POR MARÍA MARTÍN

Amarildo de Souza, un obrero de 43 años que vivía en un callejón de una favela de Rio de Janeiro ya es un antes y un después en la historia de violencia policial que aún se escribe en Brasil todos los días.

Este señor vivía en una casa miserable en la Rocinha, una de las mayores comunidades de Rio de Janeiro, donde oficialmente viven 70.000 vecinos. Cuando digo miserable me refiero a una imagen en concreto: la taza del váter pegada al fogón de la cocina. 

La tarde del 14 de julio cuando Amarildo volvía de pescar, le abordaron varios agentes de la UPP para interrogarle. 

Amarildo, han concluido las investigaciones, no estaba involucrado en el tráfico de la favela –que sí, aún existe– pero conocía bien quién actuaba en los alrededores de su casa donde vivía con su mujer y sus seis hijos. 

Nunca más se le volvió a ver.

La mujer de Amarildo, Elisabeth Gomes da Siva. BBC

Gracias al eco de las manifestaciones de junio,  su caso se convirtió en un símbolo de la violencia policial. A la denuncia de la familia se unieron asociaciones que hace años visibilizan la desaparición indiscriminada de brasileños, como la ONG Rio de Paz. Según el Instituto de Seguridad Pública, desde 2007, han desaparecido 35.000 personas en Brasil. Ahí es nada.

La Policía Civil comenzó una investigación que ha concluido esta semana: Amarildo murió por causa de la sesión de tortura con descargas eléctricas y métodos de asfixia que sufrió en uno de los containers de la UPP. Dado que no hay cuerpo sorprende la determinación del informe de la Policía Civil en el que acusa a 10 policías de la unidad, incluyendo al MayorEdson Santos, responsable de la corporación que ya había sido destituido tras el escándalo.

Consultada, la Policía no ha detallado cómo ha llegado a esa conclusión, pero los 180 folios con los relatos sobre la práctica habitual de tortura, la coincidencia de que las dos únicas cámaras, de 84, que podrían haber grabado la trayectoria de Amarildo estuviesen apagadas o las intentonas de los agentes de relacionar la desaparición de Amarildo con líos del narcotráfico, ya están en manos de la Fiscalía. 

Los agentes pueden enfrentarse a 30 años de cárcel por tortura seguida de muerte y ocultación de cadáver. 

La mujer de Amarildo en una de las protestas para denunciar su desaparición. Daniel Marenco/Folhapress

Cuando digo que Amarildo marca un antes y un después es porque, por fin, un crimen contra alguien que, en circunstancias normales, nunca tendría voz, se ha convertido en un fuerte grito de denuncia que todos hemos escuchado. Familias como la de Amarildo hay a montones en este país. 

La sociedad ya no calla y, aunque hay muchos que siguen mirando para otro lado, cualquier policía se pensará la próxima vez si le conviene acatar una orden ilegal. Si tiene sentido seguir ignorando el valor de las leyes y, peor, de los Derechos Humanos que el Estado debe proteger. 

En noviembre de 2011 comenzó el llamado proceso de pacificación de esa favela con el que se desbancaba a los traficantes para sustituirlos por agentes de la Unidad Pacificadora. Policías igual de armados que los narcos, pero que, en teoría, estaban preparados para lidiar con los conflictos del día a día del barrio y, digamos, con unas prácticas menos agresivas que las habituales del BOPE, el cuerpo de élite de la Policía Militar. Para quien no la haya visto todavía, la película Tropa de Élite refleja bien como funcionan las cosas en las favelas. 

Esto es la teoría. En la práctica, aunque el tráfico de drogas ha disminuido considerablemente, ha habido un aumento relevante de las denuncias contra el hostigamiento policial y desapariciones sumarias de los moradores. 

Como cuenta Natalia Fabeni, en su post sobre “La cara y la cruz de la paz en las favelas”, un informe de TV Folha concluyó que hay denuncias contra los uniformados en 25 de las 33 UPPs de Rio de Janeiro. Eso representa un 76% de ellas. 

Me permito un último apunte, lejos del caso Amarildo, pero que no está demás recordar. El pasado lunes, durante la protesta de los profesores públicos en Rio de Janeiro, la policía se llevó esposado a un adolescente mientras todos sus amigos increpaban a los agentes por la injusticia. 

El diario “O Globo” publicó después el vídeo de la escena en el que se ve como uno de los policías coloca un explosivo bajo los pies del joven mientras le registraban. La Policía Militar primero lo negó pero, ante la evidencia de las imágenes, ha dicho que ha abierto una investigación. Hoy en día me recreo con tan solo dos alternativas:  o la policía abandona sus prácticas discutibles y deja de violar las leyes o ya puede ir inventando la fórmula mágica para que todo el país vuelva a cerrar los ojos. Y la boca.