Faltan apenas 300 días para el inicio de los ansiados Juegos Olímpicos de Río 2016 y las autoridades de la ciudad más fotogénica de Brasil, al igual que ya lo hicieron en el Mundial de 2014, ultiman sus preparativos en materia de seguridad.

Y es que, a pesar de que Río de Janeiro no se encuentra entre las ciudades más peligrosas de Brasil, su tasa de homicidios es de 28,3  por cada 100.000 habitantes, es decir, casi tres veces más alta a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El narcotráfico y su dominio de grandes áreas de la ciudad suponen el gran problema de Río y el foco de la mayor parte de la violencia.

A pesar de los esfuerzos de José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, de instaurar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los suburbios de la ciudad, lo cierto es que los territorios históricos del narcotráfico, como la favela Rocinha y el Complexo do Alemão, continúan controlados en gran medida por comandos de narcotraficantes. 

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Marino Beltrame, durante una visita al morro do Vidigal. Fotografía: Maíra Coelho – 15.nov.2011/Agência O Dia.

El enquistamiento de la violencia en estos lugares ha provocado que el discurso de crear una “policía de proximidad”, y con ello reconstruir la confianza entre los habitantes de los suburbios y los agentes de la Policía Militar (PM), haya desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Beltrame firmó la resolución 901 que autoriza el uso de pasamontañas para ocultar los rostros de los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acciones con Perros (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque durante sus operaciones policiales. 

En pocas palabras, en la futura sede olímpica se vuelve así a garantizar, después de 20 años de prohibición, el anonimato de sus agentes al permitir que sus rostros puedan ser cubiertos durante las a menudo sangrientas operaciones que se realizan en las favelas.

Una medida incomprensible teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de la PM de la ciudad y el reconocimiento, el pasado 31 de agosto, de la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esa misma policía ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, el 16% de los homicidios ocurridos en  Río de Janeiro entre 2010 y 2013 se produjeron a manos de los agentes de la PM, es decir, 1275 fallecidos de los que el 99,5% eran hombres, el 79% era de raza negra y el 75% tenía entre 15 y 29 años.

Vinicius y Tom, las mascotas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fotografía: Celso Pupo /Fotoarena/Fotoarena/Folhapress.

De hecho, el nivel de violencia practicado por la PM en la futura sede olímpica dejó dos  muertos por día en la última década con un total de 8466 personas fallecidas desde 2005. 

Por si fuera poco, de los 220 casos de homicidio cometidos por policías en 2011, el 80% continúa sin haber sido esclarecido en 2015, mientras que solamente 1 de las denuncias llegó a ser aceptada por el Ministerio Público.

Se trata de unas cifras escalofriantes que dan testimonio del nivel de impunidad al que están acostumbrados los agentes de seguridad cada vez que aprietan el gatillo.

En declaraciones a este cronista, Viviane Ribeiro, editora del diario comunitario “Jornal Alemão Notícias” y vecina del Complexo do Alemão, explicó que la vuelta de los pasamontañas se relacionaría directamente con una maniobra de intimidación de las autoridades de la ciudad de cara a las Olimpíadas del próximo año. 

En su opinión, los pasamontañas son para los habitantes de las favelas “símbolos del exterminio” y de “la muerte deliberada sin autor ni castigo”, y acusó al gobierno del estado de Río de Janeiro de actuar con el único interés de “mostrar al mundo y al turista que venga en 2016 que todo es perfecto mientras que la policía actúa contra los derechos de los ciudadanos más pobres a sangre y fuego”.

Habitantes del Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, protestan por la muerte de un niño de 10 años a manos de la Policía Militar. Fotografía: Fabio Brisolla/Folhapress.

No obstante, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, considerado uno de los grandes especialistas en la ciudad en materia de seguridad y en el programa de las UPP, relativizó la posible relación entre la medida y la proximidad de los Juegos Olímpicos. 

“No creo que la medida guarde relación alguna con la proximidad de un evento de estas características, es más, creo que la medida no tendría ningún tipo de efecto disuasorio en caso de ser aplicada”, aclaró el español, quien calificó de “innecesaria” la medida al no existir antecedentes de amenaza terrorista en Brasil, aunque observó con preocupación  la ausencia de distintivos en los uniformes de la PM que permitan la identificación de los agentes.

Sea una provocación, una medida de precaución o simplemente un mensaje de que la “mano dura” estará de vuelta en Río 2016, lo cierto es que la evidente falta de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en una ciudad que se dispone a celebrar los  Juegos Olímpicos, resulta preocupante.

Solamente el tiempo dirá si, al igual que ocurrió en 1995, las autoridades de Río acabarán por darse cuenta de que tapar el rostro de sus agentes de policía no es la mejor manera de promover la convivencia en una ciudad dividida en dos mitades que, al día de hoy, continúan irreconciliables.

A los indicadores de la economía que se deterioran a cada día y las interminables noticias sobre la corrupción, se le unen sucesos que, a pesar de pasar inadvertidos por la gran mayoría de la población, son trágicamente representativos de la situación de un país que soñó con el cielo y terminó perdiéndose en el camino hacia las alturas.

Es la historia de Christiano Pereira Tavares, al que todos en la favela carioca de “Manguinhos” conocían como “Lulinha”.

En 2008, cuando apenas tenía 8 años, la imagen de portada del diario “Extra” en la que Christiano nadaba sonriente en las aguas de una alcantarilla de su favela causó gran conmoción en todo Brasil y, en especial, en el entonces presidente Lula da Silva.

Inmediatamente, Lula decidió ayudar a la familia de “Lulinha” proporcionando un empleo y una vivienda social a su madre, a la vez que prometió una piscina a todos los habitantes de esa comunidad.

Una promesa que fue cumplida y  que en su ceremonia de apertura tuvo como protagonista a un pletórico “companheiro Christiano”. Un mote con el cual el ex presidente solía llamar al menor.

En las fotos de aquel momento triunfal para Brasil no faltó una sonriente Dilma Rousseff, que por aquel entonces ya se perfilaba como el brazo derecho de Lula en su papel de ministra de la Casa Civil. Junto a ella, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, y el alcalde, Eduardo Paes, completaban la puesta en escena.

El niño que disfrutaba en las aguas podridas de una de las comunidades más castigadas por el narcotráfico y la miseria de Río de Janeiro había conseguido su sueño de una vida mejor para él y los suyos.

La promesa de un Brasil de ensueño parecía cumplirse e, incluso, la imagen de “Lulinha” fue escogida para acompañar el ambicioso Plan de Aceleración de Crecimiento(PAC) de la ministra Rousseff.

El pasado 3 de julio, “Lulinha” falleció como consecuencia de una sobredosis en un centro de salud de Río de Janeiro que, irónicamente, se encontraba decorado con una imagen suya, sonriente. Una imagen de otra época, cuando nadie hubiera podido imaginar que aquel niño rescatado de la miseria acabaría abandonando la escuela en 2013 y entrando en el mundo de las drogas.

Un mundo que desde pequeño había visto, oído y sentido de mano de los traficantes en las calles de Manguinhos. Uno que, para el pequeño Christiano, resultaba mucho más cercano que los flashes de las cámaras y los apretones de manos con hombres de traje y corbata, aquel día en que unos políticos se acercaron a su comunidad por primera vez fuera de un año electoral. Ese día que parecía el comienzo de algo nuevo.

“Lamento la muerte de Christiano. Que la familia encuentre consuelo en este momento de dolor. Mis sentimientos acompañan a los familiares y a la comunidad de Manguinhos”, escribió Rousseff en la noche de este jueves (23).

Un gesto casi maternal de una presidenta que ve cómo el castillo de arena construido por el Partido de los Trabajadores (PT), desde su llegada al poder 2003, se va desmoronando frente a ella, mientras intenta sostenerlo con sus manos.

Como la arena pasando entre sus dedos, la esperanza de los brasileños en su gobierno se pierde para no volver. La última encuesta de la Confederación Nacional de Transportes (CNT) reveló que la aprobación de la presidenta es de apenas un 7,7% y que el rechazo se sitúa en torno al 78%, un nivel incluso inferior al del ex presidente Fernando Collor de Mello antes de haber sido sometido a un juicio político, en 1992. Un fantasma que parece estar aguardando en la oscuridad a la propia Rousseff.

Después de haber sacado de la pobreza a casi 40 millones de brasileños, de prometerles sueños de igualdad, libertad y oportunidades, el PT  y la presidenta han tocado fondo.

La trágica muerte de “Lulinha” es la expresión más gráfica del país que pudo haber sido y que la corrupción, la avaricia y la incompetencia de muchos echaron por tierra. La historia de “Lulinha” es, en definitiva, la eterna historia de Brasil.

Un país joven que tiene todo para triunfar y que acaba rindiéndose ante los problemas de la desigualdad, las drogas, la falta de oportunidades y el propio peso de su historia.

Quien sabe si en la intimidad del Palacio de Planalto, Rousseff, anoche, derramó una lágrima en honor a Christiano y, de paso, por el país que ha dejado de creer en los sueños.

En Brasil hay una manía,  y es que siempre hay una televisión encendida. Cada bar tiene, al menos, uno o dos televisores, que se mantienen prendidos todo el día, sin importar si alguien los está mirando o no.

Sin embargo, hay dos programas que siempre consiguen captar la atención del público y son “Cidade Alerta” y “Brasil Urgente”, de las cadenas televisivas Record y TV Bandeirantes, respectivamente.

Mientras los brasileños se toman una “gelada”(cerveza), observan en tiempo real persecuciones policiales, operaciones del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), tiroteos y, de vez en cuando, ejecuciones de los llamados “bandidos”.

Todo narrado con el ritmo de una partido de fútbol, en el que el presentador ejerce de juez y comentarista al mismo tiempo.

El pasado martes 23 de junio, ambos programas captaron, a través de sus helicópteros, una persecución que concluyó con un final demasiado indigesto hasta para el más fanático del programa.

En la imagen, se ve a un policía disparando a quemarropa contra dos menores que habían robado una moto. Fotografía: Reprodução.

Dos menores de 16 y 17 años escapaban a toda velocidad de una patrulla de la Policía Militar en una motocicleta robada por  las avenidas del barrio Jardím São Luís, en el sur de São Paulo.

Durante varios minutos, el hábil piloto, en su cruzada por lograr escapar del policía,  puso en peligro la vida de todo aquel que se cruzaba en su camino. Sin embargo, al encarar una recta, ambos jóvenes fueron alcanzados por el agente, a lo que el  copiloto reaccionó arrojándole su casco.

En ese momento, el cabo disparó su arma e hirió a ambos delincuentes  en las piernas. Unos metros más adelante, el motociclista perdió el control y la moto cayó junto a la pared de una casa, aprisionando a ambos menores que quedaron tendidos en el suelo.

Acto seguido, el policía detuvo su motocicleta junto a ellos y, antes de bajarse, ocurrió lo que nadie esperaba: disparó en dos ocasiones su arma sobre los menores rendidos y malheridos.

Todo tuvo lugar en directo y fue transmitido con lujo de detalles, porque las cámaras de los helicópteros de ambos programas registraron la acción desde dos ángulos distintos. Los fogonazos del revólver calibre 38 disparado en plena noche delataron al agente, quien con toda tranquilidad desarmó a uno de ellos y lo detuvo.

Eufóricos, los conductores Marcelo Rezende y José Luiz Datena saborearon el momento, sabiendo que los índices de audiencia estarían alcanzando el punto más alto: un policía acaba de disparar a quemarropa contra dos  menores, con millones de brasileños como  testigos.

El conductor del programa “Brasil Urgente”, José Luiz Datena. Fotografía: Divulgação.

La Secretaria de Seguridad Pública (SSP), anticipándose a la polémica, actuó de inmediato y el cabo, que fue identificado con el nombre de “De Souza”,  fue detenido de manera provisional, mientras que los jóvenes fueron internados en un hospital de Jardim São Luís.

Sin embargo, tan solo 24 horas después del episodio, el cabo fue liberado y retomó su trabajo, aunque provisionalmente, en el área administrativa de la Policía Militar de São Paulo.

“Quería felicitarte públicamente por una actuación excelente”, dijo el Coronel Telhada, diputado del estado de São Paulo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que gobierna esa región, en un video publicado en Facebook al día siguiente del hecho. “Hacen falta hombres así en la Policía Militar”, indicó.

El populismo se solapaba con el sensacionalismo. Si bien programas de este tipo banalizan la violencia hasta niveles extremos, el oportunismo del PSDB, partido que apoyó en el Congreso Nacional la aprobación de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) 171/1993 para reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, se hacía patente una vez más.

Pero no todo fueron felicitaciones para el agente. El secretario de la SSP, Alexandre de Moraes, advirtió: “Daremos el derecho de defensa al agente, pero por las imágenes hay una clara constatación de una seria irregularidad por parte del policía, ya que individuos rendidos al dominio del agente acaban recibiendo disparos”.

Si la acción del agente merece su expulsión del cuerpo de policía, una pena de cárcel o cualquier otro castigo, eso deberá decidirlo la Justicia, pero lo que realmente impacta del caso es la cotidianidad de la violencia de la policía contra los delincuentes.

El discurso del “mejor bandido es el bandido muerto” continúa muy vivo en la consciencia colectiva de los brasileños.

Marcelo Rezende, conductor de “Cidade Alerta”. Fotografía: Edu Moraes/Divulgação Record.

Según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2012, al menos 1890 personas murieron a manos de la policía en Brasil, mientras que en Estados Unidos, país con un 30% más de habitantes, ese número fue de  410.

Con 53.646 muertes totales por año, es decir, seis asesinatos por hora, el problema de la violencia en este país es tan mayúsculo y cotidiano que, a veces, parece que sus habitantes han perdido todo respeto por la vida ajena.

La televisión y la mayoría de los periódicos del país lo saben y sacan provecho de ello. Los políticos tampoco se quedan atrás y, azuzando el debate, pronto alcanzaron el 87% de apoyo ciudadano a la reducción de la edad penal, un proyecto condenado por la ONU, que fue rechazado por la Cámara de Diputados, por una estrecha diferencia de cinco votos.

Llegado este punto, no se puede dejar pasar la interesantísima entrevista del Secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, con la revista “Época”.

“En Brasil, estamos retrocediendo. Le quito los fusiles a la policía, me critican por querer desarmar a los bomberos y una gran parte de la población continúa queriendo armarse”, explicó el responsable del programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro.

Uno se pregunta cómo, si hasta uno de los mayores responsables por la seguridad en el país reconoce el fracaso de la “mano dura”, la ciudadanía está cada vez más convencida de que más armas, más cárcel y más severidad solucionarán el problema.

José Mariano Beltrame visita el Morro do Vidigal, en Río de Janeiro. Fotografía: Maíra Coelho / Ag. O Dia.

“Follow the money”, suele decirse en las películas de detectives a la hora de encontrarle una explicación a algo que aparentemente no la tiene. Solo apuntaré un dato: Brasil es el 4º mayor fabricante de armas ligeras del mundo, con 17,6 millones de ellas en circulación y albega a la mayor fábrica de pistolas del mundo: Taurus.

El próximo paso de la “bancada de la bala” y del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) será la aprobación del proyecto de ley 3722/2012 para permitir la portación de armas y acabar con el Estatuto del Desarme.

Con un mercado de más de 200 millones de brasileños y con 15 de las 50 ciudades más peligrosas del planeta en el país, el negocio está asegurado. Teniendo en cuenta que tanto Taurus como la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC) financiaron la campaña de algunos diputados del PMDB, el círculo se completa.

En Brasil, la paranoia por la seguridad, alimentada por el sensacionalismo de los medios de comunicación, y la violencia planificada, garantizada a través de la “mano dura” de la Policía Militar, parecen ser las dos caras de un mismo negocio.

DE RÍO DE JANEIRO

La noche del 26 de septiembre de 2014, Ernesto Guerrero viajaba hacia Iguala con otros 56 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, en México. Iban a recaudar en las calles el dinero que les permitiría desplazarse hasta Ciudad de México para asistir a la marcha nacional en memoria de la matanza de octubre de 1968, en la que murieron más de 300 estudiantes y obreros.

La llegada de los normalistas a Iguala no gustó a Ángeles Piñeda, esposa del alcalde y tesorera del cártel Guerreros Unidos, que en ese momento preparaba el primer mitin de su candidatura a regidora (concejala). De repente comenzaron los disparos contra el autobús.

Un policía se acercó a Ernesto, le apuntó a la cara y le dijo “vete o te mato”. Lo último que vio fue a sus compañeros vivos tendidos boca abajo sobre el asfalto, rodeados de policías y sicarios, que en el estado de Guerrero y otras zonas de México operan bajo el mismo mando.

Ernesto se libró porque no cabía nadie más en las camionetas. Otros 13 estudiantes lograron huir hacia la selva y 43 siguen con paradero desconocido.

El 2 de abril pasado, Eduardo Jesús Ferreira no tuvo tanta suerte como Ernesto. Su historia terminó en el Complejo del Alemán, el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro. Tenía 10 años y estaba sentado frente a su casa cuando un policía militar le disparó a la cabeza. Fue la cuarta víctima menor de edad del día en esa zona y pasó a engrosar la media brasileña de cinco muertos diarios a manos de la policía.

Este trágico suceso despertó cierto revuelo en Brasil, un país en el que las desapariciones y los asesinatos a manos de la policía son el pan de cada día, como en México. Presionadas por la prensa, las autoridades brasileñas investigaron y concluyeron que se trató de un cruce de tiros. Los vecinos y familiares que presenciaron los hechos afirman que ese día no hubo ningún tiroteo en la zona.

Ilustración de Lorca Segarra. 

Además de defender a los culpables en ambos casos, las autoridades de México y Brasil reprimieron con dureza a quienes se manifestaron contra la impunidad policial y la violencia de Estado. Organizaciones sin fines de lucro como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, periodistas independientes y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportan cifras a esta realidad: cada 11 minutos desaparece una persona en Brasil, mientras que en México sucede lo mismo cada 84 minutos.

Los presidentes de ambos países, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, no hicieron ni un solo comentario sobre el drama de las desapariciones y los asesinatos a manos del Estado en Brasil y México durante el encuentro que celebraron el 26 de mayo. “Brasil y México (…) no podían vivir alejados el uno del otro”, dijo Rousseff al finalizar el encuentro en alusión a la lluvia de acuerdos económicos que se avecinan.

Y en materia de Derechos Humanos, ¿están alejados Brasil y México? La distancia que mencionó Rousseff no la ha roto ningún gobierno, sino la Caravana 43, creada con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y formada por familiares de los estudiantes desaparecidos y un superviviente.

Esta semana están en Río de Janeiro, último destino de una travesía por América Latina que incluyó varias paradas en Argentina, Uruguay y otras ciudades de Brasil.

Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos llegaron para contar de primera mano lo sucedido, libres de las distorsionadas versiones oficiales, y para “tejer lazos de solidaridad con la sociedad civil y las luchas de abajo”, según explica M.R., una activista mexicana que pide el anonimato por miedo a represalias.

“Se llevaron a nuestros hijos, y con ellos nuestro miedo”, afirma incansable Mario Contreras, padre de César, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

“Antes incluso de que la Caravana comenzase, el apoyo ya fue muy fuerte”, explica M.A., responsable de comunicación de la Caravana 43 RJ, quien añade que “hoy las actividades serán aquí en la Maré, en un ambiente militarizado y de Unidades de Policía Pacificadora que hace evidente lo parecidos que son México y Brasil en cuanto al nivel de violencia”.

La solidaridad de los brasileños se traduce en los aplausos que interrumpen una y otra vez el relato de los padres. “Aquí el Estado también culpa al narcotráfico para justificar todas las masacres que ellos mismos cometen”, exclama un residente de la Maré.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos e integrantes de la Caravana se reúnen con movimientos sociales en Rio de Janeiro. Fotografía: Pilar Pedraza

La Caravana 43 llega hasta la favela Pinheiros para conocer a Irone Santiago, madre de Víctor, un joven que fue atacado por el ejército cuando volvía de jugar a fútbol. Irone comprende perfectamente la angustia de ser ninguneada y despreciada por las mismas autoridades que condenaron a su hijo a estar postrado en la cama de por vida.

La indignación se apodera de la casa y concluyen que su lucha es más visible cuando están juntos.

Dicen los padres de los desaparecidos que seguirán luchando hasta que les devuelvan a sus hijos.

No dejarán de denunciar que, tras lo sucedido aquella noche de septiembre, el gobierno mexicano tardó ocho días en dar una respuesta; que la investigación oficial señaló que los estudiantes habían sido incinerados, pero forenses independientes de Austria y Argentina comprobaron que solo había un normalista entre los cadáveres encontrados; que varios periodistas demostraron que la policía y el ejército rastrearon a los estudiantes justo antes de que partieran hacia Iguala; que el ejército agredió y negó asistencia médica a varios estudiantes que logaron huir; que el gobernador de Guerrero ofreció grandes sumas a los familiares a cambio de su silencio, y que está probado que el fiscal general de México y el presidente Peña Nieto sabían desde 2013 acerca de los vínculos oscuros del gobierno de Iguala, pero no hicieron nada.

Las autoridades de México informaron en abril que hay 25.398 desaparecidos en el país. Brasil solo ofrece el número de denuncias por desaparición: en torno a 250.000 al año.

“Ahora lo importante es la acción, ser creativos y reaccionar ante esta bestia… Los movimientos sociales se están dando cuenta de que luchamos contra la misma bestia”, concluye M.R.

]]> 0 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2014/12/18/jair-bolsonaro-mas-que-un-personaje-un-estratega/ http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2014/12/18/jair-bolsonaro-mas-que-un-personaje-un-estratega/#comments Thu, 18 Dec 2014 13:36:22 +0000 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/?p=1242 Continue lendo →]]> POR EDU SOTOS (@Edu_Sotos), DE RÍO DE JANEIRO

La primera vez que entrevisté a Jair Bolsonaro fue el 31 de marzo de este año y no supe qué pensar. Rodeado de  una multitud de ancianos exmilitares y personas arropadas en la bandera de Brasil parecía un líder religioso más que un político. Sus correligionarios lanzaban gritos a favor del regreso del régimen militar y contra la “dictadura marxista de Lula y Rousseff”.

Era el 50º aniversario del golpe militar de 1964 contra el presidente João Goulart y pensé que aquella sería la única vez que tendría que enfrentarme al discurso más extremista que jamás había escuchado en Brasil.

Sin embargo, esta misma semana volví a sentarme frente a quien es hoy el diputado federal más votado en Río de Janeiro, representante del Partido Progresista (PP) y probablemente el político más mediático del país.

Su trato, especialmente amable y atento con la prensa, puede llevar a pensar que reserva su discurso incendiario para las sesiones de la Cámara de Diputados o para las manifestaciones contra el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

Pero no, a Bolsonaro le encanta hacer ruido y llamar la atención. Es por eso que la prensa, en particular quienes trabajamos para medios extranjeros, somos siempre bienvenidos a la hora darle luz a sus polémicos argumentos.

En las entrevistas con Bolsonaro que realicé esta semana, tanto para la agencia rusa Sputnik como para “El Periódico” de Catalunya, no pude evitar incluir esta frase que resume perfectamente su discurso: “Dilma Rousseff presenta un banquete a los pobres durante la campaña y después les decapita el Estado Islámico”.

El diputado Jair Bolsonaro, durante una sesión en la Cámara de Diputados. Fotografía: Alan Marques/Folhapress.

En la visión de Bolsonaro, argumentos que en algunos países de Europa podrían llevarlo a la cárcel, son para él completamente válidos. El diputado no dudó en señalar, por ejemplo, a Dilma Rousseff como “una terrorista” que “financia dictaduras marxistas en toda América Latina” a través de sus intercambios con Cuba.

Para él, programas como “Mais Médicos” o “Mais Especialistas” solo sirven para entregar 1000 millones de reales anuales a la dictadura de la isla y con ello poder traer a Brasil a 11.000 cubanos “muchos de ellos militares y espías”, entre ellos la famosas “Avispas Negras” o fuerzas de elite de Fidel Castro.

Tras 10 minutos de explicación conspirativa, decidí cambiar el rumbo de la  conversación hacia los problemas sociales que atraviesa Brasil.

En este sentido, el diputado fue claro al afirmar que “el gobierno de Rousseff pone a negros contra blancos, pobres contra ricos, norte contra sur, homosexuales contra heterosexuales y padres contra hijos”. Un alegato que sorprende al proceder de un político al que la opinión pública considera racista, homófobo y ultraconservador.

Descubrí que la verdadera fijación de Bolsonaro es la política educacional del PT y se mostró muy molesto con lo que llamó el “kit gay” o programa de educación sexual que el gobierno de Rousseff  elaboró con la colaboración con los movimientos LGBT, y que le valió en 2011 un agrio enfrentamiento con el diputado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Jean Willys.

Visiblemente alterado y con gran lujo de detalles insistió en explicar las ilustraciones supuestamente “pornográficas” de los libros de texto en Brasil. Para Bolsonaro, los dibujos de “niños indios desnudos jugando” son una clara incitación a la pedofilia  y a la homosexualidad.

En una de sus tantas declaraciones polémicas, Bolsonaro dijo que no “violaría” a la diputada Maria do Rosário (PT-RS) porque “no lo merece”. Fotografía: Pedro Ladeira/Folhapress.

En un momento dado admitió que su máxima preocupación en estos momentos sería la aprobación del proyecto de ley que criminaliza la homofobia.

“Les daría un poder enorme a los homosexuales. Imagina que un cura lea un fragmento de la Biblia contra la homosexualidad, con esta ley podría ir a la cárcel”, explica el ferviente católico que, sin embargo, reiteró que su problema no es con la homosexualidad sino con “la educación tendenciosa” y con las “leyes injustas”.

Llegado este punto, uno comienza a pensar si el discurso extremo, centrado en los ataques al gobierno y la corrupción, aliñado con un claro componente conservador, no podría arrancar votos en un país hastiado por los escándalos y con un fuerte aumento de las iglesias evangélicas.

Ya lo vimos con Jörg Haider en Austria o Jean-Marie Le Pen en Francia. Es en las aguas revueltas de la recesión económica y la crisis social donde los discursos extremos encuentran el caldo de cultivo ideal. Y todo parece indicar que en 2015 no faltarán estos componentes. Bolsonaro lo sabe y se prepara para aprovechar la situación.

Mi impresión sobre Bolsonaro, tras mi segundo encuentro y pese a la notoriedad que ha ganado, no ha cambiado demasiado. Detrás de esa imagen de militar con ideas fuertemente reaccionarias y obsesionado con el orden, se esconde un político ambicioso y oportunista que no dudará en continuar su estrategia de caldear el panorama político brasileño con excéntricos discursos para allanar su camino en la carrera política.

Al preguntarle hasta dónde quería llegar, el diputado, que ya prepara su salida del Partido Progresista, sonríe y se relaja. “Hasta donde llegue”, responde.

Bolsonaro, el diputado más votado de Río de Janeiro no se conforma con el lugar que ganó en Brasilia y fija su mirada en el Palacio de Planalto, al que aspira llegar en 2018. Parece que habrá que comenzar a acostumbrarse a sus incómodas palabras, porque este militar lo que promete es dar pelea.

Esther (prof.esther.solano@gmail.com) es española, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo y miembro del Fórum de Seguridad Pública.

***

El domingo fui al cine a ver el documental “A quemarropa”, de la directora Theresa Jessouroun. Confieso que entré en la sala expectante, entre angustiada y ansiosa. Sabía que la obra trataba de las matanzas perpetuadas por la Policía Militar de Río de Janeiro contra la población de la periferia.

Un tema, como mínimo, duro, espinoso para la gran pantalla, donde la crudeza de lo cotidiano se muestra sin tapujos y se impone sin piedad.

Por otro lado, recién estrenado el documental, ya no estaba exento de polémicas.Fue exhibido para un grupo se cadetes de la Academia de Policía Militar Don João VI, en Río, donde, por orden del comando, los periodistas presentes fueron invitados a retirarse.

Una muestra más de la dificultad inmensa de debatir sobre seguridad pública, sobre policía y letalidad en un país donde los policías matan mucho y mueren no menos.

Mi agonía tomó forma ya en las primeras escenas. Una película durísima, porque refleja la bárbara realidad de agentes del Estado que, en vez de proteger, matan. Agentes que matan, que utilizan el asesinato como herramienta de trabajo, que matan por venganza, por rutina, por corrupción, por “limpieza”.

En fin, que matan diariamente desde la jornada escabrosa de la favela de Vigário Geral,en 1993, con los cadáveres de 21 personas hasta los episodios del conjunto de favelas del Complexo do Alemão en 2007, esta vez con 19 personas asesinadas.

Tantos años de intervalo y una historia tan pavorosamente repetida demilicias, tráfico de drogas, armas ilegales, corrupción… “A quemarropa” muestra que el agujero es realmente profundo y que las miserias causadas como  resultado del mismo son atroces. La deshumanización parece total.

Salí del cine abatida, con una pregunta que no dejaba de rondarme la cabeza: cuando la policía mata, ¿quién aprieta el gatillo? Si la policía mata es porque existe una orden política tal vez directa, tal vez indirecta o como mínimo una connivencia o un silencio afirmativo.

Si la policía mata es porque la Justicia no cumple su papel como debería y deja a los asesinos en una impunidad escandalosa. Si la policía mata es porque la sociedad aprueba y aplaude el famoso y siniestro discurso de bandido bueno es bandido muerto.

Si la policía mata ¿no lo hace protegida, auspiciada, arropada por los discursos de odio de personajes públicos como el presentador José Luiz Datena, la periodista Raquel Sheherezade, el diputado Jair Bolsonaro o el coronel Telhada y demás personajes que predican la política de la bala?

La policía es un instrumento de poder que, cuando mata, no lo hace de forma autónoma, sino con el beneplácito de muchos y el silencio de otros. Son muchos los que aprietan el gatillo cuando la policía mata.

Desde el año 2000, en el estado de Goiás, en el Centro-Oeste de Brasil, se han registrado 43 desapariciones forzadas, todas cometidas por agentes del Estado.

Ninguno de los cuerpos ha sido encontrado y todos los casos han quedado impunes. Fue de esta manera que comenzó la audiencia pública sobre violencia policial que tuvo lugar el viernes 31 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, capital de Estados Unidos.

Ante esta reconocida institución internacional, el diputado estatal Mauro Rubem (PT), junto con los defensores públicos federales Bruno Arruda y Adriano Souza Carneiro y con el abogado Allan Hahnemann Ferreira de la asociación Cerrado Asesoramiento Jurídico Popular, denunciaron que en 42 de los 43 casos los perpetradores eran agentes de la policía militar.

Muchos de los desaparecidos tenían antecedentes penales. Así, el Estado lo justifica como  parte de su estrategia de “combate a la criminalidad violenta”.

Los peticionarios destacan el caso del niño Murilo Soares, de 12 años, quién, en abril de 2005, estaba en un auto con el ayudante de obra Paulo Sergio Pereira Rodrigues,  cuando fueron abordados por  policías militares (tropa de élite ROTAM) y llevados a un lugar desconocido.

El automóvil fue encontrado quemado al día siguiente y hasta hoy se desconoce el paradero de ambas víctimas. “Este caso es el único que se había investigado y acaba de ser archivado”, lamenta Hahnemann.

Es más, estos asesinatos se realizan en el marco de intimidación y amenazas. Así, los peticionarios denunciaron que en 2011 el diario local “O Popular” fue amenazado tras la publicación de una serie de reportajes titulado “¿Dónde están?”, que denunciaba que los desaparecidos en democracia superan a los de la dictadura en Goiás.

El año pasado, el diputado Rubem también recibió amenazas por su labor relacionada con estas investigaciones, dijo Hahnemann, en una entrevista exclusiva con esta cronista.

Otra irregularidad que se denunció durante la audiencia fue la contratación sin concurso público de policías militares voluntarios bajo la ley estatal 17.882, que termina por afectar la calidad de la seguridad pública.

Conocidos como los policiales de “calça curta” o de “pantalones cortos”, ejercen sin la preparación adecuada y con una alta rotación. La inconstitucionalidad de esta ley está siendo actualmente considerada por la Corte Suprema de Brasil, tras una acción interpuesta por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot.

Pero el excesivo uso de la fuerza por parte del orden público no es exclusivo de Goiás. Según un estudio publicado este lunes (10) por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, entre 2009 y 2013, un promedio de seis personas murieron por día a raíz de la violencia policial en Brasil.

Sólo en Río de Janeiro, en el primer trimestre de 2014, hubo 153 “autos de resistencia”, o muertes a manos de la policía. De hecho, junto con los estados de Mato Grosso, São Paulo y Santa Catarina, Río es el único estado que divulga estas cifras.

Pero expertos en derechos humanos concuerdan en que la figura de “auto de resistencia” sirve para maquillar las cifras de ejecuciones por parte de la policía, basándose automáticamente en el supuesto de que hubo una resistencia o un enfrentamiento entre la policía y el civil.

Así, según una resolución del gobierno de Brasil de diciembre de 2012, el término de “auto de resistencia” ya no debería existir. Efectivamente, muchas de las muertes a manos de policías son en realidad ejecuciones y no muertes como resultado de un enfrentamiento.

Mientras tanto, en 2011, el gobierno de Goiás decretó la creación de una Comisión de Defensa de la Ciudadanía, integrada por agentes policiales,  miembros del Ministerio Público, del Poder Legislativo y de la sociedad civil.

Dicha comisión, presidida por el diputado Rubem, emitió un informe  detallado llamado Inseguridad Pública en Goiás: Anacronismo y Caos, en agosto de 2012, en donde ya registraba 36 desapariciones. Siete más han sido notificadas desde entonces.

Brasil ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Ahora, tras largos debates en el Congreso, queda por ver si Brasil optará por tipificar el crimen de desaparición forzada, algo que, según indica el defensor público Adrian Souza “es esencial para este proceso”.

Pero el debate es complejo, y no todos están de acuerdo sobre sus implicancias.

El escritor austriaco Stefan Zweig murió por amor a Brasil, literalmente, en un suicidio que fue precedido por la explicación más bella que he leído jamás de lo que significa la identidad brasileña, y que sólo podía concluir en un final desgarrado, que intensificase la marcha obligada de la “tierra del futuro”, una marcha prematura, de abandono, que encajase con los principios románticos.

Murió en la zona serrana de Petrópolis, antigua residencia de los reyes portugueses, en el interior del estado de Río de Janeiro. Decía, apasionado por esta tierra exuberante, que  Brasil curiosamente simulaba a un arpa en el mapa, semejante descripción introducía una serie de sentidos que al país le son dados, y entrelazados, en su imaginario social.

La “tierra de los papagayos”, aquella inigualable en abundancia de su flora y fauna, que lo tiene todo al mismo tiempo, sierra, litoral, pampa, selva, cuenca de ríos, y que es fértil en casi todas sus partes, con un clima que transita del tropical, subtropical y hasta lo templado, donde se alimentan los ríos más grandes del mundo, y el patrimonio atraviesa de una frontera a la otra, desde la Amazonia hasta la triple frontera natural con Argentina y Paraguay, en la caída del río Iguazú.

Ilustración: Alberto Costa

Se yergue la favela en medio de este escenario para votar en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, con los ojos todavía puestos en la mesa sin mantel, en el plato vacío, en la falta de saneamiento básico, de escolaridad para los más pequeños, de analfabetismo para los más viejos, de salud para todos, y ante penitas y alegrías se entiende por qué la pauta política todavía es prehistórica en la cuestión ambiental.

Como los ríos, descienden del morro los votantes de la favela, familias enteras para votar en los colegios municipales. Llegó el domingo 26 de octubre, nuevamente día de votación

Las elecciones se expresan con la misma estrategia publicitaria que el Mundial de fútbol: pegatinas, globos, camisetas… los rostros sonrientes de la presidenta Dilma Roussef (PT) y del candidato opositor Aécio Neves (PSDB) invaden las calles, y las “aficiones”  rasgan en dos a la población: los estados de un Norte pobre y negro, de un Sur desarrollado y blanco; dividen al campesino del latifundista; al vendedor de churros de su patrón; al pescador artesanal de los gestores de las piscifactorías.

Los intereses están rasgados, divididos, ganando el PT más de un 80% de los votos en algunas de las áreas más subdesarrolladas del país, y llegando a perder en los estados del Sur.

No obstante, se palpa un agrio sentimiento, el de un voto que no es sincero, un voto sólo ejercido en la favela como autodefensa, que apoya los avances sociales, pero que legitima la corrupción estructural en todas las fuerzas políticas. Una elección confusa e impotente ante la falta de alternativas y de ilusión. Un voto que refleja el miedo de la favela a ser olvidada por las políticas sociales.

A la entrada del colegio se mezclan en armonía conversaciones del cotidiano con las del acontecimiento del momento: “…La favela puede sumirse en el olvido, sin registros…”, “…yo ya no compro tomates a ese precio…”, “…la ciudad puede perder la memoria…”, “…dará a luz en poco tiempo…”, “…la favela nunca habrá existido…”.

Observo a la salida del colegio a una señora de mediana edad que vende verduras en el mercadillo que da entrada a la inmensa favela de la Rocinha. Le lloran los ojos, está cortando cebollas. El análisis se queda empobrecido, pues no sabría decir si llora por la situación del país, por la muerte del pedrero Amarildo en manos de las Unidades de Policía Pacificadora en 2013, por los nervios ante las elecciones, o por los efectos de una cebolla, que en cada capa representa las etapas que todavía deben atravesarse en esta tierra.

La capa de la pobreza va saliendo, todavía provoca lágrimas, tal vez algún día se llegue al corazón de la cebolla, y se pueda mirar alrededor, y observar y enorgullecerse de la belleza del Brasil.

Entonces todos pedirán su defensa, y crearán una pauta socio-ambiental sólida, defensora de las demarcaciones de reservas indígenas, del fortalecimiento de las reservas de extracción sostenible, de la fiscalización de la tala de la región Amazónica, de la producción eficaz e independiente de los Estudios de Impacto Ambiental, de la anteposición de la biodiversidad y de los grupos minoritarios ante la explotación de recursos naturales, como son el caso de las hidroeléctricas,  y otras formas de combate al crimen ambiental,  pues la naturaleza se fusiona en la propia identidad brasileña.

La favela recuerda con su voto que habrá que atravesar  primero otras capas de la cebolla, las de una extrema desigualdad de clases, capas que al mirarlas todavía nos hacen llorar, aunque se torna urgente afrontar la descuidada cuestión ambiental, y recordar, por el bien de la preservación de la  identidad brasileña, que los papagayos llegaron al Brasil mucho antes que los partidos políticos.

Gabriel Bayarri es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF). En una serie de textos quincenales, abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Río, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia en las comunidades.

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Era la década de 1960 cuando en Estados Unidos el surgimiento de reivindicaciones de derechos civiles de los homosexuales, de grupos minoritarios, demandas de corte racial y la oposición a la Guerra de Vietnam provocaron la emergencia de una oposición al carácter represivo  de la policía ante grupos excluidos.

En el interior de los guetos, criminalizados todos ellos por ser grupos “desviados” respecto de los patrones considerados “normales”, se engendró entonces el inicio de una “policía comunitaria”, más implicada con todos los grupos sociales, interactiva y preventiva de los conflictos.

El modelo de la “policía comunitaria” americana se exportó internacionalmente y Brasil trató de adaptarlo a su realidad local. Los programas anteriores a las actuales Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), que datan de 2007, fueron el Grupo de Aplicación Práctico Escolar (GAPE), en 1990, y los Grupos de Policía en Áreas Especiales (GPAEs), en 1999, completamente nuevos para la Policía Militar brasileña y que no tuvieron continuidad.   

Entre sus características, el modelo de policía comunitaria se fundamenta en el principio de la prevención de conflictos para mantener la “harmonía”, el orden social, creyendo que el desorden urbano perjudica la integración de la comunidad en los espacios públicos locales.

Un grupo de la Policía Militar conversa en la UPP de la favela Rocinha, en Río de Janeiro. Fotografía: Rony Maltz/Folhapress.

En este modelo de seguridad, todos los vecinos de las favelas “pacificadas” se transforman en potenciales criminales y todo pequeño delito es potencialmente un atentado contra la calidad de vida, pues engendra un posible surgimiento del desorden.

No existe en esta cultura de control y prevención del crimen la figura del “ex criminal”. Una vez cometido el crimen se establece una frontera a través del estigma, que detecta al criminal provocador del desorden, en la que no se considera la reinserción entre los miembros “normales” de la comunidad, sino que el estigma caracteriza deliberadamente a los pequeños carteristas, que el modelo de prevención del desorden convierte en potenciales asesinos o ladrones de bancos, posicionándolos como el origen-raíz de las carencias en las favelas.  

No existe el crimen sin víctima, por lo que se formaliza la idea de la “víctima colectiva”, así como la barrera entre “nosotros” (los inocentes) y “ellos” (los peligrosos). Lo que viene a admitir este sistema clasificatorio es que el desvío ante el comportamiento normalizado impide al estigmatizado convertirse en un auténtico ciudadano.

Ante la prevención del desorden, la lógica de la Policía Militar entiende a los criminales como sujetos racionales capaces de tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento de las leyes, que saben de las consecuencias de sus actos y que tienen otra serie de conocimientos teóricamente asimilados, que otorgan al criminal capacidad de elección en sus actos.

Esta lógica, empleada por la corporación militar, presupone que el niño adicto al pegamento lo es por elección personal, que el guardia de la “boca de fumo” lo es por elección personal, que el contrabando de fusiles de fabricación extranjera es una elección personal, así como la prostitución.

Vista desde la UPP de la favela Complexo do Alemão, en Río. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Por lo tanto, por haber “elegido mal” merecen una punición fundamentada en argumentos y valores moralistas, pero que no presupone en la base de su arquitectura la construcción de un sistema de garantías sociales.

Cabe destacar que el modelo de la policía comunitaria, aplicado en la política de seguridad de Río de Janeiro, ha sido criticado por la estrategia implícita de control social que en él se visualiza. La construcción del orden público potencia el control de la vida local. 

Sin defender el desorden como modelo organizativo en las favelas cariocas, cabe reflexionar sobre las consecuencias que se obtienen a través de estas técnicas de imposición de un orden que se basa en normas morales concretas y en la criminalización como modelo de prevención del desorden. 

Un vecindario compuesto por personas previsibles, que atraviesan el morro en fila ordenada, que piden permiso para realizar cualquier clase de evento, que no están paradas sin hacer nada, que cumplen patrones estéticos característicos del “asfalto”: éste sería el modelo deseado de prevención del desorden por la organización militar. 

Esther (prof.esther.solano@gmail.com) es española, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo y miembro del Fórum de Seguridad Pública.

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Hay números que representan realidades infames, crueles, bárbaras. Así son  las matemáticas de la seguridad pública brasileña. Matemáticas terribles. Matemáticas que avergüenzan.

50.000 homicidios anuales. 50.000 violaciones anuales denunciadas (se calcula que el número real ronde la cifra de 500.000). La policía brasileña, una de las que más mata y más muere en el mundo, deja 5 cadáveres por día a la vez que más de 200 policías mueren cada año. Hay 500.000 presos en las cárceles brasileñas, siendo casi la mitad de ellos provisionales, esperando eternamente un juicio que no llega.

Esas son las cifras. Más tiránicas que humanas  (para datos más detallados, visitar las publicaciones anuales del Fórum Brasileño de Seguridad Pública).

¿Y la campaña electoral? Ese momento esquizofrénico donde todo es prometido, con tono banal,  pero las negligencias y omisiones de los candidatos gritan más fuerte que nunca.

La seguridad pública es uno de esos asuntos tabús, mencionados de soslayo, con intenciones calculadas, propagandísticas e ideológicas pero con escasa finalidad de fundamentar un debate sólido.

La policía brasileña, una de las que más mata y más muere en el mundo, deja 5 cadáveres por día a la vez que más de 200 policías mueren cada año. Fotografía: Alice Vergueiro/Futura Press/Folhapress.

Las propuestas de los candidatos a la presidencia de Brasil son más titubeos, balbuceos de quienes no tienen ni valentía ni dignidad de enfrentar un problema que debería haber sido prioridad hace ya muchos años.

Para el Partido de los Trabajadores (PT), el modelo a seguir y reforzar es el esquema de seguridad de la Copa del Mundo, cuyo sinónimo son los Centros Integrados de Comando y Control que amalgaman ejército, policías civil y militar y otra serie de organismos vinculados a la seguridad pública.

Como si este prototipo superficial de supuesta coordinación que en nada trata los problemas de raíz fuese a mejorar las estadísticas atroces de la violencia. A parte de esta oferta claramente insuficiente, la presidenta Dilma Rousseff ya ha mencionado la importante posibilidad de una enmienda constitucional para fortalecer el papel del gobierno federal  en competencias de seguridad.

Sí, menos mal, un pacto federativo para compartir competencias entre gobierno federal, estados y municipios es esencial.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), frívolo. Su candidato Aécio Neves propone crear un Ministerio de Seguridad Pública y Justicia del que no nos ofrece más detalles.

Hace unas semanas, una operación de la Policía Militar contra vendedores ambulantes dejó un muerto en el barrio de Lapa, en la zona oeste de São Paulo. Fotografía: Reginaldo Castro/Folhapress.

Sin embargo, el hombre fuerte del partido, el vitalicio gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pivota su programa de seguridad en base a la controvertida reducción de la mayoría de edad penal a 16 años para crímenes especialmente graves como homicidio, violación y secuestro, como si punición y Estado penal fuesen sinónimos lógicos de menor criminalidad.

Finalmente está el Partido Socialista Brasileño (PSB), heredero de la experiencia del programa Pacto por la Vida, implementado por el fallecido ex candidato a la presidencia Eduardo Campos en Pernambuco, que consiguió impactos positivos en la seguridad de ese estado.

Las ideas de Marina Silva son aumentar el presupuesto para el Fondo Nacional de Seguridad Pública y, esta sí más interesante y fundamental, un pacto nacional para la reducción de homicidios.

¿Pero dónde están las verdaderas reformas estructurales que se necesitan con urgencia? ¿Qué candidato coloca sobre la mesa, sin tapujos, sin medias palabras, con claridad y contundencia, el debate sobre los cambios radicales que se precisan en el campo de la seguridad pública? Ninguno.

Ninguno de ellos habla sobre el control de armas (en Brasil existen 16 millones de armas de fuego siendo sólo la mitad legales). Ninguno de ellos habla sobre las posibles reformas de las policías (reducción de letalidad, aumento de las tasas de resolución de crímenes, ciclo completo integrado entre policía militar y civil, mayor transparencia…).

Las propuestas de los candidatos a la presidencia sobre seguridad pública no convencen; se trata de un problema que debería haber sido prioridad hace ya muchos años. Fotografía: Adriana Spaca/Brazil Photo Press/Folhapress.

Ninguno de ellos habla sobre la modernización del sistema penitenciario y las alternativas a las dinámica de aprisionamiento masivo. Ninguno de ellos habla sobre la política de drogas que está provocando una verdadera masacre entre los jóvenes brasileños de las periferias.

La autodenominada “izquierda”  brasileña menospreció históricamente el tema de la seguridad pública, tal vez guiada por la fantasía infantil de que la ascensión al consumo y la reducción de la miseria tendrían como consecuencia directa la reducción de la criminalidad.

Los grupos conservadores, como el PSDB, o los seguidores del discurso del ex alcalde y ex gobernador de São Paulo Paulo Maluf de “ROTA [Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar] en la calle” tratan seguridad pública como si el mero endurecimiento punitivo fuese a acabar con la violencia. Ambas visiones son estrechas, irresponsables, poco consecuentes con la realidad e ineficaces en extremo.

Este es el escenario. Entre incompetencias y silencios conniventes las matemáticas terribles continúan.