POR LUNA GÁMEZ Y JOSÉ ANTONIO BAUTISTA

DE RÍO DE JANEIRO

El debate sobre las drogas toma fuerza en medio mundo y prende en Brasil, que no se resiste al fuego de esta discusión y ve cómo se convierte en cenizas el tabú que hasta hace poco reinaba en la política nacional, con las elecciones del 5 de octubre a la vuelta de la esquina.

A pesar de la variedad de posiciones, el problema es común para toda la sociedad brasileña: una investigación reciente demuestra que el 56% de los asesinatos cometidos en Brasil está ligado directamente al narcotráfico, lo que supone más de 50.000 vidas al año, en su mayoría de jóvenes pobres  entre 15 y 25 años.

Las voces del panorama brasileño que se decantan por la descriminalización del cannabis cada vez hacen más ruido en medio de una parrilla de candidatos que se caracteriza por el conservadurismo.

Luciana Genro, candidata a la presidencia por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) defiende que despenalizar el uso de marihuana es un primer paso para acabar con la batalla contra las drogas, que según ella “se transformó en una guerra a los pobres”.

En la misma línea, el candidato del Partido Comunista Brasileño (PCB), Mauro Iasi, reconoce que “quien acaba sufriendo con la criminalización es la población pobre”. En sintonía con sus compañeros, Eduardo Jorge, del Partido Verde (PV), defiende la legalización de esta sustancia para uso medicinal y recreativo.

No obstante, los tres candidatos más populares prefieren no echar más leña al fuego, por lo que no apoyan esta medida ni abordan el tema de forma directa. El candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y tercero en las encuestas, Aécio Neves, cree en la eficacia de la actual ley sobre drogas y no considera necesario un cambio.

Marina Silva, candidata del Partido Socialista Brasileño (PSB) por sorpresa tras la reciente muerte de Eduardo Campos en un accidente de avión, defendió en las elecciones de 2010 la celebración de un plebiscito para legalizar la marihuana, pero cuatro años más tarde adoptó una postura contraria a esta medida y en línea con las ideas de su conservadora iglesia evangélica, la Asamblea de Dios.

La actual presidenta y candidata a la reelección, Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT), que aún no habló al respecto durante esta campaña electoral, ya se posicionó en contra en ocasiones anteriores alegando que “la sociedad no está preparada para un cambio de ese tipo”, ya que considera que “las drogas se combaten con opciones de ocio y trabajo para los jóvenes”.

Sin embargo, Brasil viene enfrentando un incremento considerable de la producción, comercio y consumo de drogas ilícitas desde hace 50 años, según el último Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas, lo que demuestra la falta de efectividad de la actual política brasileña de drogas apoyada en los pilares de la criminalización y la represión, sin olvidar el polémico aporte de las fuerzas del orden de la policía, responsables de la muerte de 5677 brasileños desde 2007 en Río de Janeiro, uno de los 27 estados del país.

Un drogadicto instantes después de consumir crack (pasta base). Fotografía: José Antonio Bautista.

La violencia urbana, la corrupción y la exclusión social aumentaron como consecuencia de esta guerra contra las drogas, según el citado informe de la ONU. Frente a esta situación, la propuesta alternativa de una nueva política de drogas emerge como una prioridad urgente en el momento más caliente del debate electoral brasileño.

Este contexto llevó a los expertos del Instituto Igarapé a crear la Red Piense Libre, una iniciativa que pretende entablar diálogo con los candidatos electorales para debatir la actual criminalización de las drogas en el gigante sudamericano.

La semana pasada, los especialistas de esta red se reunieron en Río de Janeiro para presentar su propuesta “Por una política de drogas que funcione”, que será enviada al Congreso después de las elecciones.

“El consumo abusivo de drogas debe ser abordado desde la perspectiva de la salud y no desde la criminalización y persecución militarizada”, afirmó Alessandra Fontana Oberling, antropóloga y coordinadora del proyecto, a lo que añadió que “perseguir el tráfico es una opción política, sin embargo, debemos considerar alternativas ya que no hay espacio en las cárceles para todos”.

La actual Ley de Drogas de Brasil, aprobada en 2006, recoge que la prisión no es obligatoria para los usuarios de drogas. Sin embargo, esta legislación carece de parámetros específicos para distinguir entre usuario y traficante, lo que provoca que tanto consumidores, portadores de pequeñas cantidades y grandes traficantes cumplan penas similares.

Según datos del Ministerio de Justicia, el 70% de las personas encarceladas bajo la jurisdicción de la actual ley de drogas eran portadoras de pequeñas cantidades, no portaban armas y no tenían relación con el crimen organizado.

Esta imprecisión legal tiene un “efecto perverso”, según declaró Jeferson Scabio, sociólogo y consultor de la ONG ProMundo, quien además afirmó que “lo que distingue a un consumidor de un traficante frente a un juez es el perfil del acusado (…) las sentencias están atravesadas por la subjetividad del juez que reproduce los diversos prejuicios que hay en la sociedad brasileña al respecto de raza, lugar de residencia o clase social”.

Paradojicamente, desde 2006, año en el que se aprobó dicha ley, el número de presos condenados por tráfico de drogas en Brasil se triplicó, según datos del Departamento Penitenciário (Depen) del Ministerio de Justicia.

“Muchos de los presos bajo pena de traficantes eran simples usuarios o pequeños vendedores de clase baja, lo que refleja que la política de drogas en Brasil es una política de criminalización de la pobreza”, añadió Scabio.

Ante esta situación, el Instituto Igarapé pone sobre la mesa de debate nuevas propuestas de políticas públicas en materia de drogas, entre las que figura aprobar el uso medicinal del cannabis, concienciar desde edades tempranas basándose en la educación en vez del miedo y adoptar penas alternativas a la prisión que fomenten la rehabilitación y la inserción social de los consumidores.

La pasta base es una de las drogas más problemáticas debido a su bajo coste y su alto nivel de adicción. Fotografía: José Antonio Bautista.

“Preferiría morir antes que pasar varios años en una cárcel brasileña”, confesó el propio ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, en 2012. Hoy en día hay más de 711.000 presos en Brasil, la tercera población carcelaria más grande del mundo por detrás de Estados Unidos y China.

Las prisiones brasileñas, consideradas “escuelas del crimen” por muchos, aparecen frecuentemente en portada cuando los presos se rebelan en protesta por las torturas sistemáticas que varias asociaciones de derechos humanos vienen denunciando desde hace años, así como por las condiciones de hacinamiento de una población carcelaria que supera en un 30% la capacidad de los presidios del país.

Amerigo Incalcaterra, representante de la ONU para los derechos humanos en la región, declaró el viernes pasado (29) que Brasil debe revisar su política criminal basada “en el uso excesivo de la privación de libertad como castigo”.

“El Estado (brasileño) oferta muerte como futuro para los jóvenes”, afirmó Miguel Corrêa Lago, politólogo y miembro de la Red Piense Libre. En los últimos 30 años, unos 100.000 jóvenes murieron en Brasil víctimas de acciones policiales de combate al uso y tráfico de drogas, tal y como revela el Mapa de Violencia de 2013, elaborado por el gobierno  brasileño.

Los expertos y políticos de este país también buscan inspiración en Europa y en los países vecinos de América Latina para encontrar soluciones a los problemas relacionados con las drogas.

João Pedro Pádua, abogado del Instituto Igarapé y especialista en materia de drogas,  indicó que tras la despenalización del uso de estupefacientes tanto en Portugal como en el estado norteamericano de Colorado, “no solo el consumo no aumentó, si no que se redujo el índice de crímenes relacionados al tráfico de sustancias ilícitas”.

Otras experiencias más cercanas, como la despenalización del consumo personal de algunas sustancias ilícitas en contextos determinados, como sucede en México, Colombia, Argentina o Chile, o la legalización de la producción y venta de cannabis en Uruguay, son también referencia para esta iniciativa brasileña que persigue “una política de drogas que funcione”, es decir, que consiga reducir la violencia asociada al narcotráfico, alivie la superpoblación de las cárceles y empodere a los ciudadanos para que sean conscientes de los riesgos que conlleva el consumo de drogas.