POR FEDERICO CORNALI, DE SÃO PAULO

El último clásico de Porto Alegre que disputaron el domingo 1 de marzo el Internacional y el Gremio se ganó al menos un capítulo en los libros de historia del fútbol. No por la calidad del encuentro (fue un espantoso 0-0); tampoco por lo que se jugaban, ya que el torneo gaúcho apenas está comenzando.

Sin embargo, el estadio Beira Río lució una escenografía poco usual en sus tribunas, regalando una postal atípica en el fútbol sudamericano: las camisetas rojas del local se mezclaban con las celestes y negras del visitante en uno de los laterales del estadio, conformando una torcida mixta.  

La iniciativa de sentar juntos a 2000 hinchas del Inter y del Gremio fue de Alexandre Limeira, vicepresidente de administración del club “colorado” y, a juzgar por lo visto, fue un éxito.

El Beira Río se pobló de familias enteras, con niños y abuelos incluidos, intercambiando camisetas, disfrutando de la previa, del partido y de volver a casa caminando a la par, más allá de las preferencias futbolísticas, esas que no se negocian.

La exitosa medida de Porto Alegre acompaña aquella de Recife, en la cual las madres de los hinchas fueron las encargadas del operativo de seguridad en el clásico entre Sport y Náutico.

Ambas iniciativas ocurren en el contexto de una profunda crisis del fútbol brasileño que, en su intento de volver a ser, está chocando una y otra vez con hechos de violencia de gravedad creciente, dentro y fuera de las canchas.

Torcidas organizadas (similares a las barra bravas o los ultras) que ya no respetan ninguna autoridad, envalentonadas por la connivencia con la más cobarde de las dirigencias, esa que prefiere entregar el poder a los vándalos y hacer la vista gorda.

Entre 2012 y 2014 fueron 71 las muertes en Brasil por incidentes en los estadios. Sólo un 3% de los delitos criminales en el fútbol fueron procesados durante el año pasado. 2015, a esta altura, ya cuenta con tres víctimas fatales.

Para frenar la oleada de hechos violentos, el Ministerio Público diseñó un plan de torcida única como “medida provisional”. Es decir, que sólo los equipos que actúan como locales tendrán el apoyo de su público. Basta de hinchas visitantes.

“No tiene sentido que el Estado gaste dinero escoltando torcidas organizadas hasta el estadio para impedir peleas con los hinchas locales. Se torna un privilegio en favor de la violencia”, escribió Paulo Sérgio de Castilho, fiscal del Ministerio Público, en un especial para Folha. 

El sociólogo Mauricio Murad, en la misma página del periódico, se mostró en desacuerdo.

En su artículo titulado “Sería como matar al buey para acabar con la garrapata“, destacaba: “¿Qué tal si aplicasen la ley para acabar con la impunidad de esas minorías agresivas que se confunden con las masas?”

Luego, argumentaba: “Las [torcidas] organizadas en Brasil tienen más de dos millones de personas y un 6% de ellos está vinculada con delitos. La implementación de la torcida única sería injusta, además de demostrar incapacidad y flaquezas por parte de la justicia”.

Las opiniones a favor y en contra de la medida se amontonan, son muchas y diversas. Desde lo fáctico, sólo haría falta echar un vistazo al patio del vecino.

EL FRACASO ARGENTINO

En Argentina, el fútbol sin público visitante rige por iniciativa del Ministerio de Seguridad para Primera División y B Nacional desde agosto de 2013. El detonante fue una interna feroz en la barra brava de Boca Juniors.

Un año y medio después, poco cambió. La violencia sigue presente dentro y fuera de los estadios. Fueron 18 los muertos que dejó el fútbol sólo en 2014, 13 de ellos vinculados con barras.

Hubo asesinatos en disputas por el poder entre sectores enfrentados de las hinchadas de Lanús (Primera Divisón), Almirante Brown e Ituzaingó (Ascenso), con brutales ataques entre noviembre y diciembre pasado.

En ese período, también dos hinchas de San Telmo fueron masacrados por barras de Dock Sud, cuando miraban un partido por televisión.

En la ciudad de Rosario, tercera más poblada de la Argentina, en la provincia de Santa Fe, hubo dos asesinatos vinculados con barra bravas el preciso día en el que se disputó el clásico de esa ciudad, uno de los más peligrosos, entre Newell’s y Rosario Central.

Los clubes más populares tampoco se salvan. La barra disidente de River destruyó su propia confitería para atacar a los miembros de la facción oficial. En la otra vereda, la interna entre barras de Boca parece una historia de nunca acabar.

Pero la locura superó todos los límites cuando en Aimogasta, provincia de La Rioja, en el noroeste del país, un futbolista fue asesinado tras recibir un ladrillazo en la cabeza arrojado desde la tribuna. Franco Nieto se convirtió en el primer jugador muerto por la violencia en el deporte.

Hace menos de dos semanas, el presidente de Temperley (Primera División), Hernán Lewin, fue agredido con un botellazo en el pecho tras gritar un gol de su equipo en el estadio de Racing.

Lejos de denunciar el hecho, dijo: “No creo que haya un solo club que no pacte con los barras. Si no lo hacés, tenés que pagar 10 veces más por el operativo de seguridad. Y suceden estas cosas”.

La comunidad de directivos reprobó los dichos de Lewin. No porque difieran de la realidad, sino porque ese “sincericidio” les molesta. Son contados con los dedos de una mano los que quieren acabar con la violencia más allá de los discursos de cartón.

El poder es de ellos, de los violentos. Rompen, golpean, asesinan, compran, venden. Todo, bajo un grueso manto de impunidad que deberían quebrar los que hasta hoy callan y pactan desde cómodos sillones.

La inútil experiencia argentina debería ser prueba suficiente para Brasil. La salida es condenar a los violentos y no suprimir al público de los estadios.

En todo caso, implementar la medida de torcida única no parece ser la solución para garantizar la seguridad. Terminarán pagando los platos rotos, una vez más, los hinchas genuinos del fútbol. La cultura de la violencia, en cambio, descansará sana y salva.