Este miércoles 23 de septiembre en Parque Alegría, en la comunidad de Cajú, situada en la zona portuaria de Río de Janeiro, Herinaldo Vinicius da Santana, de 11 años, recibió cerca de las cuatro de la tarde un disparo en la cabeza. Terminó muriendo pocos minutos después.

Presuntamente, quien le disparó al chico fue un policía de laUnidad de Policía Pacificadora (UPP) de esa favela, durante  una operación de rutina.  

Indignados, los  vecinos de la comunidad grabaron los últimos suspiros del niño, en unas imágenes de mucha crudeza, y también al que creen que es el presunto asesino.

Ambos videos, que circulan por las redes sociales, denuncian una vez más los abusos cometidos por la Policía Militar (PM).

Los vecinos salieron a manifestarse para protestar contra la muerte de Herinaldo y cortaron parte de la Línea Vermelha y la Avenida Brasil, dos importantes vías de circulación que conectan la zona norte con el centro de la ciudad.

Al parecer, el niño había salido a comprar una pelota de ping-pong, detonante para que un agente de policía apretase el gatillo y se llevase la vida del menor.

Tristemante, la muerte de Herinaldo es una más entre muchas. Un niño que estuvo en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. O tal vez fue el policía que estuvo en ese lugar inoportuno en el momento equivocado.

La paupérrima preparación de la PM tiene como resultado, lamentablemente en demasiadas ocasiones, este tipo de desenlaces  fatales.

En un contexto de tensión, y no sabiendo manejar ni la situación ni el nerviosismo, se descarga un arma como prevención. Se dispara por miedo, por error. Muchos brasileños ya acostumbrados a este tipo de violencia han perdido la capacidad de sorpresa ante estos hechos.

Amnistía Internacional en su informe Mataste a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro indica que de 220 denuncias realizadas en 2011 sólo un caso se llevó ante la Justicia.

Y añade que  la mayor parte de las personas que murieron a manos de policías, casos registrados entre 2010 y 2013, son jóvenes negros de 15 a 29 años.

El dolor y la estigmatización de los más pobres es un peso que viene arrastrando Río de Janeiro desde que surgió la primera favela en la ciudad.  La delincuencia y las enfermedades siempre se asociaron a los más pobres y a las zonas periféricas. Y todavía hoy se continúa con esa creencia.

Es terrible pensar que también un niño puede matar a un policía. En esta ciudad hay niños y jóvenes armados y peligrosos que se enfrentan contra las fuerzas de seguridad.

La ciudad vive una lenta guerra con muertos de ambos bandos. La herida sigue abierta y la ciudad se desangra gota a gota, muerto a muerto. En medio de este conflicto intentan sobrevivir los más pobres, invisibles para el resto del  mundo.

La libertad, parece, es algo que no se les permite a los miserables. Poder jugar y correr no es para aquellos que viven en una favela. La libertad no existirá mientras las leyes no se ajusten a su favor. Es un sueño, y quizá en ese sueño eterno podamos finalmente  encontrarla.

Debajo de un cuadro con la frase “Ahlan-Wa-Sahlan”, que significa “bienvenido” en árabe, dos jóvenes musulmanes se entretienen chateando con sus teléfonos móviles.

Se trata de una imagen cotidiana que podría parecer la de cualquier locutorio de una ciudad europea, o de Medio Oriente, si no fuese porque ambos jóvenes son refugiados sirios y el lugar en el que se encuentran es una parroquia católica de Río de Janeiro. 

Hace cinco meses, Ahmad Hamada, de 30 años, y su amigo Mohamed Al-Saleh, un palestino nacido en Siria, de 22 años, dejaron el campo de refugiados de Yarmuk, en Siria, un lugar ubicado a pocos kilómetros del palacio del presidente Bashar Al-Assad, donde 12.000 personas se mueren de hambre y enfermedades.

Los dos jóvenes lograron abandonar el campo de refugiados a bordo del coche de unos contrabandistas y por 3000 dólares consiguieron atravesar la frontera del Líbano y embarcar rumbo a Estambul, Turquía.

“Salir del infierno de Yarmuk ya fue una bendición, sin embargo, fue en Turquía donde las cosas se complicaron. En Estambul hay auténticas redes mafiosas que pueden conseguirte un pasaporte falso en menos de 15 días por 350 dólares”, explica Mohamed, quien se niega a dar más detalles sobre los pasaportes falsos que obtuvieron en Turquía o contar cómo hicieron para embarcar en un vuelo hacia Roma, aunque reconoce que, en total, gastaron  5000 dólares para llegar a Europa.

Con un esforzado aunque entendible inglés, Ahmad resume con ayuda de gestos los abusos que los carabinieri italianos les infligieron tras ser detenidos y trasladados a  una comisaría de Roma por portar documentos falsos.

“Ocho policías italianos nos golpearon como a animales y nos dijeron que nos odiaban, jamás pude imaginar tanto racismo en un país tan próximo al nuestro”.

Por suerte para ambos, las autoridades italianas no pudieron retener sus pasaportes sirios, gracias a los cuales, y tras gastar un total de 9000 dólares, consiguieron llegar a Brasil.

Desde que a fines de 2013 el Ministerio de Justicia de Brasil creó una normativa específica para facilitar la concesión de visados a refugiados sirios a través del Comité Nacional de Refugiados (Conare), el gigante sudamericano se ha convertido en el país con más refugiados sirios de América Latina.

En total, 2077 ciudadanos sirios han encontrado a más 10.000 kilómetros de Siria su tierra prometida o al menos un lugar en el que tienen la posibilidad de volver a empezar. 

De hecho, Brasil acoge a más  refugiados sirios que Estados Unidos (1243) o los países europeos del Mediterráneo, como España (1335), Grecia (1275), Italia (1005) o Portugal, que únicamente alberga a 15 refugiados de esta nacionalidad.

Tanto es así que en el discurso del Día de la Independencia de Brasil, el pasado 7 de septiembre, la presidenta Dilma Rousseff declaró que “a pesar de las dificultades que atraviesa el país, Brasil tiene los brazos abiertos para acoger a los refugiados”.

Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Como reconoce el párroco de la parroquia de São João da Lagoa, Álex Coelho Sampaio, donde se encuentran albergados Ahmad y Mohamed, “el gobierno de Brasil ha hecho una gran labor acogiendo a los refugiados sirios, pero una vez que les coloca el sello en el visado se desentiende completamente de sus necesidades más básicas”.

Desde hace 14 meses, y gracias al apoyo de Cáritas y la archidiócesis de Río de Janeiro, su modesta parroquia proporciona alojamiento, comida, tratamiento sanitario y clases de portugués a 16 refugiados, nueve de ellos de  nacionalidad siria.

“Como habéis visto en la entrada, a pesar de ser un templo católico, los musulmanes son recibidos con todo el apoyo que merece un ser humano que ha sufrido”, dice.

Gracias al apoyo de sus feligreses, este párroco ha conseguido convertirse en la única casa de acogida para refugiados en Río de Janeiro.

No obstante, el padre Coelho sabe que la mayoría de los sirios no permanecerá en Brasil después de los tres meses de asistencia gratuita que la Iglesia les concede.

“Para ellos, Europa es la única solución. Cuando salgan de aquí, la mayoría viajará a la ciudad de Fortaleza, desde donde salen vuelos hacia Turquía con escala en Berlín, y será entonces cuando intenten quedarse en Alemania”, comenta.

Ahmad y Mohamed lo tienen claro, Dinamarca o Suecia son su verdadera meta. En cuanto reúnan el dinero suficiente, vendiendo comida árabe en las calles de Río de Janeiro, comprarán sus billetes de avión.

Aunque se resistan a reconocerlo, es muy posible que recurran a los “coyotes”, la mafia que opera en las fronteras de Brasil ayudando a cruzar a ilegales bolivianos o haitianos y que, además, se dedica a suministrar pasaportes falsos a traficantes de armas y drogas a un módico precio.

Como bien decía Mohamed, el infierno de los refugiados muchas veces comienza en cuanto ponen un pie fuera de su país.

Faltan apenas 300 días para el inicio de los ansiados Juegos Olímpicos de Río 2016 y las autoridades de la ciudad más fotogénica de Brasil, al igual que ya lo hicieron en el Mundial de 2014, ultiman sus preparativos en materia de seguridad.

Y es que, a pesar de que Río de Janeiro no se encuentra entre las ciudades más peligrosas de Brasil, su tasa de homicidios es de 28,3  por cada 100.000 habitantes, es decir, casi tres veces más alta a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El narcotráfico y su dominio de grandes áreas de la ciudad suponen el gran problema de Río y el foco de la mayor parte de la violencia.

A pesar de los esfuerzos de José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, de instaurar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los suburbios de la ciudad, lo cierto es que los territorios históricos del narcotráfico, como la favela Rocinha y el Complexo do Alemão, continúan controlados en gran medida por comandos de narcotraficantes. 

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Marino Beltrame, durante una visita al morro do Vidigal. Fotografía: Maíra Coelho – 15.nov.2011/Agência O Dia.

El enquistamiento de la violencia en estos lugares ha provocado que el discurso de crear una “policía de proximidad”, y con ello reconstruir la confianza entre los habitantes de los suburbios y los agentes de la Policía Militar (PM), haya desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Beltrame firmó la resolución 901 que autoriza el uso de pasamontañas para ocultar los rostros de los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acciones con Perros (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque durante sus operaciones policiales. 

En pocas palabras, en la futura sede olímpica se vuelve así a garantizar, después de 20 años de prohibición, el anonimato de sus agentes al permitir que sus rostros puedan ser cubiertos durante las a menudo sangrientas operaciones que se realizan en las favelas.

Una medida incomprensible teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de la PM de la ciudad y el reconocimiento, el pasado 31 de agosto, de la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esa misma policía ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, el 16% de los homicidios ocurridos en  Río de Janeiro entre 2010 y 2013 se produjeron a manos de los agentes de la PM, es decir, 1275 fallecidos de los que el 99,5% eran hombres, el 79% era de raza negra y el 75% tenía entre 15 y 29 años.

Vinicius y Tom, las mascotas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fotografía: Celso Pupo /Fotoarena/Fotoarena/Folhapress.

De hecho, el nivel de violencia practicado por la PM en la futura sede olímpica dejó dos  muertos por día en la última década con un total de 8466 personas fallecidas desde 2005. 

Por si fuera poco, de los 220 casos de homicidio cometidos por policías en 2011, el 80% continúa sin haber sido esclarecido en 2015, mientras que solamente 1 de las denuncias llegó a ser aceptada por el Ministerio Público.

Se trata de unas cifras escalofriantes que dan testimonio del nivel de impunidad al que están acostumbrados los agentes de seguridad cada vez que aprietan el gatillo.

En declaraciones a este cronista, Viviane Ribeiro, editora del diario comunitario “Jornal Alemão Notícias” y vecina del Complexo do Alemão, explicó que la vuelta de los pasamontañas se relacionaría directamente con una maniobra de intimidación de las autoridades de la ciudad de cara a las Olimpíadas del próximo año. 

En su opinión, los pasamontañas son para los habitantes de las favelas “símbolos del exterminio” y de “la muerte deliberada sin autor ni castigo”, y acusó al gobierno del estado de Río de Janeiro de actuar con el único interés de “mostrar al mundo y al turista que venga en 2016 que todo es perfecto mientras que la policía actúa contra los derechos de los ciudadanos más pobres a sangre y fuego”.

Habitantes del Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, protestan por la muerte de un niño de 10 años a manos de la Policía Militar. Fotografía: Fabio Brisolla/Folhapress.

No obstante, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, considerado uno de los grandes especialistas en la ciudad en materia de seguridad y en el programa de las UPP, relativizó la posible relación entre la medida y la proximidad de los Juegos Olímpicos. 

“No creo que la medida guarde relación alguna con la proximidad de un evento de estas características, es más, creo que la medida no tendría ningún tipo de efecto disuasorio en caso de ser aplicada”, aclaró el español, quien calificó de “innecesaria” la medida al no existir antecedentes de amenaza terrorista en Brasil, aunque observó con preocupación  la ausencia de distintivos en los uniformes de la PM que permitan la identificación de los agentes.

Sea una provocación, una medida de precaución o simplemente un mensaje de que la “mano dura” estará de vuelta en Río 2016, lo cierto es que la evidente falta de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en una ciudad que se dispone a celebrar los  Juegos Olímpicos, resulta preocupante.

Solamente el tiempo dirá si, al igual que ocurrió en 1995, las autoridades de Río acabarán por darse cuenta de que tapar el rostro de sus agentes de policía no es la mejor manera de promover la convivencia en una ciudad dividida en dos mitades que, al día de hoy, continúan irreconciliables.

DE RÍO DE JANEIRO

El 25 de agosto de 2014 la directora de una escuela pública de Río de Janeiro le impidió la entrada a un alumno de 12 años por llevar unos collares que lo identificaban como practicante de candomblé, una religión afrobrasileña. Sus padres no tuvieron más opción que cambiarlo de escuela.

El domingo 14 de junio de 2015, Kayllane, de 11 años, salía del terreiro, lugar donde se practica el candomblé, en grupo. Todos iban de blanco, el color de la vestimenta utilizada poresta religión, cuando dos personas comenzaron a increpar e insultar al grupo. Uno de los delincuentes lanzó una piedra que impactó en la cabeza de la niña.

La repercusión de la agresión llevó a la niña y a su tía mae de santo, cargo de máxima responsabilidad en el candomblé, a recorrer varios platós de televisión y lanzar una campaña en Facebook llamada: “Yo visto blanco. Blanco de la paz. Soy del candomblé. ¿Y tu?”, defendiendo el derecho a profesar la libertad de religión.

Son sólo dos ejemplos de la violencia que sufren los niños que se inician y practican el candomblé. La escuela pública no los ayuda en su integración y, lejos de darles opciones, los niños sufren una fuerte discriminación.

Ricardo Nery (en la foto con 8 años) fue llamado con sólo 4 de “hijo del diablo” por una profesora. Fotografía: Stela Guedes Caputo.

El candomblé es una religión afrobrasileña que llegó a Brasil a través  de los esclavos africanos. Estos trajeron en su piel y su alma las creencias e historias de África al continente americano.

Rezan a los orixás, que representan los diferentes elementos de la naturaleza o dioses vinculados a esas energías. Estos santos tienen sus defectos y virtudes. No existe el cielo ni el infierno, por lo tanto no existe el bien ni el mal. El  candomblé no discrimina a nadie por nada. Inclusive los niños dentro del terreiro tienen tareas de gran responsabilidad.

En 1988, en su Constitución Federal, Brasil se determinó como un estado laico y reforzó la libertad de culto religioso, pudiéndose así manifestar las diferentes creencias en el espacio público. En 2011, la enseñanza religiosa entró en las escuelas públicas del estado de Río de Janeiro como asignatura confesional.

El último censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística ( IBGE, de 2010) muestra un descenso en el crecimiento de católicos y un notable aumento de evangélicos. El candomblé apenas tiene representatividad en las estadísticas. Frente a los millones de cristianos o evangélicos, el estado de Río de Janeiro cuenta con 50.967 adeptos reconocidos al candomblé.

Del total de las denuncias por discriminación religiosa recogidas por el Disque 100, un cuarto de estas provienen del estado de Río de Janeiro. Cada tres días, el gobierno barasileño recibe una queja de esta índole.

Ricardo Nery, ahora con 22 años. Nació y se crió en el candomblé, religión a la que pertenece hasta hoy a pesar de haber sido discriminado durante la infancia. Fotografía: Stela Guedes Caputo.

Stela Guedes Caputo es profesora del Programa de Posgraduación en Educación de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ), periodista y doctora por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. En 2012 lanzó el libro “Educação nos Terreiros” (editora Pallas) y como experta e investigadora en educación y candomblé nos ayudó a entender la problemática de los niños practicantes y el cotidiano en las escuelas públicas.

Guedes Caputo contó que, según su punto de vista, el principal valor que ofrece el candomblé a los niños es la resistencia, ya que se trata de una religión que no se doblegó a la lógica blanca, colonial, esclavista y racista, sino que se impuso, luchó y resistió.

Respecto de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas comentó que esta refuerza la lógica conservadora presente y creciente en las instituciones educativas brasileñas, y que demuestra que no existe laicidad en Brasil, pues es la única asignatura que se menciona en la Constitución Federal.

La especialista aportó también el dato de que el estado de Río de Janeiro gasta 16 millones de reales (4,6 millones de dólares) anuales en esta asignatura.

Asimismo, tachó de racistas a gran parte de los casos que investiga, porque el objetivo de la elite blanca no se alcanzó: no blanquearon Brasil, en el país la mayor parte de la población es negra y no acabaron con el candomblé. Para Guedes Caputo se trata de una doble victoria del pueblo negro y eso en la actualidad  continúa molestando mucho.

Tauana dos Santos (22) frecuentó la iglesia y hasta tomó la primera comunión para ser menos discriminada en la escuela. Fotografía: Stela Guedes Caputo.

“La educación religiosa no va a resolver el problema de la violencia en Brasil, sino todo lo contrario, porque está aumentando. Es necesario acabar con la enseñanza religiosa de cualquier tipo, sea confesional, ecuménica, plural, porque donde hay enseñanza religiosa hay proselitismo. Los parlamentarios que se dicen de izquierda necesitan ser menos hipócritas y exigir el fin de la enseñanza religiosa, aunque eso cueste votos”, indicó la profesora.

Los niños son las principales víctimas de la educación religiosa y en el caso de los practicantes del candomblé son víctimas de una discriminación racista por parte de grupos religiosos más numerosos.

El Estado no respeta ni cumple su parte del contrato social, ya que las amenazas, agresiones y abusos para con estos niños no son debidamente perseguidos ni juzgados.

Como acertadamente canta el rapero de São Paulo Emicida, defensor del pueblo negro en Brasil,  en su nuevo tema Mufete:“Dicen que el diablo vino de los barcos de los europeos, desde entonces el pueblo olvidó que entre los míos todo el mundo era dios”.

Axé.

A los indicadores de la economía que se deterioran a cada día y las interminables noticias sobre la corrupción, se le unen sucesos que, a pesar de pasar inadvertidos por la gran mayoría de la población, son trágicamente representativos de la situación de un país que soñó con el cielo y terminó perdiéndose en el camino hacia las alturas.

Es la historia de Christiano Pereira Tavares, al que todos en la favela carioca de “Manguinhos” conocían como “Lulinha”.

En 2008, cuando apenas tenía 8 años, la imagen de portada del diario “Extra” en la que Christiano nadaba sonriente en las aguas de una alcantarilla de su favela causó gran conmoción en todo Brasil y, en especial, en el entonces presidente Lula da Silva.

Inmediatamente, Lula decidió ayudar a la familia de “Lulinha” proporcionando un empleo y una vivienda social a su madre, a la vez que prometió una piscina a todos los habitantes de esa comunidad.

Una promesa que fue cumplida y  que en su ceremonia de apertura tuvo como protagonista a un pletórico “companheiro Christiano”. Un mote con el cual el ex presidente solía llamar al menor.

En las fotos de aquel momento triunfal para Brasil no faltó una sonriente Dilma Rousseff, que por aquel entonces ya se perfilaba como el brazo derecho de Lula en su papel de ministra de la Casa Civil. Junto a ella, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, y el alcalde, Eduardo Paes, completaban la puesta en escena.

El niño que disfrutaba en las aguas podridas de una de las comunidades más castigadas por el narcotráfico y la miseria de Río de Janeiro había conseguido su sueño de una vida mejor para él y los suyos.

La promesa de un Brasil de ensueño parecía cumplirse e, incluso, la imagen de “Lulinha” fue escogida para acompañar el ambicioso Plan de Aceleración de Crecimiento(PAC) de la ministra Rousseff.

El pasado 3 de julio, “Lulinha” falleció como consecuencia de una sobredosis en un centro de salud de Río de Janeiro que, irónicamente, se encontraba decorado con una imagen suya, sonriente. Una imagen de otra época, cuando nadie hubiera podido imaginar que aquel niño rescatado de la miseria acabaría abandonando la escuela en 2013 y entrando en el mundo de las drogas.

Un mundo que desde pequeño había visto, oído y sentido de mano de los traficantes en las calles de Manguinhos. Uno que, para el pequeño Christiano, resultaba mucho más cercano que los flashes de las cámaras y los apretones de manos con hombres de traje y corbata, aquel día en que unos políticos se acercaron a su comunidad por primera vez fuera de un año electoral. Ese día que parecía el comienzo de algo nuevo.

“Lamento la muerte de Christiano. Que la familia encuentre consuelo en este momento de dolor. Mis sentimientos acompañan a los familiares y a la comunidad de Manguinhos”, escribió Rousseff en la noche de este jueves (23).

Un gesto casi maternal de una presidenta que ve cómo el castillo de arena construido por el Partido de los Trabajadores (PT), desde su llegada al poder 2003, se va desmoronando frente a ella, mientras intenta sostenerlo con sus manos.

Como la arena pasando entre sus dedos, la esperanza de los brasileños en su gobierno se pierde para no volver. La última encuesta de la Confederación Nacional de Transportes (CNT) reveló que la aprobación de la presidenta es de apenas un 7,7% y que el rechazo se sitúa en torno al 78%, un nivel incluso inferior al del ex presidente Fernando Collor de Mello antes de haber sido sometido a un juicio político, en 1992. Un fantasma que parece estar aguardando en la oscuridad a la propia Rousseff.

Después de haber sacado de la pobreza a casi 40 millones de brasileños, de prometerles sueños de igualdad, libertad y oportunidades, el PT  y la presidenta han tocado fondo.

La trágica muerte de “Lulinha” es la expresión más gráfica del país que pudo haber sido y que la corrupción, la avaricia y la incompetencia de muchos echaron por tierra. La historia de “Lulinha” es, en definitiva, la eterna historia de Brasil.

Un país joven que tiene todo para triunfar y que acaba rindiéndose ante los problemas de la desigualdad, las drogas, la falta de oportunidades y el propio peso de su historia.

Quien sabe si en la intimidad del Palacio de Planalto, Rousseff, anoche, derramó una lágrima en honor a Christiano y, de paso, por el país que ha dejado de creer en los sueños.

En Brasil hay una manía,  y es que siempre hay una televisión encendida. Cada bar tiene, al menos, uno o dos televisores, que se mantienen prendidos todo el día, sin importar si alguien los está mirando o no.

Sin embargo, hay dos programas que siempre consiguen captar la atención del público y son “Cidade Alerta” y “Brasil Urgente”, de las cadenas televisivas Record y TV Bandeirantes, respectivamente.

Mientras los brasileños se toman una “gelada”(cerveza), observan en tiempo real persecuciones policiales, operaciones del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), tiroteos y, de vez en cuando, ejecuciones de los llamados “bandidos”.

Todo narrado con el ritmo de una partido de fútbol, en el que el presentador ejerce de juez y comentarista al mismo tiempo.

El pasado martes 23 de junio, ambos programas captaron, a través de sus helicópteros, una persecución que concluyó con un final demasiado indigesto hasta para el más fanático del programa.

En la imagen, se ve a un policía disparando a quemarropa contra dos menores que habían robado una moto. Fotografía: Reprodução.

Dos menores de 16 y 17 años escapaban a toda velocidad de una patrulla de la Policía Militar en una motocicleta robada por  las avenidas del barrio Jardím São Luís, en el sur de São Paulo.

Durante varios minutos, el hábil piloto, en su cruzada por lograr escapar del policía,  puso en peligro la vida de todo aquel que se cruzaba en su camino. Sin embargo, al encarar una recta, ambos jóvenes fueron alcanzados por el agente, a lo que el  copiloto reaccionó arrojándole su casco.

En ese momento, el cabo disparó su arma e hirió a ambos delincuentes  en las piernas. Unos metros más adelante, el motociclista perdió el control y la moto cayó junto a la pared de una casa, aprisionando a ambos menores que quedaron tendidos en el suelo.

Acto seguido, el policía detuvo su motocicleta junto a ellos y, antes de bajarse, ocurrió lo que nadie esperaba: disparó en dos ocasiones su arma sobre los menores rendidos y malheridos.

Todo tuvo lugar en directo y fue transmitido con lujo de detalles, porque las cámaras de los helicópteros de ambos programas registraron la acción desde dos ángulos distintos. Los fogonazos del revólver calibre 38 disparado en plena noche delataron al agente, quien con toda tranquilidad desarmó a uno de ellos y lo detuvo.

Eufóricos, los conductores Marcelo Rezende y José Luiz Datena saborearon el momento, sabiendo que los índices de audiencia estarían alcanzando el punto más alto: un policía acaba de disparar a quemarropa contra dos  menores, con millones de brasileños como  testigos.

El conductor del programa “Brasil Urgente”, José Luiz Datena. Fotografía: Divulgação.

La Secretaria de Seguridad Pública (SSP), anticipándose a la polémica, actuó de inmediato y el cabo, que fue identificado con el nombre de “De Souza”,  fue detenido de manera provisional, mientras que los jóvenes fueron internados en un hospital de Jardim São Luís.

Sin embargo, tan solo 24 horas después del episodio, el cabo fue liberado y retomó su trabajo, aunque provisionalmente, en el área administrativa de la Policía Militar de São Paulo.

“Quería felicitarte públicamente por una actuación excelente”, dijo el Coronel Telhada, diputado del estado de São Paulo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que gobierna esa región, en un video publicado en Facebook al día siguiente del hecho. “Hacen falta hombres así en la Policía Militar”, indicó.

El populismo se solapaba con el sensacionalismo. Si bien programas de este tipo banalizan la violencia hasta niveles extremos, el oportunismo del PSDB, partido que apoyó en el Congreso Nacional la aprobación de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) 171/1993 para reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, se hacía patente una vez más.

Pero no todo fueron felicitaciones para el agente. El secretario de la SSP, Alexandre de Moraes, advirtió: “Daremos el derecho de defensa al agente, pero por las imágenes hay una clara constatación de una seria irregularidad por parte del policía, ya que individuos rendidos al dominio del agente acaban recibiendo disparos”.

Si la acción del agente merece su expulsión del cuerpo de policía, una pena de cárcel o cualquier otro castigo, eso deberá decidirlo la Justicia, pero lo que realmente impacta del caso es la cotidianidad de la violencia de la policía contra los delincuentes.

El discurso del “mejor bandido es el bandido muerto” continúa muy vivo en la consciencia colectiva de los brasileños.

Marcelo Rezende, conductor de “Cidade Alerta”. Fotografía: Edu Moraes/Divulgação Record.

Según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2012, al menos 1890 personas murieron a manos de la policía en Brasil, mientras que en Estados Unidos, país con un 30% más de habitantes, ese número fue de  410.

Con 53.646 muertes totales por año, es decir, seis asesinatos por hora, el problema de la violencia en este país es tan mayúsculo y cotidiano que, a veces, parece que sus habitantes han perdido todo respeto por la vida ajena.

La televisión y la mayoría de los periódicos del país lo saben y sacan provecho de ello. Los políticos tampoco se quedan atrás y, azuzando el debate, pronto alcanzaron el 87% de apoyo ciudadano a la reducción de la edad penal, un proyecto condenado por la ONU, que fue rechazado por la Cámara de Diputados, por una estrecha diferencia de cinco votos.

Llegado este punto, no se puede dejar pasar la interesantísima entrevista del Secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, con la revista “Época”.

“En Brasil, estamos retrocediendo. Le quito los fusiles a la policía, me critican por querer desarmar a los bomberos y una gran parte de la población continúa queriendo armarse”, explicó el responsable del programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro.

Uno se pregunta cómo, si hasta uno de los mayores responsables por la seguridad en el país reconoce el fracaso de la “mano dura”, la ciudadanía está cada vez más convencida de que más armas, más cárcel y más severidad solucionarán el problema.

José Mariano Beltrame visita el Morro do Vidigal, en Río de Janeiro. Fotografía: Maíra Coelho / Ag. O Dia.

“Follow the money”, suele decirse en las películas de detectives a la hora de encontrarle una explicación a algo que aparentemente no la tiene. Solo apuntaré un dato: Brasil es el 4º mayor fabricante de armas ligeras del mundo, con 17,6 millones de ellas en circulación y albega a la mayor fábrica de pistolas del mundo: Taurus.

El próximo paso de la “bancada de la bala” y del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) será la aprobación del proyecto de ley 3722/2012 para permitir la portación de armas y acabar con el Estatuto del Desarme.

Con un mercado de más de 200 millones de brasileños y con 15 de las 50 ciudades más peligrosas del planeta en el país, el negocio está asegurado. Teniendo en cuenta que tanto Taurus como la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC) financiaron la campaña de algunos diputados del PMDB, el círculo se completa.

En Brasil, la paranoia por la seguridad, alimentada por el sensacionalismo de los medios de comunicación, y la violencia planificada, garantizada a través de la “mano dura” de la Policía Militar, parecen ser las dos caras de un mismo negocio.

Sea de su gusto o no, si algo tuvo la simulación de una crucifixión, el pasado 15 de junio durante el 19º Desfile LGBT en São Paulo, fue que golpeó en las narices al sector más reaccionario de la sociedad brasileña.

Con su imagen, la modelo transexual Viviany Beleboni, de 26 años, dijo a gritos lo que millones de miembros del colectivo llevan años callando.

De un plumazo, la doble moral y la hipocresía de la sociedad brasileña quedó expuesta como nunca antes.

Esa misma sociedad que prohibe el top-less en sus playas, pero que permite a mujeres adornadas únicamente con pintura y plumas, en el mejor de los casos, desfilar ante miles de paisanos y turistas de todo el mundo en el sambódromo de Río de Janeiro.

Para quien no solo sepa aún, Brasil es el país con más muertes de travestis y transexuales en el mundo, con 486 asesinatos entre 2008 y 2013, según los datos de la ONG Transgender Europa.

La modelo transexual VIviany Beleboni simuló una crucifixión durante la marcha del orgullo LGBT, en São Paulo, qie generó polémica en Brasil. Fotografía: Julia Chequer/Folhapress.

Cuando hablamos de todo el colectivo LGBT, las cifras se disparan: un muerto cada 27 horas, un 75% de las víctimas mundiales de la violencia homofóbica.

Viviany sabía que sería “crucificada” por la prensa conservadora, por los políticos reaccionarios y por los pastores de las cientos de miles de iglesias evangélicas del país.

Aun así, decidió arriesgarse y representar el “calvario” de los millones de gays, lesbianas, travestis y transexuales que viven en Brasil.

Sin embargo, entre los muchos  artículos que aparecieron en la prensa atacando a Beleboni y a la Asociación del Desfile Orgullo LGBT de São Paulo, ninguno de ellos se preguntó por qué una joven de 26 años haría algo que luego pondría en peligro su vida.

Después de la “crucifixión”, la actriz recibió innumerables amenazas de muerte.

No solo eso, sino que la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB, por su sigla en portugués), ejerció de máxima autoridad de la mayor reserva católica del mundo, con 168 millones de fieles, y exigió el pasado 11 de junio la aplicación del artículo 208 del Código Penal brasileño.

En caso de ser aceptada la denuncia, la modelo podría cumplir una pena de prisión de entre un mes y un año, además de pagar una cuantiosa multa como reparación por el “menoscabo en público de un acto u objeto religioso”.

Miles de personas participaron de la marcha del orgullo LGBT, en São Paulo, el domingo 7 de junio. Fotografía: Amauri Nehn/Brazil Photo press/Folhapress/Folhapress.

“Mucha gente no lo sabe ni le importa, pero la mayoría de los transexuales han sufrido maltratos desde su infancia, eso se debe a que sus propias familias no aceptan su condición debido a la presión social y religiosa”, explica a “Brasil con Ñ” la propia Beleboni.

Con resignación, pero voz firme, cuenta el sufrimiento que significa nacer en el cuerpo y en el país equivocado.

“La mayoría no aguanta los abusos y acaba huyendo de sus casas en la adolescencia. Además, muchos no consiguen concluir sus estudios por el rechazo de sus compañeros en la escuela”, relata la modelo.

“Sin estudios, sin dinero, sin apoyo, ni nadie que quiera darles un trabajo digno, muchos acaban en el mundo de la prostitución”, se lamenta.

El relato de Beleboni no es un invento o una excusa que usa la comunidad, sino la dura realidad.

Según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA), el 90% del colectivo ejerce o ha ejercido la prostitución en algún momento de su vida, mientras que un 60% ha recibido algún tipo de agresión.

“Marginalizarse no es una opción sino una consecuencia por vivir en una  sociedad intolerante e hipócrita. Muchas compañeras acaban prostituyéndose con el mismo tipo de hombre casado que no ha querido darle trabajo en su negocio”, cuenta Viviany.

La bancada de diputados evangélicos protesta contra la marcha del orgullo LGBT. Fotografía: Pedro Ladeira/Folhapress.

La historia de Beleboni es una más en un mar de injusticias, de ahí la imperiosa necesidad de que algo cambie en Brasil.

Es por ello que el colectivo LGBT del país lucha contra la llamada “bancada evangélica” del Congreso Nacional que, a principios de 2015, consiguió que se archive el proyecto de ley PLC122/06 que proponía  criminalizar la homofobia en el país, tras ocho años de gestión.

A pesar de los intentos de algunos sectores de la prensa y la política por desviar el debate hacia el uso de los símbolos religiosos (¿dónde está ahora la tolerancia reclamada en el caso del atentado contra la revista francesa Charlie Hebdo?) en lugar de concentrarse en el problema de la homofobia, la Asociación del Desfile Orgullo LGBT de São Paulo no quiso caer en debates absurdos y lanzó un mensaje directo a la presidenta Dilma Rousseff: “Desde 2011, nunca apareció. Fue a actos religiosos, pero nunca al desfile, que es el mayor del mundo, en el país que gobierna. Debería participar más”.

El próximo 28 de junio, con el Desfile del Orgullo LGBT en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, cientos de personas congregadas en un evento en Facebook han prometido desfilar “crucificadas” en apoyo a Beleboni y al colectivo LGBT.

Será entonces cuando se vea si las palabras de Rousseff, que pronunció el pasado 17 de mayo, Día Internacional Contra la Homofobia, cuando dijo que la “homofobia debe ser criminalizada”, fueron solo retórica o de verdad existe un interés en sacar a Brasil del lugar que ocupa en el ranking de víctimas LGBT.

La participación de Rousseff en el desfile sería, de una vez, la prueba de que el Brasil del siglo XXI puede, y debe, cambiar, enterrar la hipocresía.

DE RÍO DE JANEIRO

La noche del 26 de septiembre de 2014, Ernesto Guerrero viajaba hacia Iguala con otros 56 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, en México. Iban a recaudar en las calles el dinero que les permitiría desplazarse hasta Ciudad de México para asistir a la marcha nacional en memoria de la matanza de octubre de 1968, en la que murieron más de 300 estudiantes y obreros.

La llegada de los normalistas a Iguala no gustó a Ángeles Piñeda, esposa del alcalde y tesorera del cártel Guerreros Unidos, que en ese momento preparaba el primer mitin de su candidatura a regidora (concejala). De repente comenzaron los disparos contra el autobús.

Un policía se acercó a Ernesto, le apuntó a la cara y le dijo “vete o te mato”. Lo último que vio fue a sus compañeros vivos tendidos boca abajo sobre el asfalto, rodeados de policías y sicarios, que en el estado de Guerrero y otras zonas de México operan bajo el mismo mando.

Ernesto se libró porque no cabía nadie más en las camionetas. Otros 13 estudiantes lograron huir hacia la selva y 43 siguen con paradero desconocido.

El 2 de abril pasado, Eduardo Jesús Ferreira no tuvo tanta suerte como Ernesto. Su historia terminó en el Complejo del Alemán, el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro. Tenía 10 años y estaba sentado frente a su casa cuando un policía militar le disparó a la cabeza. Fue la cuarta víctima menor de edad del día en esa zona y pasó a engrosar la media brasileña de cinco muertos diarios a manos de la policía.

Este trágico suceso despertó cierto revuelo en Brasil, un país en el que las desapariciones y los asesinatos a manos de la policía son el pan de cada día, como en México. Presionadas por la prensa, las autoridades brasileñas investigaron y concluyeron que se trató de un cruce de tiros. Los vecinos y familiares que presenciaron los hechos afirman que ese día no hubo ningún tiroteo en la zona.

Ilustración de Lorca Segarra. 

Además de defender a los culpables en ambos casos, las autoridades de México y Brasil reprimieron con dureza a quienes se manifestaron contra la impunidad policial y la violencia de Estado. Organizaciones sin fines de lucro como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, periodistas independientes y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportan cifras a esta realidad: cada 11 minutos desaparece una persona en Brasil, mientras que en México sucede lo mismo cada 84 minutos.

Los presidentes de ambos países, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, no hicieron ni un solo comentario sobre el drama de las desapariciones y los asesinatos a manos del Estado en Brasil y México durante el encuentro que celebraron el 26 de mayo. “Brasil y México (…) no podían vivir alejados el uno del otro”, dijo Rousseff al finalizar el encuentro en alusión a la lluvia de acuerdos económicos que se avecinan.

Y en materia de Derechos Humanos, ¿están alejados Brasil y México? La distancia que mencionó Rousseff no la ha roto ningún gobierno, sino la Caravana 43, creada con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y formada por familiares de los estudiantes desaparecidos y un superviviente.

Esta semana están en Río de Janeiro, último destino de una travesía por América Latina que incluyó varias paradas en Argentina, Uruguay y otras ciudades de Brasil.

Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos llegaron para contar de primera mano lo sucedido, libres de las distorsionadas versiones oficiales, y para “tejer lazos de solidaridad con la sociedad civil y las luchas de abajo”, según explica M.R., una activista mexicana que pide el anonimato por miedo a represalias.

“Se llevaron a nuestros hijos, y con ellos nuestro miedo”, afirma incansable Mario Contreras, padre de César, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

“Antes incluso de que la Caravana comenzase, el apoyo ya fue muy fuerte”, explica M.A., responsable de comunicación de la Caravana 43 RJ, quien añade que “hoy las actividades serán aquí en la Maré, en un ambiente militarizado y de Unidades de Policía Pacificadora que hace evidente lo parecidos que son México y Brasil en cuanto al nivel de violencia”.

La solidaridad de los brasileños se traduce en los aplausos que interrumpen una y otra vez el relato de los padres. “Aquí el Estado también culpa al narcotráfico para justificar todas las masacres que ellos mismos cometen”, exclama un residente de la Maré.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos e integrantes de la Caravana se reúnen con movimientos sociales en Rio de Janeiro. Fotografía: Pilar Pedraza

La Caravana 43 llega hasta la favela Pinheiros para conocer a Irone Santiago, madre de Víctor, un joven que fue atacado por el ejército cuando volvía de jugar a fútbol. Irone comprende perfectamente la angustia de ser ninguneada y despreciada por las mismas autoridades que condenaron a su hijo a estar postrado en la cama de por vida.

La indignación se apodera de la casa y concluyen que su lucha es más visible cuando están juntos.

Dicen los padres de los desaparecidos que seguirán luchando hasta que les devuelvan a sus hijos.

No dejarán de denunciar que, tras lo sucedido aquella noche de septiembre, el gobierno mexicano tardó ocho días en dar una respuesta; que la investigación oficial señaló que los estudiantes habían sido incinerados, pero forenses independientes de Austria y Argentina comprobaron que solo había un normalista entre los cadáveres encontrados; que varios periodistas demostraron que la policía y el ejército rastrearon a los estudiantes justo antes de que partieran hacia Iguala; que el ejército agredió y negó asistencia médica a varios estudiantes que logaron huir; que el gobernador de Guerrero ofreció grandes sumas a los familiares a cambio de su silencio, y que está probado que el fiscal general de México y el presidente Peña Nieto sabían desde 2013 acerca de los vínculos oscuros del gobierno de Iguala, pero no hicieron nada.

Las autoridades de México informaron en abril que hay 25.398 desaparecidos en el país. Brasil solo ofrece el número de denuncias por desaparición: en torno a 250.000 al año.

“Ahora lo importante es la acción, ser creativos y reaccionar ante esta bestia… Los movimientos sociales se están dando cuenta de que luchamos contra la misma bestia”, concluye M.R.

]]> 0 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/05/19/en-brasil-ensenar-a-ser-emprendedor-es-ensenar-igualdad/ http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/05/19/en-brasil-ensenar-a-ser-emprendedor-es-ensenar-igualdad/#respond Tue, 19 May 2015 12:13:18 +0000 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/?p=1452 Continue lendo →]]> POR EDU SOTOS, DE RÍO DE JANEIRO

Cualquier persona que alguna vez haya paseado por una favela de Río de Janeiro y sea medianamente observadora, se habrá sorprendido con la cantidad de negocios de todo tipo que allí se dan cita.

Desde el típico bar donde tomar una “gelada” (cerveza), hasta salones de belleza o improvisadas tiendas en las que se puede comprar desde un paquete de galletas a un aparato de aire acondicionado.

Se trata de una muestra del ingenio más afinado de todos, el de la necesidad. A pesar de que en su mayoría, los habitantes de la favela no pudieron acceder a estudios superiores, todos ellos han podido sacar beneficio donde muchos solo ven miseria.

No hace falta ser muy avispado para imaginarse los Rockefeller, Bill Gates o Steve Jobs que se han perdido entre las callejuelas de las 763 favelas de Río de Janeiro por falta de oportunidades.

Eso mismo debió pensar en 2013 la psicóloga paranaense Ana Biavatti cuando fundó su proyecto de educación “Oficina de Negocinhos”, con el objetivo de desarrollar las habilidades emprendedoras de niños a partir de los 4 años en escuelas públicas y privadas de Río de Janeiro.

“No se trata de ir creando ‘miniempresarios’ por el mundo ni de apoyar el capitalismo salvaje desde la niñez, sino de inculcarles valores y habilidades de éxito”, explica Biavatti, quien tras cursar Psicología en Brasil se formó en Marketing en Italia.

Fue allí donde asimiló las ideas del profesor en Psicología Social de la universidad de Harvard y consejero del Foro Económico de Davos, Daniel Isenberg, quien en la actualidad supervisa los programas educativos del proyecto.

Uniendo la psicología y el marketing, Biavatti decidió poner en práctica, a su regreso a Brasil, experiencias como la que la Escuela Superior de Educación de Harvard desarrolló en cuatro escuelas secundarias de la ciudad de Boston.

Aquellos alumnos que se acogieron al programa de la Fundación Nacional de Enseñanza del Emprendimiento, mejoraron significativamente sus calificaciones en materias como matemáticas, lengua inglesa y aumentaron sus resultados en actividades en grupo y comunicación.

Pese a que un estudio de la Unión Europea de 2012 situó a Brasil como el segundo país con más emprendedores del mundo (63% de microemprendedores y trabajadores autónomos), únicamente superado por Turquia (82%), Biavatti cree que el brasileño medio no recibe las herramientas básicas para hacer funcionar sus negocios.

“Brasil tiene un problema de base que es la educación. Todavía hoy es un país en el que la gente común no sabe lidiar con sus finanzas y en el que hablar de dinero es prácticamente un tabú”, resalta Biavatti quien cree que la manera de acabar con el ambiente “poco ético” de los negocios en Brasil es “educar a los más pequeños en que colaborar y ser creativos puede ser más exitoso que competir”.

A través de juegos en grupo que estimulan la creatividad de los niños, los talleres de la “Oficina de Negocinhos” van presentando a los niños los conceptos básicos de ciudadanía, compromiso social y ética para, a partir, de los 8 años, comenzar con las primeras nociones de marketing, finanzas y recursos humanos.

Entre todos los proyectos llevados a cabo, Biavatti se siente especialmente orgullosa de los que ha desarrollado en las comunidades de Río de Janeiro. “Cuando se trabaja con niños de comunidades donde faltan recursos pueden observarse cambios de actitud espectaculares, es ahí cuando se siente que el trabajo tiene sus recompensas”, admite.

Las recompensas llegan también en forma de mecenazgo: la empresa italiana “Conziliazione.net” patrocinó uno de sus proyectos con 30 niños en la asociación “Solar Meninos de Luz” de la favela de Cantagalo, la carioca “Afilio” patrocina un curso mensual con 20 niños en Santa Marta, y la también italiana “Estudio Legal Passlacqua Luzón” patrocinará en breve otro curso con 20 niños en la favela Rocinha.

Además, “Oficina de Negocinhos” logró en marzo pasado formar parte del programa Shell Iniciativa Joven (Shell LiveWire, en otros países) situándose como el segundo proyecto mejor valorado entre un total de 800 inscriptos, algo que lo podría hacer entrar pronto en la red de negocios sustentables de la petrolera.

Si se le pide a Biavatti que compare los proyectos con niños de barrios ricos y otros más humildes, ella sonríe y responde: “Cuando le preguntas a un niño de Leblón o Ipanema qué quiere ser cuando sea grande, muchos quieren ser como su padre o dicen que todavía no lo saben. Cuando se le pregunta a un niño de Cantagalo o Rocinha hay mil respuestas al mismo tiempo”.

Sin duda, iniciativas como la de Biavatti o incluso programas públicos como “Jóvenes Emprendedores del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas” (SEBRAE), que se desarrolla en 190 escuelas de todo Brasil y atiende a 26.700 alumnos, son un primer paso para que, a través de la educación, se pueda lograr la igualdad social.

La clave está en transformar la curiosidad de los niños en habilidades de éxito que les proporcionen un futuro mejor a través de la educación. Esa es la gran asignatura pendiente para un país que es considerado la octava economía del mundo y para un gobierno cuyo lema es “Brasil: patria educadora”, pero que continua en el puesto 60º del ránking de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Hace exactamente 11 meses, los miles de hombres de la Fuerza de Pacificación de la Policía Militar de Río de Janeiro, apoyados por medios aéreos y terrestres del Ejército de Brasil, ocuparon  las 16 favelas que conforman del Complexo da Maré, en la zona norte de Río.

El despliegue fue aparatoso y no les hizo falta disparar un solo tiro. Satisfechos, el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, y el por entonces gobernador, Sergio Cabral, calificaron la operación como un éxito y auguraron que pronto se instalarían allí las correspondientes Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

Pero la realidad es que la operación no fue un éxito, tampoco hubo UPPs, ni nada que se le parezca. Los disparos de los fusiles 762 del Ejército brasileño, que por aquel entonces no pudieron ser recogidos por las varias docenas de reporteros que acompañaron la ocupación, han ido desangrando poco a poco la vida de los 130.000 habitantes del Complexo da Maré.

El pasado 12 de febrero, una furgoneta con cinco jóvenes que regresaban de una fiesta fue masacrada por disparos de los militares en la favela Salsa e Merengue. Uno de ellos perdió su pierna. Tan solo una semana después, un obrero fue abatido tras ser “confundido con  un traficante”, como declararon los militares, mientras trabajaba en una reparación en la Vila do João.

Policías intentan contener una protesta cerca del Complexo da Maré, en Río de Janeiro. Fotografía: Mauricio Fidalgo/Reuters.

Menos de 24 horas después, otra “combi” repleta de viajeros que hacían la línea Maré- Bonsucesso fue ametrallada en la Vila do Pinheiro. ¿El motivo? El conductor no tenía licencia para  transportar personas  y quiso saltarse un control del Ejército.

Indignados, hartos por tantos heridos y muertes absurdas, unos 300 habitantes de la Maré quisieron exponer su malestar con una protesta pacífica el pasado 23 de febrero. Nuevamente, la policía y los militares desconfiaron de los manifestantes y decidieron disolver la incómoda protesta por la fuerza. Dos menores murieron y tres personas resultaron heridas.

Sus muertes apenas causaron conmoción en la prensa local, que aquellos días andaba pendiente de la visita del Comité Olímpico Internacional (COI) a las instalaciones de los futuros Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Los centenares de habitantes del Complexo da Maré  que escapaban de los gases lacrimógenos y de las balas de la Policía Militar  aquella noche, probablemente no lo sabían, pero su destino había sido decidido entre sonrisas y apretones de mano unas horas antes.

El secretario del Ministerio de Deportes, Ricardo Leyser, anunciaba aquel día que el gobierno federal usará las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad en Río 2016.

En la práctica, la decisión supuso que los 2700 militares que cada día supervisan la vida de los habitantes de la Maré, amplíen su presencia en la zona por otros 18 meses. A un coste de 593.000 dólares por día, los contribuyentes brasileños pagarán  319 millones de dólares para que sus vecinos de la zona norte vivan en un contexto más propio de Irak o de Palestina.

Soldados refuerzan la seguridad en el Complexo da Maré después de un día de un inteso intercambio de disparos entre traficantes locales. Fotografía: Alex Ribeiro/Folhapress.

Los blindados y la artillería pesada se han convertido en parte del paisaje de las 16 favelas de la Maré, cuyo único pecado es haber sido construidas entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim y el centro de la “cidade maravilhosa”.

Un lugar estratégico que una valla de tres metros de altura, situada alrededor de los 10 kilómetros cuadrados que ocupa, no ha sido capaz de esconder de la mirada de los turistas que pasan por la Linha Vermelha camino de las playas de postal de la zona sur.

Puede que el yugo de las tres facciones de narcotraficantes (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) que allí se daban cita, y que todavía mantienen su influencia a pesar de la ocupación, debía ser erradicado.

Pero casi un año después la ocupación militar se ha revelado como un fracaso, denunciado además por innumerables asociaciones de Derechos Humanos.

Así lo hizo Amnistía Internacional a través de un comunicado oficial en el que afirmó que  las Fuerzas Armadas “no poseen el entrenamiento adecuado” o las habilidades de “diálogo con organizaciones de la sociedad civil o poblaciones de las favelas”.

Además, la respetada organización expuso que “la lucha contra el narcotráfico no puede llevar a una criminalización de la comunidad, especialmente de los más jóvenes”. Unos argumentos a los que los dirigentes del COI no han querido prestar atención.

Un hombre posa frente a un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas, durante la ocupación del Complexo da Maré, en abril de 2013. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Es la triste realidad de los miles de cariocas que no cuentan con un lugar dentro de los ambiciosos planes de Río 2016.

Empujados a los márgenes de la ciudad e ignorados durante décadas por los gobiernos locales, viven la opresión de una ocupación militar con el pretexto de protegerles de un yugo, el del narcotráfico, al que esos mismos gobiernos dejaron hacerse amos y señores de aquellos que poco importaban.

Faltan 18 meses para el mayor evento deportivo jamás vivido en Río de Janeiro y nada ni nadie deberá arruinar la fiesta. Los intereses puestos en un espectáculo que le ha costado a la ciudad 13.000 millones de dólares valen más que los derechos de unos cuantos “favelados”.

Al igual que ocurrió en 2013 durante la Copa de las Confederaciones o en 2014 durante el Mundial, el Ejército brasileño se sumará a la fiesta del silencio, la de las manifestaciones pacíficas disueltas a golpes, gases lacrimógenos y disparos de los que matan.

Pero en la Maré no se resignan a vivir oprimidos por el silencio. Es imposible saberlo, pero es posible que la próxima “primavera brasileña” comience entre la mayoría silenciosa que todavía no ha alzado su voz en Río de Janeiro.