POR GABRIEL BAYARRI

Luiz Eduardo Soares, además de antropólogo y politólogo, es una de las mayores autoridades en seguridad pública de Brasil. Fue secretario nacional de Seguridad Pública del gobierno del ex presidente Lula da Silva (2003), coordinador de Seguridad, Justicia y Ciudadanía del Estado de Río de Janeiro (1999-2000), es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), de la Universidad Cándido Mendes (UCM) y fue profesor visitante en la Universidad de Columbia, Virginia y Pittsburg. Soares es también escritor y, entre sus diversas obras, es coautor del libro “Élite de la Tropa”, que dio origen a la película “Tropa de Élite”.

El ex funcionario es también uno de los autores de la polémica propuesta de enmienda constitucional, la PEC 51, que propone la desmilitarización y reforma del modelo policial brasileño, presentada por el senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), y candidato a gobernador de Río de Janeiro.

En esta entrevista, Soares abarca algunas de las principales cuestiones del  ambicioso plan de la Secretaría de Seguridad de Río para pacificar las  favelas cariocas y dice que el debate sobre las nuevas formas de policía comunitaria, aplicadas en el modelo de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), es sólo la punta del iceberg de un complicado proceso.

 

¿Podría hacer un breve panorama general de los desafíos actuales a los que se encuentra sometido Brasil en el ámbito de la seguridad pública?

Brasil se convirtió en el país del encarcelamiento de jóvenes negros y pobres. La población carcelaria saltó de 140.000 personas a mediados de los años 90 a 550.000 en la actualidad. Se trata de una de las mayores tasas de crecimiento del mundo. Esa realidad que asusta convive, paradójicamente, con la impunidad de quien practica homicidios dolosos [en los que se busca deliberadamente la muerte]. Se puede afirmar que casi no hay investigación de esos crímenes, que son los más graves. La vida no es la prioridad de la seguridad pública y de la justicia criminal. Los que mueren, en su inmensa mayoría, son jóvenes pobres y negros. Hay 50.000 homicidios dolosos por año en Brasil, de los cuales, en promedio, considerándose el conjunto del país, sólo un 8% son investigados. ¿Quién, entonces, está siendo preso y por qué? El 40% son presos provisionales o cumplen prisión preventiva.

La gran mayoría de los encarcelados está presa por crímenes contra el patrimonio y por involucramiento en la negociación de sustancias ilícitas [dos tercios], aunque no haya habido uso de arma o vínculo con organización criminal. La población carcelaria que más crece está compuesta por vendedores minoristas de drogas no organizados y no violentos. La prohibición es perversa, provoca violencia y criminaliza la pobreza. El cuadro resultante es dantesco. La sociedad gasta fortunas para tornar más difícil el futuro de esos jóvenes encarcelados, cuando vuelvan a estar libres. Nuestra fallida política de drogas está montando una bomba de tiempo bajo nuestros pies. La prohibición de las drogas es el mal mayor, la irracionalidad autoritaria que llena  las penitenciarías de pobres, tornándolas cada vez más superpobladas, degradadas y degradantes.

Además de eso, el modelo policial, heredado de la dictadura [1964-1985], es incompatible con el respeto a los derechos humanos, los mandatos constitucionales y la eficiencia profesional, lo que requiere un control de la corrupción. Síntoma del oscurantismo en que están sumergidas las instituciones de la seguridad pública en Brasil es el hecho de que hay dos policías, una ostensivo-preventiva, otra investigativa, siendo la primera militar. La ideología militar prepara soldados para combatir al “enemigo interno”, para hacer la guerra y eliminar al “otro”, no para garantizar derechos de los ciudadanos. Por otro lado, la estructura organizacional militar exige obediencia ciega a quien actúa en las calles, vetando iniciativas dialógicas y estrategias comunitarias, centradas en la resolución de problemas. Por eso, son escandalosos los números relativos a ejecuciones extrajudiciales, tortura, corrupción, etc.

En el proceso de implantación de las UPPs, el primer paso es recuperar el control estatal sobre áreas ilegalmente dominadas por grupos criminales fuertemente armados, para luego la policía pacificadora poder instalarse. En su opinión, ¿cómo ese trazo militar puede convivir con una “política de pacificación”?

No puede. A menos que se defina pacificación como imposición de orden por la fuerza de la represión. La estructura organizacional militar y su cultura corporativa no son “trazos”, son las propiedades esenciales en la formación y en el funcionamiento de nuestras policías ostensivas. Y esas propiedades esenciales y definidoras no son compatibles con tareas de pacificación, si entendemos pacificación como la creación de condiciones propicias para la emergencia y el fortalecimiento de relaciones de respeto a los derechos individuales y colectivos, en un ambiente regido por una cultura que valore la paz, sea contraria al racismo, a la homofobia, a la misoginia y a todas las formas de violencia.

Las UPPs siguen, por decreto, una selección de los territorios en los que instalarse. Sin embargo, cada comunidad presenta su propia realidad. ¿Se tienen en cuenta estas realidades diferentes a la hora de planificar e implantar cada UPP?

No. El modelo es pensado de modo uniforme. Como máximo, se tienen en cuenta especificidades locales pertinentes para acciones de naturaleza militar, como relevo y características físicas del terreno. Una institución militar es contradictoria con la atribución de responsabilidades y relativa autonomía a quien actúa en contacto directo con la población. Diálogo, reflexión multidisciplinar, iniciativa con implicaciones multisectoriales son las características de la gestión local preventiva y ciudadana de la seguridad pública. El/la policía que adopta alguna de las metodologías comunitarias, en sus diversas acepciones, debe ser empoderado y educado para actuar como gestor local, movilizando agencias del gobierno, articulándolas con acciones de la propia comunidad, respetándola.

Pero para actuar como gestor local, el/la  policía que actúa en la punta, junto a la población, no puede ser un mero autómata, cumplidor de órdenes. Precisan inscribirse en una estructura descentralizada, horizontal, con capacidad de tomar decisiones, mereciendo la confianza de los supervisores y contando con medios de comunicación dentro de las instituciones y del gobierno. Una planificación adecuada para UPPs tendría que ser participativa, dialógica, conducida por policías libres de la rigidez militar y de sus limitaciones funcionales. Y quien suponga que más horizontalidad, más flexibilidad y menos centralización abrirían todavía más espacio para la corrupción, se engaña. El mayor obstáculo a la corrupción es el orgullo profesional, el cual adviene de la valorización conquistada junto a la comunidad.

Antes de la llegada de las primeras UPPs era costumbre de los traficantes promover asambleas para discutir los asuntos del morro. Ahora esa función la cumplen policías militares especialmente capacitados para eso. Entre una población acostumbrada a este tipo de “justicia”, ¿es adecuado que sea la policía la encargada de ofrecer este servicio o corre el riesgo de convertirse en “sheriff” del lejano Oeste?

Los traficantes no hacen ni hicieron asambleas. Los líderes toman decisiones autocráticas y actúan como déspotas locales. Son más o menos brutales con la comunidad, dependiendo de su origen: ¿nacieron y crecieron en la comunidad que dominan? ¿O la invadieron para dominar la comunidad y el territorio? De todos modos, no son ni nunca fueron la elección de la comunidad. Sin embargo, en general las comunidades prefieren el tráfico a las policías, cuando estas últimas invaden la comunidad, eventualmente, porque actúan como tropas de ocupación provisoria y son imprevisibles. Y el poder más temible es el que no se puede prever, bloqueando, así, la elaboración de estrategias de supervivencia. La principal virtud de la UPP es acabar con esas incursiones bélicas de trágica memoria, trágicas consecuencias [ellas continúan  existiendo en Río, donde no hay UPPs, esto es, en la gran mayoría de las favelas].

Las milicias tampoco fueron incomodadas. Hay apenas una UPP en área de milicia: la favela de Batan. En cuanto a la mediación de conflictos, depende de cuál sea el conflicto y la circunstancia. Pero está claro que lo que está aconteciendo en las UPPs, por la ausencia del Estado en prácticamente todas las otras áreas, excepto la seguridad, por la falta de políticas sociales, por ejemplo, es la hipertrofia del papel de la policía, que acaba, aunque sin desearlo, convirtiéndose en una especie de Leviatán local.

De las más de 1000 favelas reconocidas en el estado de Río de Janeiro, sólo 37 están pacificadas, concentradas en la zona sur de la ciudad, la zona rica. El alto coste económico y la falta de un plan de gestión integrada de seguridad parecen también dificultar la expansión del programa. ¿Hacia dónde cree que derivará el actual programa de las UPPs?

El proyecto nació en 2008 para viabilizar la reelección del gobernador, en 2010, y para pasar un mensaje positivo al mundo, en una época de turismo en ascensión por causa de los grandes eventos. Las UPPs buscan reducir la inseguridad y lo hicieron, en el cinturón noble de la ciudad y en las áreas olímpicas. Pero como hay varias virtudes en el proyecto original, éste no se limita a esos objetivos menores y provisorios. Pueden ser preservados y recalificados. No obstante, las UPPs no se tornarán una política pública sostenible y universalizada si no son acompañadas de una revolución radical en las policías. Esto es lo que he dicho desde el primer momento.

Desafortunadamente, la realidad está demostrando que tengo razón. De ahí la importancia inestimable y la urgencia de la reforma constitucional, sin cuya aprobación no podrá ocurrir un cambio profundo de las policías. Además de eso, será necesario que el Estado cumpla su deber en las áreas sociales, con salud, educación y saneamiento, porque cuando su presencia se limita a la seguridad, las condiciones que favorecen la reproducción de la violencia no serán alteradas.