Este miércoles 23 de septiembre en Parque Alegría, en la comunidad de Cajú, situada en la zona portuaria de Río de Janeiro, Herinaldo Vinicius da Santana, de 11 años, recibió cerca de las cuatro de la tarde un disparo en la cabeza. Terminó muriendo pocos minutos después.

Presuntamente, quien le disparó al chico fue un policía de laUnidad de Policía Pacificadora (UPP) de esa favela, durante  una operación de rutina.  

Indignados, los  vecinos de la comunidad grabaron los últimos suspiros del niño, en unas imágenes de mucha crudeza, y también al que creen que es el presunto asesino.

Ambos videos, que circulan por las redes sociales, denuncian una vez más los abusos cometidos por la Policía Militar (PM).

Los vecinos salieron a manifestarse para protestar contra la muerte de Herinaldo y cortaron parte de la Línea Vermelha y la Avenida Brasil, dos importantes vías de circulación que conectan la zona norte con el centro de la ciudad.

Al parecer, el niño había salido a comprar una pelota de ping-pong, detonante para que un agente de policía apretase el gatillo y se llevase la vida del menor.

Tristemante, la muerte de Herinaldo es una más entre muchas. Un niño que estuvo en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. O tal vez fue el policía que estuvo en ese lugar inoportuno en el momento equivocado.

La paupérrima preparación de la PM tiene como resultado, lamentablemente en demasiadas ocasiones, este tipo de desenlaces  fatales.

En un contexto de tensión, y no sabiendo manejar ni la situación ni el nerviosismo, se descarga un arma como prevención. Se dispara por miedo, por error. Muchos brasileños ya acostumbrados a este tipo de violencia han perdido la capacidad de sorpresa ante estos hechos.

Amnistía Internacional en su informe Mataste a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro indica que de 220 denuncias realizadas en 2011 sólo un caso se llevó ante la Justicia.

Y añade que  la mayor parte de las personas que murieron a manos de policías, casos registrados entre 2010 y 2013, son jóvenes negros de 15 a 29 años.

El dolor y la estigmatización de los más pobres es un peso que viene arrastrando Río de Janeiro desde que surgió la primera favela en la ciudad.  La delincuencia y las enfermedades siempre se asociaron a los más pobres y a las zonas periféricas. Y todavía hoy se continúa con esa creencia.

Es terrible pensar que también un niño puede matar a un policía. En esta ciudad hay niños y jóvenes armados y peligrosos que se enfrentan contra las fuerzas de seguridad.

La ciudad vive una lenta guerra con muertos de ambos bandos. La herida sigue abierta y la ciudad se desangra gota a gota, muerto a muerto. En medio de este conflicto intentan sobrevivir los más pobres, invisibles para el resto del  mundo.

La libertad, parece, es algo que no se les permite a los miserables. Poder jugar y correr no es para aquellos que viven en una favela. La libertad no existirá mientras las leyes no se ajusten a su favor. Es un sueño, y quizá en ese sueño eterno podamos finalmente  encontrarla.

Faltan apenas 300 días para el inicio de los ansiados Juegos Olímpicos de Río 2016 y las autoridades de la ciudad más fotogénica de Brasil, al igual que ya lo hicieron en el Mundial de 2014, ultiman sus preparativos en materia de seguridad.

Y es que, a pesar de que Río de Janeiro no se encuentra entre las ciudades más peligrosas de Brasil, su tasa de homicidios es de 28,3  por cada 100.000 habitantes, es decir, casi tres veces más alta a la considerada como aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El narcotráfico y su dominio de grandes áreas de la ciudad suponen el gran problema de Río y el foco de la mayor parte de la violencia.

A pesar de los esfuerzos de José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, de instaurar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los suburbios de la ciudad, lo cierto es que los territorios históricos del narcotráfico, como la favela Rocinha y el Complexo do Alemão, continúan controlados en gran medida por comandos de narcotraficantes. 

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Marino Beltrame, durante una visita al morro do Vidigal. Fotografía: Maíra Coelho – 15.nov.2011/Agência O Dia.

El enquistamiento de la violencia en estos lugares ha provocado que el discurso de crear una “policía de proximidad”, y con ello reconstruir la confianza entre los habitantes de los suburbios y los agentes de la Policía Militar (PM), haya desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Beltrame firmó la resolución 901 que autoriza el uso de pasamontañas para ocultar los rostros de los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), Batallón de Acciones con Perros (BAC), el Grupo Aeromóvil (GAM) y los miembros del Batallón de Choque durante sus operaciones policiales. 

En pocas palabras, en la futura sede olímpica se vuelve así a garantizar, después de 20 años de prohibición, el anonimato de sus agentes al permitir que sus rostros puedan ser cubiertos durante las a menudo sangrientas operaciones que se realizan en las favelas.

Una medida incomprensible teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de la PM de la ciudad y el reconocimiento, el pasado 31 de agosto, de la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esa misma policía ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, el 16% de los homicidios ocurridos en  Río de Janeiro entre 2010 y 2013 se produjeron a manos de los agentes de la PM, es decir, 1275 fallecidos de los que el 99,5% eran hombres, el 79% era de raza negra y el 75% tenía entre 15 y 29 años.

Vinicius y Tom, las mascotas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fotografía: Celso Pupo /Fotoarena/Fotoarena/Folhapress.

De hecho, el nivel de violencia practicado por la PM en la futura sede olímpica dejó dos  muertos por día en la última década con un total de 8466 personas fallecidas desde 2005. 

Por si fuera poco, de los 220 casos de homicidio cometidos por policías en 2011, el 80% continúa sin haber sido esclarecido en 2015, mientras que solamente 1 de las denuncias llegó a ser aceptada por el Ministerio Público.

Se trata de unas cifras escalofriantes que dan testimonio del nivel de impunidad al que están acostumbrados los agentes de seguridad cada vez que aprietan el gatillo.

En declaraciones a este cronista, Viviane Ribeiro, editora del diario comunitario “Jornal Alemão Notícias” y vecina del Complexo do Alemão, explicó que la vuelta de los pasamontañas se relacionaría directamente con una maniobra de intimidación de las autoridades de la ciudad de cara a las Olimpíadas del próximo año. 

En su opinión, los pasamontañas son para los habitantes de las favelas “símbolos del exterminio” y de “la muerte deliberada sin autor ni castigo”, y acusó al gobierno del estado de Río de Janeiro de actuar con el único interés de “mostrar al mundo y al turista que venga en 2016 que todo es perfecto mientras que la policía actúa contra los derechos de los ciudadanos más pobres a sangre y fuego”.

Habitantes del Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, protestan por la muerte de un niño de 10 años a manos de la Policía Militar. Fotografía: Fabio Brisolla/Folhapress.

No obstante, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, considerado uno de los grandes especialistas en la ciudad en materia de seguridad y en el programa de las UPP, relativizó la posible relación entre la medida y la proximidad de los Juegos Olímpicos. 

“No creo que la medida guarde relación alguna con la proximidad de un evento de estas características, es más, creo que la medida no tendría ningún tipo de efecto disuasorio en caso de ser aplicada”, aclaró el español, quien calificó de “innecesaria” la medida al no existir antecedentes de amenaza terrorista en Brasil, aunque observó con preocupación  la ausencia de distintivos en los uniformes de la PM que permitan la identificación de los agentes.

Sea una provocación, una medida de precaución o simplemente un mensaje de que la “mano dura” estará de vuelta en Río 2016, lo cierto es que la evidente falta de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en una ciudad que se dispone a celebrar los  Juegos Olímpicos, resulta preocupante.

Solamente el tiempo dirá si, al igual que ocurrió en 1995, las autoridades de Río acabarán por darse cuenta de que tapar el rostro de sus agentes de policía no es la mejor manera de promover la convivencia en una ciudad dividida en dos mitades que, al día de hoy, continúan irreconciliables.

“Entre 2007 y 2013, sólo en el estado de Río de Janeiro, desaparecieron unas 38.000 personas”, denunció indignado el pastor presbiteriano y activista Antonio Carlos Costa, fundador de la ONG Rio de Paz en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la ciudad.

“Estas son las cifras oficiales, pero tengo claro que hay miles que no han sido registradas”, añadió.

Son los denominados “desaparecidos de la democracia”. Sin duda, muchos de  ellos desaparecieron  por  motivos diversos, ya sea huyendo de la violencia doméstica o por trastornos mentales.  Algunos incluso habrán vuelto a casa. ¿Pero cuántas de estas personas habrán sido “forzosamente desaparecidas” por agentes del Estado?

La desaparición forzada fue política de Estado durante la dictadura militar instaurada en Brasil por el golpe de 1964 y en distintos países del Cono Sur y de la región. Pero en el Brasil democrático de hoy, esta práctica sigue ocurriendo.

La entrada a la comunidad de Jacarezinho, en la zona norte de Río. Fotografía: Milli Legrain

Si bien la Comisión de la Verdad investiga desde 2012 los crímenes de esa época para esclarecer el pasado y evitar que los crímenes de lesa humanidad se repitan, los perpetradores siguen amparados por la ley de amnistía  de 1979 vigente en el país. Pero en un país con una impunidad superior al 90%, también cabe preguntarnos: ¿quién está investigando los crímenes de hoy?

Los homicidios cometidos por la policía son clasificados por el Estado brasileño como “auto de resistência”, un término que deja entender que la víctima murió como resultado de una confrontación.

Pero muchas veces se trata de muertes por ejecución extrajudicial, producto del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, o peor aún, de una simple “bala perdida”.

Así lo denunciaron ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2012. “La excusa es siempre que la persona reaccionó. Pero sabemos que son cada vez más los casos en los que esa resistencia no ocurrió”, dijo recientemente el abogado brasileño Alexandre Ciconello de Amnistía Internacional.

Es el caso de Claudia Silva Ferreira, la madre de familia que murió por la bala de un policía militar en la zona norte de Río en marzo pasado.

Según las estadísticas oficiales publicadas a principios de mes por el Instituto de Seguridad Pública de Río, en el primer trimestre de este año murieron 153 personas como resultado de la violencia policial. La tendencia está en aumento: el año pasado, en la misma época, los muertos fueron 96.

La ONG Rio de Paz realizó una protesta en noviembre pasado para exigir información sobre el cuerpo de Amarildo de Souza. Fotografía: Marcelo Sayão/Efe

Curiosamente, un estudio realizado por Michel Misse, sociólogo de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ)  muestra que después de 2007, año en que los homicidios cometidos por la policía eran particularmente elevados (1330 víctimas en todo el estado de Río), el numero comenzó a caer, mientras que el de desaparecidos empezó a aumentar.

Es en ese contexto que el Secretario de Seguridad Pública de Río, José Mariano Beltrame, anunció en marzo que creará en junio una Unidad para Desaparecidos.

Esta nueva entidad, que existe en otros estados como São Paulo y Minas Gerais, llega en respuesta a la presión ejercida  por familiares de desaparecidos y grupos de presión como Meu Rio y Rio de Paz, que buscan atención especializada.

La legislación internacional considera a la desaparición forzada como un crimen que se sigue cometiendo hasta que se localiza el cuerpo de la víctima. Familiares de víctimas relatan la angustia sufrida por el hecho de no saber lo que sucedió con un ser querido.

El secretario de Seguridad Pública de Río, José Beltrame, anunció que creará en junio una Unidad para Desaparecidos. Fotografía: Maíra Coelho/Agência O Dia

“En 1986, mi madre pensaba que mi hermano aún estaba vivo. Cuando mi padre quiso mudarse de casa, ella tenía miedo de perder contacto con él”, relató Elizabeth Silveira, hermana de un desaparecido político de la dictadura, que lleva 40 años luchando por conocer su paradero.

Actualmente, en la Cámara de Diputados existe una propuesta de ley específica sobre desapariciones forzadas, que pone a Brasil en línea con sus obligaciones internacionales, como firmante de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas.

El proyecto de ley nace a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso conocido como “ Guerilla de Araguaia” (o Gomes Lund vs.Brasil) sobre la desaparición de 70 campesinos y militantes que lucharon contra la dictadura. Esta sentencia emitida en 2010 exige específicamente que Brasil tipifique el crimen de desaparición forzada.

“No podemos dejar que la policía sea el árbitro que juzgue que alguien muera o desaparezca”, dijo Beatriz Affonso, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que litigó en el caso.