Debajo de un cuadro con la frase “Ahlan-Wa-Sahlan”, que significa “bienvenido” en árabe, dos jóvenes musulmanes se entretienen chateando con sus teléfonos móviles.

Se trata de una imagen cotidiana que podría parecer la de cualquier locutorio de una ciudad europea, o de Medio Oriente, si no fuese porque ambos jóvenes son refugiados sirios y el lugar en el que se encuentran es una parroquia católica de Río de Janeiro. 

Hace cinco meses, Ahmad Hamada, de 30 años, y su amigo Mohamed Al-Saleh, un palestino nacido en Siria, de 22 años, dejaron el campo de refugiados de Yarmuk, en Siria, un lugar ubicado a pocos kilómetros del palacio del presidente Bashar Al-Assad, donde 12.000 personas se mueren de hambre y enfermedades.

Los dos jóvenes lograron abandonar el campo de refugiados a bordo del coche de unos contrabandistas y por 3000 dólares consiguieron atravesar la frontera del Líbano y embarcar rumbo a Estambul, Turquía.

“Salir del infierno de Yarmuk ya fue una bendición, sin embargo, fue en Turquía donde las cosas se complicaron. En Estambul hay auténticas redes mafiosas que pueden conseguirte un pasaporte falso en menos de 15 días por 350 dólares”, explica Mohamed, quien se niega a dar más detalles sobre los pasaportes falsos que obtuvieron en Turquía o contar cómo hicieron para embarcar en un vuelo hacia Roma, aunque reconoce que, en total, gastaron  5000 dólares para llegar a Europa.

Con un esforzado aunque entendible inglés, Ahmad resume con ayuda de gestos los abusos que los carabinieri italianos les infligieron tras ser detenidos y trasladados a  una comisaría de Roma por portar documentos falsos.

“Ocho policías italianos nos golpearon como a animales y nos dijeron que nos odiaban, jamás pude imaginar tanto racismo en un país tan próximo al nuestro”.

Por suerte para ambos, las autoridades italianas no pudieron retener sus pasaportes sirios, gracias a los cuales, y tras gastar un total de 9000 dólares, consiguieron llegar a Brasil.

Desde que a fines de 2013 el Ministerio de Justicia de Brasil creó una normativa específica para facilitar la concesión de visados a refugiados sirios a través del Comité Nacional de Refugiados (Conare), el gigante sudamericano se ha convertido en el país con más refugiados sirios de América Latina.

En total, 2077 ciudadanos sirios han encontrado a más 10.000 kilómetros de Siria su tierra prometida o al menos un lugar en el que tienen la posibilidad de volver a empezar. 

De hecho, Brasil acoge a más  refugiados sirios que Estados Unidos (1243) o los países europeos del Mediterráneo, como España (1335), Grecia (1275), Italia (1005) o Portugal, que únicamente alberga a 15 refugiados de esta nacionalidad.

Tanto es así que en el discurso del Día de la Independencia de Brasil, el pasado 7 de septiembre, la presidenta Dilma Rousseff declaró que “a pesar de las dificultades que atraviesa el país, Brasil tiene los brazos abiertos para acoger a los refugiados”.

Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Como reconoce el párroco de la parroquia de São João da Lagoa, Álex Coelho Sampaio, donde se encuentran albergados Ahmad y Mohamed, “el gobierno de Brasil ha hecho una gran labor acogiendo a los refugiados sirios, pero una vez que les coloca el sello en el visado se desentiende completamente de sus necesidades más básicas”.

Desde hace 14 meses, y gracias al apoyo de Cáritas y la archidiócesis de Río de Janeiro, su modesta parroquia proporciona alojamiento, comida, tratamiento sanitario y clases de portugués a 16 refugiados, nueve de ellos de  nacionalidad siria.

“Como habéis visto en la entrada, a pesar de ser un templo católico, los musulmanes son recibidos con todo el apoyo que merece un ser humano que ha sufrido”, dice.

Gracias al apoyo de sus feligreses, este párroco ha conseguido convertirse en la única casa de acogida para refugiados en Río de Janeiro.

No obstante, el padre Coelho sabe que la mayoría de los sirios no permanecerá en Brasil después de los tres meses de asistencia gratuita que la Iglesia les concede.

“Para ellos, Europa es la única solución. Cuando salgan de aquí, la mayoría viajará a la ciudad de Fortaleza, desde donde salen vuelos hacia Turquía con escala en Berlín, y será entonces cuando intenten quedarse en Alemania”, comenta.

Ahmad y Mohamed lo tienen claro, Dinamarca o Suecia son su verdadera meta. En cuanto reúnan el dinero suficiente, vendiendo comida árabe en las calles de Río de Janeiro, comprarán sus billetes de avión.

Aunque se resistan a reconocerlo, es muy posible que recurran a los “coyotes”, la mafia que opera en las fronteras de Brasil ayudando a cruzar a ilegales bolivianos o haitianos y que, además, se dedica a suministrar pasaportes falsos a traficantes de armas y drogas a un módico precio.

Como bien decía Mohamed, el infierno de los refugiados muchas veces comienza en cuanto ponen un pie fuera de su país.

Desde el año 2000, en el estado de Goiás, en el Centro-Oeste de Brasil, se han registrado 43 desapariciones forzadas, todas cometidas por agentes del Estado.

Ninguno de los cuerpos ha sido encontrado y todos los casos han quedado impunes. Fue de esta manera que comenzó la audiencia pública sobre violencia policial que tuvo lugar el viernes 31 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, capital de Estados Unidos.

Ante esta reconocida institución internacional, el diputado estatal Mauro Rubem (PT), junto con los defensores públicos federales Bruno Arruda y Adriano Souza Carneiro y con el abogado Allan Hahnemann Ferreira de la asociación Cerrado Asesoramiento Jurídico Popular, denunciaron que en 42 de los 43 casos los perpetradores eran agentes de la policía militar.

Muchos de los desaparecidos tenían antecedentes penales. Así, el Estado lo justifica como  parte de su estrategia de “combate a la criminalidad violenta”.

Los peticionarios destacan el caso del niño Murilo Soares, de 12 años, quién, en abril de 2005, estaba en un auto con el ayudante de obra Paulo Sergio Pereira Rodrigues,  cuando fueron abordados por  policías militares (tropa de élite ROTAM) y llevados a un lugar desconocido.

El automóvil fue encontrado quemado al día siguiente y hasta hoy se desconoce el paradero de ambas víctimas. “Este caso es el único que se había investigado y acaba de ser archivado”, lamenta Hahnemann.

Es más, estos asesinatos se realizan en el marco de intimidación y amenazas. Así, los peticionarios denunciaron que en 2011 el diario local “O Popular” fue amenazado tras la publicación de una serie de reportajes titulado “¿Dónde están?”, que denunciaba que los desaparecidos en democracia superan a los de la dictadura en Goiás.

El año pasado, el diputado Rubem también recibió amenazas por su labor relacionada con estas investigaciones, dijo Hahnemann, en una entrevista exclusiva con esta cronista.

Otra irregularidad que se denunció durante la audiencia fue la contratación sin concurso público de policías militares voluntarios bajo la ley estatal 17.882, que termina por afectar la calidad de la seguridad pública.

Conocidos como los policiales de “calça curta” o de “pantalones cortos”, ejercen sin la preparación adecuada y con una alta rotación. La inconstitucionalidad de esta ley está siendo actualmente considerada por la Corte Suprema de Brasil, tras una acción interpuesta por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot.

Pero el excesivo uso de la fuerza por parte del orden público no es exclusivo de Goiás. Según un estudio publicado este lunes (10) por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, entre 2009 y 2013, un promedio de seis personas murieron por día a raíz de la violencia policial en Brasil.

Sólo en Río de Janeiro, en el primer trimestre de 2014, hubo 153 “autos de resistencia”, o muertes a manos de la policía. De hecho, junto con los estados de Mato Grosso, São Paulo y Santa Catarina, Río es el único estado que divulga estas cifras.

Pero expertos en derechos humanos concuerdan en que la figura de “auto de resistencia” sirve para maquillar las cifras de ejecuciones por parte de la policía, basándose automáticamente en el supuesto de que hubo una resistencia o un enfrentamiento entre la policía y el civil.

Así, según una resolución del gobierno de Brasil de diciembre de 2012, el término de “auto de resistencia” ya no debería existir. Efectivamente, muchas de las muertes a manos de policías son en realidad ejecuciones y no muertes como resultado de un enfrentamiento.

Mientras tanto, en 2011, el gobierno de Goiás decretó la creación de una Comisión de Defensa de la Ciudadanía, integrada por agentes policiales,  miembros del Ministerio Público, del Poder Legislativo y de la sociedad civil.

Dicha comisión, presidida por el diputado Rubem, emitió un informe  detallado llamado Inseguridad Pública en Goiás: Anacronismo y Caos, en agosto de 2012, en donde ya registraba 36 desapariciones. Siete más han sido notificadas desde entonces.

Brasil ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Ahora, tras largos debates en el Congreso, queda por ver si Brasil optará por tipificar el crimen de desaparición forzada, algo que, según indica el defensor público Adrian Souza “es esencial para este proceso”.

Pero el debate es complejo, y no todos están de acuerdo sobre sus implicancias.

A principios de septiembre una noticia le aguó el desayuno al embajador marroquí en Brasil y posiblemente al propio Mohamed VI, rey de Marruecos: todos los partidos de la Cámara de los Diputados de Brasil, incluido el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), pidieron a la presidenta Dilma Rousseff que reconozca a la República Saharaui, el último territorio africano pendiente de descolonización, actualmente ocupado por Marruecos de forma ilegal, según las Naciones Unidas.

La relevancia de este hecho reside en que África es un punto estratégico de las relaciones exteriores de Brasil, país que ya cuenta con más embajadas en ese continente que el Reino Unido.

Desde hace 39 años el conflicto del Sáhara Occidental, tan desconocido como decisivo, mantiene a los países del Magreb divididos y hace que Marruecos sea el único país africano que no pertenece a la Unión Africana.

Según ACNUR, más de 200.000 saharauis, ciudadanos españoles hasta 1975, sobreviven en los campos de refugiados de Argelia desde hace 40 años. Fotografía: José Antonio Bautista.

La petición unánime de los diputados brasileños pone entre la espada y la pared al gobierno de Rousseff en plena carrera electoral: si reconoce el estatus diplomático de la República Saharaui, recibirá el beneplácito de los 54 países que componen el continente africano… De todos menos de uno: Marruecos.

Si no lo hace, Brasil evitará un roce diplomático con Marruecos y continuará junto a Chile y Argentina en el pequeño grupo de países de América Latina que no reconocen a la República Saharaui.

Pero, ¿por qué es tan importante para Brasil mantener una buena relación con Marruecos?

La respuesta es sencilla: el Sáhara Occidental alberga las mayores reservas mundiales de fosfatos, ingrediente esencial para la fabricación de fertilizantes agrícolas.

Brasil, donde el sector agrícola representa casi el 6% del PIB, aumentó en un 930,6% sus importaciones de fosfatos procedentes del Sáhara Occidental entre 2003 y 2013, según los datos de la Organización Mundial del Comercio.

El pujante agronegocio brasileño necesita cada vez más fertilizantes y Marruecos controla las minas de fosfatos saharauis, por lo que los diplomáticos brasileños temen que el reconocimiento se traduzca en pérdidas.

“Hay consenso en el Parlamento, lo que se pide es que Brasil establezca relaciones con el Sahara al igual que hizo con Palestina en 2010”, dice Mohamed Zrug, representante del Frente Polisario en Brasil.

El diplomático saharaui explica que “no hay motivos de peso para que Brasil no establezca relaciones” y cita el ejemplo de México, que mantiene una relación cordial con Marruecos al mismo tiempo que reconoce a la República saharaui.

Para Zrug, el reconocimiento es importante porque “presiona a Marruecos hacia la mesa de negociación” para celebrar un referéndum de autodeterminación.

En Brasil, el sector agrícola representa casi el 6% del PIB. Fotografía: Eduardo Knapp/Folhapress.

La antigua colonia española del Sahara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975. Tras 16  años de guerra entre Marruecos y los saharauis, organizados en el Frente Polisario, en 1991 ambas partes llegaron a un acuerdo bajo el paraguas de la ONU para negociar un referéndum de autodeterminación en el que se decidiría el futuro del territorio.

Desde entonces, las autoridades marroquíes han puesto trabas para impedir esta votación, a pesar de que el propio Consejo de Seguridad mantiene a más de 500 efectivos sobre el terreno para organizar el referéndum.

Los diputados brasileños también pidieron a Rousseff que el gobierno brasileño se sume a los países que piden que la ONU observe la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

Desde hace varios años, organizaciones de la talla de Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian la “sistemática violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental por parte de las autoridades marroquíes”.

“La presión es muy fuerte por parte de Marruecos”, declara Alfredo Sirkis, diputado en la bancada socialista y promotor de esta petición parlamentaria.

Sirkis explica que el gobierno brasileño nunca se pronunció acerca de la violación de derechos humanos en el territorio y añade que “Brasil debería dar el reconocimiento porque es justo, independientemente de lo que hagan otros países”.

Los diplomáticos marroquíes en Brasil no accedieron a compartir su opinión con los autores de este artículo acerca de la propuesta de los diputados brasileños.

“Aunque todavía no reconozca la República Saharaui, Brasil defiende una solución justa, pacífica y mutuamente aceptable para el territorio basada en el principio de autodeterminación”. Las palabras son de un diplomático brasileño que accede a conversar preservando el anonimato.

El pujante agronegocio brasileño necesita cada vez más fertilizantes y Marruecos controla las minas de fosfatos saharauis. Fotografía: Juca Varella/Folhapress.

Esta fuente explica que en 2013 Brasil envió 120.000 dólares y casi 2000 toneladas de arroz a los campos de refugiados saharauis que hay en Argelia. Añade que desde que Mohamed VI accedió al trono las relaciones entre Brasil y Marruecos ganaron intensidad, especialmente en materia de cooperación agrícola.

Siguiendo los pasos del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta y economista Dilma Rousseff habló en 2012 de construir una relación con África “libre de todas las prácticas coloniales que devastaron mi continente y el africano”.

Brasil, el país del mundo donde viven más descendientes de origen africano, ya tomó partido en 2002 a favor del referéndum de autodeterminación en Timor Oriental, antigua colonia portuguesa posteriormente invadida por Indonesia. En esta ocasión, Brasil deberá posicionarse acerca del último territorio africano pendiente de descolonización.

Originario de la República Democrática del Congo, Louison Mbombo, de 17 años, llegó solo a Brasil, en abril de 2013, a bordo de un barco.  Tras el asesinato de su padre por haber apoyado un cambio democrático en un país marcado por la guerra civil, este joven congoleño permaneció encarcelado durante dos años y fue separado de  su madre y sus hermanos. Logró huir gracias a la ayuda de un guardia de la prisión.  Así llegó a las costas brasileñas,  huérfano  y sin saber en qué país estaba.

Parece el guión de una película pero no lo es. Louison es una de las 5000 personas que solicitaron asilo en Brasil el año pasado.

Si bien en América Latina los pedidos de asilo están bajando, no sucede lo mismo en este país. “Brasil es el segundo país que más refugiados recibe en América Latina, detrás de Ecuador, por su proximidad con Colombia, y por delante de Venezuela, Argentina y Chile”, indicó Andrés Ramírez, representante en Brasil de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Louison, el día de su graduación. Fotografía: Cáritas

De un total de 15 millones de refugiados en el mundo, unos 380.000 están en América Latina. De este último total, 5200 personas llegadas desde 80 países se encuentran en Brasil: la mayoría son colombianos, angoleños y congoleses.

En el estado de São Paulo las solicitudes de asilo se cuadruplicaron en los últimos tres años. Tanto que la ACNUR decidió abrir una oficina en esta ciudad el pasado 31 de marzo.

Las  crisis humanitarias crecieron a nivel global y han repercutido en el número de personas que piden asilo. Además de la guerra civil en el Congo, “tenemos los conflictos antiguos como Irak y Afganistán, y ahora la violencia post primavera árabe”, explicó Ramírez.

El conflicto en  Siria por sí solo generó 2,6 millones de refugiados y de ellos más de 300 están en Brasil. Uno de ellos es el periodista Mahmoud Alzouhby, que estaba en São Paulo cuando las autoridades de su país le impidieron renovar su pasaporte.

No obstante, según Ramírez, existen también otros factores que explican el auge de refugiados en este país. El Mundial y los Juegos Olímpicos también contribuyeron a colocar a Brasil en el mapa como destino de asilo.

Andrés Ramirez inaugura la oficina de la ACNUR en São Paulo. Fotografía: ACNUR

Aunque huyan de conflictos armados, persecuciones por motivo de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política, los refugiados son muchas veces estigmatizados. Se los confunde a menudo con inmigrantes que buscan mejores oportunidades económicas o incluso con “fugitivos” o “forajidos”, denunció Larisse Leite, abogada de la ONG Cáritas en São Paulo.

“La búsqueda de una vivienda, la demora en el proceso [para determinar si la persona que pide asilo es o no un refugiado], el reconocimiento de los diplomas y la búsqueda de trabajo” son otros de los desafíos que enfrentan los refugiados, explicaron desde la ONG Cáritas.

La integración en Brasil también es complicada por las diferencias culturales y por el idioma, sin mencionar el riesgo de la explotación laboral, el trabajo esclavo y la particular vulnerabilidad al tráfico de personas.

Aún así, los refugiados están protegidos por la Convención de la ONU de 1951 firmada por 150 países. Los principios de la Convención fueron incorporados por Brasil en la ley 9474 que establece los derechos básicos de los refugiados.

Plaza de Sé lugar de reunión de refugiados en São Paulo. Fotografía: Géssica Brandino

Si bien el número de refugiados en Brasil es bajo, tomando en cuenta que es la sexta economía mundial, el crecimiento del número es preocupante y los países donantes que financian a la  ACNUR no ven al país como prioridad. En 2010, Brasil recibía 560 solicitudes de asilo al año. En 2013, esta cifra ya rondaba los 5000. La previsión para 2014 está en 12.000 pedidos.

“El CONARE [Consejo Nacional de Refugiados, vinculado al Ministerio de Justicia] debe reforzar su capacidad para responder. Y hay que acelerar el proceso de elegibilidad. Actualmente existen 5000 casos pendientes de resolución. Se van acumulando y las solicitudes siguen aumentando”, dijo Ramírez en una entrevista con Folha.

Hoy, un año más tarde, a pesar de los desafíos, Louison es ahora mayor de edad y parece haber recuperado la sonrisa. Hasta logra hacer bromas en un portugués prácticamente fluido. Fue acogido por una familia local, terminó la secundaria, trabaja y logró entrar en contacto por Internet con uno de sus hermanos. Está empeñado en seguir estudiando. Pero cuando le preguntan por qué está en Brasil, confiesa que no sabe todavía cómo responder.

La semana pasada, el diario El Mundo armó un gran revuelo al publicar un reportaje que mostraba que 60 millones y medio de llamadas fueron interceptadas por los servicios de espionaje estadounidenses en suelo español en tan sólo un mes, durante diciembre de 2012 y enero de este año.

Formaba parte de la serie de filtraciones internacionales que vienen publicándose en diversos medios del mundo a partir de los documentos del ex agente de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden, que decidió renunciar a su vida como informático del espionaje norteamericano para mostrarle al mundo los abusos de la superpotencia en este ámbito. Ahora, mientras todos hablan de él y muchos defienden su causa, Snowden vive exiliado en Rusia por miedo a las represalias de su país, que seguramente le llevaría a la cárcel por traición y por revelar documentos secretos.

El ex analista de la NSA Edward Snowden es responsable de las filtraciones que revelaron el espionaje que lleva adelante Estados Unidos. Laura Poitras-10.out.13/Glenn Greenwald/Efe

Una publicación similar había provocado una tormenta política en Francia y la NSA reaccionó asegurando que en ambos países se habían malinterpretado los documentos, aunque no aportó pruebas al respecto y el periodista Glenn Greenwald, único poseedor de los documentos de Snowden desde que se conocieron en Hong Kong, volvió a mostrar los textos que sustentaban la versión de los periodistas que firmaban el artículo en El Mundo: él y el autor de este post.

La fiscalía española abrió una investigación por lo que podría suponer un crimen contra la privacidad. El gobierno español expresó abiertamente su indignación y que “podría romperse el clima de confianza” con Estados Unidos, pero lo hizo poco antes de que se conociera la colaboración de los servicios secretos españoles y europeos con el espionaje de metadatos estadounidense. El máximo representante del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) comparecerá hoy ante el Congreso y a puerta cerrada.

Se trata de un escándalo parecido al que agitó en septiembre pasado a Brasil, cuando se conoció primero el espionaje a 2300 millones de comunicaciones en el país y, después, el seguimiento de las llamadas de la presidenta Dilma Rousseff y de sus asesores; además de las comunicaciones de la petrolera Petrobras, la mayor empresa del país.

La indignación de Rousseff fue tal que canceló un viaje oficial a Estados Unidos y no reparó en recriminaciones hacia Washington en su último discurso ante la Asambleade las Naciones Unidas, organismo que por cierto también fue espiado por la NSA.

Pese a que su enfado fue grande y a que el caso de Brasil -por el momento- es más grave que el de España o Francia, ya que implica directamente a empresas y a su jefa de Estado, Estados Unidos demostró con su reacción más sonora (una declaración del director de la NSA, el general Keith Alexander, y el reconocimiento de excesos por parte del Secretario de Estado, John Kerry) que todavía se toma mucho más en serio al Viejo Continente que a la sexta potencia del mundo.

Dilma Rousseff fue también blanco del espionaje de la NSA. Eraldo Peres/Associated Press

Esta semana empezó con la publicación por parte del diario Folha de São Paulo de que Brasil habría espiado, a través de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), a diplomáticos de Rusia, Irán, Irak y también de Estados Unidos. Según el gobierno, se trató de operaciones que tenían el objetivo de proteger secretos que eran del interés del Estado brasileño e indicó que lo hizo también para cerciorarse de que dichos países no estaban llevando a cabo tareas de espionaje. O sea, era contraespionaje.

Más o menos las cosas son así: yo te espío para saber si me espías y de esta manera se arremolina un bucle infinito de desconfianza. Claro que no es lo mismo fiscalizar un lugar y tomar nota de las rutinas profesionales de un embajador mediante la observación, que pinchar teléfonos de millones de ciudadanos, políticos y empresas.

Queda claro, en cualquier caso, que el verbo espiar se conjuga en todas las personas cuando hablamos de países. De manera individual y con cooperación: yo espío, tú espías, él espía, nosotros espiamos, vosotros espiáis, ellos espían.

El periodista Ricardo Bonalume Neto escribió ayer en Folha que “espiar no es pecado, lo malo es ser descubierto”, y con esa frase me vino de repente el olor a escuela, a pupitre y a folio en blanco, el silencio inusual de una clase el día del examen. “Lo malo no es copiarse, lo malo es que te pillen”, te decían los profesores más pragmáticos mientras pensaban un castigo.

Y, por cierto, la práctica no era tan diferente: recopilar información de diferentes fuentes externas, el pupitre vecino o la “chuleta” (papel pequeño con apuntes que se lleva oculto para usarlo en los exámenes) de turno en este caso, sin ser visto. Pues bien, espías del mundo, les hemos pillado. Solo falta evaluar, como hacía el profesor, cuán malo es aquello que andan haciendo a escondidas y qué tipo de medidas están en nuestras manos, las de los ciudadanos, para defendernos de los abusos y de la ambigüedad de los gobiernos, que hoy se recriminan el espionaje en público y mañana colaboran para espiar mejor a un tercero.

El debate sobre la privacidad en internet está prácticamente en su infancia y queda un largo y complicado camino por recorrer. Todavía no sabemos exactamente cómo protegernos (¿encriptar las comunicaciones es suficiente?) ni cómo conseguir que se frenen estos abusos (¿basta con manifestarse y que los gobiernos lleguen a acuerdos de cara a la galería?). Pero el primer paso, que se hable de ello, era también difícil y necesario.

El Barón del Rio Branco (1845-1912), considerado el patrón de la diplomacia brasileña, prestaría mucho interés al papel del Itamaraty en estos momentos del partido. Rio Branco abogó por la paz incluso cuando dibujó las actuales fronteras de Brasil sobre los mapas de Bolivia, Uruguay y Argentina y el presidente boliviano Evo Morales ya se ha referido a él como el hombre que quitó Acre a Bolivia en 1903 a cambio de un simple caballo. La anécdota, que no va más allá de la leyenda -el territorio costó mucho más-, ilustra por qué la silla del ministro de Exteriores de Brasil puede quedarle grande a algunos de sus ocupantes.

Antonio Patriota, nombrado ministro de Relaciones Exteriores cuando Dilma Rousseff asumió el poder, acaba de salir por la puerta de atrás poco más de dos años después de estrenar despacho. El episodio cinematográfico de la huida del senador boliviano Roger Pinto Molina, refugiado en la embajada brasileña en La Paz desde mayo de 2012 a la espera de un salvoconducto que le permitiese disfrutar del asilo político que Brasil le había concedido, ha irritado lo suficiente a la presidenta como para hacer caer al ministro sin vacilar.

Esas 16 horas de viaje en auto que Molina hizo para atravesar Bolivia y llegar a Brasil y, sobre todo, la complicidad de un diplomático brasileño Eduardo Saboia que, supuestamente a escondidas, decidió saltarse todos los escalones jerárquicos y acompañarlo encendieron la mecha que ha hecho saltar por los aires a Patriota.

El incidente es “grave”, según el gobierno boliviano, pero no tendría por qué haber sido determinante. Patriota, al fin y al cabo, toreaba en una plaza donde la política externa no es una prioridad. Factores estructurales, como la contracción de la economía, le colocaron en una situación menos cómoda que la de sus antecesores. Hay especialistas, sin embargo, que coinciden en que este ha sido el episodio que Rousseff ha aprovechado para quitarse de en medio a alguien con, cada vez, menos peso, en el gobierno.

“Itamaraty perdió mucho poder dentro del Gobierno [durante el mandato de Patriota], se le excluyó de las principales decisiones… este es el desenlace de un desencuentro absoluto”, defiende Sergio Fausto, politólogo y director del Instituto Fernando Henrique Cardoso.

Rousseff observa a Patriota mientras cambia los letreros equivocados durante una cumbre de Mercosur. Juan Mabromata/France Presse

“No hay duda de que hace tiempo que Patriota no tenía fuerza política ni apoyo de la presidenta. Su salida del gobierno se dio por hecho varias veces, solo que él resistió”, afirma Dawisson Belém Lopes, profesor de política internacional de la Universidad Federal de Minas Gerais.

Lopes mantiene que a Patriota le falló su falta de perfil político. “A pesar de su brillante trayectoria académica y diplomática, fue incapaz de relacionarse con los integrantes del Partido de los Trabajadores”.

El profesor Lopes mantiene que en los últimos episodios diplomáticos en los que Brasil fue protagonista, Patriota fue convidado como espectador.

“La más grave fue cuando le dejaron de lado en el proceso que culminó con la inclusión de Venezuela en Mercosur. El ministerio de Exteriores no participó y quien ejerció de interlocutor fue el Procurador General del Estado, Luís Inácio Adams. Fue una de las desautorizaciones políticas más graves”, mantiene Lopes.

Pero no fue solo eso.

“Hace diez años la política externa no se debatía, pero ahora la actividad diplomática está muy influenciada por la democracia, hay necesidad de consultar con la sociedad, de intentar encontrar el interés nacional entre varios intereses, incluidos los políticos… Patriota es un diplomático a la antigua, aristocrático, poco adaptado a la democracia de masas”.

El Ministerio de Exteriores de Brasil ha sido tradicionalmente una de las joyas de la Corona, “una de las burocracias más sólidas, estables y prestigiosas internacionalmente”, en palabras de Fausto. Pero también un refugio de la aristocracia, alejada de la sociedad o, “como recordó el ministro Joaquim Barbosa, una de las instituciones más racistas de Brasil”, recuerda Lopes. Con el prestigio en juego y el desafío de adaptarse a otra época, ¿cómo el Itamaraty resolverá el asilo de Molina?

Si Rio Branco levantase la cabeza…. ¿Qué habría hecho él con la negativa del salvoconducto boliviano sobre su mesa?

Dibujo del Barón del Rio Branco que integraba una muestra llamada “El Barón y la Caricatura”, expuesta en 2012 en la Biblioteca Nacional

 

El columnista Elio Gaspari me leyó la mente el otro día. En su columna del miércoles explicaba mucho mejor de lo que yo habría hecho nunca por qué puede considerarse tímida la respuesta de las autoridades brasileñas ante los desplantes del resto del mundo.

El último episodio para archivar en la memoria ha sido la detención de David Miranda, el novio de Glenn Greenwald, el periodista americano que, gracias a los datos de Edward Snowden, ha destapado el caso de espionaje digital de los Estados Unidos, esquema en el que Brasil aparece como objetivo prioritario.

“Me engana que eu gosto” se llama el texto. Un dicho tan brasileño que al traducirlo pierde la gracia y que refleja esa actitud de complacencia que el gobierno tendría con sus vecinos. Gaspari recuerda un episodio de 2005 para defender su tesis.

Influida por la psicosis causada por los atentados de Londres del 7 de julio, en los que murieron 55 personas, la policía metropolitana perseguía a un sospechoso en el metro de la ciudad. Era un brasileño, Jean Charles Menezes, que acabó muerto a tiros sin mediar palabra.

El error se saldó con una indemnización a la familia y una entonación del mea culpa por un Tony Blair que se quedó “profundamente triste por los policías que estaban actuando de buena fe, intentando garantizar la seguridad del país”. Como recuerda Gaspari, Blair fue contratado años después como consultor para preparar a Rio para los Juegos Olímpicos.

La misma Scotland Yard que persiguió y mató a ese inmigrante sospechoso que, además, contaba con todos los papeles en regla, era la que interrogaba por más de nueve horas a otro brasileño que, con información sensible en su poder, fue considerado una amenaza terrorista.

A Miranda no le permitieron un intérprete, no le dejaron llamar a un abogado y le quitaron hasta los videojuegos. Miranda me cuenta por teléfono en una entrevista para El País, que se publicará este fin de semana, que está convencido de que lo detuvieron por ser brasileño, por esa visión “imperialista” que EEUU y Gran Bretaña tienen de los países del “tercer mundo”, “porque creyeron que no habría consecuencias”.

¿Y qué ha hecho Brasil?

El periodista Greenwald ha elogiado el trato recibido por las autoridades que según él, parecían “genuinamente indignadas”. Miranda también. Me ha dicho que han sido rápidos “por la presión internacional”, pero que espera una respuesta más contundente para que no vuelva a repetirse un episodio parecido.

El ministro de Exteriores Antonio Patriota salió al paso y calificó la detención de injustificable, pero no ha transcendido si el canciller ha materializado su indignación por los “desmanes” de los agentes de Londres.

Gaspari propone mandar para casa a cualquiera de los agentes del servicio de inteligencia británico que viven en Brasil bajo protección diplomática. Es, por lo menos, un gesto.

El periodista Glenn Greenwald abraza a su novio David Miranda a su llegada a Rio. Ricardo Moraes/Reuters

Encontramos otros ejemplos de la política de gestos brasileña en sus episodios diplomáticos más recientes con los Estados Unidos – Brasil aún espera una explicación “satisfactoria” sobre el espionaje– o con Bolivia, a quien aún no le ha ganado el pulso en cuestiones como el narcotráfico o el asilo que concedió al opositor boliviano Roger Pinto Molina, confinado en la embajada de La Paz desde mayo de 2012.

Otro capítulo significativo y que, esa vez sí, acabó con un puñetazo sobre la mesa lo vivimos en 2009, cuando los policías de inmigración españoles, mis compatriotas, expulsaron a más de 1.900 brasileños antes de pisar territorio nacional. El gobierno de Lula se contuvo. “Me engana que eu gosto”.

Cierto es que la ley es la ley y que España, puerta de Europa, recibió durante años una cantidad ingente de inmigrantes que debía fiscalizar de alguna manera, pero Brasil tenía razones para reclamar: de los 9.215 extranjeros que fueron devueltos a sus países, el 21% eran brasileños.

Brasil no respondió hasta 2011, cuando una investigadora de la Universidad de São Paulo que se dirigía a Portugal fue mandada de vuelta a casa y puso el grito en el cielo.

La prensa nacional explotó el asunto y la sociedad brasileña mostró su indignación. Fue entonces, más de dos años después, cuando el gobierno brasileño dijo basta y comenzó aplicar el criterio de reciprocidad a los españoles que quisieran entrar en Brasil.

Fue una interesante novedad ver cómo en los informativos de aquí y de allá aparecían los “ciudadanos del primer mundo” siendo expulsados por los del “tercer mundo”. Fue así que España, segundo inversor en Brasil tras los Estados Unidos, reaccionó y redujo las exigencias a los turistas brasileños. Ciudadanos que hacía tiempo que, con razón, no iban a España en busca de El Dorado.