Este miércoles 23 de septiembre en Parque Alegría, en la comunidad de Cajú, situada en la zona portuaria de Río de Janeiro, Herinaldo Vinicius da Santana, de 11 años, recibió cerca de las cuatro de la tarde un disparo en la cabeza. Terminó muriendo pocos minutos después.

Presuntamente, quien le disparó al chico fue un policía de laUnidad de Policía Pacificadora (UPP) de esa favela, durante  una operación de rutina.  

Indignados, los  vecinos de la comunidad grabaron los últimos suspiros del niño, en unas imágenes de mucha crudeza, y también al que creen que es el presunto asesino.

Ambos videos, que circulan por las redes sociales, denuncian una vez más los abusos cometidos por la Policía Militar (PM).

Los vecinos salieron a manifestarse para protestar contra la muerte de Herinaldo y cortaron parte de la Línea Vermelha y la Avenida Brasil, dos importantes vías de circulación que conectan la zona norte con el centro de la ciudad.

Al parecer, el niño había salido a comprar una pelota de ping-pong, detonante para que un agente de policía apretase el gatillo y se llevase la vida del menor.

Tristemante, la muerte de Herinaldo es una más entre muchas. Un niño que estuvo en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. O tal vez fue el policía que estuvo en ese lugar inoportuno en el momento equivocado.

La paupérrima preparación de la PM tiene como resultado, lamentablemente en demasiadas ocasiones, este tipo de desenlaces  fatales.

En un contexto de tensión, y no sabiendo manejar ni la situación ni el nerviosismo, se descarga un arma como prevención. Se dispara por miedo, por error. Muchos brasileños ya acostumbrados a este tipo de violencia han perdido la capacidad de sorpresa ante estos hechos.

Amnistía Internacional en su informe Mataste a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro indica que de 220 denuncias realizadas en 2011 sólo un caso se llevó ante la Justicia.

Y añade que  la mayor parte de las personas que murieron a manos de policías, casos registrados entre 2010 y 2013, son jóvenes negros de 15 a 29 años.

El dolor y la estigmatización de los más pobres es un peso que viene arrastrando Río de Janeiro desde que surgió la primera favela en la ciudad.  La delincuencia y las enfermedades siempre se asociaron a los más pobres y a las zonas periféricas. Y todavía hoy se continúa con esa creencia.

Es terrible pensar que también un niño puede matar a un policía. En esta ciudad hay niños y jóvenes armados y peligrosos que se enfrentan contra las fuerzas de seguridad.

La ciudad vive una lenta guerra con muertos de ambos bandos. La herida sigue abierta y la ciudad se desangra gota a gota, muerto a muerto. En medio de este conflicto intentan sobrevivir los más pobres, invisibles para el resto del  mundo.

La libertad, parece, es algo que no se les permite a los miserables. Poder jugar y correr no es para aquellos que viven en una favela. La libertad no existirá mientras las leyes no se ajusten a su favor. Es un sueño, y quizá en ese sueño eterno podamos finalmente  encontrarla.

En las calles de São Paulo, hoy se escucha hablar más de políticos que de futbolistas. Las personas cambiaron el “Dale Corinthians” o “Vamos Palmeiras” por el “Fuera Dilma” o “Fuera Renan [Calheiros, presidente del Senado]”, que se oyen cada vez con más insistencia en las protestas que tienen como escenario esta capital.

Manifestaciones en Brasil

El pasado domingo (16), cientos de miles de personas volvieron salir a calle en todo Brasil para manifestarse contra el gobierno de Dilma Rousseff y la corrupción.

En São Paulo, fueron 135.000 los que  se reunieron en la avenida Paulista, emblema de la capital más rica del país. Convocadas en su mayoría a través de  las redes sociales, estas nuevas manifestaciones aceptaron la presencia de algunos dirigentes políticos de la oposición, que en la protesta anterior habían sido rechazados.

Por ejemplo, José Serra, un destacado ex presidenciable de la oposición (PSDB) tuiteó que estaba en la avenida Paulista, mientras que los candidatos que su partido postuló a presidente y vice en las elecciones de octubre de 2014, Aécio Neves y Aloysio Nunes, respectivamente, que fueron derrotados por la actual mandataria, hacían también apariciones en otras ciudades.

Los manifestantes clamaron en especial por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, pidieron cárcel para los corruptos y el éxodo hacia Cuba de los simpatizantes del actual gobierno, considerado unánimemente una “dictadura comunista” por los allí presentes.

Intentar entender lo que está ocurriendo requiere ir más allá de esa aparente radicalización, pues en estas tierras nada es tan antagónico para fragmentar a la sociedad de manera natural. Basta ver el encuentro que ocurre aquí de grupos étnicos que en otras regiones se repelen, o la pluralidad de cultos politeístas que atraviesan al catolicismo dominante.

Incluso en la política nada es de un color u otro, si se observa cómo el partido gobernante, moderadamente desarrollista, ejecuta sus proyectos mediante gestores corporativistas.

En el fondo, el tono que tomaron las manifestaciones no sería más que otra forma de mestizaje, en este caso entre fútbol y política, antes que un proceso de politización de las masas.

Esto al menos es lo que creo, que suelo ver en las pasiones que despierta el fútbol chispas de una alienación fascista que siempre acecha a las democracias contemporáneas.

A los indicadores de la economía que se deterioran a cada día y las interminables noticias sobre la corrupción, se le unen sucesos que, a pesar de pasar inadvertidos por la gran mayoría de la población, son trágicamente representativos de la situación de un país que soñó con el cielo y terminó perdiéndose en el camino hacia las alturas.

Es la historia de Christiano Pereira Tavares, al que todos en la favela carioca de “Manguinhos” conocían como “Lulinha”.

En 2008, cuando apenas tenía 8 años, la imagen de portada del diario “Extra” en la que Christiano nadaba sonriente en las aguas de una alcantarilla de su favela causó gran conmoción en todo Brasil y, en especial, en el entonces presidente Lula da Silva.

Inmediatamente, Lula decidió ayudar a la familia de “Lulinha” proporcionando un empleo y una vivienda social a su madre, a la vez que prometió una piscina a todos los habitantes de esa comunidad.

Una promesa que fue cumplida y  que en su ceremonia de apertura tuvo como protagonista a un pletórico “companheiro Christiano”. Un mote con el cual el ex presidente solía llamar al menor.

En las fotos de aquel momento triunfal para Brasil no faltó una sonriente Dilma Rousseff, que por aquel entonces ya se perfilaba como el brazo derecho de Lula en su papel de ministra de la Casa Civil. Junto a ella, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, y el alcalde, Eduardo Paes, completaban la puesta en escena.

El niño que disfrutaba en las aguas podridas de una de las comunidades más castigadas por el narcotráfico y la miseria de Río de Janeiro había conseguido su sueño de una vida mejor para él y los suyos.

La promesa de un Brasil de ensueño parecía cumplirse e, incluso, la imagen de “Lulinha” fue escogida para acompañar el ambicioso Plan de Aceleración de Crecimiento(PAC) de la ministra Rousseff.

El pasado 3 de julio, “Lulinha” falleció como consecuencia de una sobredosis en un centro de salud de Río de Janeiro que, irónicamente, se encontraba decorado con una imagen suya, sonriente. Una imagen de otra época, cuando nadie hubiera podido imaginar que aquel niño rescatado de la miseria acabaría abandonando la escuela en 2013 y entrando en el mundo de las drogas.

Un mundo que desde pequeño había visto, oído y sentido de mano de los traficantes en las calles de Manguinhos. Uno que, para el pequeño Christiano, resultaba mucho más cercano que los flashes de las cámaras y los apretones de manos con hombres de traje y corbata, aquel día en que unos políticos se acercaron a su comunidad por primera vez fuera de un año electoral. Ese día que parecía el comienzo de algo nuevo.

“Lamento la muerte de Christiano. Que la familia encuentre consuelo en este momento de dolor. Mis sentimientos acompañan a los familiares y a la comunidad de Manguinhos”, escribió Rousseff en la noche de este jueves (23).

Un gesto casi maternal de una presidenta que ve cómo el castillo de arena construido por el Partido de los Trabajadores (PT), desde su llegada al poder 2003, se va desmoronando frente a ella, mientras intenta sostenerlo con sus manos.

Como la arena pasando entre sus dedos, la esperanza de los brasileños en su gobierno se pierde para no volver. La última encuesta de la Confederación Nacional de Transportes (CNT) reveló que la aprobación de la presidenta es de apenas un 7,7% y que el rechazo se sitúa en torno al 78%, un nivel incluso inferior al del ex presidente Fernando Collor de Mello antes de haber sido sometido a un juicio político, en 1992. Un fantasma que parece estar aguardando en la oscuridad a la propia Rousseff.

Después de haber sacado de la pobreza a casi 40 millones de brasileños, de prometerles sueños de igualdad, libertad y oportunidades, el PT  y la presidenta han tocado fondo.

La trágica muerte de “Lulinha” es la expresión más gráfica del país que pudo haber sido y que la corrupción, la avaricia y la incompetencia de muchos echaron por tierra. La historia de “Lulinha” es, en definitiva, la eterna historia de Brasil.

Un país joven que tiene todo para triunfar y que acaba rindiéndose ante los problemas de la desigualdad, las drogas, la falta de oportunidades y el propio peso de su historia.

Quien sabe si en la intimidad del Palacio de Planalto, Rousseff, anoche, derramó una lágrima en honor a Christiano y, de paso, por el país que ha dejado de creer en los sueños.

En Brasil hay una manía,  y es que siempre hay una televisión encendida. Cada bar tiene, al menos, uno o dos televisores, que se mantienen prendidos todo el día, sin importar si alguien los está mirando o no.

Sin embargo, hay dos programas que siempre consiguen captar la atención del público y son “Cidade Alerta” y “Brasil Urgente”, de las cadenas televisivas Record y TV Bandeirantes, respectivamente.

Mientras los brasileños se toman una “gelada”(cerveza), observan en tiempo real persecuciones policiales, operaciones del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), tiroteos y, de vez en cuando, ejecuciones de los llamados “bandidos”.

Todo narrado con el ritmo de una partido de fútbol, en el que el presentador ejerce de juez y comentarista al mismo tiempo.

El pasado martes 23 de junio, ambos programas captaron, a través de sus helicópteros, una persecución que concluyó con un final demasiado indigesto hasta para el más fanático del programa.

En la imagen, se ve a un policía disparando a quemarropa contra dos menores que habían robado una moto. Fotografía: Reprodução.

Dos menores de 16 y 17 años escapaban a toda velocidad de una patrulla de la Policía Militar en una motocicleta robada por  las avenidas del barrio Jardím São Luís, en el sur de São Paulo.

Durante varios minutos, el hábil piloto, en su cruzada por lograr escapar del policía,  puso en peligro la vida de todo aquel que se cruzaba en su camino. Sin embargo, al encarar una recta, ambos jóvenes fueron alcanzados por el agente, a lo que el  copiloto reaccionó arrojándole su casco.

En ese momento, el cabo disparó su arma e hirió a ambos delincuentes  en las piernas. Unos metros más adelante, el motociclista perdió el control y la moto cayó junto a la pared de una casa, aprisionando a ambos menores que quedaron tendidos en el suelo.

Acto seguido, el policía detuvo su motocicleta junto a ellos y, antes de bajarse, ocurrió lo que nadie esperaba: disparó en dos ocasiones su arma sobre los menores rendidos y malheridos.

Todo tuvo lugar en directo y fue transmitido con lujo de detalles, porque las cámaras de los helicópteros de ambos programas registraron la acción desde dos ángulos distintos. Los fogonazos del revólver calibre 38 disparado en plena noche delataron al agente, quien con toda tranquilidad desarmó a uno de ellos y lo detuvo.

Eufóricos, los conductores Marcelo Rezende y José Luiz Datena saborearon el momento, sabiendo que los índices de audiencia estarían alcanzando el punto más alto: un policía acaba de disparar a quemarropa contra dos  menores, con millones de brasileños como  testigos.

El conductor del programa “Brasil Urgente”, José Luiz Datena. Fotografía: Divulgação.

La Secretaria de Seguridad Pública (SSP), anticipándose a la polémica, actuó de inmediato y el cabo, que fue identificado con el nombre de “De Souza”,  fue detenido de manera provisional, mientras que los jóvenes fueron internados en un hospital de Jardim São Luís.

Sin embargo, tan solo 24 horas después del episodio, el cabo fue liberado y retomó su trabajo, aunque provisionalmente, en el área administrativa de la Policía Militar de São Paulo.

“Quería felicitarte públicamente por una actuación excelente”, dijo el Coronel Telhada, diputado del estado de São Paulo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que gobierna esa región, en un video publicado en Facebook al día siguiente del hecho. “Hacen falta hombres así en la Policía Militar”, indicó.

El populismo se solapaba con el sensacionalismo. Si bien programas de este tipo banalizan la violencia hasta niveles extremos, el oportunismo del PSDB, partido que apoyó en el Congreso Nacional la aprobación de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) 171/1993 para reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, se hacía patente una vez más.

Pero no todo fueron felicitaciones para el agente. El secretario de la SSP, Alexandre de Moraes, advirtió: “Daremos el derecho de defensa al agente, pero por las imágenes hay una clara constatación de una seria irregularidad por parte del policía, ya que individuos rendidos al dominio del agente acaban recibiendo disparos”.

Si la acción del agente merece su expulsión del cuerpo de policía, una pena de cárcel o cualquier otro castigo, eso deberá decidirlo la Justicia, pero lo que realmente impacta del caso es la cotidianidad de la violencia de la policía contra los delincuentes.

El discurso del “mejor bandido es el bandido muerto” continúa muy vivo en la consciencia colectiva de los brasileños.

Marcelo Rezende, conductor de “Cidade Alerta”. Fotografía: Edu Moraes/Divulgação Record.

Según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2012, al menos 1890 personas murieron a manos de la policía en Brasil, mientras que en Estados Unidos, país con un 30% más de habitantes, ese número fue de  410.

Con 53.646 muertes totales por año, es decir, seis asesinatos por hora, el problema de la violencia en este país es tan mayúsculo y cotidiano que, a veces, parece que sus habitantes han perdido todo respeto por la vida ajena.

La televisión y la mayoría de los periódicos del país lo saben y sacan provecho de ello. Los políticos tampoco se quedan atrás y, azuzando el debate, pronto alcanzaron el 87% de apoyo ciudadano a la reducción de la edad penal, un proyecto condenado por la ONU, que fue rechazado por la Cámara de Diputados, por una estrecha diferencia de cinco votos.

Llegado este punto, no se puede dejar pasar la interesantísima entrevista del Secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, con la revista “Época”.

“En Brasil, estamos retrocediendo. Le quito los fusiles a la policía, me critican por querer desarmar a los bomberos y una gran parte de la población continúa queriendo armarse”, explicó el responsable del programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro.

Uno se pregunta cómo, si hasta uno de los mayores responsables por la seguridad en el país reconoce el fracaso de la “mano dura”, la ciudadanía está cada vez más convencida de que más armas, más cárcel y más severidad solucionarán el problema.

José Mariano Beltrame visita el Morro do Vidigal, en Río de Janeiro. Fotografía: Maíra Coelho / Ag. O Dia.

“Follow the money”, suele decirse en las películas de detectives a la hora de encontrarle una explicación a algo que aparentemente no la tiene. Solo apuntaré un dato: Brasil es el 4º mayor fabricante de armas ligeras del mundo, con 17,6 millones de ellas en circulación y albega a la mayor fábrica de pistolas del mundo: Taurus.

El próximo paso de la “bancada de la bala” y del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) será la aprobación del proyecto de ley 3722/2012 para permitir la portación de armas y acabar con el Estatuto del Desarme.

Con un mercado de más de 200 millones de brasileños y con 15 de las 50 ciudades más peligrosas del planeta en el país, el negocio está asegurado. Teniendo en cuenta que tanto Taurus como la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC) financiaron la campaña de algunos diputados del PMDB, el círculo se completa.

En Brasil, la paranoia por la seguridad, alimentada por el sensacionalismo de los medios de comunicación, y la violencia planificada, garantizada a través de la “mano dura” de la Policía Militar, parecen ser las dos caras de un mismo negocio.

DE RÍO DE JANEIRO

La noche del 26 de septiembre de 2014, Ernesto Guerrero viajaba hacia Iguala con otros 56 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, en México. Iban a recaudar en las calles el dinero que les permitiría desplazarse hasta Ciudad de México para asistir a la marcha nacional en memoria de la matanza de octubre de 1968, en la que murieron más de 300 estudiantes y obreros.

La llegada de los normalistas a Iguala no gustó a Ángeles Piñeda, esposa del alcalde y tesorera del cártel Guerreros Unidos, que en ese momento preparaba el primer mitin de su candidatura a regidora (concejala). De repente comenzaron los disparos contra el autobús.

Un policía se acercó a Ernesto, le apuntó a la cara y le dijo “vete o te mato”. Lo último que vio fue a sus compañeros vivos tendidos boca abajo sobre el asfalto, rodeados de policías y sicarios, que en el estado de Guerrero y otras zonas de México operan bajo el mismo mando.

Ernesto se libró porque no cabía nadie más en las camionetas. Otros 13 estudiantes lograron huir hacia la selva y 43 siguen con paradero desconocido.

El 2 de abril pasado, Eduardo Jesús Ferreira no tuvo tanta suerte como Ernesto. Su historia terminó en el Complejo del Alemán, el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro. Tenía 10 años y estaba sentado frente a su casa cuando un policía militar le disparó a la cabeza. Fue la cuarta víctima menor de edad del día en esa zona y pasó a engrosar la media brasileña de cinco muertos diarios a manos de la policía.

Este trágico suceso despertó cierto revuelo en Brasil, un país en el que las desapariciones y los asesinatos a manos de la policía son el pan de cada día, como en México. Presionadas por la prensa, las autoridades brasileñas investigaron y concluyeron que se trató de un cruce de tiros. Los vecinos y familiares que presenciaron los hechos afirman que ese día no hubo ningún tiroteo en la zona.

Ilustración de Lorca Segarra. 

Además de defender a los culpables en ambos casos, las autoridades de México y Brasil reprimieron con dureza a quienes se manifestaron contra la impunidad policial y la violencia de Estado. Organizaciones sin fines de lucro como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, periodistas independientes y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportan cifras a esta realidad: cada 11 minutos desaparece una persona en Brasil, mientras que en México sucede lo mismo cada 84 minutos.

Los presidentes de ambos países, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, no hicieron ni un solo comentario sobre el drama de las desapariciones y los asesinatos a manos del Estado en Brasil y México durante el encuentro que celebraron el 26 de mayo. “Brasil y México (…) no podían vivir alejados el uno del otro”, dijo Rousseff al finalizar el encuentro en alusión a la lluvia de acuerdos económicos que se avecinan.

Y en materia de Derechos Humanos, ¿están alejados Brasil y México? La distancia que mencionó Rousseff no la ha roto ningún gobierno, sino la Caravana 43, creada con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y formada por familiares de los estudiantes desaparecidos y un superviviente.

Esta semana están en Río de Janeiro, último destino de una travesía por América Latina que incluyó varias paradas en Argentina, Uruguay y otras ciudades de Brasil.

Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos llegaron para contar de primera mano lo sucedido, libres de las distorsionadas versiones oficiales, y para “tejer lazos de solidaridad con la sociedad civil y las luchas de abajo”, según explica M.R., una activista mexicana que pide el anonimato por miedo a represalias.

“Se llevaron a nuestros hijos, y con ellos nuestro miedo”, afirma incansable Mario Contreras, padre de César, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

“Antes incluso de que la Caravana comenzase, el apoyo ya fue muy fuerte”, explica M.A., responsable de comunicación de la Caravana 43 RJ, quien añade que “hoy las actividades serán aquí en la Maré, en un ambiente militarizado y de Unidades de Policía Pacificadora que hace evidente lo parecidos que son México y Brasil en cuanto al nivel de violencia”.

La solidaridad de los brasileños se traduce en los aplausos que interrumpen una y otra vez el relato de los padres. “Aquí el Estado también culpa al narcotráfico para justificar todas las masacres que ellos mismos cometen”, exclama un residente de la Maré.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos e integrantes de la Caravana se reúnen con movimientos sociales en Rio de Janeiro. Fotografía: Pilar Pedraza

La Caravana 43 llega hasta la favela Pinheiros para conocer a Irone Santiago, madre de Víctor, un joven que fue atacado por el ejército cuando volvía de jugar a fútbol. Irone comprende perfectamente la angustia de ser ninguneada y despreciada por las mismas autoridades que condenaron a su hijo a estar postrado en la cama de por vida.

La indignación se apodera de la casa y concluyen que su lucha es más visible cuando están juntos.

Dicen los padres de los desaparecidos que seguirán luchando hasta que les devuelvan a sus hijos.

No dejarán de denunciar que, tras lo sucedido aquella noche de septiembre, el gobierno mexicano tardó ocho días en dar una respuesta; que la investigación oficial señaló que los estudiantes habían sido incinerados, pero forenses independientes de Austria y Argentina comprobaron que solo había un normalista entre los cadáveres encontrados; que varios periodistas demostraron que la policía y el ejército rastrearon a los estudiantes justo antes de que partieran hacia Iguala; que el ejército agredió y negó asistencia médica a varios estudiantes que logaron huir; que el gobernador de Guerrero ofreció grandes sumas a los familiares a cambio de su silencio, y que está probado que el fiscal general de México y el presidente Peña Nieto sabían desde 2013 acerca de los vínculos oscuros del gobierno de Iguala, pero no hicieron nada.

Las autoridades de México informaron en abril que hay 25.398 desaparecidos en el país. Brasil solo ofrece el número de denuncias por desaparición: en torno a 250.000 al año.

“Ahora lo importante es la acción, ser creativos y reaccionar ante esta bestia… Los movimientos sociales se están dando cuenta de que luchamos contra la misma bestia”, concluye M.R.

]]> 0 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/05/15/idoneidad-para-que/ http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/2015/05/15/idoneidad-para-que/#respond Fri, 15 May 2015 15:56:27 +0000 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/?p=1442 Continue lendo →]]> POR ESTEBAN NIETO, DE SÃO PAULO

Esteban es un periodista deportivo argentino que vive hace tres años en São Paulo. Realizó coberturas para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el Mundial de Brasil 2014 y la Fórmula 1. Puedes seguirlo en Twitter en la cuenta @intratable y ver su trabajo aquí.

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Londres 2012. Conocidos también como los “Juegos Olímpicos sustentables”, ya que se realizaron con una inversión modesta y teniendo en cuenta la herencia y la reutilización de espacios, estos Juegos simbolizan un caso de éxito dentro de este tipo de organización.

La idea era no sufrir los mismos percances que Grecia y Sudáfrica. El primer país tiene un Parque Olímpico fantasma y estadios completamente abandonados a poco más de una década de las Olimpíadas. En el país africano, el monumental Soccer City perdió el brillo después de los flashes del Mundial de 2010 y, salvo para velar al líder sudafricano Nelson Mandela, no alojó encuentros relevantes.

Vista aérea del Parque Olímpico, núcleo de las instalaciones y pruebas deportivas de las Olimpíadas de Londres 2012. Fotografía: Anthony Charlton/Efe.

A menos de 500 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el panorama dista mucho de la experiencia británica. A los errores de planeamiento y que algunas construcciones se vieron afectadas por falta de fondos, algunas decisiones politicas empañan aún más la situación, como haber designado como ministro de Deportes a George Hilton, un teólogo y pastor evangélico con nula experiencia en cargos deportivos.

Esta semana, el portal UOL reveló que Hilton nombró a una joven de 18 años como coordinadora de infraestructura de la Secretaría Nacional de Deporte de Alto Rendimiento. Waleska Lima, quien cursa el primer año de la universidad, es hija de Wagner Lima, pastor de la misma iglesia a la que pertenece Hilton.

El sitio también dio a conocer la contratación de Cibele Mazzo, ex Miss Brasil en Estados Unidos y que tampoco cuenta con experiencia en el área, como asesora de la Secretaría Nacional de Fútbol y Defensa de los Derechos del Hincha.

Pocas horas después de que salió a la luz el nombramiento de Lima, la joven decidió dejar el cargo, mientras que la ex modelo aún permanece en el puesto.

El estadio Soccer City, escenario de la apertura y la final del Mundial de Sudáfrica 2010. Fotografía: Alexander Joe/AFP.

¿QUIÉN ES GEORGE HILTON?

El actual ministro de Deportes nació en Bahía y desde 1999 representa a Minas Gerais, primero como diputado dentro de su propio estado y luego a nivel nacional. En 2005, fue expulsado de su entonces partido político -Partido del Frente Liberal (PFL)- tras haber sido detenido en un aeropuerto con 600.000 reales, identificados como provenientes de donaciones de fieles de iglesias evangélicas.

En 2009, se afilió al Partido Republicano Brasileño (PRB), que actualmente es aliado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Dilma Rousseff y Lula da Silva. En sus dos mandatos como diputado (2006-2010 y 2010-2014) no presentó ningún proyecto de ley vinculado a los deportes.

Con la reelección de Rousseff, Hilton asumió el ministerio en reemplazo de Aldo Rebelo, un dirigente del partido comunista que ahora dirige el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El nuevo ministro de Deporte George Hilton y Aldo Rebelo, que dejó ese cargo para ocupar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fotografía: Eduardo Anizelli/Folhapress.

Rechazado por varios sectores y hasta por la organización Atletas por Brasil, que aglutina a varios pesos pesados del deporte brasileño como Raí, Rogerio Ceni o Rubens Barrichello, finalmente su nombramiento no fue vetado gracias a la amenaza del PRB de abandonar la alianza con Rousseff y pasarse a la oposición.

DE CARA A RÍO 2016

El Comité Olímpico Brasileño (COB) se mantiene como un ente privado y como alma máter de la organización de los Juegos, cuya cabeza visible es el ex jugador de voleibol Arthur Nuzman. Por la parte gubernamental, el órgano principal es la Autoridad Pública Olímpica (APO), cuyo presidente es el empresario Marcelo Pedroso y que abarca la parte de infraestructura y de obras del evento deportivo.

Con esto, el papel de Hilton en los Juegos Olímpicos será bastante limitado, pese a que será la primera Olimpíada que se desarrollará en Brasil y Sudamérica. Sin tener a alguien con experiencia para el cargo, Brasil perdió la oportunidad de sumar un dirigente que contribuya plenamente para una cita única e histórica para Río de Janeiro, donde parece que para ciertos cargos se valoran más los favores políticos que la idoneidad.

El último clásico de Porto Alegre que disputaron el domingo 1 de marzo el Internacional y el Gremio se ganó al menos un capítulo en los libros de historia del fútbol. No por la calidad del encuentro (fue un espantoso 0-0); tampoco por lo que se jugaban, ya que el torneo gaúcho apenas está comenzando.

Sin embargo, el estadio Beira Río lució una escenografía poco usual en sus tribunas, regalando una postal atípica en el fútbol sudamericano: las camisetas rojas del local se mezclaban con las celestes y negras del visitante en uno de los laterales del estadio, conformando una torcida mixta.  

La iniciativa de sentar juntos a 2000 hinchas del Inter y del Gremio fue de Alexandre Limeira, vicepresidente de administración del club “colorado” y, a juzgar por lo visto, fue un éxito.

El Beira Río se pobló de familias enteras, con niños y abuelos incluidos, intercambiando camisetas, disfrutando de la previa, del partido y de volver a casa caminando a la par, más allá de las preferencias futbolísticas, esas que no se negocian.

La exitosa medida de Porto Alegre acompaña aquella de Recife, en la cual las madres de los hinchas fueron las encargadas del operativo de seguridad en el clásico entre Sport y Náutico.

Ambas iniciativas ocurren en el contexto de una profunda crisis del fútbol brasileño que, en su intento de volver a ser, está chocando una y otra vez con hechos de violencia de gravedad creciente, dentro y fuera de las canchas.

Hinchas del Internacional y del Gremio, juntos en el estadio Beira-Rio. Fotografía: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA.

Torcidas organizadas (similares a las barra bravas o los ultras) que ya no respetan ninguna autoridad, envalentonadas por la connivencia con la más cobarde de las dirigencias, esa que prefiere entregar el poder a los vándalos y hacer la vista gorda.

Entre 2012 y 2014 fueron 71 las muertes en Brasil por incidentes en los estadios. Sólo un 3% de los delitos criminales en el fútbol fueron procesados durante el año pasado. 2015, a esta altura, ya cuenta con tres víctimas fatales.

Para frenar la oleada de hechos violentos, el Ministerio Público diseñó un plan de torcida única como “medida provisional”. Es decir, que sólo los equipos que actúan como locales tendrán el apoyo de su público. Basta de hinchas visitantes.

“No tiene sentido que el Estado gaste dinero escoltando torcidas organizadas hasta el estadio para impedir peleas con los hinchas locales. Se torna un privilegio en favor de la violencia”, escribió Paulo Sérgio de Castilho, fiscal del Ministerio Público, en un especial para Folha. 

El sociólogo Mauricio Murad, en la misma página del periódico, se mostró en desacuerdo.

En su artículo titulado “Sería como matar al buey para acabar con la garrapata“, destacaba: “¿Qué tal si aplicasen la ley para acabar con la impunidad de esas minorías agresivas que se confunden con las masas?”

Luego, argumentaba: “Las [torcidas] organizadas en Brasil tienen más de dos millones de personas y un 6% de ellos está vinculada con delitos. La implementación de la torcida única sería injusta, además de demostrar incapacidad y flaquezas por parte de la justicia”.

Las opiniones a favor y en contra de la medida se amontonan, son muchas y diversas. Desde lo fáctico, sólo haría falta echar un vistazo al patio del vecino.

Policías e hinchas del Corinthians se enfrentan durante un partido, en 2014. Fotografía: Robson Ventura – 21.set.2014/Folhapress.

EL FRACASO ARGENTINO

En Argentina, el fútbol sin público visitante rige por iniciativa del Ministerio de Seguridad para Primera División y B Nacional desde agosto de 2013. El detonante fue una interna feroz en la barra brava de Boca Juniors.

Un año y medio después, poco cambió. La violencia sigue presente dentro y fuera de los estadios. Fueron 18 los muertos que dejó el fútbol sólo en 2014, 13 de ellos vinculados con barras.

Hubo asesinatos en disputas por el poder entre sectores enfrentados de las hinchadas de Lanús (Primera Divisón), Almirante Brown e Ituzaingó (Ascenso), con brutales ataques entre noviembre y diciembre pasado.

En ese período, también dos hinchas de San Telmo fueron masacrados por barras de Dock Sud, cuando miraban un partido por televisión.

En la ciudad de Rosario, tercera más poblada de la Argentina, en la provincia de Santa Fe, hubo dos asesinatos vinculados con barra bravas el preciso día en el que se disputó el clásico de esa ciudad, uno de los más peligrosos, entre Newell’s y Rosario Central.

Los clubes más populares tampoco se salvan. La barra disidente de River destruyó su propia confitería para atacar a los miembros de la facción oficial. En la otra vereda, la interna entre barras de Boca parece una historia de nunca acabar.

Pero la locura superó todos los límites cuando en Aimogasta, provincia de La Rioja, en el noroeste del país, un futbolista fue asesinado tras recibir un ladrillazo en la cabeza arrojado desde la tribuna. Franco Nieto se convirtió en el primer jugador muerto por la violencia en el deporte.

En Argentina, tras una feroz interna en la barra de Boca (foto), el Ministerio Público decidió prohibir el ingreso de hinchadas visitantes en la Primera División y B Nacional. Fotografía: Juan Mabromata – 1º.mai.2013/AFP.

Hace menos de dos semanas, el presidente de Temperley (Primera División), Hernán Lewin, fue agredido con un botellazo en el pecho tras gritar un gol de su equipo en el estadio de Racing.

Lejos de denunciar el hecho, dijo: “No creo que haya un solo club que no pacte con los barras. Si no lo hacés, tenés que pagar 10 veces más por el operativo de seguridad. Y suceden estas cosas”.

La comunidad de directivos reprobó los dichos de Lewin. No porque difieran de la realidad, sino porque ese “sincericidio” les molesta. Son contados con los dedos de una mano los que quieren acabar con la violencia más allá de los discursos de cartón.

El poder es de ellos, de los violentos. Rompen, golpean, asesinan, compran, venden. Todo, bajo un grueso manto de impunidad que deberían quebrar los que hasta hoy callan y pactan desde cómodos sillones.

La inútil experiencia argentina debería ser prueba suficiente para Brasil. La salida es condenar a los violentos y no suprimir al público de los estadios.

En todo caso, implementar la medida de torcida única no parece ser la solución para garantizar la seguridad. Terminarán pagando los platos rotos, una vez más, los hinchas genuinos del fútbol. La cultura de la violencia, en cambio, descansará sana y salva.

Hace exactamente 11 meses, los miles de hombres de la Fuerza de Pacificación de la Policía Militar de Río de Janeiro, apoyados por medios aéreos y terrestres del Ejército de Brasil, ocuparon  las 16 favelas que conforman del Complexo da Maré, en la zona norte de Río.

El despliegue fue aparatoso y no les hizo falta disparar un solo tiro. Satisfechos, el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, y el por entonces gobernador, Sergio Cabral, calificaron la operación como un éxito y auguraron que pronto se instalarían allí las correspondientes Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

Pero la realidad es que la operación no fue un éxito, tampoco hubo UPPs, ni nada que se le parezca. Los disparos de los fusiles 762 del Ejército brasileño, que por aquel entonces no pudieron ser recogidos por las varias docenas de reporteros que acompañaron la ocupación, han ido desangrando poco a poco la vida de los 130.000 habitantes del Complexo da Maré.

El pasado 12 de febrero, una furgoneta con cinco jóvenes que regresaban de una fiesta fue masacrada por disparos de los militares en la favela Salsa e Merengue. Uno de ellos perdió su pierna. Tan solo una semana después, un obrero fue abatido tras ser “confundido con  un traficante”, como declararon los militares, mientras trabajaba en una reparación en la Vila do João.

Policías intentan contener una protesta cerca del Complexo da Maré, en Río de Janeiro. Fotografía: Mauricio Fidalgo/Reuters.

Menos de 24 horas después, otra “combi” repleta de viajeros que hacían la línea Maré- Bonsucesso fue ametrallada en la Vila do Pinheiro. ¿El motivo? El conductor no tenía licencia para  transportar personas  y quiso saltarse un control del Ejército.

Indignados, hartos por tantos heridos y muertes absurdas, unos 300 habitantes de la Maré quisieron exponer su malestar con una protesta pacífica el pasado 23 de febrero. Nuevamente, la policía y los militares desconfiaron de los manifestantes y decidieron disolver la incómoda protesta por la fuerza. Dos menores murieron y tres personas resultaron heridas.

Sus muertes apenas causaron conmoción en la prensa local, que aquellos días andaba pendiente de la visita del Comité Olímpico Internacional (COI) a las instalaciones de los futuros Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Los centenares de habitantes del Complexo da Maré  que escapaban de los gases lacrimógenos y de las balas de la Policía Militar  aquella noche, probablemente no lo sabían, pero su destino había sido decidido entre sonrisas y apretones de mano unas horas antes.

El secretario del Ministerio de Deportes, Ricardo Leyser, anunciaba aquel día que el gobierno federal usará las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad en Río 2016.

En la práctica, la decisión supuso que los 2700 militares que cada día supervisan la vida de los habitantes de la Maré, amplíen su presencia en la zona por otros 18 meses. A un coste de 593.000 dólares por día, los contribuyentes brasileños pagarán  319 millones de dólares para que sus vecinos de la zona norte vivan en un contexto más propio de Irak o de Palestina.

Soldados refuerzan la seguridad en el Complexo da Maré después de un día de un inteso intercambio de disparos entre traficantes locales. Fotografía: Alex Ribeiro/Folhapress.

Los blindados y la artillería pesada se han convertido en parte del paisaje de las 16 favelas de la Maré, cuyo único pecado es haber sido construidas entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim y el centro de la “cidade maravilhosa”.

Un lugar estratégico que una valla de tres metros de altura, situada alrededor de los 10 kilómetros cuadrados que ocupa, no ha sido capaz de esconder de la mirada de los turistas que pasan por la Linha Vermelha camino de las playas de postal de la zona sur.

Puede que el yugo de las tres facciones de narcotraficantes (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) que allí se daban cita, y que todavía mantienen su influencia a pesar de la ocupación, debía ser erradicado.

Pero casi un año después la ocupación militar se ha revelado como un fracaso, denunciado además por innumerables asociaciones de Derechos Humanos.

Así lo hizo Amnistía Internacional a través de un comunicado oficial en el que afirmó que  las Fuerzas Armadas “no poseen el entrenamiento adecuado” o las habilidades de “diálogo con organizaciones de la sociedad civil o poblaciones de las favelas”.

Además, la respetada organización expuso que “la lucha contra el narcotráfico no puede llevar a una criminalización de la comunidad, especialmente de los más jóvenes”. Unos argumentos a los que los dirigentes del COI no han querido prestar atención.

Un hombre posa frente a un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas, durante la ocupación del Complexo da Maré, en abril de 2013. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress.

Es la triste realidad de los miles de cariocas que no cuentan con un lugar dentro de los ambiciosos planes de Río 2016.

Empujados a los márgenes de la ciudad e ignorados durante décadas por los gobiernos locales, viven la opresión de una ocupación militar con el pretexto de protegerles de un yugo, el del narcotráfico, al que esos mismos gobiernos dejaron hacerse amos y señores de aquellos que poco importaban.

Faltan 18 meses para el mayor evento deportivo jamás vivido en Río de Janeiro y nada ni nadie deberá arruinar la fiesta. Los intereses puestos en un espectáculo que le ha costado a la ciudad 13.000 millones de dólares valen más que los derechos de unos cuantos “favelados”.

Al igual que ocurrió en 2013 durante la Copa de las Confederaciones o en 2014 durante el Mundial, el Ejército brasileño se sumará a la fiesta del silencio, la de las manifestaciones pacíficas disueltas a golpes, gases lacrimógenos y disparos de los que matan.

Pero en la Maré no se resignan a vivir oprimidos por el silencio. Es imposible saberlo, pero es posible que la próxima “primavera brasileña” comience entre la mayoría silenciosa que todavía no ha alzado su voz en Río de Janeiro.

Es mediodía en Río de Janeiro, la temperatura ronda los 40 grados y una multitud se agolpa debajo de la escasa sombra que proyecta una parada de autobús en la playa de Flamengo.

Entre las personas que allí esperan son muchos los que revuelven sus monederos a la caza de los 40 centavos extra que desde el sábado pasado (3) tendrán que pagar por cada viaje que realicen. Un aumento del 13,3%, (de 3 a 3,40 reales) por viajar en unos autobuses viejos y sin aire acondicionado, que a muchos les suena a broma pesada.

Algo así como la promesa del alcalde de Río, Eduardo Paes (PMDB), quien prometió el 100% de los autobuses con aire acondicionado para 2016, algo que en la actualidad solo cumple el 28% de la flota.

Protestas del MPL

“Nunca sudar me había costado tanto dinero, por lo menos espero adelgazar”, comenta entre risas Isadora Nunes, una trabajadora doméstica de 46 años que cada día emplea unas tres horas y 4 autobuses (entre ida y vuelta) para desplazarse desde la Baixada Fluminense para trabajar en diferentes hogares de la zona sur de Río.

Al igual que ella, miles de trabajadores de toda la ciudad deberán pagar al menos 80 centavos más por día, 1,60 reales en caso de no disponer del billete único, para desplazarse a su lugar de trabajo.

Un gasto fijo que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) sitúa en torno al 15% de los ingresos mensuales de los trabajadores brasileños y que, en algunos casos, puede suponer hasta el 70% de los ingresos mensuales de quienes obtienen el salario mínimo (678 reales).

Pero Río no está sola. Desde el martes (6) los habitantes de la megalópolis São Paulo pasaron a pagar de 3 a 3,50 reales por viaje en metro y autobuses.

Un aumento  mayor al de Río que  el alcalde, Fernando Haddad, anunció el pasado 26 de diciembre e indicó que considera por debajo de la variación en la inflación que, según él, supondría un aumento hasta los 3,75 reales por trayecto.

Se trata de una auténtica locura si se piensa que, en junio de 2013, un aumento mucho menor dio lugar a una de las mayores protestas ciudadanas que se recuerdan en Brasil desde el fin del periodo militar (1964-1985), encabezadas por el Movimento Passe Livre (MPL), que terminaron por obligar a los alcaldes de varias ciudades de todo el país a congelar las tarifas y negociar la posibilidad de aplicar la gratuidad del transporte público para  los estudiantes universitarios y de escuelas técnicas.

Esta promesa la ciudad de São Paulo podría aplicarla a partir de febrero, aunque aún continúa en el aire a la espera de la reglamentación de la  alcaldía.

Pero el MPL está de vuelta y desde hace una semana convoca a diferentes actos de protesta en todo el país.

El pasado lunes, cientos de personas se reunieron en el Largo de São Francisco, en Río de Janeiro, para protestar por el aumento de la tarifa mientras que, en São Paulo, el MPL organizó el acto “Clase Abierta Contra la Tarifa” frente al ayuntamiento.

Un acto que, irónicamente, contó con la presencia del hijo del alcalde, Frederico Haddad, que abandonó el lugar al ser reconocido por la prensa local y algunos de los presentes.

No obstante, el gran acto del MPL tendrá lugar  el próximo viernes (9) a las 17, frente al Teatro Municipal de São Paulo, ciudad que en 2013 lideró las protestas ciudadanas contra el “tarifazo”.

Una movilización que tendrá su equivalente carioca exactamente a la misma hora en la región de Cinelandia, la misma que concentró las manifestaciones más violentas que se recuerdan en Brasil a manos de los hoy en día desaparecidos “Black Blocs”.

Y es que, más allá de la necesidad de adaptar los precios a la inflación del 6,86% que golpea el bolsillo de los brasileños, son muchas las voces de técnicos que valoran el aumento como completamente desproporcionado e interesado, especialmente en el caso de Río de Janeiro, que incluso ha sido denunciado esta semana por el Ministerio Público sin éxito.

Desde que Paes asumió la alcaldía en 2009, el precio de los billetes en la ciudad aumentó un 54,54%, es decir, un 38,6% más que la inflación durante el periodo, de acuerdo con  los cálculos del profesor del Instituto Brasileño de Mercado de Capitales (IBMEC), Gilberto Braga.

En declaraciones al diario Extra, el profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV), Marcus Quintella, señaló que la suba está por encima del aumento en el precio del diesel y de los salarios de los trabajadores de transportes, a la vez que indicó que “las cuentas no son claras” y que el detalle técnico de la tarifa “debería ser abierto a la ciudadanía que tiene derecho a saber cómo está calculado”.

Llegados a este punto, solamente los intereses políticos y empresariales podrían explicar un aumento calificado como “inexplicable” por los expertos.

Basta con observar la reducción aprobada en 2010 por el gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), del 2% al 0,01% del Impuesto sobre Servicios (ISS) a las empresas de transportes, dejando de recaudar así 33 millones de reales por año.

A esto se suma la exención en el pago del Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Prestación de Servicio (ICMS), que aportaba 100 millones de reales anuales al ayuntamiento, o la reducción del 50% en el Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), dejando con ello de percibir 36 millones de reales anuales.

Se trata de un ahorro estimado de 169 millones de reales para las compañías de autobuses de Río de Janeiro, basado en decretos firmados por Cabral.

La falta de transparencia y la connivencia más que evidente entre las autoridades de la ciudad y el estado de Río de Janeiro con personas como el empresario Jacob Barata, llamado el “rey de los autobuses” y propietario del Grupo Guanabara -con una flota de 4200 autobuses y más de 20.000 trabajadores- da que pensar a la hora de valorar un aumento que con mayor o menor impacto -dependiendo de la ciudad- recaerá directamente sobre los bolsillos de la clase trabajadora de todo el país.

Un claro abuso que este miércoles (7) adquirió notas de surrealismo cuando el secretario de Transportes de Río de Janeiro, Rafael Picciani, anunció que podría reducir un 25% la flota actual de autobuses hacia 2016, alegando una “racionalización” de la flota, tras el inicio del servicio BRT (Transporte Rápido en Bus, por su sigla en inglés) en la ciudad y “cumplir con la meta” de aire acondicionado en el 100% del servicio para el próximo año.

En conclusión, peores servicios para los ciudadanos que tendrán que pagar más para apretarse dentro de los cada vez más escasos autobuses. Mientras tanto, los empresarios del sector ganarán más y se ahorrarán millones en renovar una flota de autobuses antiguos con conductores y cobradores con sueldos ridículos.

En este contexto de precarización del transporte público, la reactivación del  MPL parece ser la única esperanza para unos ciudadanos que, si bien tomaron las calles por 25 centavos en 2013, no parecen dispuestos a movilizarse en 2015.

Un año que todos los economistas, incluido el nuevo ministro de Hacienda, Joaquim Levy, señalan como el año en el que los brasileños de a pie tendrán que apretarse el cinturón.

Ilustración de Alberto Costa

Ojos que descienden de navíos negreros nos observan curiosos en la isla de Boipeba, insertada en el archipiélago de Tinharé, en el litoral del estado brasileño de Bahía.

Cuentan que el nombre de Boipeba deriva de la lengua tupí (m’boi pewa), que significa “cobra chata”, una denominación indígena para la tortuga marina.

En razón de la importancia del patrimonio natural y de la necesidad de protección de los ecosistemas, el gobierno del estado de Bahía creó el Área de Protección Ambiental (APA) de las islas en 1992.

En el corazón de la isla encontramos el virgen poblacho de Monte Alegre, de 90 personas, reconocido en el año 2006 por la Fundación Palmares como comunidad quilombola, descendiente de esclavos africanos que mantiene tradiciones culturales, de subsistencia y religiosas a lo largo de los siglos y que tiene derecho a la titulación de sus tierras.

Las viviendas son de arena, los techos de paja hilada, un trabajo artesanal en el que luchan los vecinos para hacerlas impermeables. Media docena de casas se yergue en el pico de la colina, zona serrana de la isla.

Aquí la pesca no es tan común. Nos observan desde sus chozas ojos todavía vírgenes de la sociedad artificial, almas limpias, un pueblo trabajador de la recolección de las plantaciones de coco, dendé y frutas como el mango, el cajú o la mangaba.

Sonrisas sin dientes, sonrisas transparentes de un pueblo que conoció la maldad del sistema esclavista, aunque no parece guardar rencor, o lo guarda dentro de sus entrañas.

Una piedra en forma de corazón preside la barraca de João, agricultor, vendedor y consumidor de cachaza. Diez kilos de corazón fósil, tallado en una sola pieza, que representa simbólicamente a un pueblo cálido que está dispuesto a tallar su felicidad.

En el corazón de Boipeba está el virgen poblacho de Monte Alegre, reconocido en el año 2006 por la Fundación Palmares como comunidad descendiente de esclavos africanos. Fotografía: Gabriel Bayarri.

Relatan leyendas la existencia de túneles fantásticos que atraviesan la isla de Boipeba. Túneles cavados por esclavos fugitivos, que huyeron al igual que los ancestros de Monte Alegre, instalándose en la colina.

Habla el anciano del quilombo, se le escucha con respeto y se rellena su vaso con cachaza.

Así se refresca el sudor en el pico de la colina, donde cada objeto es un bien preciado y el valor de un tronco para cocinar al fuego es una ofrenda de sudor a Ochosi, orishá (divinidad del Candomblé) de la tierra, la floresta y los campos cultivables.

Se enfrenta ante esta realidad un emprendimiento urbanístico megalomaníaco en el sur de la pequeña isla, el “Proyecto Turístico-Inmobiliário Hacienda Ponta dos Castelhanos”, financiado por el empresario Arthur Bahia, por el ex presidente del Banco Central Armínio Fraga y por José Roberto Marinho, miembro de la familia dueña del imperio mediático Globo.

El proyecto amenaza con destruir la paz y la preservación de la forma de vida.

Un “eco-resort” multimillonario y para millonarios, una depredación latifundista para crear en medio de la pequeña isla, de 80 kilómetros cuadrados, campos de golf y un aeropuerto que ocuparán el 20% de su espacio. Asambleas públicas sin resultados, acuerdos sin cumplimiento, ignorancia ante las propuestas de los líderes locales.

Un estudio de impacto ambiental mentiroso, inconsistente, ante la depredación de la isla, de la real multiplicación en un 300% de vertederos o la tala en 16 hectáreas de su territorio, de los cambios en el ecosistema, pérdidas en la biodiversidad de la reserva, dificultades en la pesca artesanal y en la agricultura familiar, impulsando la explotación turística agresiva y motorizada.

Las formas de vida tradicional en la isla mantienen su preservación arrinconada ante este emprendimiento monstruoso, disfrazado de desarrollo, ante el que los habitantes han tenido la sabiduría de decir “no lo queremos”, a pesar de que no han tenido hasta ahora el poder suficiente.

Imagen de la paradisíaca isla de Boipeba. Fotografía: Roberto de Oliveira/Folhapress.

Al hablar del emprendimiento, las miradas cambian, y expresan un grito de auxilio desde lo más profundo de sus almas, pidiendo protección. Muestran su miedo a la precarización de sus vidas, a retomar una esclavitud contemporánea, fregando, friendo y frotando al son de las madames.

Muestran el miedo al saqueo de la riqueza natural, a la destrucción cultural de su espacio, al surgimiento del crimen. Un sentimiento de angustia  invade la isla, de impotencia ante el poder económico, capaz de arrasar la naturaleza y la cultura, especialista en hallar agujeros legales que justifiquen la prostitución socio-ambiental a la que someten su isla.

Se escucha un vehículo pesado llegar por la inclinada ladera de tierra. Gallinas de Angola, utilizadas en los rituales del candomblé, atraviesan la placita  de Monte Alegre. Los niños llegan en tractor a su poblado desde la escuela, es el único transporte en esta isla que no conoce el asfalto.

Mastican por el camino dulces de banana, fabricados por una cooperativa local de mujeres campesinas. Y llegan sonrientes, sin imaginar siquiera estos brotes de fantasmas en la isla, los brotes de los dueños de sus ancestros.

Petición de Avaaz contra el emprendimiento.