MILLI LEGRAIN, DE RÍO DE JANEIRO

“Entre 2007 y 2013, sólo en el estado de Río de Janeiro, desaparecieron unas 38.000 personas”, denunció indignado el pastor presbiteriano y activista Antonio Carlos Costa, fundador de la ONG Rio de Paz en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la ciudad.

“Estas son las cifras oficiales, pero tengo claro que hay miles que no han sido registradas”, añadió.

Son los denominados “desaparecidos de la democracia”. Sin duda, muchos de  ellos desaparecieron  por  motivos diversos, ya sea huyendo de la violencia doméstica o por trastornos mentales.  Algunos incluso habrán vuelto a casa. ¿Pero cuántas de estas personas habrán sido “forzosamente desaparecidas” por agentes del Estado?

La desaparición forzada fue política de Estado durante la dictadura militar instaurada en Brasil por el golpe de 1964 y en distintos países del Cono Sur y de la región. Pero en el Brasil democrático de hoy, esta práctica sigue ocurriendo.

Si bien la Comisión de la Verdad investiga desde 2012 los crímenes de esa época para esclarecer el pasado y evitar que los crímenes de lesa humanidad se repitan, los perpetradores siguen amparados por la ley de amnistía  de 1979 vigente en el país. Pero en un país con una impunidad superior al 90%, también cabe preguntarnos: ¿quién está investigando los crímenes de hoy?

Los homicidios cometidos por la policía son clasificados por el Estado brasileño como “auto de resistência”, un término que deja entender que la víctima murió como resultado de una confrontación.

Pero muchas veces se trata de muertes por ejecución extrajudicial, producto del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, o peor aún, de una simple “bala perdida”.

Así lo denunciaron ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2012. “La excusa es siempre que la persona reaccionó. Pero sabemos que son cada vez más los casos en los que esa resistencia no ocurrió”, dijo recientemente el abogado brasileño Alexandre Ciconello de Amnistía Internacional.

Es el caso de Claudia Silva Ferreira, la madre de familia que murió por la bala de un policía militar en la zona norte de Río en marzo pasado.

Según las estadísticas oficiales publicadas a principios de mes por el Instituto de Seguridad Pública de Río, en el primer trimestre de este año murieron 153 personas como resultado de la violencia policial. La tendencia está en aumento: el año pasado, en la misma época, los muertos fueron 96.

Curiosamente, un estudio realizado por Michel Misse, sociólogo de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ)  muestra que después de 2007, año en que los homicidios cometidos por la policía eran particularmente elevados (1330 víctimas en todo el estado de Río), el numero comenzó a caer, mientras que el de desaparecidos empezó a aumentar.

Es en ese contexto que el Secretario de Seguridad Pública de Río, José Mariano Beltrame, anunció en marzo que creará en junio una Unidad para Desaparecidos.

Esta nueva entidad, que existe en otros estados como São Paulo y Minas Gerais, llega en respuesta a la presión ejercida  por familiares de desaparecidos y grupos de presión como Meu Rio y Rio de Paz, que buscan atención especializada.

La legislación internacional considera a la desaparición forzada como un crimen que se sigue cometiendo hasta que se localiza el cuerpo de la víctima. Familiares de víctimas relatan la angustia sufrida por el hecho de no saber lo que sucedió con un ser querido.

“En 1986, mi madre pensaba que mi hermano aún estaba vivo. Cuando mi padre quiso mudarse de casa, ella tenía miedo de perder contacto con él”, relató Elizabeth Silveira, hermana de un desaparecido político de la dictadura, que lleva 40 años luchando por conocer su paradero.

Actualmente, en la Cámara de Diputados existe una propuesta de ley específica sobre desapariciones forzadas, que pone a Brasil en línea con sus obligaciones internacionales, como firmante de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas.

El proyecto de ley nace a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso conocido como “ Guerilla de Araguaia” (o Gomes Lund vs.Brasil) sobre la desaparición de 70 campesinos y militantes que lucharon contra la dictadura. Esta sentencia emitida en 2010 exige específicamente que Brasil tipifique el crimen de desaparición forzada.

“No podemos dejar que la policía sea el árbitro que juzgue que alguien muera o desaparezca”, dijo Beatriz Affonso, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que litigó en el caso.