Este miércoles 23 de septiembre en Parque Alegría, en la comunidad de Cajú, situada en la zona portuaria de Río de Janeiro, Herinaldo Vinicius da Santana, de 11 años, recibió cerca de las cuatro de la tarde un disparo en la cabeza. Terminó muriendo pocos minutos después.

Presuntamente, quien le disparó al chico fue un policía de laUnidad de Policía Pacificadora (UPP) de esa favela, durante  una operación de rutina.  

Indignados, los  vecinos de la comunidad grabaron los últimos suspiros del niño, en unas imágenes de mucha crudeza, y también al que creen que es el presunto asesino.

Ambos videos, que circulan por las redes sociales, denuncian una vez más los abusos cometidos por la Policía Militar (PM).

Los vecinos salieron a manifestarse para protestar contra la muerte de Herinaldo y cortaron parte de la Línea Vermelha y la Avenida Brasil, dos importantes vías de circulación que conectan la zona norte con el centro de la ciudad.

Al parecer, el niño había salido a comprar una pelota de ping-pong, detonante para que un agente de policía apretase el gatillo y se llevase la vida del menor.

Tristemante, la muerte de Herinaldo es una más entre muchas. Un niño que estuvo en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. O tal vez fue el policía que estuvo en ese lugar inoportuno en el momento equivocado.

La paupérrima preparación de la PM tiene como resultado, lamentablemente en demasiadas ocasiones, este tipo de desenlaces  fatales.

En un contexto de tensión, y no sabiendo manejar ni la situación ni el nerviosismo, se descarga un arma como prevención. Se dispara por miedo, por error. Muchos brasileños ya acostumbrados a este tipo de violencia han perdido la capacidad de sorpresa ante estos hechos.

Amnistía Internacional en su informe Mataste a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro indica que de 220 denuncias realizadas en 2011 sólo un caso se llevó ante la Justicia.

Y añade que  la mayor parte de las personas que murieron a manos de policías, casos registrados entre 2010 y 2013, son jóvenes negros de 15 a 29 años.

El dolor y la estigmatización de los más pobres es un peso que viene arrastrando Río de Janeiro desde que surgió la primera favela en la ciudad.  La delincuencia y las enfermedades siempre se asociaron a los más pobres y a las zonas periféricas. Y todavía hoy se continúa con esa creencia.

Es terrible pensar que también un niño puede matar a un policía. En esta ciudad hay niños y jóvenes armados y peligrosos que se enfrentan contra las fuerzas de seguridad.

La ciudad vive una lenta guerra con muertos de ambos bandos. La herida sigue abierta y la ciudad se desangra gota a gota, muerto a muerto. En medio de este conflicto intentan sobrevivir los más pobres, invisibles para el resto del  mundo.

La libertad, parece, es algo que no se les permite a los miserables. Poder jugar y correr no es para aquellos que viven en una favela. La libertad no existirá mientras las leyes no se ajusten a su favor. Es un sueño, y quizá en ese sueño eterno podamos finalmente  encontrarla.

Faltan apenas 300 días para el inicio de los ansiados Juegos Olímpicos de Río 2016 y las autoridades de la ciudad más fotogénica de Brasil, al igual que ya lo hicieron en el Mundial de 2014, ultiman sus preparativos en materia de seguridad.

Y es que, a pesar de que Río de Janeiro no se encuentra entre las ciudades más peligrosas de Brasil, su tasa de homicidios es de 28,3  por cada 100.000 habitantes, es decir, casi tres veces más alta a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El narcotráfico y su dominio de grandes áreas de la ciudad suponen el gran problema de Río y el foco de la mayor parte de la violencia.

A pesar de los esfuerzos de José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, de instaurar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los suburbios de la ciudad, lo cierto es que los territorios históricos del narcotráfico, como la favela Rocinha y el Complexo do Alemão, continúan controlados en gran medida por comandos de narcotraficantes. 

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Marino Beltrame, durante una visita al morro do Vidigal. Fotografía: Maíra Coelho – 15.nov.2011/Agência O Dia.

El enquistamiento de la violencia en estos lugares ha provocado que el discurso de crear una “policía de proximidad”, y con ello reconstruir la confianza entre los habitantes de los suburbios y los agentes de la Policía Militar (PM), haya desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Beltrame firmó la resolución 901 que autoriza el uso de pasamontañas para ocultar los rostros de los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acciones con Perros (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque durante sus operaciones policiales. 

En pocas palabras, en la futura sede olímpica se vuelve así a garantizar, después de 20 años de prohibición, el anonimato de sus agentes al permitir que sus rostros puedan ser cubiertos durante las a menudo sangrientas operaciones que se realizan en las favelas.

Una medida incomprensible teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de la PM de la ciudad y el reconocimiento, el pasado 31 de agosto, de la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esa misma policía ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, el 16% de los homicidios ocurridos en  Río de Janeiro entre 2010 y 2013 se produjeron a manos de los agentes de la PM, es decir, 1275 fallecidos de los que el 99,5% eran hombres, el 79% era de raza negra y el 75% tenía entre 15 y 29 años.

Vinicius y Tom, las mascotas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fotografía: Celso Pupo /Fotoarena/Fotoarena/Folhapress.

De hecho, el nivel de violencia practicado por la PM en la futura sede olímpica dejó dos  muertos por día en la última década con un total de 8466 personas fallecidas desde 2005. 

Por si fuera poco, de los 220 casos de homicidio cometidos por policías en 2011, el 80% continúa sin haber sido esclarecido en 2015, mientras que solamente 1 de las denuncias llegó a ser aceptada por el Ministerio Público.

Se trata de unas cifras escalofriantes que dan testimonio del nivel de impunidad al que están acostumbrados los agentes de seguridad cada vez que aprietan el gatillo.

En declaraciones a este cronista, Viviane Ribeiro, editora del diario comunitario “Jornal Alemão Notícias” y vecina del Complexo do Alemão, explicó que la vuelta de los pasamontañas se relacionaría directamente con una maniobra de intimidación de las autoridades de la ciudad de cara a las Olimpíadas del próximo año. 

En su opinión, los pasamontañas son para los habitantes de las favelas “símbolos del exterminio” y de “la muerte deliberada sin autor ni castigo”, y acusó al gobierno del estado de Río de Janeiro de actuar con el único interés de “mostrar al mundo y al turista que venga en 2016 que todo es perfecto mientras que la policía actúa contra los derechos de los ciudadanos más pobres a sangre y fuego”.

Habitantes del Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, protestan por la muerte de un niño de 10 años a manos de la Policía Militar. Fotografía: Fabio Brisolla/Folhapress.

No obstante, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, considerado uno de los grandes especialistas en la ciudad en materia de seguridad y en el programa de las UPP, relativizó la posible relación entre la medida y la proximidad de los Juegos Olímpicos. 

“No creo que la medida guarde relación alguna con la proximidad de un evento de estas características, es más, creo que la medida no tendría ningún tipo de efecto disuasorio en caso de ser aplicada”, aclaró el español, quien calificó de “innecesaria” la medida al no existir antecedentes de amenaza terrorista en Brasil, aunque observó con preocupación  la ausencia de distintivos en los uniformes de la PM que permitan la identificación de los agentes.

Sea una provocación, una medida de precaución o simplemente un mensaje de que la “mano dura” estará de vuelta en Río 2016, lo cierto es que la evidente falta de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en una ciudad que se dispone a celebrar los  Juegos Olímpicos, resulta preocupante.

Solamente el tiempo dirá si, al igual que ocurrió en 1995, las autoridades de Río acabarán por darse cuenta de que tapar el rostro de sus agentes de policía no es la mejor manera de promover la convivencia en una ciudad dividida en dos mitades que, al día de hoy, continúan irreconciliables.

En Brasil hay una manía,  y es que siempre hay una televisión encendida. Cada bar tiene, al menos, uno o dos televisores, que se mantienen prendidos todo el día, sin importar si alguien los está mirando o no.

Sin embargo, hay dos programas que siempre consiguen captar la atención del público y son “Cidade Alerta” y “Brasil Urgente”, de las cadenas televisivas Record y TV Bandeirantes, respectivamente.

Mientras los brasileños se toman una “gelada”(cerveza), observan en tiempo real persecuciones policiales, operaciones del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), tiroteos y, de vez en cuando, ejecuciones de los llamados “bandidos”.

Todo narrado con el ritmo de una partido de fútbol, en el que el presentador ejerce de juez y comentarista al mismo tiempo.

El pasado martes 23 de junio, ambos programas captaron, a través de sus helicópteros, una persecución que concluyó con un final demasiado indigesto hasta para el más fanático del programa.

En la imagen, se ve a un policía disparando a quemarropa contra dos menores que habían robado una moto. Fotografía: Reprodução.

Dos menores de 16 y 17 años escapaban a toda velocidad de una patrulla de la Policía Militar en una motocicleta robada por  las avenidas del barrio Jardím São Luís, en el sur de São Paulo.

Durante varios minutos, el hábil piloto, en su cruzada por lograr escapar del policía,  puso en peligro la vida de todo aquel que se cruzaba en su camino. Sin embargo, al encarar una recta, ambos jóvenes fueron alcanzados por el agente, a lo que el  copiloto reaccionó arrojándole su casco.

En ese momento, el cabo disparó su arma e hirió a ambos delincuentes  en las piernas. Unos metros más adelante, el motociclista perdió el control y la moto cayó junto a la pared de una casa, aprisionando a ambos menores que quedaron tendidos en el suelo.

Acto seguido, el policía detuvo su motocicleta junto a ellos y, antes de bajarse, ocurrió lo que nadie esperaba: disparó en dos ocasiones su arma sobre los menores rendidos y malheridos.

Todo tuvo lugar en directo y fue transmitido con lujo de detalles, porque las cámaras de los helicópteros de ambos programas registraron la acción desde dos ángulos distintos. Los fogonazos del revólver calibre 38 disparado en plena noche delataron al agente, quien con toda tranquilidad desarmó a uno de ellos y lo detuvo.

Eufóricos, los conductores Marcelo Rezende y José Luiz Datena saborearon el momento, sabiendo que los índices de audiencia estarían alcanzando el punto más alto: un policía acaba de disparar a quemarropa contra dos  menores, con millones de brasileños como  testigos.

El conductor del programa “Brasil Urgente”, José Luiz Datena. Fotografía: Divulgação.

La Secretaria de Seguridad Pública (SSP), anticipándose a la polémica, actuó de inmediato y el cabo, que fue identificado con el nombre de “De Souza”,  fue detenido de manera provisional, mientras que los jóvenes fueron internados en un hospital de Jardim São Luís.

Sin embargo, tan solo 24 horas después del episodio, el cabo fue liberado y retomó su trabajo, aunque provisionalmente, en el área administrativa de la Policía Militar de São Paulo.

“Quería felicitarte públicamente por una actuación excelente”, dijo el Coronel Telhada, diputado del estado de São Paulo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que gobierna esa región, en un video publicado en Facebook al día siguiente del hecho. “Hacen falta hombres así en la Policía Militar”, indicó.

El populismo se solapaba con el sensacionalismo. Si bien programas de este tipo banalizan la violencia hasta niveles extremos, el oportunismo del PSDB, partido que apoyó en el Congreso Nacional la aprobación de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) 171/1993 para reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, se hacía patente una vez más.

Pero no todo fueron felicitaciones para el agente. El secretario de la SSP, Alexandre de Moraes, advirtió: “Daremos el derecho de defensa al agente, pero por las imágenes hay una clara constatación de una seria irregularidad por parte del policía, ya que individuos rendidos al dominio del agente acaban recibiendo disparos”.

Si la acción del agente merece su expulsión del cuerpo de policía, una pena de cárcel o cualquier otro castigo, eso deberá decidirlo la Justicia, pero lo que realmente impacta del caso es la cotidianidad de la violencia de la policía contra los delincuentes.

El discurso del “mejor bandido es el bandido muerto” continúa muy vivo en la consciencia colectiva de los brasileños.

Marcelo Rezende, conductor de “Cidade Alerta”. Fotografía: Edu Moraes/Divulgação Record.

Según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2012, al menos 1890 personas murieron a manos de la policía en Brasil, mientras que en Estados Unidos, país con un 30% más de habitantes, ese número fue de  410.

Con 53.646 muertes totales por año, es decir, seis asesinatos por hora, el problema de la violencia en este país es tan mayúsculo y cotidiano que, a veces, parece que sus habitantes han perdido todo respeto por la vida ajena.

La televisión y la mayoría de los periódicos del país lo saben y sacan provecho de ello. Los políticos tampoco se quedan atrás y, azuzando el debate, pronto alcanzaron el 87% de apoyo ciudadano a la reducción de la edad penal, un proyecto condenado por la ONU, que fue rechazado por la Cámara de Diputados, por una estrecha diferencia de cinco votos.

Llegado este punto, no se puede dejar pasar la interesantísima entrevista del Secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, con la revista “Época”.

“En Brasil, estamos retrocediendo. Le quito los fusiles a la policía, me critican por querer desarmar a los bomberos y una gran parte de la población continúa queriendo armarse”, explicó el responsable del programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro.

Uno se pregunta cómo, si hasta uno de los mayores responsables por la seguridad en el país reconoce el fracaso de la “mano dura”, la ciudadanía está cada vez más convencida de que más armas, más cárcel y más severidad solucionarán el problema.

José Mariano Beltrame visita el Morro do Vidigal, en Río de Janeiro. Fotografía: Maíra Coelho / Ag. O Dia.

“Follow the money”, suele decirse en las películas de detectives a la hora de encontrarle una explicación a algo que aparentemente no la tiene. Solo apuntaré un dato: Brasil es el 4º mayor fabricante de armas ligeras del mundo, con 17,6 millones de ellas en circulación y albega a la mayor fábrica de pistolas del mundo: Taurus.

El próximo paso de la “bancada de la bala” y del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) será la aprobación del proyecto de ley 3722/2012 para permitir la portación de armas y acabar con el Estatuto del Desarme.

Con un mercado de más de 200 millones de brasileños y con 15 de las 50 ciudades más peligrosas del planeta en el país, el negocio está asegurado. Teniendo en cuenta que tanto Taurus como la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC) financiaron la campaña de algunos diputados del PMDB, el círculo se completa.

En Brasil, la paranoia por la seguridad, alimentada por el sensacionalismo de los medios de comunicación, y la violencia planificada, garantizada a través de la “mano dura” de la Policía Militar, parecen ser las dos caras de un mismo negocio.

DE RÍO DE JANEIRO

La noche del 26 de septiembre de 2014, Ernesto Guerrero viajaba hacia Iguala con otros 56 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, en México. Iban a recaudar en las calles el dinero que les permitiría desplazarse hasta Ciudad de México para asistir a la marcha nacional en memoria de la matanza de octubre de 1968, en la que murieron más de 300 estudiantes y obreros.

La llegada de los normalistas a Iguala no gustó a Ángeles Piñeda, esposa del alcalde y tesorera del cártel Guerreros Unidos, que en ese momento preparaba el primer mitin de su candidatura a regidora (concejala). De repente comenzaron los disparos contra el autobús.

Un policía se acercó a Ernesto, le apuntó a la cara y le dijo “vete o te mato”. Lo último que vio fue a sus compañeros vivos tendidos boca abajo sobre el asfalto, rodeados de policías y sicarios, que en el estado de Guerrero y otras zonas de México operan bajo el mismo mando.

Ernesto se libró porque no cabía nadie más en las camionetas. Otros 13 estudiantes lograron huir hacia la selva y 43 siguen con paradero desconocido.

El 2 de abril pasado, Eduardo Jesús Ferreira no tuvo tanta suerte como Ernesto. Su historia terminó en el Complejo del Alemán, el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro. Tenía 10 años y estaba sentado frente a su casa cuando un policía militar le disparó a la cabeza. Fue la cuarta víctima menor de edad del día en esa zona y pasó a engrosar la media brasileña de cinco muertos diarios a manos de la policía.

Este trágico suceso despertó cierto revuelo en Brasil, un país en el que las desapariciones y los asesinatos a manos de la policía son el pan de cada día, como en México. Presionadas por la prensa, las autoridades brasileñas investigaron y concluyeron que se trató de un cruce de tiros. Los vecinos y familiares que presenciaron los hechos afirman que ese día no hubo ningún tiroteo en la zona.

Ilustración de Lorca Segarra. 

Además de defender a los culpables en ambos casos, las autoridades de México y Brasil reprimieron con dureza a quienes se manifestaron contra la impunidad policial y la violencia de Estado. Organizaciones sin fines de lucro como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, periodistas independientes y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportan cifras a esta realidad: cada 11 minutos desaparece una persona en Brasil, mientras que en México sucede lo mismo cada 84 minutos.

Los presidentes de ambos países, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, no hicieron ni un solo comentario sobre el drama de las desapariciones y los asesinatos a manos del Estado en Brasil y México durante el encuentro que celebraron el 26 de mayo. “Brasil y México (…) no podían vivir alejados el uno del otro”, dijo Rousseff al finalizar el encuentro en alusión a la lluvia de acuerdos económicos que se avecinan.

Y en materia de Derechos Humanos, ¿están alejados Brasil y México? La distancia que mencionó Rousseff no la ha roto ningún gobierno, sino la Caravana 43, creada con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y formada por familiares de los estudiantes desaparecidos y un superviviente.

Esta semana están en Río de Janeiro, último destino de una travesía por América Latina que incluyó varias paradas en Argentina, Uruguay y otras ciudades de Brasil.

Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos llegaron para contar de primera mano lo sucedido, libres de las distorsionadas versiones oficiales, y para “tejer lazos de solidaridad con la sociedad civil y las luchas de abajo”, según explica M.R., una activista mexicana que pide el anonimato por miedo a represalias.

“Se llevaron a nuestros hijos, y con ellos nuestro miedo”, afirma incansable Mario Contreras, padre de César, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

“Antes incluso de que la Caravana comenzase, el apoyo ya fue muy fuerte”, explica M.A., responsable de comunicación de la Caravana 43 RJ, quien añade que “hoy las actividades serán aquí en la Maré, en un ambiente militarizado y de Unidades de Policía Pacificadora que hace evidente lo parecidos que son México y Brasil en cuanto al nivel de violencia”.

La solidaridad de los brasileños se traduce en los aplausos que interrumpen una y otra vez el relato de los padres. “Aquí el Estado también culpa al narcotráfico para justificar todas las masacres que ellos mismos cometen”, exclama un residente de la Maré.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos e integrantes de la Caravana se reúnen con movimientos sociales en Rio de Janeiro. Fotografía: Pilar Pedraza

La Caravana 43 llega hasta la favela Pinheiros para conocer a Irone Santiago, madre de Víctor, un joven que fue atacado por el ejército cuando volvía de jugar a fútbol. Irone comprende perfectamente la angustia de ser ninguneada y despreciada por las mismas autoridades que condenaron a su hijo a estar postrado en la cama de por vida.

La indignación se apodera de la casa y concluyen que su lucha es más visible cuando están juntos.

Dicen los padres de los desaparecidos que seguirán luchando hasta que les devuelvan a sus hijos.

No dejarán de denunciar que, tras lo sucedido aquella noche de septiembre, el gobierno mexicano tardó ocho días en dar una respuesta; que la investigación oficial señaló que los estudiantes habían sido incinerados, pero forenses independientes de Austria y Argentina comprobaron que solo había un normalista entre los cadáveres encontrados; que varios periodistas demostraron que la policía y el ejército rastrearon a los estudiantes justo antes de que partieran hacia Iguala; que el ejército agredió y negó asistencia médica a varios estudiantes que logaron huir; que el gobernador de Guerrero ofreció grandes sumas a los familiares a cambio de su silencio, y que está probado que el fiscal general de México y el presidente Peña Nieto sabían desde 2013 acerca de los vínculos oscuros del gobierno de Iguala, pero no hicieron nada.

Las autoridades de México informaron en abril que hay 25.398 desaparecidos en el país. Brasil solo ofrece el número de denuncias por desaparición: en torno a 250.000 al año.

“Ahora lo importante es la acción, ser creativos y reaccionar ante esta bestia… Los movimientos sociales se están dando cuenta de que luchamos contra la misma bestia”, concluye M.R.

]]> 0 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/05/19/en-brasil-ensenar-a-ser-emprendedor-es-ensenar-igualdad/ http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/05/19/en-brasil-ensenar-a-ser-emprendedor-es-ensenar-igualdad/#respond Tue, 19 May 2015 12:13:18 +0000 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/?p=1452 Continue lendo →]]> POR EDU SOTOS, DE RÍO DE JANEIRO

Cualquier persona que alguna vez haya paseado por una favela de Río de Janeiro y sea medianamente observadora, se habrá sorprendido con la cantidad de negocios de todo tipo que allí se dan cita.

Desde el típico bar donde tomar una “gelada” (cerveza), hasta salones de belleza o improvisadas tiendas en las que se puede comprar desde un paquete de galletas a un aparato de aire acondicionado.

Se trata de una muestra del ingenio más afinado de todos, el de la necesidad. A pesar de que en su mayoría, los habitantes de la favela no pudieron acceder a estudios superiores, todos ellos han podido sacar beneficio donde muchos solo ven miseria.

No hace falta ser muy avispado para imaginarse los Rockefeller, Bill Gates o Steve Jobs que se han perdido entre las callejuelas de las 763 favelas de Río de Janeiro por falta de oportunidades.

Eso mismo debió pensar en 2013 la psicóloga paranaense Ana Biavatti cuando fundó su proyecto de educación “Oficina de Negocinhos”, con el objetivo de desarrollar las habilidades emprendedoras de niños a partir de los 4 años en escuelas públicas y privadas de Río de Janeiro.

“No se trata de ir creando ‘miniempresarios’ por el mundo ni de apoyar el capitalismo salvaje desde la niñez, sino de inculcarles valores y habilidades de éxito”, explica Biavatti, quien tras cursar Psicología en Brasil se formó en Marketing en Italia.

Fue allí donde asimiló las ideas del profesor en Psicología Social de la universidad de Harvard y consejero del Foro Económico de Davos, Daniel Isenberg, quien en la actualidad supervisa los programas educativos del proyecto.

Uniendo la psicología y el marketing, Biavatti decidió poner en práctica, a su regreso a Brasil, experiencias como la que la Escuela Superior de Educación de Harvard desarrolló en cuatro escuelas secundarias de la ciudad de Boston.

Aquellos alumnos que se acogieron al programa de la Fundación Nacional de Enseñanza del Emprendimiento, mejoraron significativamente sus calificaciones en materias como matemáticas, lengua inglesa y aumentaron sus resultados en actividades en grupo y comunicación.

Pese a que un estudio de la Unión Europea de 2012 situó a Brasil como el segundo país con más emprendedores del mundo (63% de microemprendedores y trabajadores autónomos), únicamente superado por Turquia (82%), Biavatti cree que el brasileño medio no recibe las herramientas básicas para hacer funcionar sus negocios.

“Brasil tiene un problema de base que es la educación. Todavía hoy es un país en el que la gente común no sabe lidiar con sus finanzas y en el que hablar de dinero es prácticamente un tabú”, resalta Biavatti quien cree que la manera de acabar con el ambiente “poco ético” de los negocios en Brasil es “educar a los más pequeños en que colaborar y ser creativos puede ser más exitoso que competir”.

A través de juegos en grupo que estimulan la creatividad de los niños, los talleres de la “Oficina de Negocinhos” van presentando a los niños los conceptos básicos de ciudadanía, compromiso social y ética para, a partir, de los 8 años, comenzar con las primeras nociones de marketing, finanzas y recursos humanos.

Entre todos los proyectos llevados a cabo, Biavatti se siente especialmente orgullosa de los que ha desarrollado en las comunidades de Río de Janeiro. “Cuando se trabaja con niños de comunidades donde faltan recursos pueden observarse cambios de actitud espectaculares, es ahí cuando se siente que el trabajo tiene sus recompensas”, admite.

Las recompensas llegan también en forma de mecenazgo: la empresa italiana “Conziliazione.net” patrocinó uno de sus proyectos con 30 niños en la asociación “Solar Meninos de Luz” de la favela de Cantagalo, la carioca “Afilio” patrocina un curso mensual con 20 niños en Santa Marta, y la también italiana “Estudio Legal Passlacqua Luzón” patrocinará en breve otro curso con 20 niños en la favela Rocinha.

Además, “Oficina de Negocinhos” logró en marzo pasado formar parte del programa Shell Iniciativa Joven (Shell LiveWire, en otros países) situándose como el segundo proyecto mejor valorado entre un total de 800 inscriptos, algo que lo podría hacer entrar pronto en la red de negocios sustentables de la petrolera.

Si se le pide a Biavatti que compare los proyectos con niños de barrios ricos y otros más humildes, ella sonríe y responde: “Cuando le preguntas a un niño de Leblón o Ipanema qué quiere ser cuando sea grande, muchos quieren ser como su padre o dicen que todavía no lo saben. Cuando se le pregunta a un niño de Cantagalo o Rocinha hay mil respuestas al mismo tiempo”.

Sin duda, iniciativas como la de Biavatti o incluso programas públicos como “Jóvenes Emprendedores del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas” (SEBRAE), que se desarrolla en 190 escuelas de todo Brasil y atiende a 26.700 alumnos, son un primer paso para que, a través de la educación, se pueda lograr la igualdad social.

La clave está en transformar la curiosidad de los niños en habilidades de éxito que les proporcionen un futuro mejor a través de la educación. Esa es la gran asignatura pendiente para un país que es considerado la octava economía del mundo y para un gobierno cuyo lema es “Brasil: patria educadora”, pero que continua en el puesto 60º del ránking de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Hace exactamente 11 meses, los miles de hombres de la Fuerza de Pacificación de la Policía Militar de Río de Janeiro, apoyados por medios aéreos y terrestres del Ejército de Brasil, ocuparon  las 16 favelas que conforman del Complexo da Maré, en la zona norte de Río.

El despliegue fue aparatoso y no les hizo falta disparar un solo tiro. Satisfechos, el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, y el por entonces gobernador, Sergio Cabral, calificaron la operación como un éxito y auguraron que pronto se instalarían allí las correspondientes Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

Pero la realidad es que la operación no fue un éxito, tampoco hubo UPPs, ni nada que se le parezca. Los disparos de los fusiles 762 del Ejército brasileño, que por aquel entonces no pudieron ser recogidos por las varias docenas de reporteros que acompañaron la ocupación, han ido desangrando poco a poco la vida de los 130.000 habitantes del Complexo da Maré.

El pasado 12 de febrero, una furgoneta con cinco jóvenes que regresaban de una fiesta fue masacrada por disparos de los militares en la favela Salsa e Merengue. Uno de ellos perdió su pierna. Tan solo una semana después, un obrero fue abatido tras ser “confundido con  un traficante”, como declararon los militares, mientras trabajaba en una reparación en la Vila do João.

Policías intentan contener una protesta cerca del Complexo da Maré, en Río de Janeiro. Fotografía: Mauricio Fidalgo/Reuters.

Menos de 24 horas después, otra “combi” repleta de viajeros que hacían la línea Maré- Bonsucesso fue ametrallada en la Vila do Pinheiro. ¿El motivo? El conductor no tenía licencia para  transportar personas  y quiso saltarse un control del Ejército.

Indignados, hartos por tantos heridos y muertes absurdas, unos 300 habitantes de la Maré quisieron exponer su malestar con una protesta pacífica el pasado 23 de febrero. Nuevamente, la policía y los militares desconfiaron de los manifestantes y decidieron disolver la incómoda protesta por la fuerza. Dos menores murieron y tres personas resultaron heridas.

Sus muertes apenas causaron conmoción en la prensa local, que aquellos días andaba pendiente de la visita del Comité Olímpico Internacional (COI) a las instalaciones de los futuros Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Los centenares de habitantes del Complexo da Maré  que escapaban de los gases lacrimógenos y de las balas de la Policía Militar  aquella noche, probablemente no lo sabían, pero su destino había sido decidido entre sonrisas y apretones de mano unas horas antes.

El secretario del Ministerio de Deportes, Ricardo Leyser, anunciaba aquel día que el gobierno federal usará las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad en Río 2016.

En la práctica, la decisión supuso que los 2700 militares que cada día supervisan la vida de los habitantes de la Maré, amplíen su presencia en la zona por otros 18 meses. A un coste de 593.000 dólares por día, los contribuyentes brasileños pagarán  319 millones de dólares para que sus vecinos de la zona norte vivan en un contexto más propio de Irak o de Palestina.

Soldados refuerzan la seguridad en el Complexo da Maré después de un día de un inteso intercambio de disparos entre traficantes locales. Fotografía: Alex Ribeiro/Folhapress.

Los blindados y la artillería pesada se han convertido en parte del paisaje de las 16 favelas de la Maré, cuyo único pecado es haber sido construidas entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim y el centro de la “cidade maravilhosa”.

Un lugar estratégico que una valla de tres metros de altura, situada alrededor de los 10 kilómetros cuadrados que ocupa, no ha sido capaz de esconder de la mirada de los turistas que pasan por la Linha Vermelha camino de las playas de postal de la zona sur.

Puede que el yugo de las tres facciones de narcotraficantes (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) que allí se daban cita, y que todavía mantienen su influencia a pesar de la ocupación, debía ser erradicado.

Pero casi un año después la ocupación militar se ha revelado como un fracaso, denunciado además por innumerables asociaciones de Derechos Humanos.

Así lo hizo Amnistía Internacional a través de un comunicado oficial en el que afirmó que  las Fuerzas Armadas “no poseen el entrenamiento adecuado” o las habilidades de “diálogo con organizaciones de la sociedad civil o poblaciones de las favelas”.

Además, la respetada organización expuso que “la lucha contra el narcotráfico no puede llevar a una criminalización de la comunidad, especialmente de los más jóvenes”. Unos argumentos a los que los dirigentes del COI no han querido prestar atención.

Un hombre posa frente a un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas, durante la ocupación del Complexo da Maré, en abril de 2013. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Es la triste realidad de los miles de cariocas que no cuentan con un lugar dentro de los ambiciosos planes de Río 2016.

Empujados a los márgenes de la ciudad e ignorados durante décadas por los gobiernos locales, viven la opresión de una ocupación militar con el pretexto de protegerles de un yugo, el del narcotráfico, al que esos mismos gobiernos dejaron hacerse amos y señores de aquellos que poco importaban.

Faltan 18 meses para el mayor evento deportivo jamás vivido en Río de Janeiro y nada ni nadie deberá arruinar la fiesta. Los intereses puestos en un espectáculo que le ha costado a la ciudad 13.000 millones de dólares valen más que los derechos de unos cuantos “favelados”.

Al igual que ocurrió en 2013 durante la Copa de las Confederaciones o en 2014 durante el Mundial, el Ejército brasileño se sumará a la fiesta del silencio, la de las manifestaciones pacíficas disueltas a golpes, gases lacrimógenos y disparos de los que matan.

Pero en la Maré no se resignan a vivir oprimidos por el silencio. Es imposible saberlo, pero es posible que la próxima “primavera brasileña” comience entre la mayoría silenciosa que todavía no ha alzado su voz en Río de Janeiro.

Si algo define a Brasil más allá de su gente, es su inmensidad. El gigante sudamericano, de dimensiones prácticamente continentales, es el único país del Cono Sur que comparte fronteras con todos sus vecinos a excepción de Chile y Ecuador.

Sin embargo, a veces las fronteras que no se encuentran trazadas en los mapas son las más difíciles de atravesar. Norte y Sur, ciudad y campo, centro y periferia o asfalto y favela, son fronteras invisibles que muchos parecen haber olvidado, especialmente aquellos que han quedado del lado “bueno”.

Desde el pasado fin de semana, una nueva frontera ha sido establecida en Río de Janeiro. Agentes de la Policía Militar (PM) montan controles en las salidas de los túneles que conectan la zona Norte de la ciudad con la zona Sur. Su objetivo es detener los autobuses que, cargados de jóvenes provenientes de las comunidades de la zona Norte, se dirigen hacia las míticas playas de la ciudad.

Es la frontera de la vergüenza, la del Norte pobre y el Sur rico que las montañas del macizo de Tijuca ya se habían encargado de crear, pero que los cariocas se habían asegurado de mantener con unos precios de alquiler que garantizaran  el aislamiento de los adinerados habitantes sureños.

Con sus fusiles en mano, como harían en la frontera de un país en guerra, los agentes de la PM inspeccionan meticulosamente los autobuses que salen del túnel de Rebouças o Santa Bárbara en busca de personas “no deseables” en dirección a unas playas que estos días acogen a miles de turistas.

Playas repletas y algunos robos se registraron el pasado fin de semana en Ipanema y Leblon. Fotografía: Ricardo Borges/Folhapress

Su foco se centra en la línea 476 que conecta Leblon, el barrio más exclusivo de Río de Janeiro, con el barrio de clase obrera de Meier, pasando por prácticamente todas las grandes favelas de la región Norte.

El pasado domingo, las imágenes de un grupo de más de 20 jóvenes rompiendo las ventanas e incluso subiendo al techo del autobús hicieron que muchos pongan el grito en el cielo.

“Si alguien está asomándose por las ventanas, puertas o con un comportamiento fuera de lo normal, el vehículo será parado y las personas retiradas”, avisó el pasado 15 de enero el subjefe de Operaciones de la PM, Claudio Lima Freire.

A las imágenes del pasado domingo se une el temido fenómeno del “arrastão” , es decir, grupos de hasta 50 jóvenes que asaltan a su paso a bañistas y transeúntes, que el pasado fin de semana actuaron en Ipanema y Leblón, y que han generado el caos entre los habitantes de la zona Sur.

Estas circunstancias parecen justificar este tipo de medidas conocidas por la PM como “Operação Verão”, que se complementa con un refuerzo de 700 agentes que patrullan desde el pasado fin de semana las playas de la ciudad.

Al parecer, a partir de ahora cualquier grupo de amigos de la zona Norte que desee viajar en autobús hasta las playas de Ipanema o Leblón deberá ser un ejemplo de buenos modales y tendrán que evitar pasear en grupo por la orilla de la playa.

En declaraciones a “Folha de Sao Paulo”, el director del Observatorio de Favelas, Jorge Luiz Barbosa, aseguró que los controles en los autobuses  “atentan contra el derecho de ir y venir de las personas” y añadió que “parte de un juicio de valor que considera a los habitantes de los suburbios como potenciales sospechosos “.

Un policía entra en el agua para atrapar a uno de los ladrones de la playa de Río. Fotografía: Ricardo Borges/Folhapress

Por su parte, el miembro del Instituto de Desarrollo y Derechos Humanos, João Tancredo, calificó la medida como “una violación de los derechos del ciudadano” y una acción basada en “prejuicios y humillante”. No obstante, y a pesar de las denuncias de diferentes ONGs, el miedo justifica los medios y la medida ha sido acogida con gran entusiasmo por los vecinos de la zona Sur de la ciudad.

Este mismo martes, día del patrón de la ciudad, San Sebastián, la PM realizó varias revistas que fueron calificadas como un éxito. “Está surtiendo efecto”, declaró a la TV Globo uno de los agentes, que además aseguró que los controles serán cambiados de ubicación cada fin de semana para lograr mayor efectividad.

El debate de la inseguridad en las playas abarrotadas de Río de Janeiro es una constante cada inicio de verano. Mientras tanto, las medidas del ayuntamiento y del gobierno del Estado de Río de Janeiro son cada vez más contundentes, algo que agradecen los bañistas y el turismo.

Sin embargo, resulta difícil establecer la línea entre seguridad y segregación. Lo que es seguro es que cada vez la zona Sur parece estar más aislada de la realidad del conjunto de la ciudad. Ni las obras del metro, ni el BRT, ni siquiera la experiencia del Mundial de fútbol o las preparaciones para los Juegos Olímpicos de 2016 parecen haber acercado a sus habitantes, sino más bien todo lo contrario.

La gentrificación y no otra es la verdadera frontera que divide a Río de Janeiro. Una frontera que no se vigila con policías sino con un ayuntamiento que diseñe una ciudad sin límites, abierta y accesible para todos sus ciudadanos. Río de Janeiro, la “cidade maravilhosa”, no merece ser una ciudad de frontera condenada a servir de escaparate a la belleza y, al mismo tiempo, a la miseria de Brasil.

Esther (prof.esther.solano@gmail.com) es española, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo y miembro del Fórum de Seguridad Pública.

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El domingo fui al cine a ver el documental “A quemarropa”, de la directora Theresa Jessouroun. Confieso que entré en la sala expectante, entre angustiada y ansiosa. Sabía que la obra trataba de las matanzas perpetuadas por la Policía Militar de Río de Janeiro contra la población de la periferia.

Un tema, como mínimo, duro, espinoso para la gran pantalla, donde la crudeza de lo cotidiano se muestra sin tapujos y se impone sin piedad.

Por otro lado, recién estrenado el documental, ya no estaba exento de polémicas.Fue exhibido para un grupo se cadetes de la Academia de Policía Militar Don João VI, en Río, donde, por orden del comando, los periodistas presentes fueron invitados a retirarse.

Una muestra más de la dificultad inmensa de debatir sobre seguridad pública, sobre policía y letalidad en un país donde los policías matan mucho y mueren no menos.

Mi agonía tomó forma ya en las primeras escenas. Una película durísima, porque refleja la bárbara realidad de agentes del Estado que, en vez de proteger, matan. Agentes que matan, que utilizan el asesinato como herramienta de trabajo, que matan por venganza, por rutina, por corrupción, por “limpieza”.

En fin, que matan diariamente desde la jornada escabrosa de la favela de Vigário Geral,en 1993, con los cadáveres de 21 personas hasta los episodios del conjunto de favelas del Complexo do Alemão en 2007, esta vez con 19 personas asesinadas.

Tantos años de intervalo y una historia tan pavorosamente repetida demilicias, tráfico de drogas, armas ilegales, corrupción… “A quemarropa” muestra que el agujero es realmente profundo y que las miserias causadas como  resultado del mismo son atroces. La deshumanización parece total.

Salí del cine abatida, con una pregunta que no dejaba de rondarme la cabeza: cuando la policía mata, ¿quién aprieta el gatillo? Si la policía mata es porque existe una orden política tal vez directa, tal vez indirecta o como mínimo una connivencia o un silencio afirmativo.

Si la policía mata es porque la Justicia no cumple su papel como debería y deja a los asesinos en una impunidad escandalosa. Si la policía mata es porque la sociedad aprueba y aplaude el famoso y siniestro discurso de bandido bueno es bandido muerto.

Si la policía mata ¿no lo hace protegida, auspiciada, arropada por los discursos de odio de personajes públicos como el presentador José Luiz Datena, la periodista Raquel Sheherezade, el diputado Jair Bolsonaro o el coronel Telhada y demás personajes que predican la política de la bala?

La policía es un instrumento de poder que, cuando mata, no lo hace de forma autónoma, sino con el beneplácito de muchos y el silencio de otros. Son muchos los que aprietan el gatillo cuando la policía mata.

El escritor austriaco Stefan Zweig murió por amor a Brasil, literalmente, en un suicidio que fue precedido por la explicación más bella que he leído jamás de lo que significa la identidad brasileña, y que sólo podía concluir en un final desgarrado, que intensificase la marcha obligada de la “tierra del futuro”, una marcha prematura, de abandono, que encajase con los principios románticos.

Murió en la zona serrana de Petrópolis, antigua residencia de los reyes portugueses, en el interior del estado de Río de Janeiro. Decía, apasionado por esta tierra exuberante, que  Brasil curiosamente simulaba a un arpa en el mapa, semejante descripción introducía una serie de sentidos que al país le son dados, y entrelazados, en su imaginario social.

La “tierra de los papagayos”, aquella inigualable en abundancia de su flora y fauna, que lo tiene todo al mismo tiempo, sierra, litoral, pampa, selva, cuenca de ríos, y que es fértil en casi todas sus partes, con un clima que transita del tropical, subtropical y hasta lo templado, donde se alimentan los ríos más grandes del mundo, y el patrimonio atraviesa de una frontera a la otra, desde la Amazonia hasta la triple frontera natural con Argentina y Paraguay, en la caída del río Iguazú.

Ilustración: Alberto Costa

Se yergue la favela en medio de este escenario para votar en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, con los ojos todavía puestos en la mesa sin mantel, en el plato vacío, en la falta de saneamiento básico, de escolaridad para los más pequeños, de analfabetismo para los más viejos, de salud para todos, y ante penitas y alegrías se entiende por qué la pauta política todavía es prehistórica en la cuestión ambiental.

Como los ríos, descienden del morro los votantes de la favela, familias enteras para votar en los colegios municipales. Llegó el domingo 26 de octubre, nuevamente día de votación

Las elecciones se expresan con la misma estrategia publicitaria que el Mundial de fútbol: pegatinas, globos, camisetas… los rostros sonrientes de la presidenta Dilma Roussef (PT) y del candidato opositor Aécio Neves (PSDB) invaden las calles, y las “aficiones”  rasgan en dos a la población: los estados de un Norte pobre y negro, de un Sur desarrollado y blanco; dividen al campesino del latifundista; al vendedor de churros de su patrón; al pescador artesanal de los gestores de las piscifactorías.

Los intereses están rasgados, divididos, ganando el PT más de un 80% de los votos en algunas de las áreas más subdesarrolladas del país, y llegando a perder en los estados del Sur.

No obstante, se palpa un agrio sentimiento, el de un voto que no es sincero, un voto sólo ejercido en la favela como autodefensa, que apoya los avances sociales, pero que legitima la corrupción estructural en todas las fuerzas políticas. Una elección confusa e impotente ante la falta de alternativas y de ilusión. Un voto que refleja el miedo de la favela a ser olvidada por las políticas sociales.

A la entrada del colegio se mezclan en armonía conversaciones del cotidiano con las del acontecimiento del momento: “…La favela puede sumirse en el olvido, sin registros…”, “…yo ya no compro tomates a ese precio…”, “…la ciudad puede perder la memoria…”, “…dará a luz en poco tiempo…”, “…la favela nunca habrá existido…”.

Observo a la salida del colegio a una señora de mediana edad que vende verduras en el mercadillo que da entrada a la inmensa favela de la Rocinha. Le lloran los ojos, está cortando cebollas. El análisis se queda empobrecido, pues no sabría decir si llora por la situación del país, por la muerte del pedrero Amarildo en manos de las Unidades de Policía Pacificadora en 2013, por los nervios ante las elecciones, o por los efectos de una cebolla, que en cada capa representa las etapas que todavía deben atravesarse en esta tierra.

La capa de la pobreza va saliendo, todavía provoca lágrimas, tal vez algún día se llegue al corazón de la cebolla, y se pueda mirar alrededor, y observar y enorgullecerse de la belleza del Brasil.

Entonces todos pedirán su defensa, y crearán una pauta socio-ambiental sólida, defensora de las demarcaciones de reservas indígenas, del fortalecimiento de las reservas de extracción sostenible, de la fiscalización de la tala de la región Amazónica, de la producción eficaz e independiente de los Estudios de Impacto Ambiental, de la anteposición de la biodiversidad y de los grupos minoritarios ante la explotación de recursos naturales, como son el caso de las hidroeléctricas,  y otras formas de combate al crimen ambiental,  pues la naturaleza se fusiona en la propia identidad brasileña.

La favela recuerda con su voto que habrá que atravesar  primero otras capas de la cebolla, las de una extrema desigualdad de clases, capas que al mirarlas todavía nos hacen llorar, aunque se torna urgente afrontar la descuidada cuestión ambiental, y recordar, por el bien de la preservación de la  identidad brasileña, que los papagayos llegaron al Brasil mucho antes que los partidos políticos.

Gabriel Bayarri es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF). En una serie de textos quincenales, abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Río, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia en las comunidades.

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Era la década de 1960 cuando en Estados Unidos el surgimiento de reivindicaciones de derechos civiles de los homosexuales, de grupos minoritarios, demandas de corte racial y la oposición a la Guerra de Vietnam provocaron la emergencia de una oposición al carácter represivo  de la policía ante grupos excluidos.

En el interior de los guetos, criminalizados todos ellos por ser grupos “desviados” respecto de los patrones considerados “normales”, se engendró entonces el inicio de una “policía comunitaria”, más implicada con todos los grupos sociales, interactiva y preventiva de los conflictos.

El modelo de la “policía comunitaria” americana se exportó internacionalmente y Brasil trató de adaptarlo a su realidad local. Los programas anteriores a las actuales Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), que datan de 2007, fueron el Grupo de Aplicación Práctico Escolar (GAPE), en 1990, y los Grupos de Policía en Áreas Especiales (GPAEs), en 1999, completamente nuevos para la Policía Militar brasileña y que no tuvieron continuidad.   

Entre sus características, el modelo de policía comunitaria se fundamenta en el principio de la prevención de conflictos para mantener la “harmonía”, el orden social, creyendo que el desorden urbano perjudica la integración de la comunidad en los espacios públicos locales.

Un grupo de la Policía Militar conversa en la UPP de la favela Rocinha, en Río de Janeiro. Fotografía: Rony Maltz/Folhapress.

En este modelo de seguridad, todos los vecinos de las favelas “pacificadas” se transforman en potenciales criminales y todo pequeño delito es potencialmente un atentado contra la calidad de vida, pues engendra un posible surgimiento del desorden.

No existe en esta cultura de control y prevención del crimen la figura del “ex criminal”. Una vez cometido el crimen se establece una frontera a través del estigma, que detecta al criminal provocador del desorden, en la que no se considera la reinserción entre los miembros “normales” de la comunidad, sino que el estigma caracteriza deliberadamente a los pequeños carteristas, que el modelo de prevención del desorden convierte en potenciales asesinos o ladrones de bancos, posicionándolos como el origen-raíz de las carencias en las favelas.  

No existe el crimen sin víctima, por lo que se formaliza la idea de la “víctima colectiva”, así como la barrera entre “nosotros” (los inocentes) y “ellos” (los peligrosos). Lo que viene a admitir este sistema clasificatorio es que el desvío ante el comportamiento normalizado impide al estigmatizado convertirse en un auténtico ciudadano.

Ante la prevención del desorden, la lógica de la Policía Militar entiende a los criminales como sujetos racionales capaces de tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento de las leyes, que saben de las consecuencias de sus actos y que tienen otra serie de conocimientos teóricamente asimilados, que otorgan al criminal capacidad de elección en sus actos.

Esta lógica, empleada por la corporación militar, presupone que el niño adicto al pegamento lo es por elección personal, que el guardia de la “boca de fumo” lo es por elección personal, que el contrabando de fusiles de fabricación extranjera es una elección personal, así como la prostitución.

Vista desde la UPP de la favela Complexo do Alemão, en Río. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Por lo tanto, por haber “elegido mal” merecen una punición fundamentada en argumentos y valores moralistas, pero que no presupone en la base de su arquitectura la construcción de un sistema de garantías sociales.

Cabe destacar que el modelo de la policía comunitaria, aplicado en la política de seguridad de Río de Janeiro, ha sido criticado por la estrategia implícita de control social que en él se visualiza. La construcción del orden público potencia el control de la vida local. 

Sin defender el desorden como modelo organizativo en las favelas cariocas, cabe reflexionar sobre las consecuencias que se obtienen a través de estas técnicas de imposición de un orden que se basa en normas morales concretas y en la criminalización como modelo de prevención del desorden. 

Un vecindario compuesto por personas previsibles, que atraviesan el morro en fila ordenada, que piden permiso para realizar cualquier clase de evento, que no están paradas sin hacer nada, que cumplen patrones estéticos característicos del “asfalto”: éste sería el modelo deseado de prevención del desorden por la organización militar.