POR GABRIEL BAYARRI

Gabriel Bayarri (g.bayarritoscano@gmail.com) es español, estudiante e investigador de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y nos acompañará con una serie de textos cada 15 días en los que abordará parte de su investigación sobre las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro, desde el período anterior al crimen organizado hasta las nuevas formas de pacificación y justicia dentro de las comunidades.

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A lo largo de los últimos artículos hemos discutido el papel de los tribunales del tráfico en su imposición arbitraria de la justicia dentro de la favela, los nuevos modelos de policía comunitaria, representados por las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) de Río de Janeiro, para llegar ahora a un punto concreto del debate: el establecimiento de los centros de mediación de conflictos en las favelas pacificadas, una nueva estrategia para la resolución de disputas y administración de conflictos, que surge para disminuir el abismo que todavía separa el derecho y los tribunales de la sociedad.

La mediación es una forma extrajudicial para la resolución de conflictos, voluntaria, ejercida en el ámbito privado, en el que los interesados deciden cómo resolver la situación, evitando recurrir a la justicia y acelerando los procesos. El aumento de demandas apunta al surgimiento de nuevos derechos, transformaciones sociales positivas dentro de la favela. Sin embargo, la discusión surge en torno a la figura de la persona que se encarga de mediar los conflictos.

El 18 de agosto de 2010 se firmó un acuerdo de cooperación entre el Gobierno del Estado de Río de Janeiro y el Poder Judicial para capacitar, a través de un curso intensivo, a Policías Militares de la Unidad de Policía Pacificadora para la mediación de conflictos, centrando su contenido en la comunicación no violenta en las favelas.

A pesar de que en la mediación son las partes implicadas las responsables de alcanzar un acuerdo, tras la pacificación existe un primer “choque de orden”, una adaptación a las reglas, derechos y deberes, entre el favelado y la representación de Estado en la favela (es decir, la Policía Militar) que puede alterar la parcialidad de los procesos de mediación. Esto quiere decir:

Vista de la Plaza Cantao, en el morro Dona Marta. Allí se cumplieron cinco años de implantación de la primera UPP en Río de Janeiro. Fotografía: Daniel Marenco/Folhapress

Por un lado, la condición del favelado como ciudadano incompleto, acostumbrado a ser guiado por una lógica tutelar  y a recibir sus derechos como concesiones lo convierte en un individuo vulnerable ante posibles arbitrajes. Por otro lado, la condición de la policía como representación del Estado le otorga un comportamiento tutelar que pone en cuestión la eficacia de los mecanismos de mediación imparcial.

En las mediaciones, muchos problemas surgen de la ausencia de conocimiento de reglas “del asfalto”, del no favelado; y la policía, como diría el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, está todavía conociendo el “bien viviente que protege”, por lo que espera un comportamiento de “persona de asfalto”, actuando también como educadora, psicóloga o abogada.

Son características las mediaciones de a pie, donde el policía viste de paisano, en el mismo lugar donde ocurre el conflicto, en el propio espacio público, pues público y privado son espacios divididos por la fina línea de la intimidad, y el rumor y el secreto son expuestos, forman parte del día a día, y la mediación observada por los vecinos se convierte en una bella capoeira del arte de contar historias.

Las salas de mediación a menudo han sido construidas en antiguos Departamentos Policiales de Operación (DPO), donde ningún vecino quiere subir. Otras se localizan incluso en puntos estratégicos que en el pasado fueron dominados por los traficantes. Demasiados recuerdos negativos. Así, muchos de los acuerdos son informales y no son firmados y enviados al Núcleo de la Defensoría Pública, encargado de homologarlo.

No existe constancia del proceso y los implicados normalizan ese comportamiento, pues se asemeja a su lógica tradicional: no se hacían contratos en la favela, tampoco se fiscalizaba nada. Y los acuerdos se cerraban empeñando la palabra, sagrada, pues estamos hablando de códigos de honra todavía presentes y utilizados en la resolución de las mediaciones actuales.

A menudo, las resoluciones de conflictos consisten en construir un marco de límites, imposiciones en las reglas de convivencia, a las libertades de los individuos. Sin embargo, el debate no debe girar sólo en torno al papel de la policía, sino al reconocimiento del favelado dentro de la categoría “ciudadano” en su búsqueda por la igualdad de derechos.

Un grupo realiza una muestra de teatro en una favela, en São Paulo. Fotografía: Leonardo Soares/Folhapress

Es común asociar en Brasil la categoría “ciudadano” con la categoría “trabajador” o “estudiante”, en oposición a “vagabundo” o “bandido”. Se trata de una ciudadanía regulada, embutida en la profesión, en la que los derechos del ciudadano se restringen  al lugar que ocupan en el proceso productivo.

Y como una reacción de pólvora, este imaginario social es compartido por la policía, con un reciente conocimiento de la población que protege en la favela, sensible por tanto a una clasificación que estigmatiza a toda la población, percibida no como una ciudadanía, sino como una “estadanía” en la que el Estado sólo es representado por la policía. Así, la reflexión concluye con la transición categórica del individuo favelado a ciudadano. Para convertirse en una “persona” igual a la del asfalto debe construir una nueva identidad, debe tener un contrato laboral, necesario para acceder al estatuto de persona.

El individuo pasa para ello situaciones de miedo, vergüenza o dificultad de acceso a los órganos o autoridades competentes. Mientras tanto, los conflictos corren el riesgo de ser mediados bajo una óptica clasificadora que sólo considere a los implicados como ciudadanos en parte.

Sin embargo, la adaptación cultural, ese “choque de orden” al que ambas partes se encuentran sometidas podrá tal vez evolucionar hacia una comprensión mayor, de forma que los conflictos sean recibidos, tratados y clasificados por las autoridades en base al conocimiento del bien viviente que protegen, punto clave para conformar una policía de base comunitaria que contribuya al proceso de democratización efectivo, comenzando por la imparcialidad de la justicia, colocando los pilares de la transición hacia una ciudadanía completa.