Faltan apenas 300 días para el inicio de los ansiados Juegos Olímpicos de Río 2016 y las autoridades de la ciudad más fotogénica de Brasil, al igual que ya lo hicieron en el Mundial de 2014, ultiman sus preparativos en materia de seguridad.

Y es que, a pesar de que Río de Janeiro no se encuentra entre las ciudades más peligrosas de Brasil, su tasa de homicidios es de 28,3  por cada 100.000 habitantes, es decir, casi tres veces más alta a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El narcotráfico y su dominio de grandes áreas de la ciudad suponen el gran problema de Río y el foco de la mayor parte de la violencia.

A pesar de los esfuerzos de José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, de instaurar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los suburbios de la ciudad, lo cierto es que los territorios históricos del narcotráfico, como la favela Rocinha y el Complexo do Alemão, continúan controlados en gran medida por comandos de narcotraficantes. 

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Marino Beltrame, durante una visita al morro do Vidigal. Fotografía: Maíra Coelho – 15.nov.2011/Agência O Dia.

El enquistamiento de la violencia en estos lugares ha provocado que el discurso de crear una “policía de proximidad”, y con ello reconstruir la confianza entre los habitantes de los suburbios y los agentes de la Policía Militar (PM), haya desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Beltrame firmó la resolución 901 que autoriza el uso de pasamontañas para ocultar los rostros de los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acciones con Perros (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque durante sus operaciones policiales. 

En pocas palabras, en la futura sede olímpica se vuelve así a garantizar, después de 20 años de prohibición, el anonimato de sus agentes al permitir que sus rostros puedan ser cubiertos durante las a menudo sangrientas operaciones que se realizan en las favelas.

Una medida incomprensible teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de la PM de la ciudad y el reconocimiento, el pasado 31 de agosto, de la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esa misma policía ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, el 16% de los homicidios ocurridos en  Río de Janeiro entre 2010 y 2013 se produjeron a manos de los agentes de la PM, es decir, 1275 fallecidos de los que el 99,5% eran hombres, el 79% era de raza negra y el 75% tenía entre 15 y 29 años.

Vinicius y Tom, las mascotas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fotografía: Celso Pupo /Fotoarena/Fotoarena/Folhapress.

De hecho, el nivel de violencia practicado por la PM en la futura sede olímpica dejó dos  muertos por día en la última década con un total de 8466 personas fallecidas desde 2005. 

Por si fuera poco, de los 220 casos de homicidio cometidos por policías en 2011, el 80% continúa sin haber sido esclarecido en 2015, mientras que solamente 1 de las denuncias llegó a ser aceptada por el Ministerio Público.

Se trata de unas cifras escalofriantes que dan testimonio del nivel de impunidad al que están acostumbrados los agentes de seguridad cada vez que aprietan el gatillo.

En declaraciones a este cronista, Viviane Ribeiro, editora del diario comunitario “Jornal Alemão Notícias” y vecina del Complexo do Alemão, explicó que la vuelta de los pasamontañas se relacionaría directamente con una maniobra de intimidación de las autoridades de la ciudad de cara a las Olimpíadas del próximo año. 

En su opinión, los pasamontañas son para los habitantes de las favelas “símbolos del exterminio” y de “la muerte deliberada sin autor ni castigo”, y acusó al gobierno del estado de Río de Janeiro de actuar con el único interés de “mostrar al mundo y al turista que venga en 2016 que todo es perfecto mientras que la policía actúa contra los derechos de los ciudadanos más pobres a sangre y fuego”.

Habitantes del Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, protestan por la muerte de un niño de 10 años a manos de la Policía Militar. Fotografía: Fabio Brisolla/Folhapress.

No obstante, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, considerado uno de los grandes especialistas en la ciudad en materia de seguridad y en el programa de las UPP, relativizó la posible relación entre la medida y la proximidad de los Juegos Olímpicos. 

“No creo que la medida guarde relación alguna con la proximidad de un evento de estas características, es más, creo que la medida no tendría ningún tipo de efecto disuasorio en caso de ser aplicada”, aclaró el español, quien calificó de “innecesaria” la medida al no existir antecedentes de amenaza terrorista en Brasil, aunque observó con preocupación  la ausencia de distintivos en los uniformes de la PM que permitan la identificación de los agentes.

Sea una provocación, una medida de precaución o simplemente un mensaje de que la “mano dura” estará de vuelta en Río 2016, lo cierto es que la evidente falta de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en una ciudad que se dispone a celebrar los  Juegos Olímpicos, resulta preocupante.

Solamente el tiempo dirá si, al igual que ocurrió en 1995, las autoridades de Río acabarán por darse cuenta de que tapar el rostro de sus agentes de policía no es la mejor manera de promover la convivencia en una ciudad dividida en dos mitades que, al día de hoy, continúan irreconciliables.

DE RÍO DE JANEIRO

La noche del 26 de septiembre de 2014, Ernesto Guerrero viajaba hacia Iguala con otros 56 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, en México. Iban a recaudar en las calles el dinero que les permitiría desplazarse hasta Ciudad de México para asistir a la marcha nacional en memoria de la matanza de octubre de 1968, en la que murieron más de 300 estudiantes y obreros.

La llegada de los normalistas a Iguala no gustó a Ángeles Piñeda, esposa del alcalde y tesorera del cártel Guerreros Unidos, que en ese momento preparaba el primer mitin de su candidatura a regidora (concejala). De repente comenzaron los disparos contra el autobús.

Un policía se acercó a Ernesto, le apuntó a la cara y le dijo “vete o te mato”. Lo último que vio fue a sus compañeros vivos tendidos boca abajo sobre el asfalto, rodeados de policías y sicarios, que en el estado de Guerrero y otras zonas de México operan bajo el mismo mando.

Ernesto se libró porque no cabía nadie más en las camionetas. Otros 13 estudiantes lograron huir hacia la selva y 43 siguen con paradero desconocido.

El 2 de abril pasado, Eduardo Jesús Ferreira no tuvo tanta suerte como Ernesto. Su historia terminó en el Complejo del Alemán, el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro. Tenía 10 años y estaba sentado frente a su casa cuando un policía militar le disparó a la cabeza. Fue la cuarta víctima menor de edad del día en esa zona y pasó a engrosar la media brasileña de cinco muertos diarios a manos de la policía.

Este trágico suceso despertó cierto revuelo en Brasil, un país en el que las desapariciones y los asesinatos a manos de la policía son el pan de cada día, como en México. Presionadas por la prensa, las autoridades brasileñas investigaron y concluyeron que se trató de un cruce de tiros. Los vecinos y familiares que presenciaron los hechos afirman que ese día no hubo ningún tiroteo en la zona.

Ilustración de Lorca Segarra. 

Además de defender a los culpables en ambos casos, las autoridades de México y Brasil reprimieron con dureza a quienes se manifestaron contra la impunidad policial y la violencia de Estado. Organizaciones sin fines de lucro como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, periodistas independientes y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportan cifras a esta realidad: cada 11 minutos desaparece una persona en Brasil, mientras que en México sucede lo mismo cada 84 minutos.

Los presidentes de ambos países, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, no hicieron ni un solo comentario sobre el drama de las desapariciones y los asesinatos a manos del Estado en Brasil y México durante el encuentro que celebraron el 26 de mayo. “Brasil y México (…) no podían vivir alejados el uno del otro”, dijo Rousseff al finalizar el encuentro en alusión a la lluvia de acuerdos económicos que se avecinan.

Y en materia de Derechos Humanos, ¿están alejados Brasil y México? La distancia que mencionó Rousseff no la ha roto ningún gobierno, sino la Caravana 43, creada con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y formada por familiares de los estudiantes desaparecidos y un superviviente.

Esta semana están en Río de Janeiro, último destino de una travesía por América Latina que incluyó varias paradas en Argentina, Uruguay y otras ciudades de Brasil.

Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos llegaron para contar de primera mano lo sucedido, libres de las distorsionadas versiones oficiales, y para “tejer lazos de solidaridad con la sociedad civil y las luchas de abajo”, según explica M.R., una activista mexicana que pide el anonimato por miedo a represalias.

“Se llevaron a nuestros hijos, y con ellos nuestro miedo”, afirma incansable Mario Contreras, padre de César, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

“Antes incluso de que la Caravana comenzase, el apoyo ya fue muy fuerte”, explica M.A., responsable de comunicación de la Caravana 43 RJ, quien añade que “hoy las actividades serán aquí en la Maré, en un ambiente militarizado y de Unidades de Policía Pacificadora que hace evidente lo parecidos que son México y Brasil en cuanto al nivel de violencia”.

La solidaridad de los brasileños se traduce en los aplausos que interrumpen una y otra vez el relato de los padres. “Aquí el Estado también culpa al narcotráfico para justificar todas las masacres que ellos mismos cometen”, exclama un residente de la Maré.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos e integrantes de la Caravana se reúnen con movimientos sociales en Rio de Janeiro. Fotografía: Pilar Pedraza

La Caravana 43 llega hasta la favela Pinheiros para conocer a Irone Santiago, madre de Víctor, un joven que fue atacado por el ejército cuando volvía de jugar a fútbol. Irone comprende perfectamente la angustia de ser ninguneada y despreciada por las mismas autoridades que condenaron a su hijo a estar postrado en la cama de por vida.

La indignación se apodera de la casa y concluyen que su lucha es más visible cuando están juntos.

Dicen los padres de los desaparecidos que seguirán luchando hasta que les devuelvan a sus hijos.

No dejarán de denunciar que, tras lo sucedido aquella noche de septiembre, el gobierno mexicano tardó ocho días en dar una respuesta; que la investigación oficial señaló que los estudiantes habían sido incinerados, pero forenses independientes de Austria y Argentina comprobaron que solo había un normalista entre los cadáveres encontrados; que varios periodistas demostraron que la policía y el ejército rastrearon a los estudiantes justo antes de que partieran hacia Iguala; que el ejército agredió y negó asistencia médica a varios estudiantes que logaron huir; que el gobernador de Guerrero ofreció grandes sumas a los familiares a cambio de su silencio, y que está probado que el fiscal general de México y el presidente Peña Nieto sabían desde 2013 acerca de los vínculos oscuros del gobierno de Iguala, pero no hicieron nada.

Las autoridades de México informaron en abril que hay 25.398 desaparecidos en el país. Brasil solo ofrece el número de denuncias por desaparición: en torno a 250.000 al año.

“Ahora lo importante es la acción, ser creativos y reaccionar ante esta bestia… Los movimientos sociales se están dando cuenta de que luchamos contra la misma bestia”, concluye M.R.

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Esther (prof.esther.solano@gmail.com) es española, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo y miembro del Fórum de Seguridad Pública.

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El domingo fui al cine a ver el documental “A quemarropa”, de la directora Theresa Jessouroun. Confieso que entré en la sala expectante, entre angustiada y ansiosa. Sabía que la obra trataba de las matanzas perpetuadas por la Policía Militar de Río de Janeiro contra la población de la periferia.

Un tema, como mínimo, duro, espinoso para la gran pantalla, donde la crudeza de lo cotidiano se muestra sin tapujos y se impone sin piedad.

Por otro lado, recién estrenado el documental, ya no estaba exento de polémicas.Fue exhibido para un grupo se cadetes de la Academia de Policía Militar Don João VI, en Río, donde, por orden del comando, los periodistas presentes fueron invitados a retirarse.

Una muestra más de la dificultad inmensa de debatir sobre seguridad pública, sobre policía y letalidad en un país donde los policías matan mucho y mueren no menos.

Mi agonía tomó forma ya en las primeras escenas. Una película durísima, porque refleja la bárbara realidad de agentes del Estado que, en vez de proteger, matan. Agentes que matan, que utilizan el asesinato como herramienta de trabajo, que matan por venganza, por rutina, por corrupción, por “limpieza”.

En fin, que matan diariamente desde la jornada escabrosa de la favela de Vigário Geral,en 1993, con los cadáveres de 21 personas hasta los episodios del conjunto de favelas del Complexo do Alemão en 2007, esta vez con 19 personas asesinadas.

Tantos años de intervalo y una historia tan pavorosamente repetida demilicias, tráfico de drogas, armas ilegales, corrupción… “A quemarropa” muestra que el agujero es realmente profundo y que las miserias causadas como  resultado del mismo son atroces. La deshumanización parece total.

Salí del cine abatida, con una pregunta que no dejaba de rondarme la cabeza: cuando la policía mata, ¿quién aprieta el gatillo? Si la policía mata es porque existe una orden política tal vez directa, tal vez indirecta o como mínimo una connivencia o un silencio afirmativo.

Si la policía mata es porque la Justicia no cumple su papel como debería y deja a los asesinos en una impunidad escandalosa. Si la policía mata es porque la sociedad aprueba y aplaude el famoso y siniestro discurso de bandido bueno es bandido muerto.

Si la policía mata ¿no lo hace protegida, auspiciada, arropada por los discursos de odio de personajes públicos como el presentador José Luiz Datena, la periodista Raquel Sheherezade, el diputado Jair Bolsonaro o el coronel Telhada y demás personajes que predican la política de la bala?

La policía es un instrumento de poder que, cuando mata, no lo hace de forma autónoma, sino con el beneplácito de muchos y el silencio de otros. Son muchos los que aprietan el gatillo cuando la policía mata.

Desde el año 2000, en el estado de Goiás, en el Centro-Oeste de Brasil, se han registrado 43 desapariciones forzadas, todas cometidas por agentes del Estado.

Ninguno de los cuerpos ha sido encontrado y todos los casos han quedado impunes. Fue de esta manera que comenzó la audiencia pública sobre violencia policial que tuvo lugar el viernes 31 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, capital de Estados Unidos.

Ante esta reconocida institución internacional, el diputado estatal Mauro Rubem (PT), junto con los defensores públicos federales Bruno Arruda y Adriano Souza Carneiro y con el abogado Allan Hahnemann Ferreira de la asociación Cerrado Asesoramiento Jurídico Popular, denunciaron que en 42 de los 43 casos los perpetradores eran agentes de la policía militar.

Muchos de los desaparecidos tenían antecedentes penales. Así, el Estado lo justifica como  parte de su estrategia de “combate a la criminalidad violenta”.

Los peticionarios destacan el caso del niño Murilo Soares, de 12 años, quién, en abril de 2005, estaba en un auto con el ayudante de obra Paulo Sergio Pereira Rodrigues,  cuando fueron abordados por  policías militares (tropa de élite ROTAM) y llevados a un lugar desconocido.

El automóvil fue encontrado quemado al día siguiente y hasta hoy se desconoce el paradero de ambas víctimas. “Este caso es el único que se había investigado y acaba de ser archivado”, lamenta Hahnemann.

Es más, estos asesinatos se realizan en el marco de intimidación y amenazas. Así, los peticionarios denunciaron que en 2011 el diario local “O Popular” fue amenazado tras la publicación de una serie de reportajes titulado “¿Dónde están?”, que denunciaba que los desaparecidos en democracia superan a los de la dictadura en Goiás.

El año pasado, el diputado Rubem también recibió amenazas por su labor relacionada con estas investigaciones, dijo Hahnemann, en una entrevista exclusiva con esta cronista.

Otra irregularidad que se denunció durante la audiencia fue la contratación sin concurso público de policías militares voluntarios bajo la ley estatal 17.882, que termina por afectar la calidad de la seguridad pública.

Conocidos como los policiales de “calça curta” o de “pantalones cortos”, ejercen sin la preparación adecuada y con una alta rotación. La inconstitucionalidad de esta ley está siendo actualmente considerada por la Corte Suprema de Brasil, tras una acción interpuesta por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot.

Pero el excesivo uso de la fuerza por parte del orden público no es exclusivo de Goiás. Según un estudio publicado este lunes (10) por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, entre 2009 y 2013, un promedio de seis personas murieron por día a raíz de la violencia policial en Brasil.

Sólo en Río de Janeiro, en el primer trimestre de 2014, hubo 153 “autos de resistencia”, o muertes a manos de la policía. De hecho, junto con los estados de Mato Grosso, São Paulo y Santa Catarina, Río es el único estado que divulga estas cifras.

Pero expertos en derechos humanos concuerdan en que la figura de “auto de resistencia” sirve para maquillar las cifras de ejecuciones por parte de la policía, basándose automáticamente en el supuesto de que hubo una resistencia o un enfrentamiento entre la policía y el civil.

Así, según una resolución del gobierno de Brasil de diciembre de 2012, el término de “auto de resistencia” ya no debería existir. Efectivamente, muchas de las muertes a manos de policías son en realidad ejecuciones y no muertes como resultado de un enfrentamiento.

Mientras tanto, en 2011, el gobierno de Goiás decretó la creación de una Comisión de Defensa de la Ciudadanía, integrada por agentes policiales,  miembros del Ministerio Público, del Poder Legislativo y de la sociedad civil.

Dicha comisión, presidida por el diputado Rubem, emitió un informe  detallado llamado Inseguridad Pública en Goiás: Anacronismo y Caos, en agosto de 2012, en donde ya registraba 36 desapariciones. Siete más han sido notificadas desde entonces.

Brasil ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Ahora, tras largos debates en el Congreso, queda por ver si Brasil optará por tipificar el crimen de desaparición forzada, algo que, según indica el defensor público Adrian Souza “es esencial para este proceso”.

Pero el debate es complejo, y no todos están de acuerdo sobre sus implicancias.

El escritor austriaco Stefan Zweig murió por amor a Brasil, literalmente, en un suicidio que fue precedido por la explicación más bella que he leído jamás de lo que significa la identidad brasileña, y que sólo podía concluir en un final desgarrado, que intensificase la marcha obligada de la “tierra del futuro”, una marcha prematura, de abandono, que encajase con los principios románticos.

Murió en la zona serrana de Petrópolis, antigua residencia de los reyes portugueses, en el interior del estado de Río de Janeiro. Decía, apasionado por esta tierra exuberante, que  Brasil curiosamente simulaba a un arpa en el mapa, semejante descripción introducía una serie de sentidos que al país le son dados, y entrelazados, en su imaginario social.

La “tierra de los papagayos”, aquella inigualable en abundancia de su flora y fauna, que lo tiene todo al mismo tiempo, sierra, litoral, pampa, selva, cuenca de ríos, y que es fértil en casi todas sus partes, con un clima que transita del tropical, subtropical y hasta lo templado, donde se alimentan los ríos más grandes del mundo, y el patrimonio atraviesa de una frontera a la otra, desde la Amazonia hasta la triple frontera natural con Argentina y Paraguay, en la caída del río Iguazú.

Ilustración: Alberto Costa

Se yergue la favela en medio de este escenario para votar en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, con los ojos todavía puestos en la mesa sin mantel, en el plato vacío, en la falta de saneamiento básico, de escolaridad para los más pequeños, de analfabetismo para los más viejos, de salud para todos, y ante penitas y alegrías se entiende por qué la pauta política todavía es prehistórica en la cuestión ambiental.

Como los ríos, descienden del morro los votantes de la favela, familias enteras para votar en los colegios municipales. Llegó el domingo 26 de octubre, nuevamente día de votación

Las elecciones se expresan con la misma estrategia publicitaria que el Mundial de fútbol: pegatinas, globos, camisetas… los rostros sonrientes de la presidenta Dilma Roussef (PT) y del candidato opositor Aécio Neves (PSDB) invaden las calles, y las “aficiones”  rasgan en dos a la población: los estados de un Norte pobre y negro, de un Sur desarrollado y blanco; dividen al campesino del latifundista; al vendedor de churros de su patrón; al pescador artesanal de los gestores de las piscifactorías.

Los intereses están rasgados, divididos, ganando el PT más de un 80% de los votos en algunas de las áreas más subdesarrolladas del país, y llegando a perder en los estados del Sur.

No obstante, se palpa un agrio sentimiento, el de un voto que no es sincero, un voto sólo ejercido en la favela como autodefensa, que apoya los avances sociales, pero que legitima la corrupción estructural en todas las fuerzas políticas. Una elección confusa e impotente ante la falta de alternativas y de ilusión. Un voto que refleja el miedo de la favela a ser olvidada por las políticas sociales.

A la entrada del colegio se mezclan en armonía conversaciones del cotidiano con las del acontecimiento del momento: “…La favela puede sumirse en el olvido, sin registros…”, “…yo ya no compro tomates a ese precio…”, “…la ciudad puede perder la memoria…”, “…dará a luz en poco tiempo…”, “…la favela nunca habrá existido…”.

Observo a la salida del colegio a una señora de mediana edad que vende verduras en el mercadillo que da entrada a la inmensa favela de la Rocinha. Le lloran los ojos, está cortando cebollas. El análisis se queda empobrecido, pues no sabría decir si llora por la situación del país, por la muerte del pedrero Amarildo en manos de las Unidades de Policía Pacificadora en 2013, por los nervios ante las elecciones, o por los efectos de una cebolla, que en cada capa representa las etapas que todavía deben atravesarse en esta tierra.

La capa de la pobreza va saliendo, todavía provoca lágrimas, tal vez algún día se llegue al corazón de la cebolla, y se pueda mirar alrededor, y observar y enorgullecerse de la belleza del Brasil.

Entonces todos pedirán su defensa, y crearán una pauta socio-ambiental sólida, defensora de las demarcaciones de reservas indígenas, del fortalecimiento de las reservas de extracción sostenible, de la fiscalización de la tala de la región Amazónica, de la producción eficaz e independiente de los Estudios de Impacto Ambiental, de la anteposición de la biodiversidad y de los grupos minoritarios ante la explotación de recursos naturales, como son el caso de las hidroeléctricas,  y otras formas de combate al crimen ambiental,  pues la naturaleza se fusiona en la propia identidad brasileña.

La favela recuerda con su voto que habrá que atravesar  primero otras capas de la cebolla, las de una extrema desigualdad de clases, capas que al mirarlas todavía nos hacen llorar, aunque se torna urgente afrontar la descuidada cuestión ambiental, y recordar, por el bien de la preservación de la  identidad brasileña, que los papagayos llegaron al Brasil mucho antes que los partidos políticos.

Gabriel Bayarri es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF). En una serie de textos quincenales, abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Río, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia en las comunidades.

***

Era la década de 1960 cuando en Estados Unidos el surgimiento de reivindicaciones de derechos civiles de los homosexuales, de grupos minoritarios, demandas de corte racial y la oposición a la Guerra de Vietnam provocaron la emergencia de una oposición al carácter represivo  de la policía ante grupos excluidos.

En el interior de los guetos, criminalizados todos ellos por ser grupos “desviados” respecto de los patrones considerados “normales”, se engendró entonces el inicio de una “policía comunitaria”, más implicada con todos los grupos sociales, interactiva y preventiva de los conflictos.

El modelo de la “policía comunitaria” americana se exportó internacionalmente y Brasil trató de adaptarlo a su realidad local. Los programas anteriores a las actuales Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), que datan de 2007, fueron el Grupo de Aplicación Práctico Escolar (GAPE), en 1990, y los Grupos de Policía en Áreas Especiales (GPAEs), en 1999, completamente nuevos para la Policía Militar brasileña y que no tuvieron continuidad.   

Entre sus características, el modelo de policía comunitaria se fundamenta en el principio de la prevención de conflictos para mantener la “harmonía”, el orden social, creyendo que el desorden urbano perjudica la integración de la comunidad en los espacios públicos locales.

Un grupo de la Policía Militar conversa en la UPP de la favela Rocinha, en Río de Janeiro. Fotografía: Rony Maltz/Folhapress.

En este modelo de seguridad, todos los vecinos de las favelas “pacificadas” se transforman en potenciales criminales y todo pequeño delito es potencialmente un atentado contra la calidad de vida, pues engendra un posible surgimiento del desorden.

No existe en esta cultura de control y prevención del crimen la figura del “ex criminal”. Una vez cometido el crimen se establece una frontera a través del estigma, que detecta al criminal provocador del desorden, en la que no se considera la reinserción entre los miembros “normales” de la comunidad, sino que el estigma caracteriza deliberadamente a los pequeños carteristas, que el modelo de prevención del desorden convierte en potenciales asesinos o ladrones de bancos, posicionándolos como el origen-raíz de las carencias en las favelas.  

No existe el crimen sin víctima, por lo que se formaliza la idea de la “víctima colectiva”, así como la barrera entre “nosotros” (los inocentes) y “ellos” (los peligrosos). Lo que viene a admitir este sistema clasificatorio es que el desvío ante el comportamiento normalizado impide al estigmatizado convertirse en un auténtico ciudadano.

Ante la prevención del desorden, la lógica de la Policía Militar entiende a los criminales como sujetos racionales capaces de tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento de las leyes, que saben de las consecuencias de sus actos y que tienen otra serie de conocimientos teóricamente asimilados, que otorgan al criminal capacidad de elección en sus actos.

Esta lógica, empleada por la corporación militar, presupone que el niño adicto al pegamento lo es por elección personal, que el guardia de la “boca de fumo” lo es por elección personal, que el contrabando de fusiles de fabricación extranjera es una elección personal, así como la prostitución.

Vista desde la UPP de la favela Complexo do Alemão, en Río. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Por lo tanto, por haber “elegido mal” merecen una punición fundamentada en argumentos y valores moralistas, pero que no presupone en la base de su arquitectura la construcción de un sistema de garantías sociales.

Cabe destacar que el modelo de la policía comunitaria, aplicado en la política de seguridad de Río de Janeiro, ha sido criticado por la estrategia implícita de control social que en él se visualiza. La construcción del orden público potencia el control de la vida local. 

Sin defender el desorden como modelo organizativo en las favelas cariocas, cabe reflexionar sobre las consecuencias que se obtienen a través de estas técnicas de imposición de un orden que se basa en normas morales concretas y en la criminalización como modelo de prevención del desorden. 

Un vecindario compuesto por personas previsibles, que atraviesan el morro en fila ordenada, que piden permiso para realizar cualquier clase de evento, que no están paradas sin hacer nada, que cumplen patrones estéticos característicos del “asfalto”: éste sería el modelo deseado de prevención del desorden por la organización militar. 

Esther (prof.esther.solano@gmail.com) es española, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo y miembro del Fórum de Seguridad Pública.

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Hay números que representan realidades infames, crueles, bárbaras. Así son  las matemáticas de la seguridad pública brasileña. Matemáticas terribles. Matemáticas que avergüenzan.

50.000 homicidios anuales. 50.000 violaciones anuales denunciadas (se calcula que el número real ronde la cifra de 500.000). La policía brasileña, una de las que más mata y más muere en el mundo, deja 5 cadáveres por día a la vez que más de 200 policías mueren cada año. Hay 500.000 presos en las cárceles brasileñas, siendo casi la mitad de ellos provisionales, esperando eternamente un juicio que no llega.

Esas son las cifras. Más tiránicas que humanas  (para datos más detallados, visitar las publicaciones anuales del Fórum Brasileño de Seguridad Pública).

¿Y la campaña electoral? Ese momento esquizofrénico donde todo es prometido, con tono banal,  pero las negligencias y omisiones de los candidatos gritan más fuerte que nunca.

La seguridad pública es uno de esos asuntos tabús, mencionados de soslayo, con intenciones calculadas, propagandísticas e ideológicas pero con escasa finalidad de fundamentar un debate sólido.

La policía brasileña, una de las que más mata y más muere en el mundo, deja 5 cadáveres por día a la vez que más de 200 policías mueren cada año. Fotografía: Alice Vergueiro/Futura Press/Folhapress.

Las propuestas de los candidatos a la presidencia de Brasil son más titubeos, balbuceos de quienes no tienen ni valentía ni dignidad de enfrentar un problema que debería haber sido prioridad hace ya muchos años.

Para el Partido de los Trabajadores (PT), el modelo a seguir y reforzar es el esquema de seguridad de la Copa del Mundo, cuyo sinónimo son los Centros Integrados de Comando y Control que amalgaman ejército, policías civil y militar y otra serie de organismos vinculados a la seguridad pública.

Como si este prototipo superficial de supuesta coordinación que en nada trata los problemas de raíz fuese a mejorar las estadísticas atroces de la violencia. A parte de esta oferta claramente insuficiente, la presidenta Dilma Rousseff ya ha mencionado la importante posibilidad de una enmienda constitucional para fortalecer el papel del gobierno federal  en competencias de seguridad.

Sí, menos mal, un pacto federativo para compartir competencias entre gobierno federal, estados y municipios es esencial.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), frívolo. Su candidato Aécio Neves propone crear un Ministerio de Seguridad Pública y Justicia del que no nos ofrece más detalles.

Hace unas semanas, una operación de la Policía Militar contra vendedores ambulantes dejó un muerto en el barrio de Lapa, en la zona oeste de São Paulo. Fotografía: Reginaldo Castro/Folhapress.

Sin embargo, el hombre fuerte del partido, el vitalicio gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pivota su programa de seguridad en base a la controvertida reducción de la mayoría de edad penal a 16 años para crímenes especialmente graves como homicidio, violación y secuestro, como si punición y Estado penal fuesen sinónimos lógicos de menor criminalidad.

Finalmente está el Partido Socialista Brasileño (PSB), heredero de la experiencia del programa Pacto por la Vida, implementado por el fallecido ex candidato a la presidencia Eduardo Campos en Pernambuco, que consiguió impactos positivos en la seguridad de ese estado.

Las ideas de Marina Silva son aumentar el presupuesto para el Fondo Nacional de Seguridad Pública y, esta sí más interesante y fundamental, un pacto nacional para la reducción de homicidios.

¿Pero dónde están las verdaderas reformas estructurales que se necesitan con urgencia? ¿Qué candidato coloca sobre la mesa, sin tapujos, sin medias palabras, con claridad y contundencia, el debate sobre los cambios radicales que se precisan en el campo de la seguridad pública? Ninguno.

Ninguno de ellos habla sobre el control de armas (en Brasil existen 16 millones de armas de fuego siendo sólo la mitad legales). Ninguno de ellos habla sobre las posibles reformas de las policías (reducción de letalidad, aumento de las tasas de resolución de crímenes, ciclo completo integrado entre policía militar y civil, mayor transparencia…).

Las propuestas de los candidatos a la presidencia sobre seguridad pública no convencen; se trata de un problema que debería haber sido prioridad hace ya muchos años. Fotografía: Adriana Spaca/Brazil Photo Press/Folhapress.

Ninguno de ellos habla sobre la modernización del sistema penitenciario y las alternativas a las dinámica de aprisionamiento masivo. Ninguno de ellos habla sobre la política de drogas que está provocando una verdadera masacre entre los jóvenes brasileños de las periferias.

La autodenominada “izquierda”  brasileña menospreció históricamente el tema de la seguridad pública, tal vez guiada por la fantasía infantil de que la ascensión al consumo y la reducción de la miseria tendrían como consecuencia directa la reducción de la criminalidad.

Los grupos conservadores, como el PSDB, o los seguidores del discurso del ex alcalde y ex gobernador de São Paulo Paulo Maluf de “ROTA [Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar] en la calle” tratan seguridad pública como si el mero endurecimiento punitivo fuese a acabar con la violencia. Ambas visiones son estrechas, irresponsables, poco consecuentes con la realidad e ineficaces en extremo.

Este es el escenario. Entre incompetencias y silencios conniventes las matemáticas terribles continúan.

Gabriel Bayarri (g.bayarritoscano@gmail.com) es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y nos acompañará con una serie de textos cada 15 días en los que abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro.

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Retomando las contradicciones del período “pos-Mundial” tengo delante de mí una de las grandes: la “reutilización” de la Policía Pacificadora como policía antidisturbios en las diversas manifestaciones ocurridas en el Estado de Río de Janeiro.

Se trata de reflexionar sobre la crisis de identidad que se ha generado en torno a una Policía Militar (PM), que como todo el planeta parece ya saber, está constituida en base a una lógica represivo-punitiva, de origen militar, organizada durante la dictadura militar brasileña (1964 – 1985), estructurada como institución militar en una ordenada jerarquía, de cuyo orden sólo huyen algunos desvíos de financiación, pero no la sumisión a la autoridad nivelada.

Este texto tiene la finalidad de intentar entender qué clase de postura tiene asumida ante la sociedad el individuo militar al que lo han mandado (proveniente de “ordenar” y de “enviar”) a la favela en calidad de Policía Comunitaria en las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), como también de agente publicitario para la Secretaría de Seguridad y, por tanto, del gobierno del estado de Río de Janeiro.

Si la formación militar se constituye como estática, si las órdenes y toma de decisiones se encuentran atadas a un estricto protocolo, ¿cómo se autoidentifica el policía, cuyo “ethos” está orientado por la lógica del exterminio del conflicto y el combate del enemigo reaprendiendo valores de una Policía Comunitaria que debe buscar ahora “soluciones razonables”, constituidas bajo la lógica de la interacción?

En el día a día, esta hipertrofia del papel de la policía se traduce en curiosas escenas contradictorias, en las que el agente podrá desde ayudar a las viejecitas a cruzar la calle hasta soltar mamporros en las manifestaciones.

Ilustración: Alberto Costa

De esta forma, la policía militar, “re-formada” por dicha secretaría estadual con base en derechos humanos, sociales, etc… tiene que cumplir, además de las funciones de policía pacificadora, la de policía antidisturbios en las manifestaciones ciudadanas que desde julio del año 2013 se han expresado en las calles de muchas ciudades, y en lo que nos concierne respecto a las UPPs, en las de Río de Janeiro.

La jerarquía militar estricta conlleva una negación de autonomía en el desempeño del trabajo de la policía, y la evaluación de su conducta en la eficacia obtenida en el mismo no será medida por su creatividad en la conducción de negociaciones bien sucedidas, sino por el grado de obediencia a las órdenes superiores.

Así, el señor PM de la UPP, pongamos que el mediador de los conflictos de proximidad de la favela, que durante el día debe vestir de paisano para no causar estragos en un proceso imparcial, que durante el día ha estado escuchando a los vecinos, atendiendo sus demandas, llamando a la empresa Electrobras para solicitar su servicio para los vecinos que sufren de desabastecimiento, etc…, se despoja de dicha identidad de servidor a la ciudadanía, yendo en su coche-patrulla hasta la sede de las UPPs, en el enorme complejo de favelas, el “Complexo do Alemão”, donde tiene que rehacer su postura al tomar las armas antes de la manifestación: casco, escudo, armamento “disuasorio” como algún gas lacrimógeno, gas pimienta, porras, armas de electro-choque y algunos tipos de proyectiles no letales.

Cambia el semblante del rostro, porra en mano tendrá que dejar de pensar en los viejitos. Lo desplazarán en furgones, junto a otro montón de individuos, al lugar donde deberá reprimir la manifestación, pararle los pies a las reivindicaciones de un pueblo que está harto de contradicciones y estancamientos normalizados en sus instituciones, harán sangrar narices, tendrán que dar algún bolazo.

Se trata de representar de forma armada al Estado, como hemos leído en tantos libros foucaultianos, y cuando el Estado tiembla en sus decisiones, su representación armada se verá en el dilema que ha sido creado: por la mañana soy UPP, tentativa de orgullo, y por la tarde soy antidisturbios.

Dicha contradicción, que al llevarla hasta lo más bajo siempre se materializa en el individuo contradicho,  está en las altas esferas representada en una desorganización estructural de las instituciones que representan la seguridad pública en Brasil, concretamente la militar.

Será difícil, por tanto, hablar de “vocación militar”, pues abarcará el inmenso abanico que cubre desde el inculcado sadismo vespertino para la manifestación hasta la vocación más social matutina, desarrollada (o eso intentan transmitir) en el seno de las UPPs.

Será también difícil librar a la PM de la idea de que la favela sufre de conflictos clasificados como “feijoada” (“frijolada”), aquellos que no son considerados como serios respecto al combate directo del tráfico armado, que coincide con la formación teórico-práctica de confronto directo aprendida en la academia.

Y digo que será difícil dejar de pensar en los conflictos “feijoada” en la favela, pues aunque el tráfico armado quede menos visible, siempre quedarán para la historia los porrazos televisados en las manifestaciones, frente a los cuales (y sólo frente a los cuales) la actuación en las UPPs podrá observarse como una auténtica Policía Comunitaria de interacción.

Con esto no quiero decir que el conflicto pacífico no pueda entenderse como forma de acceso a la libertad de expresión de la ciudadanía y al desacuerdo de opiniones, sino al peligro que supone gestar una policía bipolar en su formación y funciones, inestable en sus formas, que mercadea su propia moralidad y sea cumplidora de órdenes contradictorias.

Cuando faltan pocos días para el  comienzo del Mundial, en la ciudad serrana de Teresópolis, en Río de Janeiro, la selección brasileña se entrena en la Granja Comary, un centro de entrenamiento cuya reforma costó US$6,5 millones.

Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, una tragedia humana sigue su curso.

A principios de 2011, lluvias torrenciales y ríos de barro, producto de una gran inundación, dejaron más de 900 muertos, más de 240 desaparecidos y cerca de 9000  personas sin casa en siete municipios de la región, según cifras oficiales.

Antiguos residentes del humilde barrio de Campo Grande, en Teresópolis, describen cómo el  vendaval  que  los sorprendió de madrugada dejó desprovistos a miles de habitantes, arrasó con todo y se llevó a una comunidad entera.

Una casa que sobrevivió a las lluvias en el barrio abandonado de Campo Grande. Fotografía: Milli Legrain.

Manuel Antonio de Oliveira da Silva, un obrero de 57 años, cuenta  que perdió a cuatro de sus hijos, además de varios sobrinos y cuñados, sumando 20 familiares en total.

Pero son varios los  que intuyen que en realidad murieron más personas de las que constan en los registros oficiales.

“Cuando se hicieron públicas las listas de los muertos, muchos nombres no aparecían. Solo aquí, en este campo de fútbol comunitario, se juntaron unos 500 cuerpos”, denuncia Flávio Carreiro, un joven conductor, ahora desempleado, que también perdió a una veintena de familiares en el barrio Granja Forestal.

Esta teoría también la sostiene  Joel Caldeira, de la  Asociación de las Victimas de las Lluvias del 12 de enero en Teresópolis (AVIT). “No hubo  129 desaparecidos en esta ciudad. Familias enteras desaparecieron”.

Y el dolor no acaba allí. “Después de la tragedia natural, vino la tragedia humana”, continúa Joel.

Se refiere al desvío  de US$ 33,7 millones en recursos federales, estatales y donaciones nacionales y extranjeras destinados a la reconstrucción de las siete ciudades afectadas.

Esto lo confirma un informe del Tribunal Federal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro.

De izquierda a derecha: Joel Caldeira, Flávio Carreira, Adalberto Serafin y Clovis de Oliveira da Silva. Fotografía: Milli Legrain.

Asimismo, en noviembre de 2011, el entonces alcalde de Teresópolis Jorge Mário fue separado de su cargo por haber estado involucrado  en negocios turbios con varias constructoras locales a las que les cobraba coimas.

Mientras tanto, Manuel Antonio, conocido por sus amigos como Clovis, cuenta que han sido tres años y cuatro meses sin casa ni atención psicológica. Se pregunta dónde está el dinero para las víctimas.

Ahora,  el gobierno del estado de Río de Janeiro intenta terminar 220 casas en la Fazenda Ermitage antes de  septiembre. El momento es oportuno. Las  elecciones para gobernador son en octubre. Pero el nuevo conjunto habitacional bordea una carretera peligrosa sin viaducto para los peatones.

“Inaugurar casas en barrios sin la infraestructura adecuada suele terminar mal. Miren lo que pasó en la Cidade de Deus”, recuerda Joel refiriéndose al barrio de viviendas sociales mejor conocido por sus guerras entre pandillas y por el tráfico de drogas.

Sus residentes habían sido removidos de los barrios caros  de la ciudad como parte de una política de limpieza social de la zona Sur de Río de Janeiro en los años sesenta y setenta.

Por su parte, la Secretaría de Obras del Estado explicó a esta cronista que las obras se retrasaron por la falta de terrenos adecuados y la necesidad de recurrir a una expropiación de las tierras, algo que generó complicaciones.

Clovis junto a sus compañeros del Club de Fútbol del Posse. Fotografía: Milli Legrain.

Hay quienes argumentan que la tragedia de Teresópolis alcanzó  esa magnitud porque muchas de las casas estaban hechas en terrenos irregulares, sobre áreas de riesgo, bordeando riachuelos.

Según una investigación parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ), presidida por el diputado Luiz Paulo (PSDB-RJ), la falta de una política habitacional consistente en la región es otra pieza clave para entender la tragedia.

Aún así, a pesar del dolor y de la larga espera, Clovis -que se hizo evangélico después del desastre-, no parece guardar rencor. Confiesa que si no fuera por la iglesia se hubiera vuelto loco hace tiempo. “Pensé muchas veces en dejarme llevar por las aguas, ya que allí murieron mis hijos”.

Este voluntario del AVIT sale adelante con unos  US$220 mensuales que le alcanzan para cubrir los costes de su alquiler. Según Joel, impulsadas por los miembros de la asociación de víctimas, hubo 800 acciones judiciales para que las personas más vulnerables recibieran esta subvención.

Clovis me pide que le saque una foto al lado de unas flores amarillas. “Donde haya vida habrá esperanza”, dice con una sonrisa y sus ojos llenos de lágrimas.

Insiste que la tormenta no tuvo nada que ver con la selección brasileña y que espera que gane. Aun así, salta a la vista la ironía de ver tanto desamparo en la casa del futbol brasileño.

“Entre 2007 y 2013, sólo en el estado de Río de Janeiro, desaparecieron unas 38.000 personas”, denunció indignado el pastor presbiteriano y activista Antonio Carlos Costa, fundador de la ONG Rio de Paz en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la ciudad.

“Estas son las cifras oficiales, pero tengo claro que hay miles que no han sido registradas”, añadió.

Son los denominados “desaparecidos de la democracia”. Sin duda, muchos de  ellos desaparecieron  por  motivos diversos, ya sea huyendo de la violencia doméstica o por trastornos mentales.  Algunos incluso habrán vuelto a casa. ¿Pero cuántas de estas personas habrán sido “forzosamente desaparecidas” por agentes del Estado?

La desaparición forzada fue política de Estado durante la dictadura militar instaurada en Brasil por el golpe de 1964 y en distintos países del Cono Sur y de la región. Pero en el Brasil democrático de hoy, esta práctica sigue ocurriendo.

La entrada a la comunidad de Jacarezinho, en la zona norte de Río. Fotografía: Milli Legrain

Si bien la Comisión de la Verdad investiga desde 2012 los crímenes de esa época para esclarecer el pasado y evitar que los crímenes de lesa humanidad se repitan, los perpetradores siguen amparados por la ley de amnistía  de 1979 vigente en el país. Pero en un país con una impunidad superior al 90%, también cabe preguntarnos: ¿quién está investigando los crímenes de hoy?

Los homicidios cometidos por la policía son clasificados por el Estado brasileño como “auto de resistência”, un término que deja entender que la víctima murió como resultado de una confrontación.

Pero muchas veces se trata de muertes por ejecución extrajudicial, producto del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, o peor aún, de una simple “bala perdida”.

Así lo denunciaron ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2012. “La excusa es siempre que la persona reaccionó. Pero sabemos que son cada vez más los casos en los que esa resistencia no ocurrió”, dijo recientemente el abogado brasileño Alexandre Ciconello de Amnistía Internacional.

Es el caso de Claudia Silva Ferreira, la madre de familia que murió por la bala de un policía militar en la zona norte de Río en marzo pasado.

Según las estadísticas oficiales publicadas a principios de mes por el Instituto de Seguridad Pública de Río, en el primer trimestre de este año murieron 153 personas como resultado de la violencia policial. La tendencia está en aumento: el año pasado, en la misma época, los muertos fueron 96.

La ONG Rio de Paz realizó una protesta en noviembre pasado para exigir información sobre el cuerpo de Amarildo de Souza. Fotografía: Marcelo Sayão/Efe

Curiosamente, un estudio realizado por Michel Misse, sociólogo de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ)  muestra que después de 2007, año en que los homicidios cometidos por la policía eran particularmente elevados (1330 víctimas en todo el estado de Río), el numero comenzó a caer, mientras que el de desaparecidos empezó a aumentar.

Es en ese contexto que el Secretario de Seguridad Pública de Río, José Mariano Beltrame, anunció en marzo que creará en junio una Unidad para Desaparecidos.

Esta nueva entidad, que existe en otros estados como São Paulo y Minas Gerais, llega en respuesta a la presión ejercida  por familiares de desaparecidos y grupos de presión como Meu Rio y Rio de Paz, que buscan atención especializada.

La legislación internacional considera a la desaparición forzada como un crimen que se sigue cometiendo hasta que se localiza el cuerpo de la víctima. Familiares de víctimas relatan la angustia sufrida por el hecho de no saber lo que sucedió con un ser querido.

El secretario de Seguridad Pública de Río, José Beltrame, anunció que creará en junio una Unidad para Desaparecidos. Fotografía: Maíra Coelho/Agência O Dia

“En 1986, mi madre pensaba que mi hermano aún estaba vivo. Cuando mi padre quiso mudarse de casa, ella tenía miedo de perder contacto con él”, relató Elizabeth Silveira, hermana de un desaparecido político de la dictadura, que lleva 40 años luchando por conocer su paradero.

Actualmente, en la Cámara de Diputados existe una propuesta de ley específica sobre desapariciones forzadas, que pone a Brasil en línea con sus obligaciones internacionales, como firmante de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas.

El proyecto de ley nace a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso conocido como “ Guerilla de Araguaia” (o Gomes Lund vs.Brasil) sobre la desaparición de 70 campesinos y militantes que lucharon contra la dictadura. Esta sentencia emitida en 2010 exige específicamente que Brasil tipifique el crimen de desaparición forzada.

“No podemos dejar que la policía sea el árbitro que juzgue que alguien muera o desaparezca”, dijo Beatriz Affonso, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que litigó en el caso.