Te drogas. Cada mañana. Cada día. Varias veces. Le introduces a tu cuerpo sustancias tóxicas y cancerígenas. El Estado lo permite y tu lo toleras. Te lo venden en todos lados, está ahí, al alcance de la mano. Es más, hasta pagas por ello. Es parte de nuestro cotidiano, nos ayuda a poder terminar una jornada laboral y nos hace poder trabajar sin sueño, sin dolor de cabeza. Nos  ayuda a socializar y a desinhibirnos.

Somos una sociedad viciada y drogadicta; y muchas de las drogas que utilizamos diariamente son legales y están socialmente aceptadas.

Según datos del Ministerio de Salud de Brasil, 40.692 personas fallecieron entre 2006 y 2010 por el uso de drogas. De ese total, 34.573 (84,9%) murieron por abuso de alcohol y 4625 (11,3%), del cigarrillo, dos sustancias que son lícitas y que se comercializan de forma legal.

Ahora, si hablamos de fumarse un  cigarrillo de marihuana, las cosas cambian radicalmente.

El proyecto del diputado Jean Wyllys, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), de descriminalizar la portación de marihuana para uso personal y el libre cultivo está generando un necesario debate en un país en el que la  guerra contra las drogas se carga vidas inocentes.

Faltan apenas 300 días para el inicio de los ansiados Juegos Olímpicos de Río 2016 y las autoridades de la ciudad más fotogénica de Brasil, al igual que ya lo hicieron en el Mundial de 2014, ultiman sus preparativos en materia de seguridad.

Y es que, a pesar de que Río de Janeiro no se encuentra entre las ciudades más peligrosas de Brasil, su tasa de homicidios es de 28,3  por cada 100.000 habitantes, es decir, casi tres veces más alta a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El narcotráfico y su dominio de grandes áreas de la ciudad suponen el gran problema de Río y el foco de la mayor parte de la violencia.

A pesar de los esfuerzos de José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, de instaurar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los suburbios de la ciudad, lo cierto es que los territorios históricos del narcotráfico, como la favela Rocinha y el Complexo do Alemão, continúan controlados en gran medida por comandos de narcotraficantes. 

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Marino Beltrame, durante una visita al morro do Vidigal. Fotografía: Maíra Coelho – 15.nov.2011/Agência O Dia.

El enquistamiento de la violencia en estos lugares ha provocado que el discurso de crear una “policía de proximidad”, y con ello reconstruir la confianza entre los habitantes de los suburbios y los agentes de la Policía Militar (PM), haya desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Beltrame firmó la resolución 901 que autoriza el uso de pasamontañas para ocultar los rostros de los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acciones con Perros (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque durante sus operaciones policiales. 

En pocas palabras, en la futura sede olímpica se vuelve así a garantizar, después de 20 años de prohibición, el anonimato de sus agentes al permitir que sus rostros puedan ser cubiertos durante las a menudo sangrientas operaciones que se realizan en las favelas.

Una medida incomprensible teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de la PM de la ciudad y el reconocimiento, el pasado 31 de agosto, de la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esa misma policía ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, el 16% de los homicidios ocurridos en  Río de Janeiro entre 2010 y 2013 se produjeron a manos de los agentes de la PM, es decir, 1275 fallecidos de los que el 99,5% eran hombres, el 79% era de raza negra y el 75% tenía entre 15 y 29 años.

Vinicius y Tom, las mascotas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fotografía: Celso Pupo /Fotoarena/Fotoarena/Folhapress.

De hecho, el nivel de violencia practicado por la PM en la futura sede olímpica dejó dos  muertos por día en la última década con un total de 8466 personas fallecidas desde 2005. 

Por si fuera poco, de los 220 casos de homicidio cometidos por policías en 2011, el 80% continúa sin haber sido esclarecido en 2015, mientras que solamente 1 de las denuncias llegó a ser aceptada por el Ministerio Público.

Se trata de unas cifras escalofriantes que dan testimonio del nivel de impunidad al que están acostumbrados los agentes de seguridad cada vez que aprietan el gatillo.

En declaraciones a este cronista, Viviane Ribeiro, editora del diario comunitario “Jornal Alemão Notícias” y vecina del Complexo do Alemão, explicó que la vuelta de los pasamontañas se relacionaría directamente con una maniobra de intimidación de las autoridades de la ciudad de cara a las Olimpíadas del próximo año. 

En su opinión, los pasamontañas son para los habitantes de las favelas “símbolos del exterminio” y de “la muerte deliberada sin autor ni castigo”, y acusó al gobierno del estado de Río de Janeiro de actuar con el único interés de “mostrar al mundo y al turista que venga en 2016 que todo es perfecto mientras que la policía actúa contra los derechos de los ciudadanos más pobres a sangre y fuego”.

Habitantes del Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, protestan por la muerte de un niño de 10 años a manos de la Policía Militar. Fotografía: Fabio Brisolla/Folhapress.

No obstante, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, considerado uno de los grandes especialistas en la ciudad en materia de seguridad y en el programa de las UPP, relativizó la posible relación entre la medida y la proximidad de los Juegos Olímpicos. 

“No creo que la medida guarde relación alguna con la proximidad de un evento de estas características, es más, creo que la medida no tendría ningún tipo de efecto disuasorio en caso de ser aplicada”, aclaró el español, quien calificó de “innecesaria” la medida al no existir antecedentes de amenaza terrorista en Brasil, aunque observó con preocupación  la ausencia de distintivos en los uniformes de la PM que permitan la identificación de los agentes.

Sea una provocación, una medida de precaución o simplemente un mensaje de que la “mano dura” estará de vuelta en Río 2016, lo cierto es que la evidente falta de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en una ciudad que se dispone a celebrar los  Juegos Olímpicos, resulta preocupante.

Solamente el tiempo dirá si, al igual que ocurrió en 1995, las autoridades de Río acabarán por darse cuenta de que tapar el rostro de sus agentes de policía no es la mejor manera de promover la convivencia en una ciudad dividida en dos mitades que, al día de hoy, continúan irreconciliables.

Hace exactamente 11 meses, los miles de hombres de la Fuerza de Pacificación de la Policía Militar de Río de Janeiro, apoyados por medios aéreos y terrestres del Ejército de Brasil, ocuparon  las 16 favelas que conforman del Complexo da Maré, en la zona norte de Río.

El despliegue fue aparatoso y no les hizo falta disparar un solo tiro. Satisfechos, el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, y el por entonces gobernador, Sergio Cabral, calificaron la operación como un éxito y auguraron que pronto se instalarían allí las correspondientes Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

Pero la realidad es que la operación no fue un éxito, tampoco hubo UPPs, ni nada que se le parezca. Los disparos de los fusiles 762 del Ejército brasileño, que por aquel entonces no pudieron ser recogidos por las varias docenas de reporteros que acompañaron la ocupación, han ido desangrando poco a poco la vida de los 130.000 habitantes del Complexo da Maré.

El pasado 12 de febrero, una furgoneta con cinco jóvenes que regresaban de una fiesta fue masacrada por disparos de los militares en la favela Salsa e Merengue. Uno de ellos perdió su pierna. Tan solo una semana después, un obrero fue abatido tras ser “confundido con  un traficante”, como declararon los militares, mientras trabajaba en una reparación en la Vila do João.

Policías intentan contener una protesta cerca del Complexo da Maré, en Río de Janeiro. Fotografía: Mauricio Fidalgo/Reuters.

Menos de 24 horas después, otra “combi” repleta de viajeros que hacían la línea Maré- Bonsucesso fue ametrallada en la Vila do Pinheiro. ¿El motivo? El conductor no tenía licencia para  transportar personas  y quiso saltarse un control del Ejército.

Indignados, hartos por tantos heridos y muertes absurdas, unos 300 habitantes de la Maré quisieron exponer su malestar con una protesta pacífica el pasado 23 de febrero. Nuevamente, la policía y los militares desconfiaron de los manifestantes y decidieron disolver la incómoda protesta por la fuerza. Dos menores murieron y tres personas resultaron heridas.

Sus muertes apenas causaron conmoción en la prensa local, que aquellos días andaba pendiente de la visita del Comité Olímpico Internacional (COI) a las instalaciones de los futuros Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Los centenares de habitantes del Complexo da Maré  que escapaban de los gases lacrimógenos y de las balas de la Policía Militar  aquella noche, probablemente no lo sabían, pero su destino había sido decidido entre sonrisas y apretones de mano unas horas antes.

El secretario del Ministerio de Deportes, Ricardo Leyser, anunciaba aquel día que el gobierno federal usará las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad en Río 2016.

En la práctica, la decisión supuso que los 2700 militares que cada día supervisan la vida de los habitantes de la Maré, amplíen su presencia en la zona por otros 18 meses. A un coste de 593.000 dólares por día, los contribuyentes brasileños pagarán  319 millones de dólares para que sus vecinos de la zona norte vivan en un contexto más propio de Irak o de Palestina.

Soldados refuerzan la seguridad en el Complexo da Maré después de un día de un inteso intercambio de disparos entre traficantes locales. Fotografía: Alex Ribeiro/Folhapress.

Los blindados y la artillería pesada se han convertido en parte del paisaje de las 16 favelas de la Maré, cuyo único pecado es haber sido construidas entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim y el centro de la “cidade maravilhosa”.

Un lugar estratégico que una valla de tres metros de altura, situada alrededor de los 10 kilómetros cuadrados que ocupa, no ha sido capaz de esconder de la mirada de los turistas que pasan por la Linha Vermelha camino de las playas de postal de la zona sur.

Puede que el yugo de las tres facciones de narcotraficantes (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) que allí se daban cita, y que todavía mantienen su influencia a pesar de la ocupación, debía ser erradicado.

Pero casi un año después la ocupación militar se ha revelado como un fracaso, denunciado además por innumerables asociaciones de Derechos Humanos.

Así lo hizo Amnistía Internacional a través de un comunicado oficial en el que afirmó que  las Fuerzas Armadas “no poseen el entrenamiento adecuado” o las habilidades de “diálogo con organizaciones de la sociedad civil o poblaciones de las favelas”.

Además, la respetada organización expuso que “la lucha contra el narcotráfico no puede llevar a una criminalización de la comunidad, especialmente de los más jóvenes”. Unos argumentos a los que los dirigentes del COI no han querido prestar atención.

Un hombre posa frente a un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas, durante la ocupación del Complexo da Maré, en abril de 2013. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Es la triste realidad de los miles de cariocas que no cuentan con un lugar dentro de los ambiciosos planes de Río 2016.

Empujados a los márgenes de la ciudad e ignorados durante décadas por los gobiernos locales, viven la opresión de una ocupación militar con el pretexto de protegerles de un yugo, el del narcotráfico, al que esos mismos gobiernos dejaron hacerse amos y señores de aquellos que poco importaban.

Faltan 18 meses para el mayor evento deportivo jamás vivido en Río de Janeiro y nada ni nadie deberá arruinar la fiesta. Los intereses puestos en un espectáculo que le ha costado a la ciudad 13.000 millones de dólares valen más que los derechos de unos cuantos “favelados”.

Al igual que ocurrió en 2013 durante la Copa de las Confederaciones o en 2014 durante el Mundial, el Ejército brasileño se sumará a la fiesta del silencio, la de las manifestaciones pacíficas disueltas a golpes, gases lacrimógenos y disparos de los que matan.

Pero en la Maré no se resignan a vivir oprimidos por el silencio. Es imposible saberlo, pero es posible que la próxima “primavera brasileña” comience entre la mayoría silenciosa que todavía no ha alzado su voz en Río de Janeiro.

Esther (prof.esther.solano@gmail.com) es española, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo y miembro del Fórum de Seguridad Pública.

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El domingo fui al cine a ver el documental “A quemarropa”, de la directora Theresa Jessouroun. Confieso que entré en la sala expectante, entre angustiada y ansiosa. Sabía que la obra trataba de las matanzas perpetuadas por la Policía Militar de Río de Janeiro contra la población de la periferia.

Un tema, como mínimo, duro, espinoso para la gran pantalla, donde la crudeza de lo cotidiano se muestra sin tapujos y se impone sin piedad.

Por otro lado, recién estrenado el documental, ya no estaba exento de polémicas.Fue exhibido para un grupo se cadetes de la Academia de Policía Militar Don João VI, en Río, donde, por orden del comando, los periodistas presentes fueron invitados a retirarse.

Una muestra más de la dificultad inmensa de debatir sobre seguridad pública, sobre policía y letalidad en un país donde los policías matan mucho y mueren no menos.

Mi agonía tomó forma ya en las primeras escenas. Una película durísima, porque refleja la bárbara realidad de agentes del Estado que, en vez de proteger, matan. Agentes que matan, que utilizan el asesinato como herramienta de trabajo, que matan por venganza, por rutina, por corrupción, por “limpieza”.

En fin, que matan diariamente desde la jornada escabrosa de la favela de Vigário Geral,en 1993, con los cadáveres de 21 personas hasta los episodios del conjunto de favelas del Complexo do Alemão en 2007, esta vez con 19 personas asesinadas.

Tantos años de intervalo y una historia tan pavorosamente repetida demilicias, tráfico de drogas, armas ilegales, corrupción… “A quemarropa” muestra que el agujero es realmente profundo y que las miserias causadas como  resultado del mismo son atroces. La deshumanización parece total.

Salí del cine abatida, con una pregunta que no dejaba de rondarme la cabeza: cuando la policía mata, ¿quién aprieta el gatillo? Si la policía mata es porque existe una orden política tal vez directa, tal vez indirecta o como mínimo una connivencia o un silencio afirmativo.

Si la policía mata es porque la Justicia no cumple su papel como debería y deja a los asesinos en una impunidad escandalosa. Si la policía mata es porque la sociedad aprueba y aplaude el famoso y siniestro discurso de bandido bueno es bandido muerto.

Si la policía mata ¿no lo hace protegida, auspiciada, arropada por los discursos de odio de personajes públicos como el presentador José Luiz Datena, la periodista Raquel Sheherezade, el diputado Jair Bolsonaro o el coronel Telhada y demás personajes que predican la política de la bala?

La policía es un instrumento de poder que, cuando mata, no lo hace de forma autónoma, sino con el beneplácito de muchos y el silencio de otros. Son muchos los que aprietan el gatillo cuando la policía mata.

El escritor austriaco Stefan Zweig murió por amor a Brasil, literalmente, en un suicidio que fue precedido por la explicación más bella que he leído jamás de lo que significa la identidad brasileña, y que sólo podía concluir en un final desgarrado, que intensificase la marcha obligada de la “tierra del futuro”, una marcha prematura, de abandono, que encajase con los principios románticos.

Murió en la zona serrana de Petrópolis, antigua residencia de los reyes portugueses, en el interior del estado de Río de Janeiro. Decía, apasionado por esta tierra exuberante, que  Brasil curiosamente simulaba a un arpa en el mapa, semejante descripción introducía una serie de sentidos que al país le son dados, y entrelazados, en su imaginario social.

La “tierra de los papagayos”, aquella inigualable en abundancia de su flora y fauna, que lo tiene todo al mismo tiempo, sierra, litoral, pampa, selva, cuenca de ríos, y que es fértil en casi todas sus partes, con un clima que transita del tropical, subtropical y hasta lo templado, donde se alimentan los ríos más grandes del mundo, y el patrimonio atraviesa de una frontera a la otra, desde la Amazonia hasta la triple frontera natural con Argentina y Paraguay, en la caída del río Iguazú.

Ilustración: Alberto Costa

Se yergue la favela en medio de este escenario para votar en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, con los ojos todavía puestos en la mesa sin mantel, en el plato vacío, en la falta de saneamiento básico, de escolaridad para los más pequeños, de analfabetismo para los más viejos, de salud para todos, y ante penitas y alegrías se entiende por qué la pauta política todavía es prehistórica en la cuestión ambiental.

Como los ríos, descienden del morro los votantes de la favela, familias enteras para votar en los colegios municipales. Llegó el domingo 26 de octubre, nuevamente día de votación

Las elecciones se expresan con la misma estrategia publicitaria que el Mundial de fútbol: pegatinas, globos, camisetas… los rostros sonrientes de la presidenta Dilma Roussef (PT) y del candidato opositor Aécio Neves (PSDB) invaden las calles, y las “aficiones”  rasgan en dos a la población: los estados de un Norte pobre y negro, de un Sur desarrollado y blanco; dividen al campesino del latifundista; al vendedor de churros de su patrón; al pescador artesanal de los gestores de las piscifactorías.

Los intereses están rasgados, divididos, ganando el PT más de un 80% de los votos en algunas de las áreas más subdesarrolladas del país, y llegando a perder en los estados del Sur.

No obstante, se palpa un agrio sentimiento, el de un voto que no es sincero, un voto sólo ejercido en la favela como autodefensa, que apoya los avances sociales, pero que legitima la corrupción estructural en todas las fuerzas políticas. Una elección confusa e impotente ante la falta de alternativas y de ilusión. Un voto que refleja el miedo de la favela a ser olvidada por las políticas sociales.

A la entrada del colegio se mezclan en armonía conversaciones del cotidiano con las del acontecimiento del momento: “…La favela puede sumirse en el olvido, sin registros…”, “…yo ya no compro tomates a ese precio…”, “…la ciudad puede perder la memoria…”, “…dará a luz en poco tiempo…”, “…la favela nunca habrá existido…”.

Observo a la salida del colegio a una señora de mediana edad que vende verduras en el mercadillo que da entrada a la inmensa favela de la Rocinha. Le lloran los ojos, está cortando cebollas. El análisis se queda empobrecido, pues no sabría decir si llora por la situación del país, por la muerte del pedrero Amarildo en manos de las Unidades de Policía Pacificadora en 2013, por los nervios ante las elecciones, o por los efectos de una cebolla, que en cada capa representa las etapas que todavía deben atravesarse en esta tierra.

La capa de la pobreza va saliendo, todavía provoca lágrimas, tal vez algún día se llegue al corazón de la cebolla, y se pueda mirar alrededor, y observar y enorgullecerse de la belleza del Brasil.

Entonces todos pedirán su defensa, y crearán una pauta socio-ambiental sólida, defensora de las demarcaciones de reservas indígenas, del fortalecimiento de las reservas de extracción sostenible, de la fiscalización de la tala de la región Amazónica, de la producción eficaz e independiente de los Estudios de Impacto Ambiental, de la anteposición de la biodiversidad y de los grupos minoritarios ante la explotación de recursos naturales, como son el caso de las hidroeléctricas,  y otras formas de combate al crimen ambiental,  pues la naturaleza se fusiona en la propia identidad brasileña.

La favela recuerda con su voto que habrá que atravesar  primero otras capas de la cebolla, las de una extrema desigualdad de clases, capas que al mirarlas todavía nos hacen llorar, aunque se torna urgente afrontar la descuidada cuestión ambiental, y recordar, por el bien de la preservación de la  identidad brasileña, que los papagayos llegaron al Brasil mucho antes que los partidos políticos.

Seguramente no descubrirán nada nuevo si les digo que internet está saturada de imágenes espeluznantes. Desde atracos, tiroteos o torturas, hasta  decapitaciones de periodistas por señores con acento “raro” que parecen ser el nuevo “trending topic” de las redes sociales. Imágenes de pesadilla con comentarios que muchas veces solo aportan más miseria a un acto de barbarie.

Dentro de esta maraña de información, coexisten caóticamente las opiniones de personajes anónimos en Twitter o Facebook, los blogs de personas ligadas, o no, a la profesión del periodismo y las grandes páginas web de los medios de comunicación tradicionales que intentan abrirse paso en medio de este territorio sin ley.

En muchas ocasiones, el único límite a lo que en estos espacios se publica es la propia moral del autor o la línea editorial de la publicación, algo que “per se” tampoco es ninguna garantía.

Por si la labor de informar no fuera lo suficientemente difícil, tratar el problema del narcotráfico en Brasil desde un punto de vista “insider”, y sin salirse del guión, es poco menos que una misión imposible.

Solamente este problema causó, directa o indirectamente, cerca de la mitad de los 56.336 asesinatos que se registraron el año pasado en el país según el Mapa de la Violencia 2014 . Una cifra de proporciones bélicas que los candidatos a la presidencia de Brasil apenas han mencionado durante toda la campaña electoral.

Es aquí, en el ambiguo margen entre periodismo y “fofoca” (chisme, cotilleo, en portugués), donde páginas como “Paz no Rio – A cidade vista com outros olhos” (“Paz en Río- La ciudad vista con otros ojos”) lanzan una mirada poco convencional y muchas veces en el límite mismo del buen gusto.

“Soy un ciudadano común interesado en las facciones criminales de Río de Janeiro”, afirma desde el otro lado del chat de Facebook su creador, que prefirió mantener su identidad en el anonimato. Con más de 19.000 likes en seis meses, la página se ha convertido en un referente de todo lo que ocurre en los rincones más olvidados de la “cidade maravilhosa”.

Este carioca que confiesa no tener formación periodística, pero que se reivindica como medio de información independiente, ya estuvo por detrás del proyecto “Tráfico do Rio”, censurado por presentar un contenido de apología al narcotráfico aunque para el autor eso “jamás ocurrió”.

Traficantes de la facción Amigo dos Amigos, que dominan el morro de la Pedreira, en la zona norte de Río, ostentan en las redes sociales su poderío bélico. Fotografía: Divulgación/Policía Civil.

“Paz no Rio no anda con rodeos, no está del lado de los criminales ni del gobierno. En la página solo se publican verdades, le duela a quien duela, como debería de ser siempre”, afirma.

Como él mismo admite, las informaciones publicadas en su nuevo proyecto ya le han causado más de un problema .

“Días atrás publiqué el vídeo de un joven que entró en una comunidad recién invadida por la facción Amigos de los Amigos (ADA) pensando que todavía estaba bajo control del Comando Vermelho (CV). Fue capturado por los rivales que le golpearon, acuchillaron y según las informaciones, asesinado y descuartizado. El vídeo tuvo récord de likes y comentarios”, cuenta el internauta.

Para él, las imágenes “son muy fuertes” pero “la realidad necesita ser mostrada aunque corte la respiración ver aquello”. Finalmente, debido a las críticas recibidas por exponer un asesinato, con el agravante de haber sido filmado por uno de sus ejecutores, optó por eliminarlo.

“Después de unos días decidí retirarlo para evitar problemas. No es la primera vez que soy censurado”, reconoce sin querer señalar quién censuró su publicación.

Al igual que otras publicaciones, como el blog “Crimes News”, que cuenta con una estructura similar y cuyas informaciones muchas veces se solapan, los vídeos mostrados no contienen ningún tipo de censura y son enviados por los propios traficantes o sus allegados.

Los comentarios de la página son una clara muestra de ello. Muchos afirman ser habitantes de las comunidades en las que ocurren las atrocidades y aportan detalles de lo más macabro con total tranquilidad.

“Nunca recibí ningún tipo de amenaza. Hago mi trabajo tranquilo y con la conciencia limpia. Sin ningún temor”, insiste. Llegado  este punto, es cuando los profesionales de la información debemos plantearnos dónde está el límite.

Lucas Jorge Silva de Araujo, de 18 años, conocido como Shrek, subió fotos a una red social portando armamento pesado; luego fue detenido por la Policía Militar. Fotografía: Reproducción/TV Globo.

Si bien la página expone contenidos que deberían ser censurados, e incluso condenados: en el caso anterior, se trata de  la prueba de un crimen filmada por el asesino -o al menos por uno de ellos- que aún no ha sido juzgado, por lo que debería estar fuera del aire y siendo investigado por la policía, no es menos cierto que la labor de personas desinteresadas a través de estos medios poco ortodoxos resulta valiosa incluso para la propia policía.

El autor de “Paz no Rio” señala: “Los grandes medios hacen una cobertura superficial del tema. Los traficantes que llenan las páginas policiales no son nada más que un grano de arena en el desierto”.

A riesgo de convertirse en auténticos escaparates de las excentricidades del narcotráfico, estas webs continúan registrando récords de visitas. Admirados y temidos al mismo tiempo, muchos traficantes alardean de sus crímenes con total impunidad , sabiendo que las imágenes llegarán a más personas.

Con traficantes como “Menor P”, “Peixe” o “Playboy”, por el que ya se ofrecen 20.000 reales de recompensa, al ranking de “celebrities” de estas páginas no les faltará materia prima. A golpe de “likes” y comentarios, la fama de estos personajes crece aunque también lo hace el conocimiento sobre sus atrocidades.

La verdad “pura y dura”, que el autor de “Paz no Rio” dice comunicar, es una auténtica arma de doble filo si no se le administran los correspondientes filtros.

En el escaparate del “todo vale” de internet, la opinión, la información y la fantasía muchas veces son una misma cosa. Esa es precisamente la labor del periodismo, el criterio a la hora de informar por encima de las buenas intenciones o los intereses personales.

Gabriel Bayarri es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF). En una serie de textos quincenales, abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Río, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia en las comunidades.

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Era la década de 1960 cuando en Estados Unidos el surgimiento de reivindicaciones de derechos civiles de los homosexuales, de grupos minoritarios, demandas de corte racial y la oposición a la Guerra de Vietnam provocaron la emergencia de una oposición al carácter represivo  de la policía ante grupos excluidos.

En el interior de los guetos, criminalizados todos ellos por ser grupos “desviados” respecto de los patrones considerados “normales”, se engendró entonces el inicio de una “policía comunitaria”, más implicada con todos los grupos sociales, interactiva y preventiva de los conflictos.

El modelo de la “policía comunitaria” americana se exportó internacionalmente y Brasil trató de adaptarlo a su realidad local. Los programas anteriores a las actuales Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), que datan de 2007, fueron el Grupo de Aplicación Práctico Escolar (GAPE), en 1990, y los Grupos de Policía en Áreas Especiales (GPAEs), en 1999, completamente nuevos para la Policía Militar brasileña y que no tuvieron continuidad.   

Entre sus características, el modelo de policía comunitaria se fundamenta en el principio de la prevención de conflictos para mantener la “harmonía”, el orden social, creyendo que el desorden urbano perjudica la integración de la comunidad en los espacios públicos locales.

Un grupo de la Policía Militar conversa en la UPP de la favela Rocinha, en Río de Janeiro. Fotografía: Rony Maltz/Folhapress.

En este modelo de seguridad, todos los vecinos de las favelas “pacificadas” se transforman en potenciales criminales y todo pequeño delito es potencialmente un atentado contra la calidad de vida, pues engendra un posible surgimiento del desorden.

No existe en esta cultura de control y prevención del crimen la figura del “ex criminal”. Una vez cometido el crimen se establece una frontera a través del estigma, que detecta al criminal provocador del desorden, en la que no se considera la reinserción entre los miembros “normales” de la comunidad, sino que el estigma caracteriza deliberadamente a los pequeños carteristas, que el modelo de prevención del desorden convierte en potenciales asesinos o ladrones de bancos, posicionándolos como el origen-raíz de las carencias en las favelas.  

No existe el crimen sin víctima, por lo que se formaliza la idea de la “víctima colectiva”, así como la barrera entre “nosotros” (los inocentes) y “ellos” (los peligrosos). Lo que viene a admitir este sistema clasificatorio es que el desvío ante el comportamiento normalizado impide al estigmatizado convertirse en un auténtico ciudadano.

Ante la prevención del desorden, la lógica de la Policía Militar entiende a los criminales como sujetos racionales capaces de tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento de las leyes, que saben de las consecuencias de sus actos y que tienen otra serie de conocimientos teóricamente asimilados, que otorgan al criminal capacidad de elección en sus actos.

Esta lógica, empleada por la corporación militar, presupone que el niño adicto al pegamento lo es por elección personal, que el guardia de la “boca de fumo” lo es por elección personal, que el contrabando de fusiles de fabricación extranjera es una elección personal, así como la prostitución.

Vista desde la UPP de la favela Complexo do Alemão, en Río. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Por lo tanto, por haber “elegido mal” merecen una punición fundamentada en argumentos y valores moralistas, pero que no presupone en la base de su arquitectura la construcción de un sistema de garantías sociales.

Cabe destacar que el modelo de la policía comunitaria, aplicado en la política de seguridad de Río de Janeiro, ha sido criticado por la estrategia implícita de control social que en él se visualiza. La construcción del orden público potencia el control de la vida local. 

Sin defender el desorden como modelo organizativo en las favelas cariocas, cabe reflexionar sobre las consecuencias que se obtienen a través de estas técnicas de imposición de un orden que se basa en normas morales concretas y en la criminalización como modelo de prevención del desorden. 

Un vecindario compuesto por personas previsibles, que atraviesan el morro en fila ordenada, que piden permiso para realizar cualquier clase de evento, que no están paradas sin hacer nada, que cumplen patrones estéticos característicos del “asfalto”: éste sería el modelo deseado de prevención del desorden por la organización militar. 

DE RÍO DE JANEIRO

Gabriel Bayarri es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF). En una serie de textos quincenales abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Río, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia en las comunidades.

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En la favela se concentran y reproducen las voces de cualquier pueblo oprimido. En todas las dictaduras se escuchan en susurros, y a  cuatro vientos, palabras como “opresión”, “libertad”, “pueblo” o “esperanza”.

Procesos dentro de los métodos infames del tribunal de la dictadura militar brasileña, normalizados durante su período (1964-1985), son reproducidos por las instituciones heredadas. Tribunales monstruosos de una monstruosa dictadura.

Pero extirpar los hábitos de antaño no es sólo arrancar el fantasma de sus prácticas policiales, sino eliminarlo de entre los moradores de las áreas carentes, acostumbrados a digerir los abusos, que los aleja del sueño de convertirse en auténticos ciudadanos.

Viéndome intrigado por sus historias, los vecinos recurren a recuerdos frescos. Sentada en un banquito, la señora Maite, vendedora de zumos, susurra bajo. Tan delgada, de una delgadez impresionante, chupada, la cara fina, las manos arrugadas y nerviosas, aquellas manos que hablan junto a los ojos, pero abandonados de la lengua y de la palabra, cuya libertad de expresión se vio limitada por los regímenes dictatoriales de la milicia y del tráfico.

Ilustración: Alberto Costa

Conocía todo de su favela y de su pueblo, todo lo que era auténtico, desde el océano que se vislumbraba desde el pico, los poemas ofrecidos para Iemanjá, patrona de marineros, navegantes y pescadores, los poemas de los poetas locales, aquellos que plasmaron sus frases en la cal de los muros del morro, que recordaron la utopía de los derechos humanos, y fueron reducidos por las fuerzas paralelas.

Conocía desde las historias heroicas de sus vecinos, torturados por ambas partes, hasta la locura y la muerte; también  las lindas historias de amor locales, el sabor romántico de las viejas leyendas, del dulce de leche y de su miel . Así sabía la vida en el morro, con el agrio aliño de la pobreza en sus entrañas.

Su susurro estremecía de amor al hablar de los escritores del lugar, juglares divulgadores del arte literario. Pero contradecía esta dulzura una violenta agresividad al recordar la dictadura en el morro, la sumisión de los suyos o el abandono del resto del pueblo brasileño.

La dictadura con elecciones es una peculiaridad de la historia brasileña. Cuentan los moradores de la favela cómo se mantenía durante este período un escenario de ambiente democrático, cómo se examinaban meticulosamente los documentos de identidad, se ponía especial cuidado en colocar los sellos en lugares destinados a tal fin, se calculaba con precisión el porcentaje de habitantes que votaban y las actas pasaban de un funcionario a otro con las correspondientes firmas de acuses de recibo.

Nadie parecía percibir la contradicción existente entre tan concienzuda observancia de minucias y la flagrante desatención a los principios básicos de la democracia.

Ante estos testimonios, que vislumbran fantasmas de un pasado reciente, cabe destacar la dificultad de determinar el tiempo necesario para reafirmar el éxito o fracaso de  las políticas de seguridad, concretamente la de la pacificación de las favelas cariocas (UPPs).

Decía el ex jefe de la policía en Río de Janeiro, Hélio Luz, un controvertido “sherif de izquierdas”, que la policía está estructurada para obtener el control social, manteniendo el orden de la desigualdad y de los privilegios, inhibiendo la actuación de los inconformados.

En casi todas las sociedades democráticas, la investigación criminal y la policía ostensiva son integradas en una misma institución. Por cuestiones históricas y políticas no lo son en Brasil.

No obstante, la implantación de una nueva policía joven que recicle viejos hábitos es fundamental para impregnarse de una nueva cultura de policía comunitaria que entienda al favelado no como un criminal en potencia, sino como un ciudadano que requiere de garantías sociales y de seguridad.

Pero más allá del debate por un modelo democratizado de seguridad pública, la propia interacción con la sociedad se presenta como un mecanismo de control sobre la cuestionada actuación ostensiva de la institución.

Así, parafraseando al doctor Helio: “Lo que hacemos es un remiendo, pues no será la policía la que va a acabar con la violencia”. No será sólo la reforma en las policías la que liberará a la favela de esa humillación, de esa tan larga noche de desgracia, de voces bajas y de alargada y permanente hambre del pueblo.

DE RÍO DE JANEIRO

El debate sobre las drogas toma fuerza en medio mundo y prende en Brasil, que no se resiste al fuego de esta discusión y ve cómo se convierte en cenizas el tabú que hasta hace poco reinaba en la política nacional, con las elecciones del 5 de octubre a la vuelta de la esquina.

A pesar de la variedad de posiciones, el problema es común para toda la sociedad brasileña: una investigación reciente demuestra que el 56% de los asesinatos cometidos en Brasil está ligado directamente al narcotráfico, lo que supone más de 50.000 vidas al año, en su mayoría de jóvenes pobres  entre 15 y 25 años.

Las voces del panorama brasileño que se decantan por la descriminalización del cannabis cada vez hacen más ruido en medio de una parrilla de candidatos que se caracteriza por el conservadurismo.

Luciana Genro, candidata a la presidencia por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) defiende que despenalizar el uso de marihuana es un primer paso para acabar con la batalla contra las drogas, que según ella “se transformó en una guerra a los pobres”.

En la misma línea, el candidato del Partido Comunista Brasileño (PCB), Mauro Iasi, reconoce que “quien acaba sufriendo con la criminalización es la población pobre”. En sintonía con sus compañeros, Eduardo Jorge, del Partido Verde (PV), defiende la legalización de esta sustancia para uso medicinal y recreativo.

No obstante, los tres candidatos más populares prefieren no echar más leña al fuego, por lo que no apoyan esta medida ni abordan el tema de forma directa. El candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y tercero en las encuestas, Aécio Neves, cree en la eficacia de la actual ley sobre drogas y no considera necesario un cambio.

Marina Silva, candidata del Partido Socialista Brasileño (PSB) por sorpresa tras la reciente muerte de Eduardo Campos en un accidente de avión, defendió en las elecciones de 2010 la celebración de un plebiscito para legalizar la marihuana, pero cuatro años más tarde adoptó una postura contraria a esta medida y en línea con las ideas de su conservadora iglesia evangélica, la Asamblea de Dios.

La actual presidenta y candidata a la reelección, Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT), que aún no habló al respecto durante esta campaña electoral, ya se posicionó en contra en ocasiones anteriores alegando que “la sociedad no está preparada para un cambio de ese tipo”, ya que considera que “las drogas se combaten con opciones de ocio y trabajo para los jóvenes”.

Sin embargo, Brasil viene enfrentando un incremento considerable de la producción, comercio y consumo de drogas ilícitas desde hace 50 años, según el último Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas, lo que demuestra la falta de efectividad de la actual política brasileña de drogas apoyada en los pilares de la criminalización y la represión, sin olvidar el polémico aporte de las fuerzas del orden de la policía, responsables de la muerte de 5677 brasileños desde 2007 en Río de Janeiro, uno de los 27 estados del país.

Un drogadicto instantes después de consumir crack (pasta base). Fotografía: José Antonio Bautista.

La violencia urbana, la corrupción y la exclusión social aumentaron como consecuencia de esta guerra contra las drogas, según el citado informe de la ONU. Frente a esta situación, la propuesta alternativa de una nueva política de drogas emerge como una prioridad urgente en el momento más caliente del debate electoral brasileño.

Este contexto llevó a los expertos del Instituto Igarapé a crear la Red Piense Libre, una iniciativa que pretende entablar diálogo con los candidatos electorales para debatir la actual criminalización de las drogas en el gigante sudamericano.

La semana pasada, los especialistas de esta red se reunieron en Río de Janeiro para presentar su propuesta “Por una política de drogas que funcione”, que será enviada al Congreso después de las elecciones.

“El consumo abusivo de drogas debe ser abordado desde la perspectiva de la salud y no desde la criminalización y persecución militarizada”, afirmó Alessandra Fontana Oberling, antropóloga y coordinadora del proyecto, a lo que añadió que “perseguir el tráfico es una opción política, sin embargo, debemos considerar alternativas ya que no hay espacio en las cárceles para todos”.

La actual Ley de Drogas de Brasil, aprobada en 2006, recoge que la prisión no es obligatoria para los usuarios de drogas. Sin embargo, esta legislación carece de parámetros específicos para distinguir entre usuario y traficante, lo que provoca que tanto consumidores, portadores de pequeñas cantidades y grandes traficantes cumplan penas similares.

Según datos del Ministerio de Justicia, el 70% de las personas encarceladas bajo la jurisdicción de la actual ley de drogas eran portadoras de pequeñas cantidades, no portaban armas y no tenían relación con el crimen organizado.

Esta imprecisión legal tiene un “efecto perverso”, según declaró Jeferson Scabio, sociólogo y consultor de la ONG ProMundo, quien además afirmó que “lo que distingue a un consumidor de un traficante frente a un juez es el perfil del acusado (…) las sentencias están atravesadas por la subjetividad del juez que reproduce los diversos prejuicios que hay en la sociedad brasileña al respecto de raza, lugar de residencia o clase social”.

Paradojicamente, desde 2006, año en el que se aprobó dicha ley, el número de presos condenados por tráfico de drogas en Brasil se triplicó, según datos del Departamento Penitenciário (Depen) del Ministerio de Justicia.

“Muchos de los presos bajo pena de traficantes eran simples usuarios o pequeños vendedores de clase baja, lo que refleja que la política de drogas en Brasil es una política de criminalización de la pobreza”, añadió Scabio.

Ante esta situación, el Instituto Igarapé pone sobre la mesa de debate nuevas propuestas de políticas públicas en materia de drogas, entre las que figura aprobar el uso medicinal del cannabis, concienciar desde edades tempranas basándose en la educación en vez del miedo y adoptar penas alternativas a la prisión que fomenten la rehabilitación y la inserción social de los consumidores.

La pasta base es una de las drogas más problemáticas debido a su bajo coste y su alto nivel de adicción. Fotografía: José Antonio Bautista.

“Preferiría morir antes que pasar varios años en una cárcel brasileña”, confesó el propio ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, en 2012. Hoy en día hay más de 711.000 presos en Brasil, la tercera población carcelaria más grande del mundo por detrás de Estados Unidos y China.

Las prisiones brasileñas, consideradas “escuelas del crimen” por muchos, aparecen frecuentemente en portada cuando los presos se rebelan en protesta por las torturas sistemáticas que varias asociaciones de derechos humanos vienen denunciando desde hace años, así como por las condiciones de hacinamiento de una población carcelaria que supera en un 30% la capacidad de los presidios del país.

Amerigo Incalcaterra, representante de la ONU para los derechos humanos en la región, declaró el viernes pasado (29) que Brasil debe revisar su política criminal basada “en el uso excesivo de la privación de libertad como castigo”.

“El Estado (brasileño) oferta muerte como futuro para los jóvenes”, afirmó Miguel Corrêa Lago, politólogo y miembro de la Red Piense Libre. En los últimos 30 años, unos 100.000 jóvenes murieron en Brasil víctimas de acciones policiales de combate al uso y tráfico de drogas, tal y como revela el Mapa de Violencia de 2013, elaborado por el gobierno  brasileño.

Los expertos y políticos de este país también buscan inspiración en Europa y en los países vecinos de América Latina para encontrar soluciones a los problemas relacionados con las drogas.

João Pedro Pádua, abogado del Instituto Igarapé y especialista en materia de drogas,  indicó que tras la despenalización del uso de estupefacientes tanto en Portugal como en el estado norteamericano de Colorado, “no solo el consumo no aumentó, si no que se redujo el índice de crímenes relacionados al tráfico de sustancias ilícitas”.

Otras experiencias más cercanas, como la despenalización del consumo personal de algunas sustancias ilícitas en contextos determinados, como sucede en México, Colombia, Argentina o Chile, o la legalización de la producción y venta de cannabis en Uruguay, son también referencia para esta iniciativa brasileña que persigue “una política de drogas que funcione”, es decir, que consiga reducir la violencia asociada al narcotráfico, alivie la superpoblación de las cárceles y empodere a los ciudadanos para que sean conscientes de los riesgos que conlleva el consumo de drogas.

Gabriel Bayarri (g.bayarritoscano@gmail.com) es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y nos acompañará con una serie de textos cada 15 días en los que abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia dentro de las comunidades.

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A comienzos de abril leí en el diario “El País” que el gobierno de Río de Janeiro soñaba con convertir la ciudad en una “ciudad inteligente”, interconectada, un polo tecnológico de las Américas.

Con destreza con la pluma y la regleta, la administración del gobierno diseñaba en un papel rectangular un mapa de Río de Janeiro para el Mundial 2014 y las Olimpiadas de 2016, un mapa inteligente.

Pero ejecutaba con destreza la pluma sólo por el anverso de la página, sin fijarse en el reverso, pues Río de Janeiro, como una hoja de papel, consiste en un anverso y un reverso, con una figura de un lado y otra del otro, que no pueden despegarse ni mirarse.

El reverso, llámese favela, la ciudad de los pobres, se expandía y empujaba con su tripa a la ciudad anterior, acorralándola contra las cuerdas del mar. Sonrojado ante un mapa sincero, el gobierno estatal inició una relación de amor con la Secretaría de Seguridad y engendraron un feto cuya misión era fusionar anverso y reverso en un cuadro amorfo de Río de Janeiro ante los grandes eventos.

En la favela Santa Marta fue donde se instalaron las primeras Unidades de Policía Pacificadora (UPPs). Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress

El feto tuvo nombre antes de nacer, decidieron llamarlo “Pacificación”, “Paz” para los amigos, “Unidades de Policía Pacificadora” en su identidad formal.

Muchos amigotes de la Secretaría de Seguridad discutieron el nombre: “Programa Calavera” o “Tiro al Traficante”, podrían ser nombres más relacionados con la entrada de los militares en las favelas y su lógica de guerra represiva-punitiva.

Pero el pulso lo ganó la niña Pacificación, que nació entre flores y aplausos, y algunas ráfagas de tiros en la fusión de las dos caras.

Pacificación aprendió a caminar en la favela de Santa Marta, situada en la zona sur de Río de Janeiro. Desde sus primeros pasitos se observó que Pacificación había nacido cojita, y que se tambaleaba al caminar, produciendo un seísmo allá donde iba.

Sin embargo, Pacificación quería correr el maratón con muletas y se apresuró a recorrer 37 favelas de la zona sur de la ciudad, estrechando el cinturón del área noble y sus puntos estratégicos para los grandes eventos.

Muchos doctores del pueblo diagnosticaron que  Pacificación nació prematura, pues no llegó a ser sietemesina, y la dieron a luz con una vocación, la de ser militar. Y aunque se le veía venir, Pacificación hizo un amago de entrada en las favelas y lo hizo sola, sin compañía y con las pocas fuerzas de un sietemesino, al que todavía le falta formarse.

Militares izaron la bandera de Brasil en el Complexo da Maré, a comienzos de este mes. Fotografía: Bruna Fantti/Folhapress

En sus análisis ante el doctor, Pacificación dijo que aunque cojita de servicios sociales, tenía desarrolladas las orejotas y la vista, pudiendo diferenciar a la legua lo blanco de lo negro, y hasta con cierto sentido musical para evidenciar el funk.

En su fiesta de cumpleaños de 2014, Pacificación, que cumplió seis añitos, decidió entrar en el laberinto del entramado de favelas de Maré, de 130.000 habitantes, punto estratégico de los grandes eventos para la conexión entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim y las entrañas de la zona noble de la ciudad. Y lo hizo con 1500 soldados y 21 tanques de la Marina brasileña.

El regalo de cumpleaños fue un tablero de ajedrez: a Pacificación siempre le gustó jugar ese juego, ella ponía las reglas de incursiones, movía sus piezas ante humildes peones negros y aclamaba un jaque mate al tráfico de la favela.

Un anciano, viejo como el miedo, le dijo que las formas del sistema no se destruyen, sino que se transforman, y que el tráfico no había desaparecido, sino que Pacificación sólo había acelerado sus cambios, pues existe un orden invisible que rige las ciudades y las reglas a las que responde el tablero no podrían ser impuestas por Pacificación a la fuerza, sino al surgir una prosperidad y adaptación entre ambas caras del papel.

La retórica de Pacificación fue un berrinche monumental negándolo todo y aseguró que siempre ganaría las partidas. Así, hace unas semanas pudimos ver en la televisión a Pacificación montando a caballo por las favelas que constituyen el Complejo de Maré, como una feria con carruseles y  sus ponis, aunque en un tono de agresiva Cruzada.

La Policía Militar circula a caballo en la Vila dos Pinheiros, en el Complexo da Maré, en Río de Janeiro. Fotografía: Diana Brito/Folhapress

Con esto no quiero decir que Pacificación sea mala persona, le ocurre que sufre del mismo síndrome de inferioridad que tenía Pinocho, el niño de madera que quería “ser un niño de verdad”, pues Pacificación quiere ser “un programa social de verdad”.

Y no se trata de acabar con la joven Pacificación, que ya cobró vida, sino de darle tratamientos, estructura de base, darle educación y saneamiento básico para que Pacificación no caiga en una enfermedad crónica y alcance un punto de inflexión melancólico, de corrupción y mentira estructural, creciéndole la nariz.

Será indispensable una receta de tratamientos paralelos que fortalezcan las relaciones de respeto a los derechos individuales y colectivos para que Pacificación, aunque coja de nacimiento, tenga un alma de programa social de verdad.