucro como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, periodistas independientes y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportan cifras a esta realidad: cada 11 minutos desaparece una persona en Brasil, mientras que en México sucede lo mismo cada 84 minutos.

Los presidentes de ambos países, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, no hicieron ni un solo comentario sobre el drama de las desapariciones y los asesinatos a manos del Estado en Brasil y México durante el encuentro que celebraron el 26 de mayo. “Brasil y México (…) no podían vivir alejados el uno del otro”, dijo Rousseff al finalizar el encuentro en alusión a la lluvia de acuerdos económicos que se avecinan.

Y en materia de Derechos Humanos, ¿están alejados Brasil y México? La distancia que mencionó Rousseff no la ha roto ningún gobierno, sino la Caravana 43, creada con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y formada por familiares de los estudiantes desaparecidos y un superviviente.

Esta semana están en Río de Janeiro, último destino de una travesía por América Latina que incluyó varias paradas en Argentina, Uruguay y otras ciudades de Brasil.

Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos llegaron para contar de primera mano lo sucedido, libres de las distorsionadas versiones oficiales, y para “tejer lazos de solidaridad con la sociedad civil y las luchas de abajo”, según explica M.R., una activista mexicana que pide el anonimato por miedo a represalias.

“Se llevaron a nuestros hijos, y con ellos nuestro miedo”, afirma incansable Mario Contreras, padre de César, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

“Antes incluso de que la Caravana comenzase, el apoyo ya fue muy fuerte”, explica M.A., responsable de comunicación de la Caravana 43 RJ, quien añade que “hoy las actividades serán aquí en la Maré, en un ambiente militarizado y de Unidades de Policía Pacificadora que hace evidente lo parecidos que son México y Brasil en cuanto al nivel de violencia”.

La solidaridad de los brasileños se traduce en los aplausos que interrumpen una y otra vez el relato de los padres. “Aquí el Estado también culpa al narcotráfico para justificar todas las masacres que ellos mismos cometen”, exclama un residente de la Maré.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos e integrantes de la Caravana se reúnen con movimientos sociales en Rio de Janeiro. Fotografía: Pilar Pedraza

La Caravana 43 llega hasta la favela Pinheiros para conocer a Irone Santiago, madre de Víctor, un joven que fue atacado por el ejército cuando volvía de jugar a fútbol. Irone comprende perfectamente la angustia de ser ninguneada y despreciada por las mismas autoridades que condenaron a su hijo a estar postrado en la cama de por vida.

La indignación se apodera de la casa y concluyen que su lucha es más visible cuando están juntos.

Dicen los padres de los desaparecidos que seguirán luchando hasta que les devuelvan a sus hijos.

No dejarán de denunciar que, tras lo sucedido aquella noche de septiembre, el gobierno mexicano tardó ocho días en dar una respuesta; que la investigación oficial señaló que los estudiantes habían sido incinerados, pero forenses independientes de Austria y Argentina comprobaron que solo había un normalista entre los cadáveres encontrados; que varios periodistas demostraron que la policía y el ejército rastrearon a los estudiantes justo antes de que partieran hacia Iguala; que el ejército agredió y negó asistencia médica a varios estudiantes que logaron huir; que el gobernador de Guerrero ofreció grandes sumas a los familiares a cambio de su silencio, y que está probado que el fiscal general de México y el presidente Peña Nieto sabían desde 2013 acerca de los vínculos oscuros del gobierno de Iguala, pero no hicieron nada.

Las autoridades de México informaron en abril que hay 25.398 desaparecidos en el país. Brasil solo ofrece el número de denuncias por desaparición: en torno a 250.000 al año.

“Ahora lo importante es la acción, ser creativos y reaccionar ante esta bestia… Los movimientos sociales se están dando cuenta de que luchamos contra la misma bestia”, concluye M.R.

]]> 0 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/03/09/torcida-unica-un-castigo-para-los-hinchas-genuinos/ http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/03/09/torcida-unica-un-castigo-para-los-hinchas-genuinos/#respond Mon, 09 Mar 2015 19:27:57 +0000 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/?p=1363 Continue lendo →]]> POR FEDERICO CORNALI, DE SÃO PAULO

El último clásico de Porto Alegre que disputaron el domingo 1 de marzo el Internacional y el Gremio se ganó al menos un capítulo en los libros de historia del fútbol. No por la calidad del encuentro (fue un espantoso 0-0); tampoco por lo que se jugaban, ya que el torneo gaúcho apenas está comenzando.

Sin embargo, el estadio Beira Río lució una escenografía poco usual en sus tribunas, regalando una postal atípica en el fútbol sudamericano: las camisetas rojas del local se mezclaban con las celestes y negras del visitante en uno de los laterales del estadio, conformando una torcida mixta.  

La iniciativa de sentar juntos a 2000 hinchas del Inter y del Gremio fue de Alexandre Limeira, vicepresidente de administración del club “colorado” y, a juzgar por lo visto, fue un éxito.

El Beira Río se pobló de familias enteras, con niños y abuelos incluidos, intercambiando camisetas, disfrutando de la previa, del partido y de volver a casa caminando a la par, más allá de las preferencias futbolísticas, esas que no se negocian.

La exitosa medida de Porto Alegre acompaña aquella de Recife, en la cual las madres de los hinchas fueron las encargadas del operativo de seguridad en el clásico entre Sport y Náutico.

Ambas iniciativas ocurren en el contexto de una profunda crisis del fútbol brasileño que, en su intento de volver a ser, está chocando una y otra vez con hechos de violencia de gravedad creciente, dentro y fuera de las canchas.

Hinchas del Internacional y del Gremio, juntos en el estadio Beira-Rio. Fotografía: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA.

Torcidas organizadas (similares a las barra bravas o los ultras) que ya no respetan ninguna autoridad, envalentonadas por la connivencia con la más cobarde de las dirigencias, esa que prefiere entregar el poder a los vándalos y hacer la vista gorda.

Entre 2012 y 2014 fueron 71 las muertes en Brasil por incidentes en los estadios. Sólo un 3% de los delitos criminales en el fútbol fueron procesados durante el año pasado. 2015, a esta altura, ya cuenta con tres víctimas fatales.

Para frenar la oleada de hechos violentos, el Ministerio Público diseñó un plan de torcida única como “medida provisional”. Es decir, que sólo los equipos que actúan como locales tendrán el apoyo de su público. Basta de hinchas visitantes.

“No tiene sentido que el Estado gaste dinero escoltando torcidas organizadas hasta el estadio para impedir peleas con los hinchas locales. Se torna un privilegio en favor de la violencia”, escribió Paulo Sérgio de Castilho, fiscal del Ministerio Público, en un especial para Folha. 

El sociólogo Mauricio Murad, en la misma página del periódico, se mostró en desacuerdo.

En su artículo titulado “Sería como matar al buey para acabar con la garrapata“, destacaba: “¿Qué tal si aplicasen la ley para acabar con la impunidad de esas minorías agresivas que se confunden con las masas?”

Luego, argumentaba: “Las [torcidas] organizadas en Brasil tienen más de dos millones de personas y un 6% de ellos está vinculada con delitos. La implementación de la torcida única sería injusta, además de demostrar incapacidad y flaquezas por parte de la justicia”.

Las opiniones a favor y en contra de la medida se amontonan, son muchas y diversas. Desde lo fáctico, sólo haría falta echar un vistazo al patio del vecino.

Policías e hinchas del Corinthians se enfrentan durante un partido, en 2014. Fotografía: Robson Ventura – 21.set.2014/Folhapress.

EL FRACASO ARGENTINO

En Argentina, el fútbol sin público visitante rige por iniciativa del Ministerio de Seguridad para Primera División y B Nacional desde agosto de 2013. El detonante fue una interna feroz en la barra brava de Boca Juniors.

Un año y medio después, poco cambió. La violencia sigue presente dentro y fuera de los estadios. Fueron 18 los muertos que dejó el fútbol sólo en 2014, 13 de ellos vinculados con barras.

Hubo asesinatos en disputas por el poder entre sectores enfrentados de las hinchadas de Lanús (Primera Divisón), Almirante Brown e Ituzaingó (Ascenso), con brutales ataques entre noviembre y diciembre pasado.

En ese período, también dos hinchas de San Telmo fueron masacrados por barras de Dock Sud, cuando miraban un partido por televisión.

En la ciudad de Rosario, tercera más poblada de la Argentina, en la provincia de Santa Fe, hubo dos asesinatos vinculados con barra bravas el preciso día en el que se disputó el clásico de esa ciudad, uno de los más peligrosos, entre Newell’s y Rosario Central.

Los clubes más populares tampoco se salvan. La barra disidente de River destruyó su propia confitería para atacar a los miembros de la facción oficial. En la otra vereda, la interna entre barras de Boca parece una historia de nunca acabar.

Pero la locura superó todos los límites cuando en Aimogasta, provincia de La Rioja, en el noroeste del país, un futbolista fue asesinado tras recibir un ladrillazo en la cabeza arrojado desde la tribuna. Franco Nieto se convirtió en el primer jugador muerto por la violencia en el deporte.

En Argentina, tras una feroz interna en la barra de Boca (foto), el Ministerio Público decidió prohibir el ingreso de hinchadas visitantes en la Primera División y B Nacional. Fotografía: Juan Mabromata – 1º.mai.2013/AFP.

Hace menos de dos semanas, el presidente de Temperley (Primera División), Hernán Lewin, fue agredido con un botellazo en el pecho tras gritar un gol de su equipo en el estadio de Racing.

Lejos de denunciar el hecho, dijo: “No creo que haya un solo club que no pacte con los barras. Si no lo hacés, tenés que pagar 10 veces más por el operativo de seguridad. Y suceden estas cosas”.

La comunidad de directivos reprobó los dichos de Lewin. No porque difieran de la realidad, sino porque ese “sincericidio” les molesta. Son contados con los dedos de una mano los que quieren acabar con la violencia más allá de los discursos de cartón.

El poder es de ellos, de los violentos. Rompen, golpean, asesinan, compran, venden. Todo, bajo un grueso manto de impunidad que deberían quebrar los que hasta hoy callan y pactan desde cómodos sillones.

La inútil experiencia argentina debería ser prueba suficiente para Brasil. La salida es condenar a los violentos y no suprimir al público de los estadios.

En todo caso, implementar la medida de torcida única no parece ser la solución para garantizar la seguridad. Terminarán pagando los platos rotos, una vez más, los hinchas genuinos del fútbol. La cultura de la violencia, en cambio, descansará sana y salva.

Hace exactamente 11 meses, los miles de hombres de la Fuerza de Pacificación de la Policía Militar de Río de Janeiro, apoyados por medios aéreos y terrestres del Ejército de Brasil, ocuparon  las 16 favelas que conforman del Complexo da Maré, en la zona norte de Río.

El despliegue fue aparatoso y no les hizo falta disparar un solo tiro. Satisfechos, el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, y el por entonces gobernador, Sergio Cabral, calificaron la operación como un éxito y auguraron que pronto se instalarían allí las correspondientes Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

Pero la realidad es que la operación no fue un éxito, tampoco hubo UPPs, ni nada que se le parezca. Los disparos de los fusiles 762 del Ejército brasileño, que por aquel entonces no pudieron ser recogidos por las varias docenas de reporteros que acompañaron la ocupación, han ido desangrando poco a poco la vida de los 130.000 habitantes del Complexo da Maré.

El pasado 12 de febrero, una furgoneta con cinco jóvenes que regresaban de una fiesta fue masacrada por disparos de los militares en la favela Salsa e Merengue. Uno de ellos perdió su pierna. Tan solo una semana después, un obrero fue abatido tras ser “confundido con  un traficante”, como declararon los militares, mientras trabajaba en una reparación en la Vila do João.

Policías intentan contener una protesta cerca del Complexo da Maré, en Río de Janeiro. Fotografía: Mauricio Fidalgo/Reuters.

Menos de 24 horas después, otra “combi” repleta de viajeros que hacían la línea Maré- Bonsucesso fue ametrallada en la Vila do Pinheiro. ¿El motivo? El conductor no tenía licencia para  transportar personas  y quiso saltarse un control del Ejército.

Indignados, hartos por tantos heridos y muertes absurdas, unos 300 habitantes de la Maré quisieron exponer su malestar con una protesta pacífica el pasado 23 de febrero. Nuevamente, la policía y los militares desconfiaron de los manifestantes y decidieron disolver la incómoda protesta por la fuerza. Dos menores murieron y tres personas resultaron heridas.

Sus muertes apenas causaron conmoción en la prensa local, que aquellos días andaba pendiente de la visita del Comité Olímpico Internacional (COI) a las instalaciones de los futuros Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Los centenares de habitantes del Complexo da Maré  que escapaban de los gases lacrimógenos y de las balas de la Policía Militar  aquella noche, probablemente no lo sabían, pero su destino había sido decidido entre sonrisas y apretones de mano unas horas antes.

El secretario del Ministerio de Deportes, Ricardo Leyser, anunciaba aquel día que el gobierno federal usará las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad en Río 2016.

En la práctica, la decisión supuso que los 2700 militares que cada día supervisan la vida de los habitantes de la Maré, amplíen su presencia en la zona por otros 18 meses. A un coste de 593.000 dólares por día, los contribuyentes brasileños pagarán  319 millones de dólares para que sus vecinos de la zona norte vivan en un contexto más propio de Irak o de Palestina.

Soldados refuerzan la seguridad en el Complexo da Maré después de un día de un inteso intercambio de disparos entre traficantes locales. Fotografía: Alex Ribeiro/Folhapress.

Los blindados y la artillería pesada se han convertido en parte del paisaje de las 16 favelas de la Maré, cuyo único pecado es haber sido construidas entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim y el centro de la “cidade maravilhosa”.

Un lugar estratégico que una valla de tres metros de altura, situada alrededor de los 10 kilómetros cuadrados que ocupa, no ha sido capaz de esconder de la mirada de los turistas que pasan por la Linha Vermelha camino de las playas de postal de la zona sur.

Puede que el yugo de las tres facciones de narcotraficantes (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) que allí se daban cita, y que todavía mantienen su influencia a pesar de la ocupación, debía ser erradicado.

Pero casi un año después la ocupación militar se ha revelado como un fracaso, denunciado además por innumerables asociaciones de Derechos Humanos.

Así lo hizo Amnistía Internacional a través de un comunicado oficial en el que afirmó que  las Fuerzas Armadas “no poseen el entrenamiento adecuado” o las habilidades de “diálogo con organizaciones de la sociedad civil o poblaciones de las favelas”.

Además, la respetada organización expuso que “la lucha contra el narcotráfico no puede llevar a una criminalización de la comunidad, especialmente de los más jóvenes”. Unos argumentos a los que los dirigentes del COI no han querido prestar atención.

Un hombre posa frente a un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas, durante la ocupación del Complexo da Maré, en abril de 2013. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Es la triste realidad de los miles de cariocas que no cuentan con un lugar dentro de los ambiciosos planes de Río 2016.

Empujados a los márgenes de la ciudad e ignorados durante décadas por los gobiernos locales, viven la opresión de una ocupación militar con el pretexto de protegerles de un yugo, el del narcotráfico, al que esos mismos gobiernos dejaron hacerse amos y señores de aquellos que poco importaban.

Faltan 18 meses para el mayor evento deportivo jamás vivido en Río de Janeiro y nada ni nadie deberá arruinar la fiesta. Los intereses puestos en un espectáculo que le ha costado a la ciudad 13.000 millones de dólares valen más que los derechos de unos cuantos “favelados”.

Al igual que ocurrió en 2013 durante la Copa de las Confederaciones o en 2014 durante el Mundial, el Ejército brasileño se sumará a la fiesta del silencio, la de las manifestaciones pacíficas disueltas a golpes, gases lacrimógenos y disparos de los que matan.

Pero en la Maré no se resignan a vivir oprimidos por el silencio. Es imposible saberlo, pero es posible que la próxima “primavera brasileña” comience entre la mayoría silenciosa que todavía no ha alzado su voz en Río de Janeiro.

El estremecedor relato de una estudiante de veterinaria de la Universidad de São Paulo (USP) durante una audiencia pública realizada en Asamblea Legislativa (llevada a cabo en enero pasado) dejó a varios boquiabiertos.

“Desperté con mucho dolor, alguien me penetraba por atrás. Había bebido, pero el efecto se me pasó inmediatamente cuando me encontré en esa situación, siendo abusada. Lo empujé y convencí de que me deje ir al baño. Así logré escapar”, contó una joven, de 27 años, respecto de un episodio ocurrido en una residencia de estudiantes de la USP, en Pirassununga (interior de São Paulo).

A pesar del tenor del relato, aún no aparecieron culpables.

Minutos después, prestó declaración un alumno de la Escuela Superior de Agricultura. Contó que fue envenenado. “El exámen toxicológico encontró veneno en mi cuerpo. No pude ir a clases, no podía moverme”, dijo.

“Fui suspendido una semana por intentar denunciar aquel hecho en la dirección de la Escuela”, indicó.

La estudiante Nathália de Souza Santos, de 17 años, sufrió quemaduras en las piernas durante un “trote” violento en Adamantina (SP). Fotografía: Archivo Personal

Estos son solo dos ejemplos de algunas de las prácticas que se llevan a cabo en los tristemente tradicionales trotes, que en Brasil fueron asumidos como una práctica natural, y que en la actualidad abandonaron su fisonomía de ritual de iniciación liviano para los alumnos que logran ser admitidos en algunas universidades.

Esta práctica, hoy en día, se emparenta más con el bullying, y atraviesa largamente la frontera de la discriminación y la intolerancia.

Institucionalizados en grupos de tortura con escalas jerárquicas, los veteranos de las universidades van probando las aptitudes de los aspirantes para sumarlos al “equipo del terror”, ese que cada verano se dedica a dar caza a los recientemente egresados de las escuelas secundarias que, a su vez, aceptan ese atroz juego como parte de la nueva etapa.

Los abusos denunciados por alumnas de la USP, una de las instituciones más prestigiosas y elitistas del país, abrieron el fuego.  Los reclamos por violencia sexual en otras universidades de Brasil se multiplicaron.

Días atrás, se conoció que en Adamantina, en el interior de São Paulo, una pandilla de alumnos arrojó una sustancia abrasiva sobre los novatos.

Un grupo de estudiantes es dispersado por la policía, en las inmediaciones del Centro Universitario de Bebedouro, en el interior de São Paulo. Fotografía: Fernando Oliveira/O Jornal.

Uno de los afectados podría perder la visión de un ojo, mientras que otra joven sufrió quemaduras de tercer grado de la cintura hacia abajo.

El racismo y la homofobia tienen un espacio privilegiado en cada trote. Los calouros (ingresantes) deben desnudarse mientras les gritan sus defectos: “gordo”, “Blancanieves” o “marica” para alumnos obesos, negros y homosexuales, respectivamente, aparecen entre las categorías preferidas de los veteranos a la hora de atormentar a los más nuevos.

Caminar descalzo sobre vidrios, soportar peso en los genitales, bañarse en ácido, alcoholizarse hasta el estado de coma o “simplemente” sufrir una golpiza son algunas de las variantes entre las atroces pruebas, que ya se han cargado varias vidas.

HAY VÍCTIMAS, FALTAN RESPONSABLES

En 1980, en la Universidad de Mogi das Cruzes, un municipio del estado de São Paulo, un estudiante de periodismo murió después de un trote violento.

Carlos Alberto de Souza, de 20 años, fue molido a golpes por veteranos. En 1990, el joven George Mattos, iniciante en la carrera de Derecho, murió de un infarto intentando huir de sus compañeros en Goiás.

En 1999, en la Universidad Medicina de São Paulo, Edison Tsung Chi Hsueh, de 22 años, fue encontrado muerto en una piscina después de ser arrojado al agua por los veteranos, a pesar de haberles dicho que no sabía nadar.

El racismo y la homofobia tienen un lugar privilegiado en los trotes universitarios. Fotografía: Reproducción/Facebook.

Un caso similar, en 2009, ocurrió con Vitor Vicente de Macedo Silva (estudiante de Educación Física de la Universidad Federal de Río de Janeiro) que murió ahogado en una piscina de saltos ornamentales. Se sospecha que los veteranos lo obligaron a entrar allí.

Ninguno de los responsables por las muertes de estos estudiantes recibió su castigo. Para peor, muchos de los acusados son “prestigiosos” profesionales.

CÓMPLICES DE LA BARBARIE

Los entes rectores de las universidades vinculadas con los casos de abusos emplean la táctica del “oído sordo, vista gorda” ante tales aberraciones, y se alivian al enterarse de que esas prácticas son llevadas a cabo fuera de sus campus.

De hecho, entre los “trotistas” existen ex alumnos y el sustento para transporte o publicidad muchas proviene del bolsillo de docentes o dirigentes.

“Lo lamentable de estos trotes violentos es que muchas veces provienen de iniciativas de los empleados de las universidades o de los propios profesores”, afirmó Antonio Riberio de Almeida Júnior, educador en la Escuela Superior de Agricultores Luiz de Queiroz (dependiente de la USP), que estudia desde 2001 los trotes más aberrantes.

“Reforzaremos la seguridad para el primer trimestre”, indicó una nota de las Facultades Adamantinenses Integradas (FAI), tras conocerse la noticia de sus dos alumnos quemados.

Pero el énfasis lo pusieron al aclarar que el hecho “ocurrió fuera de las dependencias de la institución”.

Alumnos de la USP São Carlos hostilizaron a un grupo feminista durante un trote en la universidad. Fotografía: Frente Feminista/Divulgación.

LA VERSIÓN ARGENTINA

Esta tradición de rituales estudiantiles no es sólo brasileña. En Argentina es normal que los egresados de las carreras universitarias sean rapados, depilados, golpeados, embarrados o empapados de orina por sus propios compañeros o amigos.

Sin embargo, los hechos de mayor gravedad ocurren sobre el cierre de la etapa secundaria.

Las “vueltas olímpicas” de los tradicionales colegios Pellegrini, Mariano Acosta y Nacional Buenos Aires no tienen relación con el deporte.

En repentina actitud, sorprendiendo a todos, los jóvenes recorrían la escuela arrojando barro, huevos, harina, pintura y pirotecnia (en su versión más leve).

Año tras año, el ritual se fue agravando por los destrozos que ocasionaba, tanto es así que aquella celebración fue prohibida en la mayoría de los casos, después de cientos de incidentes y estudiantes sancionados.

Así y todo, si se trata de provocar desmanes, los colegiales siempre lograrán ingeniárselas.

El racismo y la discriminación  son dos elemento0s que se repiten en  los trotes. Fotografía: Reproducción/Facebook.

En octubre del año pasado, los egresados del Liceo Franco Argentino Jean Mermoz hicieron un enorme pozo en el Paseo de las Américas, en pleno barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Luego bailaron, bebieron y se embarraron dentro de él.

La institución -alumnos incluidos- debió hacerse cargo de reparar los daños en el espacio público, además de pagar una multa por el incidente.

LA INICIACIÓN EN EL MUNDO

Son muchos los países que tienen versiones vernáculas de los trotes brasileños.

En Suecia, por ejemplo, existe el “klädstreck”. Es simple: los novatos se dividen en equipos y deben desnudarse, dejando sus ropas una al lado de la otra en el suelo. Quien logre hacer la fila más larga, gana.

El “bizutage” francés suena elegante, pero se convirtió en una de las prácticas de iniciación más crudas del mundo por sus violentas prácticas, sobre todo entre los estudiantes de Medicina.

Fue prohibido tras la muerte de un alumno y hoy es punible de seis meses de prisión o una multa de 7600 euros para quien lo lleve a la práctica.

En Canadá –nación reconocida por su calidad educativa- y en la prestigiosa Universidad de Coimbra, en Portugal, el tema de los trotes se encuentra bajo la lupa desde hace años, por el excesivo consumo de alcohol y los castigos contra los novatos.

Si algo define a Brasil más allá de su gente, es su inmensidad. El gigante sudamericano, de dimensiones prácticamente continentales, es el único país del Cono Sur que comparte fronteras con todos sus vecinos a excepción de Chile y Ecuador.

Sin embargo, a veces las fronteras que no se encuentran trazadas en los mapas son las más difíciles de atravesar. Norte y Sur, ciudad y campo, centro y periferia o asfalto y favela, son fronteras invisibles que muchos parecen haber olvidado, especialmente aquellos que han quedado del lado “bueno”.

Desde el pasado fin de semana, una nueva frontera ha sido establecida en Río de Janeiro. Agentes de la Policía Militar (PM) montan controles en las salidas de los túneles que conectan la zona Norte de la ciudad con la zona Sur. Su objetivo es detener los autobuses que, cargados de jóvenes provenientes de las comunidades de la zona Norte, se dirigen hacia las míticas playas de la ciudad.

Es la frontera de la vergüenza, la del Norte pobre y el Sur rico que las montañas del macizo de Tijuca ya se habían encargado de crear, pero que los cariocas se habían asegurado de mantener con unos precios de alquiler que garantizaran  el aislamiento de los adinerados habitantes sureños.

Con sus fusiles en mano, como harían en la frontera de un país en guerra, los agentes de la PM inspeccionan meticulosamente los autobuses que salen del túnel de Rebouças o Santa Bárbara en busca de personas “no deseables” en dirección a unas playas que estos días acogen a miles de turistas.

Playas repletas y algunos robos se registraron el pasado fin de semana en Ipanema y Leblon. Fotografía: Ricardo Borges/Folhapress

Su foco se centra en la línea 476 que conecta Leblon, el barrio más exclusivo de Río de Janeiro, con el barrio de clase obrera de Meier, pasando por prácticamente todas las grandes favelas de la región Norte.

El pasado domingo, las imágenes de un grupo de más de 20 jóvenes rompiendo las ventanas e incluso subiendo al techo del autobús hicieron que muchos pongan el grito en el cielo.

“Si alguien está asomándose por las ventanas, puertas o con un comportamiento fuera de lo normal, el vehículo será parado y las personas retiradas”, avisó el pasado 15 de enero el subjefe de Operaciones de la PM, Claudio Lima Freire.

A las imágenes del pasado domingo se une el temido fenómeno del “arrastão” , es decir, grupos de hasta 50 jóvenes que asaltan a su paso a bañistas y transeúntes, que el pasado fin de semana actuaron en Ipanema y Leblón, y que han generado el caos entre los habitantes de la zona Sur.

Estas circunstancias parecen justificar este tipo de medidas conocidas por la PM como “Operação Verão”, que se complementa con un refuerzo de 700 agentes que patrullan desde el pasado fin de semana las playas de la ciudad.

Al parecer, a partir de ahora cualquier grupo de amigos de la zona Norte que desee viajar en autobús hasta las playas de Ipanema o Leblón deberá ser un ejemplo de buenos modales y tendrán que evitar pasear en grupo por la orilla de la playa.

En declaraciones a “Folha de Sao Paulo”, el director del Observatorio de Favelas, Jorge Luiz Barbosa, aseguró que los controles en los autobuses  “atentan contra el derecho de ir y venir de las personas” y añadió que “parte de un juicio de valor que considera a los habitantes de los suburbios como potenciales sospechosos “.

Un policía entra en el agua para atrapar a uno de los ladrones de la playa de Río. Fotografía: Ricardo Borges/Folhapress

Por su parte, el miembro del Instituto de Desarrollo y Derechos Humanos, João Tancredo, calificó la medida como “una violación de los derechos del ciudadano” y una acción basada en “prejuicios y humillante”. No obstante, y a pesar de las denuncias de diferentes ONGs, el miedo justifica los medios y la medida ha sido acogida con gran entusiasmo por los vecinos de la zona Sur de la ciudad.

Este mismo martes, día del patrón de la ciudad, San Sebastián, la PM realizó varias revistas que fueron calificadas como un éxito. “Está surtiendo efecto”, declaró a la TV Globo uno de los agentes, que además aseguró que los controles serán cambiados de ubicación cada fin de semana para lograr mayor efectividad.

El debate de la inseguridad en las playas abarrotadas de Río de Janeiro es una constante cada inicio de verano. Mientras tanto, las medidas del ayuntamiento y del gobierno del Estado de Río de Janeiro son cada vez más contundentes, algo que agradecen los bañistas y el turismo.

Sin embargo, resulta difícil establecer la línea entre seguridad y segregación. Lo que es seguro es que cada vez la zona Sur parece estar más aislada de la realidad del conjunto de la ciudad. Ni las obras del metro, ni el BRT, ni siquiera la experiencia del Mundial de fútbol o las preparaciones para los Juegos Olímpicos de 2016 parecen haber acercado a sus habitantes, sino más bien todo lo contrario.

La gentrificación y no otra es la verdadera frontera que divide a Río de Janeiro. Una frontera que no se vigila con policías sino con un ayuntamiento que diseñe una ciudad sin límites, abierta y accesible para todos sus ciudadanos. Río de Janeiro, la “cidade maravilhosa”, no merece ser una ciudad de frontera condenada a servir de escaparate a la belleza y, al mismo tiempo, a la miseria de Brasil.

Esther (prof.esther.solano@gmail.com) es española, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo y miembro del Fórum de Seguridad Pública. Wagner es brasileño, doctor en Sociología por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo (USP) y profesor de la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la USP.

***

Las fechas navideñas siempre son propicias para mirar hacia atrás y reflexionar sobre lo vivido. Si algo no puede pasar inadvertido en esta retrospectiva es el ciclo de protestas sociales 2013-2014, la ocupación continua de las calles de São Paulo, como si los ciudadanos quisieran arrebatarle el espacio urbano a la propiedad privada, la única que tiene presencia asegurada.

Comenzamos con el espasmo colectivo de las Jornadas de Junio de 2013, que dejaron a la ciudad de São Paulo catatónica, eufórica, sin que nadie entendiera bien lo que estaba sucediendo, pero con el aroma de que se estaba viviendo un momento histórico, una expresión colectiva de las voluntades, los deseos y los miedos de todos nosotros.

Cuando todavía no nos habíamos recuperado ni del susto, ni del entusiasmo, otro actor entró en escena, súbitamente. Los jóvenes adeptos de la táctica black bloc, con su estética negra, cargados con piedras y molotovs, dejaron pasmada a una ciudad que no sabía entenderse a sí misma. Rabia, violencia, miedo, policía en las calles.

Llegó diciembre de 2013. Todo parecía un poco más aplacado, sereno, volviendo a su rumbo, cuando, sin aviso previo, los jóvenes del “rolezinho” decidieron juntarse para ir a dar una vuelta a los shoppings de sus barrios e incluso de las zonas más ricas de la ciudad.

Protestas sociales en Brasil

Un episodio tan cotidiano, tan banal, pero que provocó una onda reaccionaria exagerada, que dejó expuesta la estructura jerárquica de la sociedad brasileña, con señoras aterradas por la idea de que “esos jóvenes negros de favela” pudieran invadir como hordas salvajes sus idolatrados shoppings exclusivos.

Entre sobresaltos de “rolezinhos” y black bloc llegó el 2014, el Mundial y el espacio público siguió siendo escenario de escenas de conflictos sociales: calles y  estadios, de nuevo, dejaron al descubierto la faceta más rancia de un Brasil que profería insultos clasistas y racistas en los partidos de fútbol.

La Copa del Mundo se perdió en el campo de forma vergonzosa, pero no menos vergonzoso fue ver el comportamiento de algunos de los que ocupaban las gradas de los estadios.

Y, como no podía faltar, las últimas de las emociones fueron el año electoral y dos eventos sociales fascinantes: la ocupación de las calles por parte de militantes y simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) en un movimiento de dinamismo social electoral que hacía años no se veía y la organización de los conservadores, que nunca participaron de la tradición de expresarse políticamente según el modelo de manifestación, personas que vociferan contra un supuesto estado brasileño-bolivariano-castrista-leninista, a los que se suman grupos aislados que piden la vuelta de un gobierno  militar.

REOCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Es importante resaltar que la mayor metrópoli brasileña vive un proceso de reocupación de las calles y del espacio público.

En las últimas décadas, la concepción de que el espacio público es apenas un lugar de pasaje entre dos espacios privados (la casa, el trabajo, el shopping, la escuela) había ganado mucha fuerza en São Paulo. Además, sucesivas gestiones municipales trataron el espacio público de forma militarizada, impidiendo su uso por artistas de calle y colectivos juveniles.

A eso se suma, por un lado, la ideología del mercado inmobiliario, tan fuerte en São Paulo, a vender todo el tiempo la concepción de espacios privados exclusivos, definidores de elevados grados de status social que garantizan seguridad y confort, y, por otro, la cultura del automóvil, por la cual muchos equivocadamente imaginaron que los problemas de transporte en una ciudad de más de 11 millones de habitantes podían resolverse por salidas individuales y privadas.

Un hecho aparentemente banal, pero muy característico de sectores de la élite paulista, fue el puntapié inicial para cambiar las tendencias dominantes e impulsar la reocupación de las calles por movimientos sociales diversos. En 2011, habitantes de un barrio acomodado se manifestaron públicamente contra la instalación, en esa región, de una estación de metro.

Alegaban que aquello podría aumentar y diversificar en demasía la circulación de personas por el barrio. La reacción de los movimientos sociales fue de repudio, en forma de ironía.

La “Parrillada de Gente Diferenciada”, organizada en la calles del exclusivo barrio de Higienópolis, en mayo de 2011, se constituyó como un catalizador para que diversos colectivos volvieran a encarar la calle como espacio no apenas de circulación, y sí de ocio y reivindicación política en la ciudad de São Paulo.

Obviamente muchos movimientos sociales jamás habían dejado las calles, pero aquel episodio, aliado a la fuerza de las redes sociales, incentivó a numerosas personas a salir a las calles de la mayor ciudad del país para protestar. Seguramente no se verán, otra vez, contingentes de decenas de miles de personas como se vieron en las Jornadas de Junio de 2013.

Ahora ya no hay una masa indiferenciada protestando por temas vagos, contra “todo lo que está ahí”, pero es bastante probable, como ya se ha demostrado desde 2013, que São Paulo siga siendo escenario, en 2015 y en los próximos años, de diversas manifestaciones. Con excepción de aquellas de banderas anti-democráticas, no deja de ser un aliento.